El 27 de enero de 1932 Manuel Dolcet, diputado de la provincia de Barcelona, expuso ante las Cortes la urgente tarea de luchar contra una de las grandes problemáticas de las principales ciudades del país. En concreto, llamó la atención sobre los “enjambres” de pordioseros que “a todas horas extendían las manos implorando una limosna” en Madrid y Barcelona. Veladores de cafés, puertas de teatros e iglesias y casi todos los espacios de una cierta concurrencia pública habían devenido en puntos propicios para la confluencia de indigentes que ejercían la mendicidad. Dolcet no cuestionaba la necesidad sentida por quienes, con la crisis económica, ambicionaban mitigar unas condiciones de vida cada vez más precarias. Sin embargo, entendía como inexorable para la superación de ese dilema social una acción municipal que estableciera divisiones dentro de aquellos “enjambres”, proclives a integrar tanto a “verdaderos necesitados” como a “pobres de oficio” que tenían que ser objeto de una persecución tenaz1.

Los llamamientos de Dolcet no fueron excepcionales en un ciclo en el que los gobiernos de Madrid y Barcelona invirtieron grandes sumas de dinero en la lucha contra la mendicidad. Resulta innegable que la Segunda República ha sido objeto de innumerables investigaciones centradas en el impacto que sobre el período tuvo la Gran Depresión, aspecto que ha generado balances tan fructíferos como contradictorios2. El paro forzoso, desplegado desde el advenimiento del régimen político, también ha sido objeto de aproximaciones vehiculadas por una triada de metas: la medición de su intensidad, la conflictividad sociopolítica que provocó y los programas tejidos para atenuarlo3. Y, ya finalmente, no cabe olvidar que los propósitos relacionados con la preservación del orden público durante esa época cuentan con ricos estudios que exploran sus factores causales y sus dispositivos4. Sin embargo, las dimensiones de la mendicidad y las políticas desarrolladas para confrontarla resultan, pese a su íntima conexión con el desempleo y el control social, aspectos sobre los que todavía conviene problematizar5.

Con un primer carácter general, el ejercicio analítico que aquí se plantea reconoce la necesidad de explicitar que la relevancia conferida por la Segunda República al control de la mendicidad vendría determinada por la obra civilizadora y de progreso que a aquel régimen se le confirió con carácter oficial. Una obra que también explicaría su constancia para enfrentarse a las grandes problemáticas que en el espacio público venían presentándose en los años que la precedieron. Siguiendo a Marín, el reconocimiento de una necesaria estabilidad y la reinstauración de un orden perdido llevarían a un enconado combate contra una panoplia de dilemas heredados de una sociedad percibida como caótica6, donde figurarían la delincuencia, la prostitución e incluso una actividad lícita, pero cada vez más apartada de la modernidad urbana y entendida incluso como encubridora de la vagancia y la delincuencia, como la venta ambulante.

Algunas de las dinámicas de control y represión que la Segunda República aplicaría sobre los citados escenarios sí han sido estudiadas con detalle7. Así, por ejemplo, no han faltado interpretaciones sobre el gran paradigma de los propósitos de defensa social frente al desorden exteriorizado por las clases dirigentes de aquel ciclo, esto es, una Ley de Vagos y Maleantes que se guiaba por criterios de catalogación predelictuales a establecer sobre un conjunto de acciones consideradas como asociales, ilegítimas e inmorales8. Entre estas últimas destacaba, precisamente, una mendicidad sobre la que se buscará arrojar luz desde una perspectiva local y bidireccional.

El punto precedente lleva a explicar una de las grandes ambiciones específicas de este trabajo, esto es, aproximarse a las políticas republicanas tejidas sobre la mendicidad desde el despliegue de miradas comunes sobre dos ciudades que alcanzaron la cifra del millón de habitantes en aquel contexto cronológico: Madrid y Barcelona. Es cierto que la mendicidad crecería progresivamente en las dos urbes desde principios del siglo XIX, haciéndolo con mayor pujanza entre el último cuarto de esa centuria y los dos primeros decenios de la siguiente9. Esa tendencia fue la consecuencia menos deseada de unos procesos de crecimiento demográfico, industrialización y modernización que dejaron tanto innegables progresos como desigualdades especialmente perceptibles a nivel socioespacial10. Sin embargo, el ejercicio de la mendicidad adquiriría una mayor visibilidad con el advenimiento del nuevo régimen democrático, convirtiéndose en tema recurrente de una prensa que la dedicó múltiples columnas y fotorreportajes y en objetivo central de los planes trazados por los líderes cívicos del período.

