La presencia de los embajadores en los espacios cortesanos —audiencias públicas, negociaciones, tratados, ceremonias, ritos religiosos, etc.— ha sido uno de los aspectos que más ha centrado la atención de los historiadores. Ahora bien, este interés se debe a la hegemonía que tradicionalmente han tenido los estudios sobre los aspectos formales de la diplomacia. Por ende, no es de extrañar que los conflictos vinculados con el ceremonial o la precedencia de los agentes diplomáticos, dentro de los espacios palatinos, hayan gozado de una clara supremacía hasta la fecha. Así las cosas, cuando uno se dispone a abordar la actuación de los representantes extranjeros en la corte de Madrid es necesario atender a las normas y etiquetas vigentes, que regulaban todas sus interacciones con el resto de personajes presentes en los espacios de poder ²² . En el caso español, el ceremonial diplomático del siglo XVIII ha sido mucho más trabajado que el de la centuria anterior. Sin embargo, observamos pocos cambios en este sentido, que nos llevan a atisbar cierto continuismo en los distintos códigos que regulaban la interacción de los embajadores y residentes con las élites cortesanas ²³ .

Precisamente, la importancia sociológica del ceremonial ya fue advertida por Roosen al hablar de los conflictos diplomáticos. Desde su perspectiva, este se entiende como un conjunto de prácticas estandarizadas y ritualizadas que van evolucionando a lo largo del tiempo. Sin embargo, cualquier cambio o trato singular a un embajador podía desembocar en importantes accidentes ²⁴ . Razón por la que las autoridades hispanas prestaban tanta atención a la etiqueta, a fin de evitar que la presencia de sujetos procedentes de ambientes cultuales distintos —con normas de comportamiento dispares— pudiera desembocar en desencuentros no deseados. De manera análoga, cabe señalar que la atención prestada por los ministros extranjeros a estos aspectos no se limitaba al modo en que ellos eran recibidos. Primordialmente, estos solían poner el foco en el trato dispensado a sus homólogos, a fin de denunciar cualquier trato favorable que excediera de lo fijado en el ceremonial diplomático.

A continuación, abordaremos las principales manifestaciones que tomaron estos conflictos en relación con las etiquetas cortesanas. En un lugar destacado, aparecen todos aquellos desencuentros vinculados con la presencia de los embajadores en las audiencias, actos públicos o encuentros personales. Estos estuvieron muy vinculados al lugar que los legados debían ocupar en estos actos, es decir, la precedencia respecto a otros embajadores y ministros del rey ²⁵ .

No obstante, desde el punto de vista cuantitativo, estos desencuentros por la preeminencia y el ceremonial en la corte española son mucho menos frecuentes que otros tipos de conflictos, que veremos más adelante. La perfecta regulación de la etiqueta desde mediados de la centuria es probablemente el motivo que justifica esta situación ²⁶ . Por ejemplo, la Capilla Real supone un caso ampliamente conocido, que evidencia el perfeccionamiento progresivo de estas prácticas, gracias a la existencia de numerosos tratados e investigaciones al respecto de la rigurosa etiqueta seguida durante las ceremonias religiosas ²⁷ . Lo mismo ocurre con las procesiones o celebraciones populares, como las corridas de toros, en las que el papel desempeñado por los agentes diplomáticos debía quedar muy claro ²⁸ . No solo el suyo, sino también el de sus familiares. En este sentido, Francesco del Carretto, marqués de Grana y representante extraordinario del emperador Fernando III, señalaba en 1642 que la precedencia de los embajadores debía extenderse también a sus esposas ²⁹ . No así para sus secretarios o criados, cuya presencia en los principales actos públicos podía tornarse en un motivo añadido de disputa ³⁰ .

A tales efectos, encontramos ejemplos recurrentes desde el momento mismo en el que los agentes diplomáticos ponían un pie en Madrid. La primera audiencia que estos mantenían con el monarca era sin duda una prueba de fuego, por lo que todo debía quedar perfectamente regulado. Desde 1626, el conductor de embajadores debía supervisar que todo estuviera a punto, desde los gentileshombres de cámara y de boca que integraban el cortejo hasta el número de caballos y tipos de carruajes de las Reales Caballerizas que debían ser utilizados ³¹ . Dicho en otras palabras, esta figura se creaba a fin de asegurar la correcta gestión operativa y logística de la entrada solemne, por la que la corte recibía formalmente al enviado de una potencia aliada. Así mismo, el ceremonial aprobado en 1647 dejaba enormemente claro quiénes podían estar presentes en esas ceremonias y el lugar que debían ocupar ³² .

