La unidad europea ha sido posiblemente una de las cuestiones más polémicas para la izquierda europea en el siglo XX. Tras la Segunda Guerra Mundial, los comunistas europeos rechazaron inequívocamente el Plan Marshall y los primeros planes de integración europea, como la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), creada en 1952, y la Comunidad Económica Europea (CEE), establecida en 1957. Entre los partidos socialistas europeos, estos planes crearon una considerable controversia. El entonces poderoso Partido Laborista británico, en el gobierno entre 1945 y 1951, se mostró hostil a la integración supranacional y a los planes de unidad europea liderados por los Tories. Los socialdemócratas escandinavos en el gobierno también se mostraron reticentes.

Por el contrario, los partidos socialistas de la “pequeña Europa” de la CECA y la CEE —Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo e Italia — empezaron poco a poco a albergar la esperanza de que, a pesar de su falta de influencia a escala nacional, podrían utilizar una Europa federal en su beneficio. El Partido Socialista Belga (PSB), el Partido Laborista Holandés (PvdA) y el Partido Socialista Obrero Luxemburgués (LSAP), por su parte, habían apoyado desde la guerra una unidad europea de tipo federal ² . A pesar de algunos desacuerdos y divisiones internas sobre la Comunidad Europea de Defensa (CED) en 1954, los socialistas franceses de la Sección Francesa de la Internacional Obrera (SFIO) fueron de los partidarios más entusiastas de la unidad europea y del supranacionalismo durante los años de posguerra. Guy Mollet, por ejemplo, líder de la SFIO hasta 1969, era un europeísta convencido; presidió los grupos socialistas del Consejo de Europa y las asambleas de la CECA y presidió el grupo de estudio de la Internacional Socialista sobre la unidad europea. En 1955 se convirtió en miembro del Comité de acción para los Estados Unidos de Europa (CAEUE) federalista de Jean Monnet, para el que incluso obtuvo el apoyo oficial de la SFIO. El Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), inicialmente mucho más crítico con los planes de unidad de Europa occidental y cuyo líder hasta 1952, Kurt Schumacher, solía rechazar la CECA, advirtiendo contra las amenazas de las cuatro “C” europeas: capitalismo, conservadurismo, clericalismo y cárteles, acabó apoyando los planes de integración europea ³ .

Aunque les preocupaba que el socialismo quedara subsumido en las instituciones europeas de la “pequeña Europa” —sin el Reino Unido y dominadas por fuerzas conservadoras — para cuando se negoció el Tratado de Roma, los partidos socialistas de “los Seis” ya habían convergido en su voluntad de apoyar un mercado común. A pesar de tener poco éxito a la hora de orientar los tratados, que en su mayoría estaban orientados hacia el mercado liberal ⁴ , y de las dudas internas, todos los partidos socialistas de la “pequeña Europa” votaron a favor del tratado de la CEE. La SFIO de Mollet estaba en el gobierno cuando se firmaron los tratados de Roma. En Bélgica y los Países Bajos, el PSB y el PvdA lideraban gobiernos de coalición con fuerzas liberales y conservadoras respectivamente; en Luxemburgo, el LSAP formaba parte de un gobierno de coalición dirigido por democristianos; en Italia, aunque el Partido Socialista Italiano (PSI) se abstuvo en la votación sobre la CEE, el Partido Socialista Democrático Italiano (PSDI), de tendencia derechista, formaba parte de un gabinete de coalición con democristianos y liberales ⁵ . Así, aunque los democristianos y las fuerzas socialcristianas dominaban los gobiernos de la CE en las décadas de posguerra, los socialistas participaron activamente en la política de integración europea.

La adhesión de los socialistas a la liberalización del comercio y a la CEE también debe relacionarse con su desradicalización durante las décadas de posguerra. Durante los años cincuenta y sesenta, cuando los principales problemas económicos parecían haber sido neutralizados por el “capitalismo del bienestar”, los socialdemócratas abandonaron sus reivindicaciones radicales y se concentraron cada vez más en mejorar las condiciones de su electorado en el marco de un capitalismo creador de riqueza ⁶ . La confirmación de esta tendencia revisionista se produjo en el Congreso del SPD de 1959 en Bad Godesberg, cuando el partido confirmó explícitamente su alejamiento de su herencia marxista y afirmó su compromiso con la economía liberal de mercado ⁷ .

Con todo, los socialistas continentales nunca pretendieron prestar su apoyo a una Europa liberal centrada únicamente en la reducción de los obstáculos a los intercambios entre países. El comercio organizado, la economía dirigida y la armonización social eran indisociables del comercio liberalizado en la Europa unida que imaginaban. Detrás del apoyo de los socialistas favorables a la integración europea había dos supuestos fundamentales. Uno era que el Mercado Común no excluía la construcción de una Europa socialista; al contrario, ofrecía oportunidades, por ejemplo en lo relativo a la planificación económica y la política agrícola. El segundo era que, para hacer realidad sus ambiciones de una Europa socialista, tendrían que trabajar juntos para transformarla, una tarea bastante difícil dada la falta de interés de la izquierda británica y escandinava ⁸ .

Para ello, los partidos socialistas tendrían que coordinarse a escala europea, armonizar sus políticas europeas y elaborar un proyecto claro para una Europa socialista. Sin embargo, una década después de la creación de la CEE, los partidos socialistas de “los Seis” habían sido incapaces de articular su ideología y su apoyo a la unidad europea en un proyecto coherente para transformar la CEE. El congreso de los partidos socialistas de la CEE celebrado en Berlín en 1966 puso de manifiesto los desacuerdos entre los partidos miembros, tras lo cual no se celebraría ningún congreso hasta 1971 ⁹ . A finales de la década de 1960, los socialistas europeos se dieron cuenta de que hasta entonces habían fracasado en gran medida frente al desafío europeo y empezaron a replantearse su posición y su estrategia respecto a la integración y las instituciones europeas.

Durante la segunda mitad de la década de 1960, los partidos socialistas de los dos principales países de la CE (Alemania Occidental y Francia) experimentaron importantes cambios que les llevaron a definir y replantear mejor su política europea. En Alemania Occidental, tras tres años de “gran coalición” con la Unión Cristianodemócrata (CDU), el SPD ganó las elecciones en septiembre de 1969. El nuevo Canciller, Willy Brandt, era un federalista europeo convencido y miembro del Comité de Acción para los Estados Unidos de Europa de Monnet. Por tanto, la integración europea (occidental) no estaba ausente de la agenda del SPD ¹⁰ . La experiencia de gobierno empujó al partido a reflexionar sobre su política europea, a intentar definirla con mayor precisión y a empezar a abogar por el desarrollo de una Europa más “social”.

En Francia, entre 1965 y 1971 se produjo una redefinición del socialismo francés que culminó con la creación del nuevo Parti socialiste (PS) en su famoso Congreso de Épinay de 1971. Esto provocó un reposicionamiento sobre las cuestiones europeas. Los socialistas franceses estaban cada vez más preocupados por la consolidación de la Europa librecambista de los “mercaderes”, mientras que sus esperanzas de un mercado común basado en los principios de la planificación económica y el pleno empleo se veían defraudadas ¹¹ . El nuevo líder del PS, François Mitterrand, promovió la ruptura con el capitalismo y apoyó la unión de la izquierda, incluidos los comunistas. Esto llevaría a una actitud más articulada (y mucho más crítica) hacia la CEE y a la adopción de un programa común de la izquierda entre el PS, el Partido Comunista Francés (PCF) y el Movimiento de los Radicales de Izquierda (MRG) en 1972. La nueva unión de la izquierda llevó a los socialistas franceses a clarificarse internamente y a afirmar su política europea. Los días 15 y 16 de diciembre de 1973, el PS organizó un congreso extraordinario sobre la CE en Bagnolet, que adoptó por unanimidad una moción titulada “por una Europa en marcha hacia el socialismo”, en la que se afirmaba que el socialismo en Francia no era incompatible con la integración europea, y que el Tratado de Roma y la “Europa liberal” no eran irredimibles y podían modificarse, por ejemplo, para incluir la planificación económica, la democratización de las instituciones de la CE, el control central europeo de las multinacionales y la aplicación de una legislación laboral europea adecuada ¹² .