El análisis de la prevención y la represión de la mendicidad durante la Segunda República se justificaría por los anteriores asertos y por el necesario acercamiento a los efectos sociales de la crítica coyuntura de dislocación económica, mas también vendría motivado por dos cuestiones centrales. En primer lugar, por la atención que esa temática ha despertado en la historiografía internacional vinculada al contexto de la Gran Depresión. Para el marco europeo se conocen los esfuerzos burocráticos de los regímenes autoritarios por separar a quienes se categorizaban como no dispuestos a trabajar de los que se conceptuaban como comprometidos con la búsqueda laboral. En Austria y Alemania se incrementaron las redadas policiales contra la pobreza callejera a nivel nacional, se asumieron los beneficios que podía conllevar la instalación de campos de trabajo y espacios de custodia temporal para mendigos y se buscó desalentar el nomadismo fijándose para los demandantes de asistencia tarjetas de identificación personal11. Las campañas de coerción y reforma también fueron extendidas en Gran Bretaña, donde al incremento de los casual wards para el sostenimiento de los desempleados siguió la reforma de la Vagrancy Act de 1824, que en 1935 fijó una enmienda disponiendo la detención de personas que durmieran en las calles pese a la existencia de refugios nocturnos12. Y, por su parte, Francia impuso el viraje hacia una asistencia que, si bien amplificada, se activó de manera desigual en función de la vulnerabilidad social, quedando los mendigos fuera de la ley13.

En lo que respecta al escenario extraeuropeo, la clasificación moral de los pobres persistió en Estados Unidos durante los años treinta pese a las aproximaciones sociológicas y antropológicas que la Escuela de Chicago realizó para vincular la pobreza con la desorganización social, desarrollándose políticas que siguieron aplicando a determinados sectores la etiqueta de no merecedores de una asistencia14. El Transient Program, trazado como primer plan federal para reducir las cifras de los desempleados sintecho, no evitó que el pánico cundiera entre las autoridades ante el rápido incremento de la mendicidad, justificando ordenanzas para combatirla15. Al caso norteamericano se sumaría el de México, donde al amparo de una caracterización científica en el diagnóstico de la pobreza urbana se desarrollaron campañas contra ese problema vehiculadas por la inserción de trabajadores sociales en los servicios asistenciales, redadas seguidas por procesos de clasificación de mendigos y planes enfocados a garantizar su conversión en miembros productivos de la sociedad16.

En estos territorios, el binomio crisis económica-desempleo dinamizó una lucha bidireccional contra la mendicidad. Las políticas de asistencia social que se diseñaron buscaban salvar de la pobreza a colectivos categorizados como “verdaderamente necesitados”. En algunos casos, la objetivación de esa pobreza se impuso como una tarea urgente para identificar a quienes podían definirse como acreedores de los esfuerzos económicos de las autoridades, sobre la base de circunstancias individuales comprobables. Mas en su otra cara, las mencionadas políticas, conectadas con la prevención de la mendicidad, se complementaron con otras nítidamente centradas en la intensificada represión de grupos concebidos como problemáticos o integrantes del “residuo social” teorizado desde finales del siglo XIX17.

La Segunda República también se rigió por estos patrones de actuación, principalmente escenificados en las ciudades de Madrid y Barcelona que aquí se explorarán. El diálogo a establecer entre esos dos núcleos poblacionales viene justificado por las preocupaciones que de manera paralela despertaron entre las autoridades, a la hora de garantizar la defensa del orden público. Las conexiones y diferencias que una y otra plantearon en las políticas delimitadas con respecto a la asistencia social y la mendicidad quedarán aquí explicitadas a partir de la documentación administrativa municipal tramitada con respecto a estas cuestiones (principalmente consultada en el Archivo de Villa de Madrid, el Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona y el Arxiu Històric de Barcelona) y del seguimiento de estas en la prensa local. La utilización de estas fuentes servirá para profundizar en el carácter rupturista o continuista de los caminos que oficialmente se trazaron a la hora de generar disyuntivas en las iniciativas a desarrollar con respecto a dos grupos en función de la forma de integración social que presentaban en el modelo dominante de organización del trabajo. En primer término, el concebido como vulnerable y condicionado por la coyuntura de paro forzoso y crisis económica de la época, sobre el que debían aplicarse los mecanismos de socorro arquetípicos de un estado de bienestar, y, en segundo lugar, el definido por la desafiliación social, únicamente susceptible de recibir medidas vehiculadas por la represión18.