Aun así, la presencia de otros embajadores y residentes en estos actos públicos siempre fue un aspecto controvertido. Hasta el punto de que, en junio de 1664, a pocos días de la llegada del nuevo embajador inglés a Madrid, sir Richard Fanshawe ³³ , se decidió que los ministros extranjeros debían acudir en solitario. Al parecer, la concurrencia de sus familiares, secretarios o criados se había acabado convirtiendo en una cuestión de rivalidad habitual entre los agentes diplomáticos. El debate se inició tras la protesta del representante imperial, al considerar que la concurrencia del séquito de otros diplomáticos vulneraba las precedencias y diferencias existentes. Por ello, desde el Consejo de Estado se consideró que lo mejor era que, a partir de entonces, los embajadores acudieran en solitario a las recepciones oficiales de sus homólogos. Algo que no vieron con buenos ojos otros legados. Especialmente el enviado francés, cuyo enojo desembocó en la protesta de Luis XIV al por aquel entonces embajador hispano en París, Gaspar de Teves y Tello de Guzmán, I marqués de La Fuente ³⁴ .

Por ende, como ya señalábamos anteriormente, no encontraremos aquí grandes desencuentros como los ocurridos, por ejemplo, con los representantes españoles en Londres o Viena en 1661. Casos de sobra conocidos debido al revuelo que acarrearon y la atención historiográfica que han recibido ³⁵ . Ahora bien, sucesos de tal magnitud parecen ser algo más bien anecdótico o coyuntural, siendo lo más frecuente encontrar eventos que no tuvieron tal repercusión y que fueron solventados de forma expeditiva.

De este modo, consideramos necesario poner el foco en aquellos casos en los que los embajadores trataron de utilizar el ceremonial para reforzar su posición en la corte española. A menudo, argumentando el trato preferente dispensado, supuestamente, a otros legados. Si apelamos a un ejemplo, este tipo de prácticas se observan en el caso de la audiencia privada que el embajador de Venecia, Giovanni Pesaro, solicitó a Carlos II en 1689, justo antes de su primera entrada pública. Una práctica nada común para los enviados de la Serenísima, que se reivindicaba a raíz del rumor infundado de que así se había hecho con el último emisario de las Provincias Unidas. Por ello, se le respondió que este privilegio estaba limitado desde tiempos de Felipe II al representante imperial, en todos los casos, y al francés si la reina procedía de aquel reino ³⁶ .

Mas estos intentos por ganar prerrogativas en el ámbito ceremonial se extendían también a los espacios privados. En 1633, Fernando de Valdés y Llano, arzobispo de Granada y presidente del Consejo de Castilla, señalaba los excesos cometidos por el nuncio apostólico durante sus encuentros personales. Este último, frente a lo que era habitual, ocupaba rápidamente la mejor silla de la estancia, normalmente reservada al presidente del consejo, sin dar pie a que este pudiera sugerirle otra sin desairarle. Por tal motivo, solicitaba al rey indicaciones sobre cómo actuar al respecto, ante el miedo a que otros embajadores tuvieran noticia de estos hechos y quisieran actuar de la misma forma. Precisamente, para evitarlo se le instó a asegurar el respeto de la costumbre en todo momento y no permitir tales excesos por parte del representante de la Santa Sede ³⁷ .

Algo similar ocurría en los encuentros particulares que los embajadores de los príncipes europeos mantenían de “incógnito” entre sí antes de su primera audiencia pública. La precedencia volvía a ser el principal motivo de disputa, pues debía visitarse en primer lugar al nuncio y de ahí al resto de ministros extranjeros respetando la primacía que, por ejemplo, se guardaba en la capilla real. No obstante, al menos dos sujetos no respetaron dicha preeminencia durante esta centuria. En agosto de 1681 un gentilhombre del embajador véneto, Giovanni Corner, solicitó —aparentemente por error— en primer lugar, audiencia al embajador de Francia, desatando el enfado de los representantes de la Santa Sede y el Imperio, quienes como castigo ignoraron su presencia en cualquier evento público en el que se encontraban ³⁸ . Ocho años más tarde, el enviado florentino repetía este error, al solicitar antes un encuentro al agente diplomático veneciano que al del emperador, tomándose el caso anteriormente mencionando como referente acerca de la respuesta que se debía dar desde las distintas legaciones ³⁹ .