Mientras tanto, la cuestión de la coordinación de los partidos socialistas de Europa occidental se hizo más acuciante y dio lugar a nuevas iniciativas ¹³ . En mayo de 1969, por ejemplo, se reunió un grupo de destacados socialdemócratas de diferentes países —principalmente de “los seis”, pero también había representantes del Partido Laborista británico — bajo la presidencia del miembro del PvdA y diputado al Parlamento Europeo Henk Vredeling. Vredeling era un federalista convencido que creía que existía un vacío político en la CE que solo podría llenarse con la potenciación del PE y la creación de partidos políticos unificados a escala europea capaces de politizar e influir en la elaboración de las políticas comunitarias. Para él, la incapacidad de los partidos “progresistas” para fusionarse a nivel de la CE y de constituir un partido hermano de los sindicatos europeos explicaba por qué había surgido una Comunidad regida por el “laissez-faire, laissez-passer”. Solo un compromiso para contrarrestar este problema permitiría una política europea basada en el progreso y orientada hacia los intereses de los trabajadores ¹⁴ . Los participantes en la reunión formaron más tarde un Grupo de Acción Política Europea para trabajar en la creación de un partido “socialista” o “progresista” europeo, alineando a todas las fuerzas progresistas bajo un programa común ¹⁵ .

En 1970, Vredeling se lamentaba en Socialisme en Democratie:

El PvdA holandés y figuras socialistas influyentes dentro de la Comisión Europea, como Lionello Levi Sandri, Comisario de Asuntos Sociales, y el Comisario de Agricultura, Sicco Mansholt, que llegaría a ser presidente de la Comisión Europea en 1972, compartían ampliamente la idea de crear un partido socialista europeo.

Estas propuestas recibieron una tibia acogida por parte de los representantes de los partidos nacionales en el seno del Liaison Bureau of the Socialist Parties of the European Community a finales de la década de 1960, pero conducirían, durante la década de 1970 a una incipiente mejora de la cooperación entre los partidos socialistas europeos y a la creación de la Confederación de Partidos Socialistas de la CE (CPSCE) en abril de 1974. El nuevo reglamento interno introdujo entonces la votación por mayoría para algunas decisiones en el nuevo comité de enlace y abrió posibilidades para la adopción de decisiones vinculantes de los congresos ¹⁷ .

En 1969, durante una cumbre celebrada en La Haya, los líderes europeos decidieron “reactivar” la integración europea (que había estado en un relativo estancamiento en la segunda mitad de los años sesenta) como respuesta a la agitación social y económica de finales de los sesenta. La cumbre estableció una nueva agenda para la unificación europea, especialmente con la decisión de ampliar la CE para incluir al Reino Unido y otros países candidatos, el acuerdo sobre la financiación de la Política Agrícola Común (PAC) y sobre los recursos propios de la CE, y el establecimiento de una unión económica y monetaria con el objetivo de lograr una unificación completa del mercado europeo. Dado que la primera ampliación europea al Reino Unido, Irlanda y Dinamarca en 1973 aumentaría la influencia de la socialdemocracia en el seno de la CE, y dado que los socialdemócratas eran cada vez más, una redefinición de los objetivos sociales de “Europa” parecía cada vez más posible.

El gobierno socialdemócrata de Brandt desempeñó un papel decisivo a la hora de abrir la perspectiva de redefinir los objetivos sociales de la CEE en el periodo previo a la Cumbre de París de octubre de 1972, cuando incluyó en el orden del día de la CE la realización de una “unión social”, que deseaba “convertir [la CE] en un espacio a la vanguardia del progreso social, sobre una base de estabilidad, crecimiento y equilibrio regional” ¹⁸ . El Gobierno alemán presentó un memorándum titulado “Iniciativa alemana de medidas para la implementación de una política social europea”. La idea general que subyacía en el documento era que la creación progresiva de la UEM en los años siguientes suponía no solo la liberalización, sino la creación de “un espacio que constituye una unidad económica”, lo que requeriría un aumento de las medidas comunitarias “en los ámbitos de la coyuntura, el presupuesto, las finanzas y el crédito, la moneda, los impuestos, el mercado de capitales y el desarrollo estructural y regional”. Y lo que es más importante, “la integración social debe situarse en pie de igualdad con la integración económica si se quiere lograr una unión económica y monetaria sostenible y garantizar su desarrollo dinámico” ¹⁹ . Se trataba, sin duda, de la propuesta más ambiciosa y completa que jamás había puesto sobre la mesa un gobierno de la CE en materia de política social. Incluía la política medioambiental y regional, la participación de los interlocutores sociales en las decisiones de la CE sobre todas las cuestiones, la armonización al alza de todos los aspectos de la seguridad social, la formación profesional, la salud y la seguridad en el trabajo, la participación de los trabajadores en las empresas y los convenios colectivos europeos. Incluso contenía la novedosa idea de adoptar un catálogo de principios fundamentales en el ámbito social, que prefiguraba los posteriores debates sobre una “carta social” de la CE.

Al término de la cumbre, los “nueve” confirmaron en una declaración pública su voluntad de reforzar la cooperación política y realizar la UEM y la “Unión Europea” antes del final de la década, y subrayaron “que concedían tanta importancia a una acción enérgica en el ámbito social como a la realización de la Unión Económica y Monetaria”. Invocaron una mayor participación de los interlocutores sociales en las decisiones económicas y sociales de la CE e invitaron a las instituciones, previa consulta con los “interlocutores sociales”, a elaborar, antes del 1 de enero de 1974, un “programa de acción que prevea medidas concretas y los recursos correspondientes”, en particular en el marco del FSE, basándose en las sugerencias formuladas durante la cumbre por los gobiernos y la Comisión ²⁰ .

Los días 26 y 27 de abril de 1973, los partidos socialistas de la CE organizaron su 9.º Congreso en Bonn. El tema de la reunión —“Por una Europa social” — era explícito: por primera vez, intentarían adoptar una posición común sobre temas que estaban en el centro de sus doctrinas y de las preocupaciones de la época ²¹ . Al término del congreso, aprobó un documento seminal que recogía una serie de “tesis para una Europa social”. Se trataba de una colección de principios generales y propuestas más concretas para la creación de una “unión social europea” ²² .

También es cierto que, como subrayó al día siguiente el periódico británico The Times, el congreso de dos días de los partidos socialistas europeos “sirvió para dejar claro que el socialismo tenía un largo camino por recorrer antes de adquirir una identidad europea”. En efecto, aparte de la negativa del Partido Laborista británico a participar, se pusieron de manifiesto desacuerdos sobre diferentes temas como la participación de los trabajadores en las decisiones de las empresas y la planificación económica ²³ .