Las primeras políticas republicanas contra la mendicidad de Madrid y Barcelona vinieron estimuladas por la problemática de los “sin trabajo”19. Las iniciativas municipales desplegadas para aliviar los efectos sociales del paro confluyeron en ambas ciudades, aplicándose recetas ya utilizadas en anteriores etapas de dislocación económica. Sus gobiernos se guiaron por la contratación de desocupados para la realización de obras puntuales, la apertura de suscripciones públicas y la organización de actos benéficos para la recaudación de fondos. Sin embargo, sería la provisión de socorros, articulada mediante bonos canjeables por comestibles, el principal recurso utilizado para contrarrestar una situación cuya gravedad fue in crescendo entre abril y agosto de 1931.

La eficacia del sistema de los bonos no tardó en generar escepticismo. De una parte, los “sin trabajo” que los percibían refirieron deficiencias organizativas en su reparto y exigieron praxis que coligieran de manera certera el derecho a las mismas, sobre la base de fiscalizaciones que valoraran su vínculo residencial con la ciudad y su predisposición laboral20. De otra parte, los gobiernos municipales comenzaron a sopesar la supresión de esa iniciativa, bajo la consideración de que se prestaba a “combinaciones” entre obreros y sectores “desaprensivos” que contrariaban el orden público. Si en Madrid fue Antonio González Bravo, responsable de la Guardia Municipal, quien dio la voz de alarma sobre la creciente presencia de mendigos y “vagos profesionales” entre los parados asistidos por el municipio21, en Barcelona fue su alcalde, Jaume Aiguader, quien habló de las “filtraciones” detectadas, en idénticos términos, dentro de su composición social22.

Las anteriores aseveraciones encontraron su acicate en los disturbios que los parados forzosos protagonizaron entre mayo y julio de 1931 en las dos ciudades23. Las marchas organizadas para concurrir frente a las sedes de los consistorios y los asaltos y saqueos a los empleados encargados de la distribución de los bonos llevaron a la detección de una problemática en la acción municipal frente el desempleo, que cabía solventar desde la garantía de una asistencia centrada en colectivos “verdaderamente necesitados” y no estimuladora de la concentración de “profesionales de la vagancia y la mendicidad”. Para finales de julio de 1931, el Ayuntamiento de Barcelona había llegado a la conclusión de que los repartos de bonos debían cesar. Lo hizo desde la concepción de que una “ínfima proporción” era utilizada por “verdaderos obreros sin trabajo”, dando lugar a abusos en repartos que gravaban de manera “escandalosa” el erario municipal24. Se habló entonces de falsificaciones, engaños y cotizaciones ilícitas de las ayudas en las tabernas de los barrios populares25. Todo ello llevó a justificar una nueva estructuración para las anteriores que derivaría en la implementación del Institut d’Assistència Obrera.

Con una dotación presupuestaria inicial de 400.000 pesetas, el Institut planteaba su funcionamiento sobre la base de una estrecha colaboración con los alcaldes de barrio, consagrados a constatar las razones que justificaban el paro desde el examen de certificados de pobreza y buena conducta. Partiendo de esto último, se crearían criterios para proveer a los necesitados de tarjetas semanales que otorgasen la posibilidad de acudir a comedores benéficos, que funcionaron primero tanto en el Asilo del Parc26 como en las dependencias del Hospital de la Santa Creu y que quedaron abiertos, poco después, en la carretera de Sant Andreu. Para ser socorrido resultaría necesario acreditar un año de residencia en Barcelona y contar con documentos que reflejaran la condición de parado (carnés de la bolsa de trabajo o certificados de patronos), la tenencia de un domicilio (mediante recibos alusivos al pago de alquileres) y la tenencia de hijos27.

Para Aiguader, la configuración del Institut verificó la existencia de un “veinticinco por ciento de vagos” entre las masas de obreros parados, resultando especialmente útil la información domiciliaria recopilada por los alcaldes de barrio para expulsar a 2.600 forasteros sin trabajo entre agosto de 1931 y enero de 193228. Joan Casanellas, presidente de la Comisión de Gobernación del consistorio e ideólogo del nuevo sistema, refirió sus virtudes comparándolo con el que funcionó en los albores del período republicano. De los 30.000 bonos distribuidos durante aquella etapa se había pasado a la concesión de algo menos de 3.000 ayudas diarias en los comedores29. Las autoridades y la prensa de Esquerra Republicana, entonces en la alcaldía, remarcaron siempre la eficacia de la iniciativa, como puede verse en las afirmaciones precedentes y en las aproximaciones que desde el seguimiento de su discurso oficial se han realizado con respecto a este asunto30. Sin embargo, no lo hicieron para proporcionar un aura de dignificación al sistema benéfico de los primeros tiempos republicanos, sino para someterlo a una depuración, deudora de una clara estigmatización de unas clases subalternas asociadas con la inmigración y, en no pocas ocasiones, con los bajos fondos de los espacios populares31.