Otro asunto habitualmente polémico era el uso de carruajes por parte de los embajadores. Por esta razón en 1663 se tomó la decisión de prohibir la entrada de los coches de los embajadores en el zaguán del Alcázar, salvo durante sus audiencias públicas o su asistencia a la capilla real durante la cuaresma ⁴⁰ . Ciertamente, el uso de los carruajes tenía un importante rol simbólico y era una muestra de poder de la potencia a la que el legado representaba, que podía ser contemplado a diario por los habitantes de la villa ⁴¹ . Ahora bien, existían limitaciones en cuanto al tipo de carruaje, número de caballos o decoraciones que se podían utilizar. Términos que los embajadores incumplían reiteradamente a lo largo de sus legaciones. Muestra de ello son los avisos del Consejo de Castilla al embajador imperial y el enviado de Curlandia en 1674 y 1677, respectivamente, quienes habían contravenido estas condiciones al circular por las calles de Madrid con un coche tirado por seis caballos —en lugar de cuatro— instándoles a no repetir tal transgresión ⁴² .

Finalmente, cabe indicar que el trato dispensado en algunas ceremonias públicas podía convertirse también en un termómetro de las relaciones entre dos potencias soberanas. Los sucesos transcurridos en el marco internacional podían afectar enormemente a la situación de un representante diplomático en Madrid, dificultando el éxito de su misión ⁴³ .

Al respecto, podemos utilizar dos casos que nos resultan enormemente ejemplificativos para entender esta casuística. El primero de ellos se produjo en 1678 tras el fin de la guerra de Mesina ⁴⁴ . El 20 de julio, Carlos II se trasladaba a la basílica de Nuestra Señora de Atocha para dar gracias a la patrona de Madrid por el fin de la revuelta. Lo hizo acompañado de los principales miembros de la corte y de los embajadores de capilla. No obstante, el embajador veneciano, Federico Corner, acudió contrariado al duque de Medinaceli ⁴⁵ , mayordomo mayor del rey, para manifestar su descontento por el lugar que le había sido señalado durante aquel recorrido. La respuesta que recibió no debió ser de su agrado, pues se le indicó que “sobre la reticencia con que ha obrado la República de Venecia en dar satisfacción del atentado del Golfo, no merece ninguna [consideración] su embajador en el caso presente”, haciendo referencia al impedimento de la Serenísima a permitir el paso de tropas alemanas por el golfo del Adriático ⁴⁶ .

Algo similar ocurriría unos años más tarde con el conde de Mansfeld, embajador del emperador, tras el éxito de las tropas católicas en Viena que puso fin al asedio otomano de 1683. La colaboración española en la conservación de la capital imperial fue objeto de debate y despertó las críticas de los legados de Leopoldo I ⁴⁷ . Por ello, cuando Carlos II acudió a Atocha para dar gracias por la victoria sobre los otomanos, Mansfeld protestó por no haber sido avisado, siendo un acontecimiento que tocaba de lleno a su soberano y esta una deferencia que se había tenido con sus antecesores en ocasiones similares ⁴⁸ .

En el Madrid del siglo XVII encontramos frecuentes problemas de cara a la provisión de viviendas para los servidores de las Casas Reales. Tal y como ha justificado González Heras, ante la falta de grandes palacios hasta mediados del siglo XVIII lo habitual era que estos se alojaran en casas principales, en las que varias familias, en ocasiones de distinto estatus social, convivían en las distintas plantas de un mismo inmueble ⁴⁹ . Una práctica que, trasladada al alojamiento de embajadores extranjeros, acarreó notables problemas a la Junta de Aposento, cuya principal función era asignar residencias a los servidores de la Corona y otras personalidades relevantes que llegaban a la corte del Rey Católico ⁵⁰ .

Si tratamos de buscar unas características generales de cómo debían ser estas viviendas, en las instrucciones a los aposentadores apenas se hace referencia a que estas debían ser “casas capaces”, conforme al rango del individuo que las debía ocupar. Además, es preciso señalar que los embajadores acudían acompañados por amplias comitivas que requerían la consignación de más de un inmueble, que en las fuentes reciben el nombre de “casas accesorias”. Así como otros espacios destinados a albergar sus caballerizas, despensas o botillerías. De manera análoga, en lo tocante a su ubicación solía recomendarse que estas no estuvieran excesivamente cerca del Alcázar, pero tampoco en zonas habitualmente conflictivas como plazas y mercados ⁵¹ .