Sin embargo, a pesar de estas “grandes desavenencias”, con la adopción de las “tesis para una Europa social”, los partidos socialistas se convirtieron en el único movimiento político que poseía un programa social de cara a los trabajos del año siguiente sobre política social en la Comisión. De hecho, por fin estaban formulando algunas líneas comunes para la realización del socialismo en toda Europa. Aunque seguían siendo vagas y a veces tímidas, sus propuestas esbozaban una Europa alternativa basada en la redistribución de la riqueza no solo entre regiones, sino también entre clases sociales (a través de la fiscalidad progresiva, el control de las inversiones, la planificación económica, la seguridad de los ingresos, el aumento del bienestar y el refuerzo de los fondos redistributivos de la CE); la democratización económica a todos los niveles de la economía; mayor coordinación social, fiscal, económica y medioambiental a escala europea (con la ayuda del “presupuesto social europeo”); aumento de los derechos sociales (igualdad de oportunidades, acceso a la formación profesional, salud y seguridad en el trabajo, mantenimiento de los ingresos, acceso igualitario a la seguridad social para todos —garantizado con la “carta social” — y derecho al trabajo); y una política medioambiental “humanizadora” para mejorar las condiciones de vida y de trabajo en Europa. Es importante señalar que este programa no se basaba en la fusión de los Estados de bienestar nacionales en un Estado de bienestar europeo supranacional; se basaba tanto en algunas competencias nuevas a nivel de la CE como en una mayor coordinación social y económica transnacional de los gobiernos europeos.

Durante la década de 1970, con la intensificación del nivel de conflicto social, la afirmación de una unión de los países del “Tercer Mundo” para una redistribución del poder y la riqueza, la caída del sistema de Bretton Woods, el agotamiento del auge económico de posguerra, las crisis del petróleo de 1973 y 1979, las crisis económicas y la desintegración del “compromiso de posguerra”, se abrió una ventana de oportunidad para nuevas alternativas. En aquellos años, el proyecto de integración europea parecía encontrarse en una encrucijada, ya que se preveían soluciones radicalmente divergentes.

La crisis del petróleo de 1973 y la recesión económica que le siguió no acabaron, a corto plazo, con el ímpetu social que había marcado la política de la CE desde finales de los años sesenta. Al contrario, varias propuestas sobre una “Europa social” se abrieron paso en la agenda de los responsables políticos europeos en aquellos años. Los esfuerzos de la izquierda europea fueron cruciales para dar lugar, en 1974, al primer Programa de Acción Social (PAS) adoptado por la CE, que dio lugar a un importante número de estudios, memorandos, planes piloto, dictámenes, recomendaciones, decisiones, directivas y reglamentos. Entre otras cosas, se reforzó el Fondo Social Europeo y se crearon agencias europeas para la formación profesional y las condiciones de vida y de trabajo. Los avances fueron especialmente notables en materia de igualdad de género y salud y seguridad en el trabajo ²⁴ . Aunque los gobiernos europeos se mostraban menos inclinados a apoyar (y mucho menos a financiar) una mayor dimensión social de la CEE, hasta finales de la década de 1970, la “Europa social” siguió siendo una opción.

La segunda mitad de la década de 1970 estuvo marcada por una frenética búsqueda de nuevas soluciones en las que “las ideas de gran alcance, pero también muy dispersas, que inspiraban el debate de la izquierda a principios de la década de 1970 fueron sustituidas por estrategias más globales que, en el nivel más general, mezclaban ideas marxistas y keynesianas y apuntaban a una transición gradual del capitalismo al socialismo” ²⁵ . De hecho, la crisis empujó a los socialistas europeos más a la izquierda, lo que tendió a invertir la hegemonía que los “revisionistas” habían tenido sobre los “radicales” durante las décadas de 1950 y 1960. La “vieja izquierda” se vio impregnada por el empuje ideológico de los movimientos obreros y sociales de 1968 —asumiendo algunas de sus reivindicaciones, por ejemplo, en materia de democracia y medio ambiente —, sobre todo a través de la afluencia de nuevos miembros a las secciones juveniles de los partidos ²⁶ .

En ningún lugar fue esto más obvio que en el Reino Unido, donde la izquierda laborista consiguió ganar especial influencia en el Comité Ejecutivo Nacional (NEC) del partido y en los comités de elaboración de políticas. En el seno del laborismo, en la primera mitad de la década de 1970 surgió una “Estrategia Económica Alternativa” (EEA) centrada en una política de reflación, la redistribución de la riqueza, la propiedad pública de empresas e instituciones financieras clave, la democracia en el lugar de trabajo, la planificación económica y la reconversión industrial, así como el control de las empresas multinacionales, los flujos de capital y los intercambios comerciales. Los principales teóricos y promotores de esta nueva estrategia fueron Tony Benn, diputado laborista y ex ministro del Gabinete, y el economista Stuart Holland, cuyo libro de 1975 The Socialist Challenge fue considerado la biblia de la EEA ²⁷ . Desde 1972 hasta principios de los ochenta, los programas laboristas reflejaron esta nueva estrategia económica. El nuevo gobierno laborista, elegido en 1974 con una escasa mayoría parlamentaria gracias a un programa electoral que prometía “provocar un cambio fundamental e irresistible en el equilibrio de poder y riqueza a favor de los trabajadores y sus familias”, acabaría ignorando a la EEA, prefiriendo una política de contención salarial y recortes del gasto, pero las bases del partido continuaron presionando hacia la izquierda hasta bien entrados los años ochenta ²⁸ .

En Francia, en aquella época, al igual que en el Reino Unido, el PS abogaba por una mayor intervención pública en la economía, la extensión de la propiedad pública al sector bancario y financiero, así como a las industrias estratégicas (incluidas las empresas armamentísticas, aeronáuticas, nucleares y farmacéuticas, los recursos minerales y los sectores de la electrónica, la química, el acero, el petróleo y el transporte), y un mayor control de las empresas multinacionales. Consideraban que la planificación democrática y descentralizada, empezando por el sector público, los organismos regionales y las asociaciones de consumidores, debería complementar la democracia parlamentaria. De igual manera abogaban por aumentar el control sobre los precios, el desarrollo industrial y el comercio exterior. Bajo la creciente influencia del izquierdista Centre d’études, de recherche et d’éducation socialiste (CERES) de Jean Pierre Chevènement, pero también después de que en octubre de 1974 se le unieran varios cuadros y activistas del Partido Socialista Unificado Francés (PSU) y de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), como Michel Rocard y Jacques Chérèque, la dirección del partido asumió varias reivindicaciones de la “nueva izquierda”, en particular la “autogestión”, que se convirtió en la nueva seña de identidad del socialismo francés reunificado ²⁹ .

También en Alemania Occidental se percibía la tendencia a la izquierda, especialmente entre las Juventudes Socialistas del SPD, los Jusos, que formaban hasta el 30 % de los miembros del partido. A mediados de los años setenta, miembros del Partido Comunista Alemán (DKP) y miembros de izquierdas del SPD y la DGB defendían políticas económicas alternativas, y en 1975 tres profesores de la Universidad de Bremen, Jörg Huffschmid, Rudolf Hickel y Herbert Schui, fundaron el “Grupo de Trabajo para una Política Económica Alternativa”, el cual emitía análisis y propuestas políticas y pretendía presionar al Consejo Alemán de Expertos Económicos ³⁰ . En los Países Bajos, bajo la influencia de la Nieuw Links (“Nueva Izquierda”), que se había hecho con la mayoría del partido desde 1969, el PvdA también se radicalizaba y se volvía mucho más incisivo en cuestiones de género y medio ambiente, democracia industrial, la necesidad de desafiar al capitalismo, establecer un nuevo orden mundial mediante la cooperación Norte-Sur y condenar el papel de la OTAN, la política exterior estadounidense y la carrera armamentística. El Primer Ministro neerlandés del PvdA después de 1973, Joop Den Uyl, encarnó estas nuevas orientaciones.