En Madrid, las autoridades también determinaron que la asistencia local ejemplificada en el reparto de bonos debía depurarse. De acuerdo con la información transmitida por González Bravo, esas ayudas se habían subdividido en dos clases, entregándose, por un lado, a los empadronados en la ciudad (que acudían a canjearlos a la Cooperativa Socialista Madrileña) y a quienes, por otra parte, llegaban desde otras provincias, provistos de comida en ciertos establecimientos32. Las intervenciones del Gobierno Civil, entregando a los que acudían a Madrid billetes de vuelta para regresar a sus lugares de origen, no parecían tener gran efecto, tal y como atestiguaban las cifras proporcionadas por el jefe de la Guardia Municipal. No en vano, los Almacenes de la Villa, donde se concedían los bonos, habían llegado a congregar hasta 12.200 individuos, percibiéndose en su composición una creciente y amenazante heterogeneidad social33.

A finales de julio de 1931, el alcalde de Madrid, Pedro Rico, emitiría una nota a la prensa marcando el inicio de la pauta a seguir en lo sucesivo. A su juicio, la principal preocupación del gobierno municipal debía ser el grupo de “verdaderos obreros en paro” con oficio definido hasta la crítica coyuntura socioeconómica, ya fueran peones, aprendices y braceros de los distintos sectores de la construcción y de la industria que pedían y anhelaban trabajo, reflejando así una ética o ideología para su desarrollo34. Para ellos, no se escatimarían esfuerzos. Mas en el lado opuesto, debían quedar quienes figuraron “emboscados” con los anteriores, representantes de una “plaga” que tornaba en “improductivo” el sacrificio económico municipal35. Una “plaga” donde se hallaban los que el médico César Juarros tipificaría “maleantes, vagos y mendigos de oficio” que preferían “la humillación de una limosna” al “noble orgullo de un jornal”, fomentando de esa manera el “parasitismo urbano”36.

Las declaraciones oficiales de Rico no tardarían en encontrar una respuesta. El alcalde ordenó la reunión de la Comisión de Beneficencia, Sanidad y Policía Urbana del Ayuntamiento de Madrid para trazar fórmulas que, al mismo tiempo que circunscribían las ayudas a aquellos elementos sociales que ansiaban un trabajo, las negaban para quienes habían sacado partido de ellas. Los supuestos abusos que se cometían en el reparto de los bonos justificaban su sustitución por iniciativas que crearan barreras entre los desempleados involuntarios y los “ociosos profesionales”. En este sentido, la apertura de comedores y dormitorios de asistencia social para los protagonistas del primer colectivo se entendió como una acción fundamental en el deber benefactor del gobierno municipal. Así, el derecho al socorro en esos centros tendría, como requisito para su consecución, acudir a las tenencias de alcaldía de los distritos en los que estuvieran empadronados los solicitantes, realizándose desde las mismas inspecciones de policía urbana para comprobar su vecindad y la veracidad de su situación menesterosa37.

El Institut d’Assistència Obrera en Barcelona y los comedores y dormitorios en Madrid se crearon con un evidente sentido de prevención, pues ambicionaban evitar la caída en la pobreza y la mendicidad de los parados forzosos. Alberto Aguilera, gerente de los comedores en la segunda ciudad, especificó que su objetivo inicial no era otro que el de salvar a las masas de desempleados que vagaban por la ciudad implorando la caridad pública38. Todo ello se plantearía desde la premisa de que un régimen democrático, reconocedor del derecho constitucional al trabajo, llevaba implícito el deber de atender a colectivos que no podían ejercer una ocupación por circunstancias económicas ajenas a su voluntad39. Tanto aquellas iniciativas como las praxis que las guiaban estaban conectando, en realidad, con los dispositivos de separación que desde finales del siglo XIX se habían establecido en Europa y Estados Unidos, a partir de tendencias clasificatorias que buscaban traducir a la práctica las divisiones teóricas fijadas entre los parados involuntarios y sus elementos sociales contrarios40.

Tras la creación del Institut d’Assistència Obrera y de los comedores y dormitorios de asistencia social, los gobiernos de Barcelona y Madrid transmitieron órdenes para reforzar la lucha contra la mendicidad callejera. En la primera urbe, el consistorio juzgaba que, desplegada una distribución de comidas a los pobres que lo necesitaran, no se justificaba la continuidad de una permisividad con respecto a la imploración de la limosna41. En Madrid tampoco se hicieron esperar las reuniones entre Ricardo Herráiz, director general de seguridad, y Pedro Rico, encaminadas a erradicar aquella problemática mediante una colaboración fluida entre los agentes de la policía gubernativa y los dependientes del servicio de recogida de indigentes del consistorio42.