En este sentido, es preciso añadir que las mejores viviendas solían ser asignadas a los embajadores de potencias coronadas —Santa Sede, Sacro Imperio, Francia, Inglaterra, Venecia o Polonia—, quienes recibían 800 ducados anuales por parte de la Real Hacienda para hacer frente al pago de los alquileres. Por su parte, el resto de representantes, quienes recibían el grado de residentes, estaban en un escalafón inferior y recibían la cuantía menor de 4.000 reales anuales para hacer frente a residencias más modestas ⁵² . Una diferencia jerárquica que la Junta de Aposento debía dejar clara, a fin de evitar agravios comparativos por parte de los ministros extranjeros de mayor rango.

Ahora bien, esta práctica suponía el desembolso de una cuantía anual considerable por parte del erario regio, ante la presencia de un elevado número de representantes diplomáticos en Madrid. Por este motivo, en 1671 se ordenó que, aunque las casas seguirían siendo asignadas por los aposentadores, solo se asumiría el alquiler de los legados de aquellas cortes europeas que hiciesen lo propio con los enviados españoles ⁵³ . De esta forma, tal práctica quedó limitada desde entonces al agente imperial y a los residentes de los Cantones Suizos y Módena ⁵⁴ . Sin duda, un recorte sustancial que subyacía de la imperiosa necesidad de reducir los gastos cortesanos, a tenor de la elevada deuda y demás problemas económicos en los inicios del reinado de Carlos II ⁵⁵ .

Avanzando hacia el tema que aquí nos ocupa, es preciso señalar que la asignación, pago o uso de las viviendas por parte de los representantes europeos fue uno de los asuntos que más conflictos provocó a lo largo de la centuria. A fin de cuentas, la sede de la embajada era uno de los principales símbolos de poder, con el que los legados trataron de mostrar el prestigio y preponderancia de la potencia a la que representaban. De ahí su beligerancia a la hora de exigir los mejores inmuebles. En todo caso, observaremos también que unos embajadores fueron más combativos que otros, destacando frecuentemente en este ámbito los venecianos, probablemente, debido a los palacios en los que solían residir tanto la nobleza como los agentes diplomáticos en la ciudad de los canales ⁵⁶ .

Nuevamente, la comparación iba a ser un argumento de peso, pues todos los legados prestaban atención a las viviendas que les eran asignadas a otros ministros extranjeros. No solo por su tamaño o calidad, sino especialmente por la tasación de sus alquileres. Así las cosas, en 1648 el barón de Vivoni, enviado del rey de Polonia, protestaba por el precio que los aposentadores habían fijado para la residencia que le había sido señalada en la calle Fuencarral, aportando pruebas de que anteriormente había estado alquilada a una cuantía inferior ⁵⁷ .

Durante sus estancias, también surgían importantes contratiempos, derivados del mal estado de los inmuebles. Caterino Belegno, embajador de Venecia, solicitaba en 1667 una nueva vivienda debido al mal estado en que se encontraba la que ocupaba por aquel entonces en la calle Mira del Río y los efectos nocivos que esta situación tenía para su salud. Aunque probablemente tras su petición se escondía el deseo de optar a una mejor, pues recientemente había quedado desocupada la cotizada Casa de las Siete Chimeneas ⁵⁸ . Ese mismo año, se daría también la situación contraria, negándose el residente de la República de Luca, Lorenzo Cemani, a abandonar las casas que ocupaba junto a su familia en la calle Huertas, pese a la necesidad de repararlas ante el riesgo de derrumbe ⁵⁹ .

Con todo, los excesos cometidos por los embajadores o su desobediencia acarrearon incontables problemas a la Junta de Aposento o los Consejos de Estado y Castilla, que siempre trataron de evitar un enfrentamiento directo con ellos ante el riesgo que podían correr las relaciones con la potencia a la que representaban. Por ejemplo, frecuentes fueron los impagos de los alquileres acordados. En 1674 el capitán Ambrosio Monti reclamaba 508.577 maravedíes que los embajadores venecianos habían dejado a deber en su casa en la calle Valverde. No solo eso, pues denunciaba también el mal estado en que la habían abandonado, motivo por el que la Real Hacienda se acabó haciendo cargo de la deuda ⁶⁰ .