Las nuevas estrategias de la izquierda, que presentaban alternativas tanto al capitalismo keynesiano del bienestar como al capitalismo neoliberal, no ignoraban la dimensión europea. Lejos de cortar de raíz la idea de la “Europa social”, la crisis estimuló nuevas y ambiciosas propuestas de los socialistas europeos y de la izquierda europea occidental en general, que lograron elaborar una amplia plataforma política común compartida para un plan europeo coordinado para salir de la crisis. El proyecto de la “Europa social” se convirtió en un proyecto aún más asertivo que podría haber desafiado, en cierta medida, la naturaleza liberal-capitalista de la integración europea y presentado una alternativa a la Europa neoliberal.

Además, en 1974 los socialistas eran líderes o socios de coalición en seis de los nueve gobiernos de la CE (Alemania Occidental, Dinamarca, Países Bajos, Reino Unido, Irlanda y Luxemburgo —en Italia los socialistas prestaban apoyo externo al gobierno de Aldo Moro — y Bélgica a partir de 1977), lo que podía significar una mayoría en la mesa del Consejo Europeo. Entre los socialistas europeos también había algunos miembros importantes en el ejecutivo europeo durante esos años, como los comisarios Henk Vredeling, Antonio Giolitti, Claude Cheysson, Wilhem Haferkamp, Raymond Vouel y, por supuesto, Roy Jenkins, que en 1977 se pondría al frente de la Comisión Europea. El Grupo Socialista del Parlamento Europeo (GSPE) fue el grupo más numeroso después de 1975, cuando el Partido Laborista británico puso fin a su boicot a las instituciones europeas; y el Grupo Comunista fue en aumento debido a los éxitos electorales de los comunistas italianos y franceses. Con la notable excepción del Partido Laborista británico, los socialistas europeos confiaban en general en que la nueva posición predominante de la izquierda en las instituciones europeas era una herramienta estratégica crucial para lograr el socialismo en toda Europa. Incluso se alzaron voces para apoyar una alianza de la izquierda en las instituciones europeas contra la amenaza de una coalición de partidos de centro-derecha ³¹ .

Mientras tanto, los socialistas europeos trabajaron en la definición de líneas políticas comunes. En noviembre de 1974, la mesa del nuevo CPSCE propuso la redacción de un amplio “Programa Común” que sustituyera al muy anticuado adoptado en su congreso de 1962; más tarde se decidió que este programa sería la base de un manifiesto electoral común para las próximas elecciones europeas. El trabajo sobre el “Programa Socialista Europeo Común” comenzó con confianza y optimismo bajo el impulso de Mansholt, a quien se había encargado la comparación de los programas de todos los partidos con vistas a preparar un programa unitario que fuera más allá del principio del mínimo común denominador. Sin embargo, pronto quedó claro que la empresa no sería fácil, ya que cada partido venía con su propia lista de propuestas. Un examen detenido de los temas debatidos en los grupos de trabajo y de las cuestiones que surgieron de estas discusiones es útil para comprender el resultado de esta ardua empresa. Los temas debatidos inicialmente eran amplios y reflejaban la ambición de imaginar un programa socialista para Europa que supusiera una redefinición completa de la cooperación y la integración europeas según las líneas socialistas ³² . Mansholt, planteó la cuestión crucial ya en la segunda reunión del grupo de trabajo inicial, el 24 de septiembre de 1975:

Aunque varios miembros del CPSCE —incluidos los dirigentes del SPD alemán — no estaban dispuestos a cuestionar su compromiso con una “economía social de mercado” mixta, la cuestión de la esencia misma del socialismo y su relación con el capitalismo siguió siendo un tema de acalorado debate entre los socialistas europeos a lo largo de las discusiones sobre el programa común y durante toda la segunda mitad de la década de 1970.

En muchos sentidos, el proyecto de manifiesto electoral de veintisiete páginas, aprobado por unanimidad por la mesa del CPSCE el 6 de junio de 1977, era una versión actualizada y ampliada del proyecto de Europa social que los socialistas habían debatido y madurado desde principios de los años setenta ³⁴ . El manifiesto prometía sustituir la Europa comercial imperante por “una Europa pacífica con mayores niveles de libertad, justicia y solidaridad, una Europa más justa socialmente y con un rostro más humano, una Europa de ciudadanos y trabajadores”, basada en los derechos económicos, sociales y democráticos. Esto implicaba profundas reformas en tres aspectos: democracia e instituciones, política económica y social, y política exterior. Las cuestiones económicas y sociales constituían el grueso del programa. Los socialistas abogaban por una mayor coordinación entre los países europeos, la realización de políticas comunes (en los ámbitos fiscal, social, energético, de transportes, monetario, etc.) y la adopción de posiciones comunes en relación con la crisis energética y el sistema monetario internacional.

Para superar la construcción de una Europa meramente empresarial, los socialistas europeos abogaron por comprometer a la CE y a sus Estados miembros a configurar conscientemente las estructuras económicas y sociales para garantizar el pleno empleo, la estabilidad económica, una distribución más justa de la renta y la riqueza, una estructura económica eficaz y democrática, la mejora de la seguridad social y la armonización social, la mejora de las condiciones de trabajo y de vida, y la mejora de las oportunidades educativas. En los demás ámbitos, promovieron una democratización de las instituciones comunitarias, insistiendo en que cualquier transferencia de responsabilidades a la CE debería estar sujeta a una mayor participación y control democráticos; y abogaron por un compromiso con la distensión, la paz y un nuevo orden económico internacional que favoreciera el desarrollo del Tercer Mundo. También volvieron a insistir en su compromiso con la UEM, pero advirtieron de que “el progreso hacia la unión monetaria presupone el éxito en la armonización del desarrollo económico en la Comunidad”. Además, abogaron por los esfuerzos conjuntos de los Estados miembros en el ámbito de la política industrial, la ampliación del fondo regional de la CE y una reforma de la PAC para evitar los excedentes de producción y ayudar a los países en desarrollo. Se hicieron propuestas ambiciosas en materia de cooperación con estos países, como la de dedicar el 1 % del PIB de los países de la CE a la ayuda al desarrollo ³⁵ .

¿Se limitaban los socialistas europeos a abogar por una coordinación de las economías europeas según las líneas keynesianas o se inclinaban por estrategias alternativas más “radicales” para salir de la crisis, una solución que implicaría un retroceso gradual de la propiedad privada e invadiera la estructura “capitalista del bienestar” de las sociedades de Europa occidental? La formulación del manifiesto era tan vaga que resultaba difícil de adivinar. Para salir de la crisis, se propugnaba un amplio plan de recuperación estructural, con especial atención a favorecer un “crecimiento humano” invirtiendo en necesidades colectivas, teniendo en cuenta las condiciones para la creación de una nueva división internacional del trabajo. El manifiesto también sugería reforzar las competencias de la Oficina Europea de Cárteles y una coordinación de las políticas económicas, presupuestarias y monetarias de los Estados miembros de la CE. Se abogaba por el aumento de los fondos, la mejora de los instrumentos y la racionalización de los procedimientos de toma de decisiones para que la CE tuviera más competencias a la hora de coordinar y sostener las políticas de pleno empleo de los Estados miembros. Esto, combinado con una imprecisa reducción “considerable” de la jornada laboral y la ampliación de las vacaciones anuales, así como con políticas regionales y formación profesional específica, ayudaría a reactivar el crecimiento y restablecer el pleno empleo ³⁶ .

