Y van tres: Estado y periferias en la España del siglo XIX. Nuevos enfoques (2009), El Estado desde la sociedad. Espacios de poder en la España del siglo XIX (2016) y ahora Reformas... En una agenda historiográfica rácana con el siglo XIX, no está mal. Y que el equipo se mantenga tanto tiempo, tampoco. Asistimos, casi, a la forja de un “habitus”: que periódicamente llegue desde Valencia una reflexión profunda, sugerente y documentada, generosa en ofrecer nuevas hipótesis y caminos poco trillados, sobre un tema central de la centuria decimonónica. Siempre, además, acompañada de colaboraciones especializadas. Esta vez le toca el turno a las anticipaciones, a las propuestas reformistas originadas en el Estado anteriores a la I Guerra Mundial, ubicadas en un contexto europeo útil para la comparación.

La publicación, en realidad, ofrece más porque su interés genealógico la lleva al siglo XVIII en busca de precedentes que eviten adanismos. Se abre con la aportación que firman los editores. En ella se establece un diálogo con el “Estado mínimo” del liberalismo clásico para luego hacerlo con las nuevas configuraciones estatales que, desde el último cuarto del XIX, reclaman protagonismo y mayor presencia social. Esta idea de un Estado pequeño ha sido matizada —en la línea de no minusvalorar actuaciones que ofrecen seguridad al capitalismo triunfante—, como también la asunción de que la política de élites carece de interés para la generalidad, porque en determinadas circunstancias los subalternos consiguen arrancar concesiones —variables en calado— a los dominantes. De cualquier modo, no parece existir, en Europa occidental, una continuidad entre dilatación del marco político y mayor iniciativa estatal en lo social. El paso del Estado lockeano al intervencionista no es automático e implica tensiones, diferentes según cada país.

El caso español se interpreta en estas coordenadas. Hasta finales de siglo el Estado se ajusta a la ortodoxia liberal como guardaespaldas de iniciativas generadas en la sociedad civil, pero sin protagonizarlas. Hay en esto mucho de ideología, pero también de incapacidad presupuestaria. La construcción estatal, además, pasa por una brutal guerra civil entre 1833 y 1839 —reproducida, ampliada, en el Sexenio—, que, si obliga a engordar las estructuras de gobierno, también detrae recursos de otras intervenciones. Con todo, las desamortizaciones, la desvinculación, el fin del régimen señorial o el “ataque” a los comunales, relativizan la supuesta inacción. Como cualquier diseño estatal —ejecutado hasta dónde la contingencia lo permite—, el español era más funcional para unos grupos sociales que para otros y más “débil” para unas cuestiones que para otras. Fuerte en los apartados citados, igual que en la defensa de la propiedad, en asegurar militarmente una isla de Cuba origen de ganancias fabulosas o en ofrecer subvenciones a compañías ferroviarias, pero raquítico en políticas sociales, en fomentar una educación generalizada, en promover caminos transversales, en desarrollar una real política carcelaria, en apostar por fórmulas crediticias que esquiven al usurero local o en activar una fiscalidad justa socialmente. Un Estado, por último, consciente de su limitada capacidad de penetración infraestructural y obligado a negociar con unos poderes locales que juegan sus cartas con habilidad.

La ideología del “progreso indefinido” ampara una política que no por elitista renuncia a autorrepresentarse como oferente del mayor bien al mayor número. Los “mejores”, la élite, se ofrecen para liderar una sociedad inmadura políticamente pero que, con educación y esfuerzo, podrá asumir y aprovechar en un futuro indeterminado nuevos derechos. La velocidad de la marcha es distinta para progresistas y moderados —como para demócratas y republicanos—, pero comparten el horizonte de una sociedad de clases medias. El problema aparece cuando el progreso no eleva por igual a todos los navegantes, porque muchos naufragan y otros mueren ahogados. Sobre todo en su variante industrializada, genera un residuo en forma de pauperismo, de asalariados explotados, o parados, que no se resignan a su suerte, la indigencia peligrosa que teme el compostelano Varela de Montes (1849) luego conceptualizada con el eufemismo “cuestión social”. Que supone un desafío se percibe hasta en una Galicia sin industrias, porque puede ofrecer carne de cañón al socialismo que apenas asoma. Confiar en un capitalismo autorregulado y un Estado limitado ya no es suficiente —Milei se saltó esta lección—, como reconoce hasta Cánovas del Castillo, sobre todo luego de 1890 con el acceso masculino al sufragio. Se impone una cura de engorde estatal que ofrezca alimento a todos sus retoños —no solo a los estudiosos y obedientes— y garantice la paz social. La temporalidad no desentona de la europea occidental, pero la hondura reformista es menor. La incapacidad financiera lastra las iniciativas. Además, no todos los actores comparten la solución, o quieren reservarla para su sardina. Asociaciones de propietarios exigen protección y ayuda estatal; políticos bienintencionados auspician iniciativas sociales con la armonía como norte, pero con pesetas contadas y poco convencidos de que el reformismo rejuvenezca, y no mate, al sistema. El obrerismo, sobre todo el anarquismo, reniega de toda política estatalista, y los católicos desconfían de un Estado que temen anticlerical y, en sus pesadillas, antirreligioso.