En otras investigaciones hemos profundizado en el caso de estos embajadores venecianos, quienes como ya hemos señalado fueron habituales en el uso de este tipo de conductas. Hasta tal punto que llegaron a “okupar” —término actual, no empleado en las fuentes— diversas casas de la villa en que habían residido sus antecesores en el cargo entre 1638 y 1659, frente al parecer de los aposentadores y los propietarios del inmueble ⁶¹ . Todo ello, llevaría a un clima de desconfianza por parte de estos últimos y a la exigencia de garantías a la Corona a la hora de poner sus viviendas a disposición de los ministros extranjeros ⁶² .

Las residencias no eran las únicas dependencias que la Corona ponía al servicio de los embajadores, pues también quedaban a su disposición distintos espacios que debían albergar sus caballerizas, despensas o botillerías. A este respecto, es preciso destacar que entre los privilegios de los agentes diplomáticos en la villa se encontraba la libre introducción de productos de distinta índole a su llegada o partida, que han quedado registrados en los llamados “Libros de Passo” ⁶³ , así como la capacidad de proveerse de carne, vino y otros productos necesarios antes que el resto de la población, solo por detrás de las Casas Reales y sin tener que pagar sisas ni otros gravámenes ⁶⁴ . De esta forma, las despensas y botillerías de los legados europeos se aprovisionaban de los mejores alimentos, algo especialmente relevante en momentos de carestía.

Sin embargo, esta prerrogativa pronto se convirtió en un nuevo foco de conflictividad, pues los embajadores y residentes, prácticamente sin excepción, hicieron un uso indebido de ella para sacar beneficio económico, vendiendo alimentos y vino ilegalmente en sus despensas y botillerías. Por este motivo, se entiende que a menudo estas se ubicaran a larga distancia de sus viviendas, a fin de estar más cerca de los espacios dedicados al comercio y ocio ⁶⁵ . Esta era una praxis que no solo se observaba en la corte española, sino también en otras como la genovesa o la estambuliota ⁶⁶ .

Como era de esperar, esta venta clandestina por parte de los despenseros de los agentes diplomáticos, con el beneplácito de estos últimos, pronto despertó las quejas de los mercaderes y bodegueros de la villa. Estos no dudaron en señalar en 1643 que “lo que hoy llaman despensas en verdad y en la sustancia son carnicerías y tabernas”. Las pruebas aportadas por el Consejo de Castilla eran claras, pues en muchas de estas dependencias privadas, de las que en teoría solo se alimentaba la familia del embajador, se mataban treinta o cuarenta terneros al día, más dos o tres vacas y se consumían treinta arrobas de vino. También se vendían guisos y aderezados en muchas de ellas ⁶⁷ .

De manera análoga, estos espacios acabaron convirtiéndose en importantes focos de altercados y escándalo. En las despensas encontraban cobijo muchos delincuentes y “facinerosos”, de quienes se valían los despenseros para salir a los caminos y puertas de la villa para introducir sin registrar el género que después vendían. Todo ello, ante el miedo de los alguaciles a aprehenderlos, temiendo que hacerlo pudiese implicar la intervención de los representantes diplomáticos, como posteriormente veremos ⁶⁸ .

Alvar Ezquerra ha demostrado que, desde inicios de la centuria, esta fue una importante preocupación para la Corona, que buscó diversas fórmulas para evitar que los legados europeos perpetuaran estas prácticas en sus dependencias ⁶⁹ . Un hito crucial en los intentos por combatirlas fue la real orden emitida por Felipe IV en mayo de 1643, que prohibía a los embajadores y residentes europeos mantener sus despensas y botillerías ⁷⁰ . Para llevar a cabo esta disposición, se ideó un sistema de franquicias, por el que la Real Hacienda proporcionaría a los embajadores una suma económica que compensase el pago de impuestos en las plazas y mercados ⁷¹ .