Aparte de esta defensa un tanto “eurokeynesiana”, los socialistas europeos dejaron al menos la puerta abierta a una transición hacia una “Europa socialista”. Aunque en términos menos inequívocos, el manifiesto contenía algunas de las ideas formuladas por pensadores de la EEA como Holland, que había formado una red de economistas socialistas ³⁷ . Criticaba las respuestas “monetaristas” a la crisis y la estimulación de la inversión únicamente mediante recortes fiscales o créditos. La excesiva desigualdad de ingresos, la injusta distribución de la riqueza y la tierra, la especulación financiera y los monopolios económicos se consideraban las principales causas de la inflación, que los Estados miembros debían combatir conjuntamente a escala de la CE. Varias de las propuestas contemplaban la adopción de políticas que podrían haber mejorado el equilibrio del poder económico privado y público y favorecido a los trabajadores. En primer lugar, algunas propuestas se referían a la redistribución de la renta y la riqueza en Europa ³⁸ . En segundo lugar, el manifiesto dejaba la puerta abierta a una mayor intervención estatal, la ampliación del sector público, la supervisión y el control de las grandes empresas, las inversiones controladas, así como un reequilibrio del poder económico para favorecer a las pequeñas y medianas empresas. En tercer lugar, también insistió en la necesidad de la planificación económica y el control democrático por parte de los trabajadores. Sin embargo, contrariamente a las propuestas formuladas unos años antes por Mansholt y la Confederación Europea de Sindicatos (CES), el texto no preveía un plan central europeo. Mencionaba la necesidad de una planificación económica, pero reconocía que en cada Estado miembro podían ser necesarias medidas diferentes. Aun así —y este era uno de los aspectos en los que el manifiesto mostraba una voluntad de hacer retroceder al capital privado — se hacía hincapié en la democracia económica como una de las columnas vertebrales de una Europa socialista:

Además, el manifiesto exigía “la aplicación por parte de las autoridades a escala nacional y comunitaria de una política activa de competencia destinada, en particular, a controlar la expansión de las empresas multinacionales”. Para estabilizar las estructuras del mercado europeo frente al dominio de las empresas monopolistas y oligopolistas, los socialistas exigían “la creación en de un organismo comunitario dotado jurídica y técnicamente para vigilar las actividades de las grandes empresas”, de modo que no se comprometiera la realización de los objetivos económicos y sociales de la CE. Una armonización de la legislación europea relativa a las empresas debería controlar las fusiones, garantizar la representación de los trabajadores y obligar a las empresas a elaborar y publicar los balances consolidados de los grupos de empresas.

La sensación general era que el manifiesto intentaba equilibrar tanto a los partidarios de estrategias económicas alternativas que querían aumentar el poder económico público y el control de los trabajadores, como a los viejos partidarios de la corriente dominante del capitalismo dirigido keynesiano. En cualquier caso, el manifiesto proponía una respuesta a la crisis de los años setenta diametralmente opuesta a las recetas “neoliberales” que afloraban entonces: una alternativa basada en un plan de recuperación, una acción coordinada para aumentar el control sobre las multinacionales, políticas para llevar a cabo una redistribución de la riqueza dentro de los países de Europa occidental y hacia el Sur global, y la extensión de la democracia económica. A pesar de sus limitaciones, el manifiesto constituyó el programa común más ambicioso jamás adoptado por los socialistas europeos.

A principios de 1978, sin embargo, el manifiesto se enfrentó a las primeras dificultades, ya que varios partidos nacionales se oponían a algunas de sus partes. El SPD y el PvdA habían propuesto conjuntamente más de sesenta enmiendas, y los partidos nacionales estaban preparando sus campañas electorales al PE siguiendo líneas internas ⁴⁰ . Como el tiempo se agotaba, la mesa del CPSCE se esforzó por preparar una versión condensada del programa, pero parecía necesario un compromiso político de los líderes de los partidos para resolver el problema. En junio de 1978, en una cumbre celebrada en Bruselas, los dirigentes de los partidos socialistas de los “nueve” firmaron una “Declaración Política” de treinta y un puntos basada en el nuevo texto preparado por el buró y la presentaron ante una multitud de periodistas europeos ⁴¹ . La declaración era una versión diluida del programa electoral. Pretendía ser un marco general de principios básicos para guiar la política europea de los partidos en lugar de un programa común vinculante. Como la mayoría de los comentaristas se apresuraron a señalar, la “Declaración Política” no era mucho más que un vago resumen de principios socialistas sin apenas propuestas concretas para una política común. Para resolver este problema, se encargó a la mesa que redactara otro documento con vistas a las próximas elecciones, un “Llamamiento al electorado” que se presentó y aprobó en el X Congreso del CPSCE en Bruselas en enero de 1979: una serie de propuestas conjuntas que los partidos se comprometían a “defender en cada país y en el Parlamento Europeo” ⁴² .

A pesar de estas limitaciones, tanto la “Declaración” como el “Llamamiento” seguían reflejando en líneas generales el mismo enfoque que el manifiesto electoral, y era compatible con las ideas de Holland: una Europa socialista alternativa basada en fórmulas “eurokeynesianas” combinadas con un toque de mayor poder público, planificación y control obrero. Por supuesto, había diferencias importantes entre cada partido, pero también una percepción muy clara de las opciones a la vista, a lo que contribuyeron los esfuerzos transnacionales de por redactar un programa común. Durante los trabajos preparatorios del “Llamamiento al electorado”, en un informe de 1978 del grupo de trabajo sobre el empleo del CPSCE, presidido por Joop den Uyl, se llegaba a la siguiente conclusión:

Este análisis casi profético de la opción histórica a la que se enfrentaban muestra hasta qué punto los socialistas europeos eran conscientes de la situación. Lo que la izquierda necesitaba urgentemente era una estrategia común, y una voluntad firme, para construir una lucha de poder, y componer un nuevo bloque hegemónico capaz de lograr imponer una Europa socialista basada en la regulación del mercado, la redistribución, la igualdad, la planificación social y económica, y la “democracia en todas las esferas de la vida”.

El giro a la izquierda de los socialistas europeos fue insuficiente y más bien efímero. Desde mediados de los años setenta, ya algunos de los principales partidos socialistas en el gobierno estaban poniendo el freno. En el poder desde febrero de 1974, la dirección laborista no siguió el EEA y para cuando Wilson dimitió en marzo de 1976, la crisis del petróleo, combinada con la especulación monetaria, habían sumido al país en un deterioro de la balanza de pagos y en una crisis de la libra esterlina. El nuevo Primer Ministro, James Callaghan, decidió negociar con el FMI y solicitó un préstamo de 3.900 millones de dólares que imponía subidas de impuestos, aumentos de los tipos de interés y drásticos recortes del gasto público. Esto no solo fue “una derrota para la izquierda británica, los sindicatos y la clase obrera”; fue, en palabras de Mark Mazower, “el primer paso en la reconstrucción capitalista de Occidente” ⁴⁴ . En Alemania Occidental, el gobierno social-liberal también experimentó un giro hacia la disciplina presupuestaria después de que Helmut Schmid, uno de los principales exponentes del ala derecha del SPD, sustituyera a Brandt como canciller en mayo de 1974. Para Schmidt, la crisis exigía “el abandono de las políticas keynesianas sobre trabajo y salarios, una fuerte reducción del papel del Estado en la economía y el compromiso de liberar el flujo de bienes y capitales” ⁴⁵ . Después de que Schmidt sustituyera a Brand como Canciller en 1974, la agenda de la “Europa social” del gobierno alemán se atenuó considerablemente.