En un primer momento, parecía entenderse que la mendicidad se ajustaba a un escenario dicotómico en el que, de una parte, figuraban los “sin trabajo” y, de otra, los conceptuados como “vagos profesionales”. Pronto se comprendió que su ejercicio también impactaba sobre colectivos que recurrían a ella por no resultar plenamente capacitados para el trabajo por motivos generacionales y físicos. Ante ello, los gobiernos municipales de Barcelona y Madrid valoraron la necesidad de un plan de acción ordenado que diera salida a esos dilemas. Principalmente, lo hicieron desde reflexiones que engarzaron con la reorganización de sus servicios de beneficencia.

La remodelación del modelo asistencial monárquico fue un objetivo nítidamente marcado en Barcelona. A comienzos de 1932, Joan Casanellas anunció la transformación de los servicios de beneficencia advirtiendo de su estado “anárquico”43. Para acabar con esa situación, planteaba la creación de un Comité de Asistencia Municipal que gestionara de manera sincronizada las funciones benéficas de la urbe44. Sus ámbitos de actuación quedaron subdivididos en varias categorías, relacionadas con el mencionado asilo del Parc y el del Port45; los albergues nocturnos; la Casa de Maternología; la organización de socorros de urgencia y suministros de medicinas y alimentos para los pobres; la emisión de subvenciones para instituciones particulares que colaborasen con el poder local en el auxilio de sectores vulnerables; la organización de instalaciones hospitalarias y la gestión del Institut d’Assistència Obrera. En última instancia, el organismo dedicaba un apartado a la represión de la mendicidad, sobre el que posteriormente nos detendremos46.

Centrándonos primeramente en la prevención de la mendicidad, los esquemas de actuación del Comité de Asistencia Municipal evidencian la manera en que se buscó una objetivación de la pobreza. Partiendo de los ingresos procurados para conferir al plan un carácter permanente (partidas votadas por el consistorio y producto de funciones benéficas, arbitrios destinados a la beneficencia por ley y donativos de entidades privadas), el comité operó con agentes de inspección en los servicios señalados y censos de necesitados. En su desarrollo inicial, primaba la consideración de que el pobre “verdadero” podía mantener en silencio la miseria que padecía sin solicitar el socorro por dignidad, problema que podía solventarse mediante estrategias informativas que acudieran a su encuentro47.

Las tareas del comité en Barcelona fueron de lo general a lo particular. En el primer ámbito, los medios de inspección se antojaban decisivos para organizar la hospitalidad pasajera en los albergues nocturnos de Rocafort y Santa Caterina, necesarios para contrarrestar el renovado protagonismo de las casas de dormir y pensados como espacios destinados a quienes, en situación de paro, merecían ser protegidos por el poder local tras haber contribuido a enriquecer la ciudad en tiempos precedentes mediante su actividad laboral48. En ciertos casos, la evaluación comparada de las necesidades a escala urbana llevó a la adopción de decisiones que en el anterior escenario tuvieron que ver con la instalación de refugios pensados para ciertas áreas, como ocurrió en el distrito V (El Raval), donde por idénticas razones se avanzó hacia la implementación de una guardería49. Junto a lo anterior, el estudio individualizado del grado de necesidad resultaba fundamental para otorgar los socorros de urgencia, correlacionados con la provisión de comidas en los comedores municipales y de tickets canjeables por alimentos.

En un plano más específico, la iniciativa más destacada del comité fue la organización de subcomisiones en los diez distritos en que se dividía la ciudad, siguiéndose los modelos de asistencia municipal de Francia y Alemania50. La relevancia de esta decisión se entiende sobre la base del papel que se atribuyó al vecindario en la obra asistencial, por considerarse que conocía, de manera más detallada, las necesidades de cada espacio urbano. En el caso del distrito V, la concentración más acusada de capas populares sirvió para acordar su subdivisión en seis juntas de demarcación que operarían a escala de barrio51. Una vez averiguadas las causas que concurrían en la pobreza y mediante la captación de donativos a través de colectas públicas y actos benéficos, las subcomisiones distribuían socorros de urgencia en especie (tabla 1). Asimismo, se encargaban de transmitir recomendaciones al vecindario de acabar con las limosnas, para así evitar que la mendicidad adquiriera proporciones alarmantes52.