No obstante, esta solución no satisfizo a los agentes diplomáticos, quienes, aunque no dudaron en beneficiarse de las franquicias, se negaron a clausurar sus despensas. De esta manera, en 1665 la mayoría de estas todavía seguían abiertas (tabla 1). El problema siguió vigente en las décadas siguientes, como lo demuestran los reales decretos emitidos posteriormente. Especialmente el de Mariana de Austria de noviembre de 1670, que de nuevo insistía en la obligatoriedad de cerrar las despensas ⁷² . La solución no llegaría hasta el año 1702, cuando Felipe V ordenó que incluso las Casas Reales estuviesen obligadas a pagar las sisas, dejando así a los embajadores sin ningún subterfugio al que acogerse de cara a mantener sus pretensiones ⁷³ .

Para encontrar los orígenes de la inviolabilidad diplomática debemos remontarnos al mundo grecolatino, del que nace buena parte de la tradición jurídica judeocristiana posterior. Así pues, aunque ya en el seiscientos se trataba de una práctica consolidada, no por ello quedaba libre de ser causa de desencuentros entre los embajadores y la corte de acogida. Por ende, como bien señaló Hugon, estos conflictos no surgían de la aceptación de esta prerrogativa, sino de la interpretación que hacían de ella las distintas partes ⁷⁴ . Así como de los intentos por parte de los agentes diplomáticos de extender su influencia.

Si atendemos a las prácticas vigentes en la corte de Madrid, nos encontramos con unas áreas de inmunidad circunscritas al interior de la residencia principal del embajador, obviando las casas accesorias y zonas aledañas, tal y como Felipe IV se encargó de recordar en 1622 ⁷⁵ . Así las cosas, a diferencia de otras cortes europeas, como Roma o Venecia, no existían barrios diplomáticos en los cuales no pudiesen impartir justicia los alcaldes de casa y corte, los alguaciles u otros agentes de la Corona ⁷⁶ . Empero, los legados europeos eran conscientes de la mutabilidad del derecho de embajada a partir de la costumbre ⁷⁷ . En consecuencia, como ya hemos comprobado en el caso de la precedencia o las despensas, los legados hicieron todo lo posible para asentar una serie de prácticas que permitieran ampliar su inviolabilidad a las calles circundantes al inmueble en el que residían junto a sus dilatadas familias, para llegar a controlar así barrios enteros. En el lado opuesto, la Sala de Alcaldes de Casa y Corte y el Consejo de Castilla serían las principales instituciones encargadas de velar por el mantenimiento de la legislación vigente.

El problema más recurrente, del que encontramos cada año multitud de casos en las fuentes, surgía cuando los alguaciles de la villa pasaban por la puerta del embajador con sus varas en alto. En ocasiones, incluso el simple hecho de desplazarse por calles aledañas era motivo suficiente para provocar una disputa. Esta se iniciaba cuando los criados de los embajadores y residentes salían a indicar a estos ministros de justicia que no podían pasar por las zonas aledañas a la residencia de su señor. Más todavía, ante la negativa de estos a seguir otro itinerario, los sirvientes iniciaban una batería de descalificativos, llegando a menudo a las manos e incluso a hacer uso de armas blancas. Acto seguido, procedían a romper las varas que portaban los alguaciles, principal símbolo de su autoridad ⁷⁸ .

Uno de los episodios más graves se produjo en 1672 cuando los criados del embajador imperial hicieron prisionero en la sede de la legación al alcalde Pedro de Salcedo ⁷⁹ . La misma práctica replicaron los servidores de su homólogo inglés diez años más tarde contra un alguacil de corte y su escribano, a quienes mantuvieron encerrados durante varias horas. Fruto de este último caso, el Consejo de Castilla se vio obligado a recordar que “la inmunidad concedida a las casas de embajadores nace de la urbanidad política no de la disposición de derecho ni se extiende fuera de ellas” ⁸⁰ . Un argumento crucial en este recurrente debate.

No menos importante era el hecho de que las residencias de los embajadores se habían convertido en cobijo habitual para delincuentes de todo tipo, con el único fin de dificultar la labor de los ministros de justicia ⁸¹ . En reiteradas ocasiones, fue necesario recordar a los agentes diplomáticos que no podían impedir el arresto de personas perseguidas por las autoridades hispanas que se encontrasen en los barrios en que residían ⁸² . En este ámbito, uno de los sucesos que tuvo más repercusión por su particularidad y complejidad fue el de la liberación de una mujer que los alguaciles llevaban presa por parte de los lacayos y cocheros de Giacomo Querini, embajador de Venecia, en 1653. Como se encontraban lejos de la sede de la legación, estos la introdujeron rápidamente en el carruaje del embajador, aludiendo a la supuesta inmunidad vigente dentro de él. Un asunto que llevó incluso a intervenir a Luis de Haro, quien señalaría que esta interpretación no era válida, pues ni siquiera Querini se encontraba dentro del vehículo ⁸³ .