El libro se divide en dos partes desiguales. La primera se ocupa de las propuestas e intentonas desplegadas desde el Estado antes del último cuarto del XIX, mientras que la segunda, más nutrida, lo hace de las formalizadas en las inmediaciones del 1900. Pablo Cervera reflexiona sobre el regalismo dieciochesco, en especial respecto de sus propuestas económicas. Macanaz, Floridablanca, Campomanes o Esquilache ocupan el escenario, junto de otros poco conocidos como Moya Torres, representativo de una opinión menos culta pero más apegada al común. Del repaso destaca la atención prestada a la generación de riqueza y la obtención de ingresos por la Corona que pasan, sí o sí, por una ofensiva contra los bienes eclesiásticos, las criticadas, por antieconómicas, “manos muertas”. Millán y Romeo dirigen la mirada hacia las manifestaciones de más Estado surgidas del antiliberalismo. El pensamiento de Manuel Pérez de Molina y de Ramón de la Sagra hilan la reflexión, el primero cercano al moderantismo autoritario y el segundo, en una etapa final, al carlismo. No son, sin embargo, representativos de nada: son más “excepcionales” que ejemplares, y su capacidad de transformar ideas en iniciativas gubernamentales es nula, pero útiles para visualizar reformismos urdidos en contextos, de inicio, sorprendentes. Ambos critican el Estado “negativo”, el ocupado solo de suprimir barreras que frenan la libre iniciativa, y los dos coinciden en que, bajo el liderazgo de la religión, es necesario un impulso político que soslaye los peligros del desarrollo, en especial del industrial, en una sociedad ganada por el materialismo y el lujo, necesitada de frenos morales que únicamente el catolicismo aporta. Para Pérez de Molina la intervención pasa por la fijación —negociada con el Estado como árbitro— de salarios dignos, la promoción educativa, el impulso a las colonias agrícolas o una fiscalidad más equitativa y productiva. La Sagra, en su sorprendente trayectoria —explicable, argumentan, por su no promoción en el “establishment” oficial—, manifiesta temor por las derivadas anarquistas y socialistas —quien lo diría— que arrastra la sociedad de clases medias, y propone como solución su aculturación católica impulsada por un Estado tan paternal como autoritario. De política y de electores se ocupa Oriol Luján en relación con el “progresismo patricio”. Dos frases de contemporáneos resumen su argumento: “El pueblo español (...) encontró en el derecho de reunión pacífica (...), el mejor medio (...) para hacer conocer su voluntad” (1863); “(...) pues solo la libertad es vuestro caduceo, proclamadla (...). Hasta ahora no habéis consignado la de asociación (...). Apresuraos a consignarla. Dadnos (...) esta arma de combate” (1855). Encontrar y demostrar el protagonismo de los subordinados política y económicamente es el objetivo. En un caso, con la apelación a reuniones electorales participadas por simpatizantes y no solo por titulares de derechos electorales, y en otro con la peculiar relación que, puntualmente, se establece en Barcelona entre obreros y líderes progresistas. No resulta fácil validar la hipótesis, en la primera casuística por la escasez documental que asegure influencia además de presencia, y en la segunda por la excepcionalidad del ejemplo, difícilmente extrapolable. Está bien estudiado el discurso mesocrático progresista ligado al esfuerzo personal y a la ampliación prudente del sufragio, pero no tanto el papel reservado al Estado, que aparenta más paternal y facilitador que impulsor. La confianza recae preferentemente en la iniciativa de la sociedad civil, y no en unos poderes públicos que se prefieren limitados.