Además, en los años siguientes, la visión de la izquierda europea para Europa iría perdiendo cada vez más terreno frente a fórmulas más conservadoras. Entre 1979 y 1982, la derecha volvió al poder en el Reino Unido, Estados Unidos y Alemania Occidental con la elección de Margaret Thatcher, Ronald Reagan y Helmut Kohl. A mediados de la década de 1980, tras una serie de duras disputas sobre algunas de las propuestas clave para una “Europa social” —en particular las relativas al tiempo de trabajo y a los derechos de los trabajadores a la información y consulta en las empresas multinacionales (la “directiva Vredeling”) — era evidente que “Europa” estaba tomando un camino diferente del previsto por la izquierda europea ⁴⁶ . La ventana de oportunidad que se había abierto a finales de la década de 1960 se estaba cerrando.

Aunque la victoria de la izquierda en mayo de 1981 en Francia, cuando Mitterrand fue elegido presidente y asumió el poder un gobierno de ministros socialistas —al que se unieron en junio tres comunistas —, no fue un acontecimiento menor para la izquierda europea, no supuso un renacimiento de la “Europa social”. Los socialistas franceses accedieron al poder cuando la era socialdemócrata ya mostraba claros signos de declive. Los socialdemócratas habían sufrido importantes reveses electorales, incluso en sus bastiones históricos, en la segunda mitad de la década de 1970: en Suecia, en 1976, quedaron fuera del gobierno por primera vez desde 1932; en los Países Bajos, ganaron las elecciones, pero fueron condenados a la oposición por una coalición de centro-derecha en 1977; en el Reino Unido, en 1979, los laboristas perdieron y volvieron a la oposición durante casi dos décadas; en Noruega, los socialdemócratas volvieron a la oposición en 1981. En octubre de 1982, la derrota del SPD y la llegada al poder de una coalición CDU-CSU liderada por Helmut Kohl en Alemania Occidental, sumada a la vuelta de los socialdemócratas daneses a la oposición ese mismo año, parecieron marcar el final de la era de posguerra de hegemonía socialdemócrata que había alcanzado su clímax en 1969, cuando Brandt se convirtió en Canciller ⁴⁷ .

Sin embargo, la victoria de la izquierda francesa parecía señalar el ascenso de los socialistas del “sur” de Europa. En Grecia, que ingresó en la CE en 1981, el PASOK de Andreas Papandreou obtuvo una victoria aplastante en octubre de 1981, formando el primer gobierno socialista de la historia de Grecia. En España y Portugal, que solicitaron su adhesión a la CE en 1977, los nuevos regímenes democráticos vieron una afirmación de los partidos de izquierda. El PSOE llegó al poder en 1982 en España, y Portugal fue dirigido por gobiernos socialistas y socialdemócratas a partir de 1983. En Italia, en marzo de 1979, el PSDI y el PSI se convirtieron en socios minoritarios de gobiernos de coalición. En 1983, Bettino Craxi llegó a ser primer ministro, convirtiéndose en el primer ministro socialista de la historia italiana. En su momento, esto se vio como una victoria de la tendencia más “radical” del socialismo del sur de Europa frente a una socialdemocracia “moderada” del norte.

El nuevo gobierno francés era muy consciente de las limitaciones que la interdependencia de las economías europeas (y mundiales) y de la propia CE imponían a sus planes internos, especialmente cuando los principales socios comerciales del país estaban adoptando políticas de austeridad deflacionistas que contrastaban fuertemente con sus ambiciones. El 29 de junio, en la cumbre del Consejo Europeo celebrada en Luxemburgo, Mitterrand hizo una declaración oficial a favor de una “Europa social”, en la que pedía la creación de un “espacio social europeo” basado en la reducción coordinada del tiempo de trabajo, la mejora del diálogo social y la adopción de un plan europeo de recuperación económica. El 13 de octubre de 1981, el gobierno francés publicó un memorándum sobre la revitalización de la CE, en el que proponía la consolidación y el desarrollo de políticas comunes para apoyar la reactivación económica europea ⁴⁸ .

Aunque las propuestas del gobierno francés eran prudentes, definitivamente libres de retórica marxista, y mucho menos ambiciosas que las demandas planteadas desde principios de los 70 por la izquierda europea (por ejemplo, el CPSCE), no lograron convencer a sus socios europeos. Schmidt no se mostró mucho más entusiasta que Thatcher, que se mostró claramente hostil. El apoyo del gobierno griego no bastó para inclinar la balanza. La propuesta de un estímulo europeo coordinado, clave en el plan de reactivación francés, suscitó especial desprecio. Schmidt había recurrido cada vez más a la austeridad interna desde la segunda crisis del petróleo de 1979, que infligió un déficit en la balanza de pagos de Alemania Occidental. El acuerdo previo sobre un estímulo internacional concertado, alcanzado en Bonn en 1978, se abandonó en 1979, cuando los dirigentes alemanes achacaron las dificultades económicas de su país a su anterior compromiso con la reflación ⁴⁹ . Las perspectivas de una Europa redistributiva, intervencionista en el mercado o solidaria se estaban desvaneciendo y las propuestas europeas de Mitterrand fueron cortésmente descartadas. Este rechazo desempeñaría un papel importante en la decisión del gobierno francés, en marzo de 1983, de abandonar su programa socialista y operar un “tournant de la rigueur” para permanecer en el Sistema Monetario Europeo (SME).

Este episodio fue otra derrota patente para la izquierda europea y su “Europa social”. Más que nunca, la izquierda se vio atrapada en el dilema europeo. Por un lado, la renuncia francesa parecía confirmar que el “socialismo en un solo país” ya no era una opción en una economía mundial cada vez más interdependiente. Reforzaba la opinión ya consolidada de la izquierda europea de que el socialismo requeriría organizarse más allá del Estado-nación. Desgraciadamente, por otro lado, los males del socialismo francés señalaban el fracaso de la izquierda europea para convertir la CE en una “Europa social”. Además, cada vez era más evidente que la CE era una camisa de fuerza en la que los Estados miembros no podían decidir de forma independiente las políticas económicas, sociales, industriales, presupuestarias y fiscales. A la luz de la “lección francesa”, la izquierda europea se vio obligada a replantearse su estrategia en el marco europeo. Aunque algunos lo vieron como una confirmación de que la CE era antitética al socialismo, muchos se convencieron de que el socialismo solo podría alcanzarse mediante una reforma de la CE hacia una mayor redistribución y control de la economía. Lo que a menudo se ha descrito como el “giro europeo” del gobierno francés después de 1983 —que llevó a Mitterrand a relanzar el proceso de unión económica, monetaria y política junto con Helmut Kohl en Fontainebleau en 1984 — fue el resultado de esta conclusión ⁵⁰ . En el Reino Unido, también surgirían propuestas en esta dirección entre los defensores más radicales del EEA, como Stuart Holland ⁵¹ .