Sin embargo, la continuidad de estos excesos hizo necesarios durante el reinado de Carlos II nuevos requerimientos que insistieran en los límites de la inmunidad diplomática ⁸⁴ , reafirmando también el derecho de los alguaciles a pasar por delante de sus calles y casas sin ser necesaria su aprobación ⁸⁵ . Ahora bien, la respuesta que se dio a cada uno de estos conflictos fue virando conforme a la coyuntura y el grado de la afrenta, siendo lo más común el simple recordatorio a los enviados extranjeros de la legislación vigente. No obstante, frente al parecer más conciliador de los Consejos de Estado y Castilla, la Sala de Alcaldes siempre fue partidaria de una respuesta más férrea y contundente, a fin de evitar la consolidación de estos barrios diplomáticos, reivindicando asiduamente que la única legislación vigente era la interpuesta por las autoridades de la villa, pues permitir a los legados europeos salirse con la suya

El término familia es constantemente utilizado en las fuentes para referirse al grupo de personas bajo la protección del embajador. En el apartado anterior, hemos podido ver cómo la intervención de estos podía tornarse en un asunto frecuente de disputa. No obstante, su actuación no solo se limitaba a defender la inmunidad vigente en los alrededores de la sede diplomática. A menudo, la inviolabilidad de su valedor se tornaba en una herramienta esgrimida en todos los rincones de la villa, para actuar con impunidad, alterar el orden público y transgredir la legislación vigente. De esta forma, con el paso del tiempo la protección fijada inicialmente para el embajador acabó envolviendo también a sus más cercanos ⁸⁷ .

Así, por ejemplo, en marzo de 1662 era detenido un palafrenero del representante de la República de San Marcos, Giorgio Corner. La Sala de Alcaldes no había podido ignorar su origen, pues portaba la librea que lo identificaba como sirviente del legado véneto, pero decidió condenarlo a cuatro años de destierro. Como era de esperar, el agente veneciano se mostró en contra de esta sentencia, alegando la exención de la que a su juicio gozaban los miembros de su familia, negándose a acudir a la corte hasta que este fuera liberado ⁸⁸ . En última instancia, Felipe IV accedió a concederle el indulto para evitar una crisis diplomática aún mayor. No sin antes solicitar al Consejo de Castilla que dejara claro a los agentes diplomáticos presentes en Madrid “la manera en que se han de entender sus exenciones y que debiéndose castigar los delitos que cometieren sus familias dispongan se contengan de incurrir en ellos” ⁸⁹ .

A la hora de abordar las situaciones en que habitualmente se veían envueltos los miembros del entorno del embajador, cabe mencionar que no solo llegaba a transgredirse la jurisdicción civil. De nuevo criados del embajador veneciano irrumpieron a la fuerza en 1698 en el Convento de Mercedarios Descalzos de Santa Bárbara para capturar a un individuo que les debía dinero. Al haberse acogido a sagrado, este sujeto se encontraba protegido por el derecho canónico, que también había sido transgredido por los asaltantes ⁹⁰ .

A menudo, las compañías de estos familiares también eran motivo de escándalo. Tras la restauración de las relaciones hispano-lusas, el Consejo de Castilla señalaba en 1672 que los criados del ministro portugués habían sido vistos, en multitud de ocasiones, acompañados de prostitutas, ocasionando notables problemas en los alrededores de la Red de San Luis, llegando a embestir con espadas y pistolas a algunos vecinos. Acciones que habían forzado la detención de uno de ellos, con la consiguiente protesta del conde de Miranda, representante ordinario del rey de Portugal ⁹¹ .

Precisamente, el uso de armas prohibidas es otro de los límites que habitualmente transgredían los servidores de los representantes diplomáticos. En este caso, junto al ya comentado caso de los parientes del legado portugués, el Consejo de Castilla reivindicaba ese mismo año como los servidores de su homólogo francés hacían lo propio portando pistolas y espadas ilegales y arremetiendo contra los vecinos de la villa sin atender a los requerimientos de los alcaldes ⁹² .