La segunda parte del libro se abre con una contribución de Ester García Moscardó. Ahora son los republicanos los analizados, y otra vez una interrogación sobrevuela el papel de los poderes públicos. Su oposición a dos manifestaciones claves de estatalidad, el ejército y las contribuciones —los consumos—, se amplía a su misma condición de autoridad y bordea la antipolítica anarquista. La apuesta radical es por las libertades individuales, y aquí la presencia estatal sobra: “(...) no solicitamos siquiera la intervención del Estado en nuestras cuestiones de clase”, proclaman en 1855. Si sumamos la defensa del derecho de insurrección y la propuesta descentralizadora, no extraña la contradicción de intereses al tocar poder en 1873, de gestión imposible en un contexto totalmente desfavorable. Nada menos que cinco autores (Beltrán-Tapia, Díez-Minguela, Insa-Sánchez, Martínez-Galarraga y Tirado Fabregat) sostienen la reflexión sobre las relaciones Estado-educación en la segunda mitad del XIX. La fabricación de capital humano, concluyen, fue muy deficiente, sobre todo porque la financiación de la enseñanza primaria, la única que podría igualar desde el origen, se confía a ayuntamientos insolventes. En los archivos municipales la carpetilla de educación siempre aparece con su correspondiente junta educativa, pero las intenciones contrastan con unos recursos nulos y chocan con las necesidades familiares de trabajo infantil. Solo, aseguran, la educación secundaria ofrece mayor dinamismo, pero no por cuenta de un Estado ausente sino de iniciativas religiosas. Mención aparte merece la cita que abre la aportación, que manifiesta cómo desde bien temprano (1820) las posibilidades de un acceso generalizado a los rudimentos educativos, se observa con desconfianza desde el poder. De los choques Estado-Iglesia por la educación, para los años bisagra del 1900, trata la contribución de Salomón Chéliz en una lógica continuista con el capítulo precedente. El tema es de actualidad por las polémicas sobre la presencia de la religión en los currícula, los “conciertos” con colegios católicos o la libertad de las familias para decidir el tipo de educación de sus retoños. La defensa —paradójica en una institución antiliberal— de la libertad de enseñanza es la respuesta de la Iglesia ante los tímidos avances en la concepción de una educación que, de derecho individual, intenta reconvertirse en social vía Estado interventor. Romanones y Canalejas, pero también el conservador Silvela, buscan con suerte desigual asentar el papel de lo público frente a un poder eclesiástico que, confiado en la mayoritaria confesionalidad católica, exige libertad para erigir centros educativos y garantías de que en los públicos la religión continúe con su posición privilegiada. Era lo mínimo en un Estado oficialmente católico. El “new liberalism” en versión española tiene estas contradicciones, integradas en una guerra cultural veterana inflamada ahora con la movilización de los católicos/as prestos a adaptarse al nuevo contexto, aunque sea con apelaciones a una libertad que rechazan y a mecanismos de acción social de una modernidad que repudian. Visto lo visto, no les fue mal.

Un intervencionismo estatal distinto afecta a los recursos hídricos y a la gestión de la salud. Calatayud aborda los cambios en la política hidráulica producto de una pérdida de confianza en el mercado y los agentes económicos, visible ya en la segunda mitad del XIX en que, de hecho, la ayuda estatal es imprescindible para finalizar proyectos inconclusos. La opción pasa porque el Estado asuma construcciones inviables para los particulares, pero de una manera original: con respeto de las fórmulas tradicionales de gestión del agua, con un papel no menor de las fuerzas locales para condicionar decisiones ministeriales y sin una planificación coherente que dirija esta orientación estatalista. Interesantes igualmente las reflexiones sobre las variables intervinientes en el éxito de la política hidráulica, que pasan por un buen conocimiento de los recursos —vía ingenieros— y porque los usufructuarios dominen las técnicas de regadío, así como las conclusiones sobre la rentabilidad social, y no únicamente económica, del riego —fijación poblacional, mantenimiento del pequeño campesinado, mejoras sanitarias…—. Puigvert estudia la transición entre una medicina liberal de paradigma higienista, a otra con mayor protagonismo estatal y fundamentación bacteriológica. Lo hace con atención al género —médicas, farmacéuticas, matronas—, a la interrelación de los profesionales con el contexto político clientelar —perjudicados e implicados—, a su componente de clase y al proceso de profesionalización. La distancia con la Europa más puntera, apunta, no consiste en el desconocimiento de las novedades, sino en el sempiterno problema de financiación. Desde finales de siglo los avances aceleran por el impulso regeneracionista y la implementación de medidas reformistas —seguros de accidentes laborales, previsión social—, que conviene valorar menos por sus resultados inmediatos que por su novedad y por el camino que marcan. La publicación se cierra con un trabajo de Antonio Rivera que llega hasta la II República. La tesis es que un “problema de estatalidad” sobrevuela la cuestión social, de incapacidad para disponer de medios humanos y políticos más allá de la normatividad teórica. En la legislación social del primer tercio del siglo XX destacan dos hitos. De un lado, la creación del Instituto de Reformas Sociales en 1903, que ejemplifica las ansias intervencionistas visibles en la vorágine legislativa de estos años. De otro, el llamado Trienio Bolchevique —1918-1921— en que la engordada conflictividad obrera, basicamente barcelonesa, se interpone en los deseos de un Estado que se imagina con una capacidad mediadora a la postre falaz. El poder político, dice Rivera, queda “humillado” entre las imposiciones militares y el pistolerismo patronal. En el instante que se institucionaliza un Ministerio de Trabajo, en una de las zonas más industrializadas de España —en el País Vasco la cosa funcionó diferente y mejor—, las relaciones laborales se negocian a tiros. Luego del paréntesis autoritario, la II República recupera la idea de la negociación colectiva, epítome del intervencionismo: el Estado quería ser grande, pero la duda es si disponía de los recursos para crecer.