En lo que concierne a Madrid, su gobierno municipal también valoraría la posibilidad de una acción coordinada en los servicios benéficos del poder local, en aras de suprimir el carácter filantrópico y moral que se atribuía a los desarrollados antes de la Segunda República. Ante todo, se concibió que el antiguo Negociado de Beneficencia debía transformarse en un organismo que delimitara con precisión el derecho a las ayudas entre los sectores más vulnerables, sobre la base de un modelo jurídico que redujera el protagonismo de las cerca de mil instituciones caritativas particulares existentes en la urbe. Finalmente, se constituiría la denominada Dirección de Asistencia Social, que también recurrió a la recogida sistemática de información individualizada (valiéndose de tenencias de alcaldía y casas de socorro) y a la organización de censos de necesitados. Sin embargo, sus competencias fueron mucho más reducidas que las de Barcelona, no presentándose una subdivisión de comités por distritos o políticas abiertamente enfocadas a una intensa cooperación con entidades benéficas particulares.

Valorando lo señalado, la principal iniciativa que emergería de esa Dirección de Asistencia Social tendría que ver con el incremento de las inversiones dedicadas a los comedores y dormitorios que comenzaron a funcionar durante el último trimestre de 1931 (reflejadas con claridad en las partidas presupuestarias generales relacionadas con el apartado benéfico) (gráfico 4) y con el sometimiento de las ayudas concedidas a los parados y los sintecho a estrictos patrones de reglamentación y fiscalización. El Ayuntamiento de Madrid formalizó ficheros con todos los datos de los individuos acogidos en comedores y dormitorios y de quienes optaran a ellos, siendo sus circunstancias personales y familiares estudiadas por agentes de información que determinaban la veracidad de lo expuesto en las solicitudes. En función del resultado de las informaciones, se concedían o denegaban los socorros, sometidos a una duración máxima de noventa días por año mientras no se hubiera solucionado la falta de trabajo (gráfico 5)53.

Desde la necesaria conceptualización de dos modelos de asistencia social que no tenían ni el mismo alcance, ni las mismas competencias; los planes correlacionados con la prevención de la mendicidad de Barcelona y Madrid destacaron por iniciativas diferenciadas con respecto a tres colectivos fundamentales de las formas tradicionales de la pobreza estructural. Quizás las más similares fueron las conectadas con el rescate de los niños mendicantes, en torno a los que se estableció una infinidad de narrativas periodísticas que incidieron en su caracterización como víctimas de una falta de disciplina, instrucción y afectividad familiar54. En Barcelona existieron políticas públicas coordinadas en torno a ese problema, precedidas de los cambios advertidos en la denominación de la Junta de Protección a la Infancia de Barcelona (que desde junio de 1931 se denominó Junta de Protección de Menores). Esta última terminaría integrándose en el Comité de Asistencia Municipal y orientando sus acciones a las recogidas de niños en las calles, posteriormente seguidas de envíos a los grupos benéficos dependientes de la institución y de devoluciones a sus familias si no encajaban con el perfil de la infancia abandonada55. En Madrid, la Dirección de Asistencia Social desarrolló una labor convergente con la anterior, si bien resulta destacable la iniciativa que, junto al Consejo Superior de Protección de Menores, puso en liza para la instalación de un albergue infantil56. Pese a ello, y siguiendo las apreciaciones de Matilde Huici, vocal del Consejo, se trataba de una solución insuficiente, habida cuenta de las significativas cifras de niños que vagaban por las calles pidiendo “por necesidad” o porque en sus familias no tenían “qué comer”. En no pocos casos, eran hijos de viudas o de hombres y mujeres enfermas que habían caído en la pobreza, de familias subsumidas en la necesidad por el paro o de matrimonios que “por exceso de trabajo” se veían “imposibilitados” para vigilarlos57.

En lo que respecta a invidentes e inválidos, los poderes locales de Madrid y Barcelona les habían conferido con regularidad márgenes de tolerancia en la imploración de la limosna58. En gran medida, esa política engarzaba con la forma en que los dos grupos eran objeto de una exclusión social, por entenderse que sus circunstancias vitales no eran compatibles con las normas instituidas y estandarizadas de una sociedad organizada59. Como ha demostrado la historiografía, el período republicano estuvo vehiculado por nuevas iniciativas en el camino seguido hasta entonces, orientadas a redimir a los invidentes de la mendicidad, destacando la creación del Patronato Nacional de Protección de Ciegos en la etapa en la que Clara Campoamor asumió la Dirección General de Beneficencia y Asistencia Social60. A nivel local, la situación de Barcelona y Madrid revistió significativas diferencias respecto al escenario precedente. En la capital catalana, la articulación de la asistencia municipal vino acompañada de medidas permisivas para la venta de décimos de lotería entre los individuos asociados a las instituciones particulares de ciegos (Asociación Barcelonesa de Ciegos e Inválidos, Patronato de Cataluña para el Mejoramiento Social de los Ciegos, Federación Catalana de Cecs y Unión de Cecs de Catalunya) y de planes orientados a la elaboración de censos en colaboración con las anteriores. Más tarde, la comprensión de las autoridades locales con respecto a las reclamaciones de esas entidades, coincidentes con la creación de centros para el fomento del aprendizaje de oficios y su posterior inserción en las posiciones laborales que pudieran desarrollar de acuerdo con sus condiciones físicas61, llevaría a la configuración de ayudas concretas. En este sentido, las iniciativas más significativas nacieron al calor del Sindicato de Cecs de Catalunya (julio de 1934). La institución, impulsada por Roc Boronat desde el consistorio, crearía el cupón de los ciegos, con cuyo producto se buscaba proporcionar a los anteriores un jornal equivalente al de un obrero manual62.