El periodo iniciado a mediados de los años ochenta se describe generalmente como la edad de oro de la Europa social, posible gracias a la reactivación del proceso de integración europea ⁵² . Fontainebleau, al igual que el nombramiento, unos meses más tarde, de Jacques Delors como nuevo Presidente de la Comisión Europea (1985-94), confirmó la opción del gobierno francés, tras renunciar al “socialismo en un solo país”, de reafirmar su compromiso y liderazgo europeos, en alianza con el nuevo “amigo” alemán, Kohl. Perteneciente al ala liberal del Partido Socialista francés, Delors era un político experimentado que, como ministro de Finanzas en 1981-84, había sido uno de los principales artífices del giro francés hacia la austeridad y la perseverancia en el SME. En palabras de la propia Thatcher, era “extremadamente inteligente y enérgico y (...) se le atribuía el mérito de haber frenado las políticas socialistas de izquierdas iniciales del Gobierno del Presidente Mitterrand y de haber saneado las finanzas francesas” ⁵³ . Además de haberse ganado la confianza de los conservadores neoliberales, Delors era también un socialcatólico aceptable para los demócrata-cristianos, se había ganado la confianza del gobierno alemán, conocía bien la jerga burocrática europea y tenía un profundo conocimiento de las dinámicas y contradicciones transnacionales de los socialistas y sindicatos europeos.

En realidad, aunque el “momento Delors” se recuerda a menudo como un momento de promoción de una “Europa social”, tras su toma de posesión en enero de 1985 el nuevo Presidente de la Comisión situó en primer lugar en su agenda la integración económica y el proyecto de mercado único ⁵⁴ . Como explicó el propio Delors unos años más tarde: “Tuve que recurrir a un objetivo pragmático que también correspondía al espíritu de la época, ya que entonces todo giraba en torno a la desregulación, la eliminación de todos los obstáculos a la competencia y las fuerzas del mercado” ⁵⁵ . La realización del mercado interior de la CE —gracias a la eliminación de los obstáculos a las “cuatro libertades”: la libre circulación de mercancías, capitales, servicios y personas dentro de la CE — contó, por supuesto, con el firme apoyo del gobierno de Kohl y de la propia Thatcher. El nuevo Comisario británico de Mercado Interior y Servicios, Arthur Cockfield, antiguo director de la cadena británica de farmacias Boots y que había ocupado carteras económicas en los gobiernos de Thatcher, desempeñó un papel fundamental en el establecimiento de las bases del proyecto ⁵⁶ .

El proyecto del mercado único también aunaba las ambiciones de dos “facciones” rivales de la clase capitalista europea, cada vez más transnacional: “por un lado, una facción “globalista” formada por las empresas más globalizadas de Europa (incluidas las instituciones financieras globales) y, por otro, una fracción europeísta compuesta por grandes empresas industriales que sirven principalmente a los mercados europeos y compiten contra las importaciones, a menudo más baratas, procedentes de fuera de Europa” ⁵⁷ . No obstante, estas dos facciones convergían en ejercer una presión creciente sobre las élites políticas europeas para que se eliminaran todos los obstáculos al libre comercio dentro del mercado interior.

Las presiones de los distintos grupos empresariales fueron cruciales para determinar la remodelación de la integración europea a partir de mediados de los años ochenta. En 1983, a iniciativa del Director General de Volvo, Pehr Gyllenhammar, y con la ayuda del Comisario Europeo Étienne Davignon, que había desempeñado un papel fundamental en la creación de vínculos entre las grandes empresas y la Comisión Europea en aquellos años, los dirigentes de diecisiete grandes empresas transnacionales europeas —entre ellas Volvo, Philips, Fiat, Nestlé, Shell, Siemens, Thyssens, Lafarge, Saint Gobin y Renault — se reunieron en París para fundar la Mesa Redonda Europea de Industriales (ERT). Su objetivo era promover una mayor apertura de los mercados junto con el apoyo europeo a la industria. El “Libro Blanco sobre la realización del mercado interior” de la Comisión de 1985, que proponía unas 300 medidas para completar el mercado único en 1992 mediante la supresión de las barreras no arancelarias, se asemejaba mucho a las recomendaciones de la ERT ⁵⁸ .

La lógica subyacente al programa del mercado interior, institucionalizado por el Acta Única Europea en 1986, estaba por tanto intrínsecamente orientada al libre mercado. Lejos del tipo de “planificación socialista” promovida por el propio Delors y sus colegas socialistas solo unos años antes ⁵⁹ , su objetivo era construir un mercado más grande, “que supuestamente conduciría a una competencia más dura que daría lugar a una mayor eficiencia, mayores beneficios y, finalmente, a través de un efecto de goteo, más riqueza general y más puestos de trabajo” ⁶⁰ . Delors, al igual que Jacques Attali y otros socialistas liberales en estrecho contacto con los círculos empresariales europeos, había llegado a creer que las tendencias en curso de liberalización del comercio y desregulación bancaria y financiera eran inevitables e indispensables para permitir el crecimiento económico y la creación de empleo, y para restablecer a Europa Occidental como actor económico de primer orden en un mundo cada vez más competitivo y globalizado. Por supuesto, el Acta Única Europea no se limitó a la realización del mercado único europeo. También amplió el voto por mayoría cualificada en el Consejo; incrementó los poderes legislativos del PE con los procedimientos de cooperación y dictamen conforme (posteriormente consolidados con el procedimiento de “codecisión”, aunque nunca se ha concedido a la cámara el derecho de iniciativa); definió entre sus objetivos el refuerzo de la cooperación en materia de desarrollo regional, investigación y política medioambiental; etc. Sin embargo, la mayor parte del nuevo tratado se refería a la liberalización, la armonización y el “reconocimiento mutuo” en el sector económico. En los años siguientes, se adoptarían directivas fundamentales relativas a la liberalización de la circulación de capitales y la desregulación del sector bancario y de seguros ⁶¹ .

¿No previeron Delors y sus colegas que desencadenar el comercio, liberalizar los servicios y dejar que el capital se moviera libremente dentro de la Comunidad sin una armonización fiscal y social previa enfrentaría inevitablemente a los trabajadores y a los regímenes nacionales de bienestar y provocaría una carrera a la baja en términos de derechos sociales, salarios y redistribución? En realidad, la administración de Delors adoptó lo que algunas de sus figuras prominentes llamaron una estrategia de “muñeca rusa”: una especie de enfoque spill-over en el que cada paso del camino a seguir estaba “diseñado para contener las semillas del paso siguiente” ⁶² . La Comisión esperaba “aprovechar” el éxito del programa del mercado único — “1992” — con nuevas iniciativas: el “Paquet Delors”, destinado a duplicar el presupuesto de la CE y los Fondos Estructurales para lograr una mayor “cohesión económica y social”; la UEM y la creación de una moneda única; y la “dimensión social” con la adopción de una Carta Social de derechos fundamentales, un nuevo Programa de Acción Social y el relanzamiento del “diálogo social europeo”. En pocas palabras, Delors veía el mercado único como un paso hacia una unión más estrecha; la integración impulsada por el mercado exigiría correcciones sociales y fiscales.