En Madrid no faltaron instituciones consagradas a la solicitud de un plan municipal de asistencia social para los ciegos63, desde el cual se avanzará hacia la creación de centros de formación profesional y la fijación de cupos de colocación en determinados empleos64. En concreto, fue el Centro Instructivo y Protector de Ciegos quien lideró las peticiones con carácter oficial, parcialmente atendidas por el Patronato Nacional de Protección de Ciegos mediante socorros domiciliarios otorgados a quienes acreditaran una completa falta de recursos. Sin embargo, los recursos para esa atención social resultaron insuficientes, motivando incluso movilizaciones y concentraciones frente a los ministerios de Trabajo y Gobernación65. Para los invidentes, la ausencia de un proyecto municipal que abogara por su protección no permitía la supresión de una mendicidad cuyo ejercicio se entendía, valorando esas cuestiones, como legitimado66.

En lo que respecta a los inválidos, los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial ya generaron en Barcelona un aumento de peticiones al consistorio orientadas a la obtención de subvenciones para constituir talleres de sastrería, zapatería, juguetes y alpargatería y a la gestión de colocaciones laborales con las compañías privadas industriales y comerciales67. Con la ordenación de la Beneficencia planteada en 1929, las autoridades reconocieron permisos para el establecimiento de kioscos de limpiabotas y la incorporación de inválidos a servicios oficiales de guardacoches68, al margen de los aparatos ortopédicos distribuidos a quienes precisaran de ellos69. Al poco de proclamarse la Segunda República, se dispondría para la Asociación Barcelonesa de Ciegos e Inválidos la concesión en arriendo de los servicios de sumideros públicos subterráneos, lográndose con estas medidas el sostenimiento de unas cien familias de inválidos70.

Existían, en consecuencia, bases institucionales de socorro a los incapacitados físicos que se conectarían con una cierta cooperación municipal mantenida con la principal institución que para la protección de los anteriores existiría a partir de 1934: la Asociación Catalana de Inválidos. El principal objetivo de este organismo fue la redención de la mendicidad entre sus cerca de mil asociados. Es cierto que sus principales avances llegarían por una iniciativa propia que sirvió para insertar en sus dependencias una clínica para los casos de urgencia, una escuela, una mutua y talleres de cestería para la reeducación profesional. Sin embargo, también recibió el apoyo del poder local en una de sus más significativas actuaciones (la venta de bonos cooperativos) y en la reglamentación de cupones equivalentes a los autorizados para los invidentes71.

En Madrid, las demandas de una mayor protección municipal dentro del anterior escenario fueron articuladas por la Asociación Madrileña de Inválidos y la Liga Nacional de Inválidos. Sus propuestas giraron en torno a la obtención de licencias para el establecimiento de quioscos y puestos de lotería o para el desarrollo de servicios personales ya contemplados en Barcelona (limpiabotas, guardacoches y mantenimiento de evacuatorios subterráneos). Igualmente, reivindicaron centros de reeducación laboral y escuelas-talleres, las cuales finalmente serían puestas en liza por la segunda de las instituciones señaladas72. En líneas generales, se podría decir que la lucha contra la mendicidad desarrollada por el consistorio no estuvo acompañada por políticas que respondieran a esas demandas. En teoría, todos los inválidos que eran recogidos en las calles ejerciendo la mendicidad debían ingresar en institutos de reeducación profesional, pero las carencias de estos locales provocaron que muchos quedaran recluidos en asilos convencionales73. Ya a finales del período republicano, el gobierno municipal trataría de imponer lenitivos sobre esta problemática, siendo las iniciativas más relevantes las relacionadas con la concesión de permisos para la instalación de casetas de limpiabotas74.