Desgraciadamente, en la práctica, no todos los aspectos del proceso acabaron teniendo el mismo éxito. La consolidación de un “modelo social europeo” que supuestamente debía seguir al fortalecimiento del mercado siguió retrasándose. El “paquete Delors” se adoptó tras duras negociaciones, duplicando los Fondos Estructurales y limitando al mismo tiempo el presupuesto de la PAC, pero el presupuesto global de la CE —y, por tanto, su potencial de redistribución social y regional — siguió siendo extremadamente limitado, y apenas superó el 1 % del PIB europeo hasta la actualidad ⁶³ . El diálogo social, relanzado en 1985 con los debates de Val Duchesse y apoyado por el nuevo artículo 118b del Acta Única Europea que debía institucionalizar los convenios colectivos europeos, dio muy pocos resultados. La Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, adoptada en 1989, proclamaba una serie de derechos sociales y económicos, como la mejora de las condiciones de trabajo y de vida, la igualdad de trato entre hombres y mujeres, la libertad de asociación y de negociación colectiva, la información, la consulta y la participación de los trabajadores, el derecho a un salario decente, a la protección social, etc., pero no era vinculante ⁶⁴ .

En cambio, la unión monetaria resultó ser el mayor éxito político de Delors. En 1988, había conseguido convencer al Consejo Europeo para que creara un comité compuesto en gran parte por banqueros centrales europeos y presidido por él mismo, con el fin de hacer nuevas propuestas para la realización de la UEM. También en este caso, las presiones de los círculos empresariales, y el activismo de prestigiosos “padres” europeos como Giscard d’Estaing, Schmidt o Davignon, resultaron cruciales para influir en el trabajo de la Comisión y convencer a los líderes europeos ⁶⁵ . La reticencia inicial del gobierno alemán a abandonar el todopoderoso marco alemán se vio suavizada por el compromiso del gobierno francés de favorecer la libertad de circulación de capitales y por la garantía de que el futuro BCE supranacional seguiría el modelo del Bundesbank, es decir, sería independiente de los poderes políticos y se dedicaría principalmente a la “estabilidad de precios” ⁶⁶ . Cuando el Informe Delors fue publicado y aprobado por los gobiernos europeos en la primavera de 1989, Europa estaba a punto de entrar en una nueva fase histórica, marcada por tres grandes cambios interconectados: la caída de los regímenes comunistas en los antiguos países del Pacto de Varsovia, la reunificación de Alemania y el Tratado de Maastricht firmado en 1992.

El núcleo de este nuevo tratado era el compromiso de los Estados miembros, excepto el Reino Unido y Dinamarca, de adoptar una moneda única bajo la autoridad de un banco central único e independiente para finales del milenio. No era una decisión menor. La nueva UEM significaba que los gobiernos europeos abandonarían aspectos clave de la soberanía económica y monetaria nacional, empezando por su derecho a emitir dinero y alterar los tipos de cambio. El Tratado también introdujo formalmente por primera vez los “criterios de convergencia”, que establecían normas obligatorias sobre las políticas económicas de los Estados miembros: limitar el déficit presupuestario público al 3 % del PIB y la deuda pública al 60 % del PIB, mantener las tasas de inflación no más de 1,5 puntos por encima de las de los países “con mejores resultados”, mantener la estabilidad de los tipos de cambio y respetar la convergencia de los tipos de interés. Tras la cortina de humo retórica de la “responsabilidad fiscal” y la “estabilidad de precios” —y gracias a la creciente despolitización de las cuestiones monetarias —, la nueva UEM consagró el alejamiento de las políticas keynesianas y el paso a una combinación de ordoliberalismo y monetarismo inspirada en Milton Friedman y sus coetáneos ⁶⁷ . Muy a pesar de Delors, los negociadores del Tratado de Maastricht se negaron a incluir criterios de convergencia en materia de empleo ⁶⁸ .

Mientras tanto, la dimensión social que se había prometido seguía rezagada. El “Acuerdo sobre la Política Social” anexo al Tratado de Maastricht (del que el Reino Unido optó por no formar parte hasta la adhesión del nuevo gobierno laborista en 1997) reafirmaba el apego a las disposiciones sociales del Tratado de Roma; otorgaba nuevas competencias legislativas a la nueva UE ampliando (de forma limitada) el voto por mayoría cualificada a la igualdad de oportunidades, las condiciones de trabajo, la información y consulta de los trabajadores y la integración de los excluidos del mercado de trabajo; mientras que la unanimidad se mantenía para la mayoría de cuestiones como la seguridad social y los despidos; y varios ámbitos de la política social, como la retribución y los derechos sindicales, seguían explícitamente excluidos de la competencia de la UE. Un “Protocolo Social” incluido en el Tratado también institucionalizó un nuevo procedimiento legislativo tripartito en el ámbito social: A partir de ahora, las organizaciones sindicales y empresariales de ámbito europeo podrían acordar propuestas relacionadas con el trabajo que se adoptarían como legislación de la UE; en caso de no llegar a un acuerdo, la Comisión sería la encargada de proponer la legislación. Sin embargo, en ausencia de presión social y política para llegar a un acuerdo, era poco probable que este nuevo eurocorporativismo diera resultados significativos. De hecho, entre 1995 y 2013, solo se aprobaron tres directivas por el procedimiento del Protocolo, así como cinco acuerdos bilaterales, con muy pocos cambios legislativos concretos en los Estados miembros ⁶⁹ .

En general, a pesar de estas modestas ampliaciones de la “dimensión social” de la UE, puede decirse que la política social europea ha experimentado desde los años ochenta lo que Wolfgang Streeck ha denominado “regresión progresiva”: cada vez estaba más orientada hacia los objetivos de competitividad, flexibilidad y “reestructuración”. A mediados de los noventa, como dice Streeck:

La “Europa social” esgrimida por Delors a partir de mediados de los ochenta con el apoyo de otros socialistas europeos como Stuart Holland, dio lugar a un proyecto cualitativamente distinto del formulado por los socialistas europeos a finales de los sesenta y principios de los setenta. Ya no se basaba en la redistribución, la igualdad, la planificación social, fiscal y económica y la “democracia en todas las esferas de la vida”, sino que constituía simplemente un “ajuste competitivo a los mercados mundiales”. A la luz de las propuestas de la izquierda europea durante los largos años setenta, las principales políticas e instrumentos adoptados en el ámbito social desde los años ochenta parecen sorprendentemente poco ambiciosos. La evolución de dos de las propuestas más emblemáticas del proyecto de la “Europa social” exploradas en este artículo —la directiva sobre la información y consulta de los trabajadores en las empresas multinacionales y la directiva sobre la reducción del tiempo de trabajo — son especialmente esclarecedoras a este respecto, ya que acabaron, años más tarde, en la adopción de reglamentos suavizados ⁷¹ .

“L’Europe sera socialiste ou ne sera pas”. A juzgar por la situación actual de Europa, la pegadiza profecía de Mitterrand no podría estar más lejos de la realidad ⁷² . Desde la década de 1980, “Europa” —encarnada cada vez más asertivamente por una CE en expansión, rebautizada como Unión Europea en 1993 — emprendió un camino que se desviaba cada vez más de esa “Europa social” que los socialistas y sindicatos europeos habían imaginado y por la que habían luchado en los largos años setenta. En efecto, lejos de una Europa controladora del mercado, redistributiva, orientada a la planificación económica y democratizada al servicio de los trabajadores, lo que nació fue una Europa cada vez más neoliberal, cuya dimensión social no solo era compatible con el libre mercado y la extensión de la propiedad privada, sino que los incentivaba. Ya sea que elijamos verlo como una ilusión, una coartada o una realidad, el tipo de “Europa social” que surgió a partir de mediados de la década de 1980 fue en muchos aspectos lo opuesto a la imaginada por la izquierda europea durante la larga década de 1970 ⁷³ .