De manera paralela a estas actuaciones, los consistorios de Madrid y Barcelona articularían otros planes para asegurar una represión más efectiva de la mendicidad categorizada como profesional, ejercida por los sectores que se entendían como no comprometidos por circunstancias coyunturales o estructurales. En líneas generales, se buscaría marcar una línea fronteriza entre zonas de vulnerabilidad y zonas de desafiliación social75, considerando que las políticas planteadas con respecto a los parados involuntarios debían presentar en su reverso mecanismos aplicados sobre quienes se consideraba que podían dificultar su éxito, esto es, sobre los grupos poblacionales tipificados como “parasitarios”76.

Desde un primer momento, los gobiernos municipales de Madrid y Barcelona entendieron la necesidad de redoblar esfuerzos para reprimir el ejercicio de aquella mendicidad que se categorizaba como “profesional”, considerando que había que escapar de los modelos precedentes. Durante la Restauración había predominado una triada monolítica de operaciones que concatenaban bandos prohibiendo la imploración de la limosna, recogidas de mendigos no ajustados a esos mandatos y reclusiones provisionales de los anteriores en albergues77. En líneas generales, eran razzias de mendigos vehiculadas por sus posteriores distribuciones a espacios que terminaban rebasando sus funciones originales para atestiguar graves problemas higiénico-sanitarios, como había ocurrido anteriormente en las poorhouses norteamericanas, las casual wards británicas y los dépots de mendicité franceses78.

Inicialmente, la etapa republicana no pareció imponer una cesura con respecto al anterior marco de actuación. Las batidas callejeras siguieron operando como principal herramienta en la policía de la mendicidad, si bien esta presentó algunas novedades con la puesta en liza de saberes prácticos amplificados. El crecimiento poblacional y la expansión del tejido urbano exigieron mayor rigurosidad en la detección de los espacios de la mendicidad, organizada sobre la base de rutas planificadas que cubrían las veinticuatro horas del día79. Esas rutas recorrían enclaves concebidos como proclives a la petición de limosna desde mediados del ochocientos (iglesias, conventos y parroquias), espacios de fuerte tránsito que convenía circunscribir a una mayor legibilidad (calles y plazas que actuaran como centros de reunión y sociabilidad) y emplazamientos habituales para la pernoctación (soportales, porches, bancos, puentes, cementerios, parques y jardines); pero también entornos que, con el avance de las comunicaciones intraurbanas, se fueron aproximando al centro urbano; lugares que, asociados a la modernización, generaban una fuerte atracción sobre la mendicidad coactiva (hoteles, cines, teatros, bancos, grandes almacenes, mercados y terrazas de cafeterías y bares) y estaciones de Metro, asociadas con la explotación de la mendicidad infantil80.

El transcurso de los meses y la preocupación de las autoridades por la creciente mendicidad llevarían al despliegue de lo que aparentemente serían nuevos planes de acción, orientados a la sistemática filiación de los recogidos en las vías públicas y a la fijación de criterios específicos en las decisiones a tomar sobre sus destinos, entre los que esbozaban la disposición de una ética laboral, el grado de vinculación familiar o residencial con respecto al marco urbano y, ya a partir de la Ley de Vagos y Maleantes de 1933, la tenencia de antecedentes policiales. En cierto modo, era la ausencia de las tipologías de lazos sociales elementales definidos por Paugam en sus aproximaciones teóricas a la pobreza (lineales, de participación electiva en función de la socialización alcanzada en una comunidad local y orgánicos, sobre la base del aprendizaje de funciones en la división del mercado laboral) el principal hándicap que se imponía para quienes pedían en las calles de las ciudades aquí estudiadas81.

Lo interesante es que la coordinación de esos objetivos quedó en manos de los comités de asistencia municipal y asistencia social referidos en el apartado precedente. Las miradas cruzadas sobre su funcionamiento evidenciarían diferencias muy marcadas. En Madrid, las primeras clasificaciones identitarias de mendigos establecieron distinciones entre los anteriores sostenidas por su empadronamiento en los pueblos limítrofes de la ciudad (resultando apercibidos mediante amonestaciones y advertencias verbales relativas a la prohibición de implorar la caridad pública o enviados a sus puntos de procedencia previo contacto con los respectivos consistorios de su jurisdicción), su pertenencia a otras provincias (remitiéndose a sus lugares habituales de residencia, previa mediación del Gobierno Civil) y su grado de reincidencia (lo que determinaba su internamiento temporal en los espacios de reclusión que el consistorio gestionaba en relación con este problema). La aplicación de la Ley de Vagos y Maleantes y el estrechamiento de los vínculos de actuación que la normativa motivaría entre la Dirección de Asistencia Social del Ayuntamiento de Madrid y las secciones de investigación criminal de la Dirección General de Seguridad llevó a que las autoridades locales dirigieran sus esfuerzos hacia la transformación de los recintos que habían servido para la reclusión y la apertura de nuevos centros para cumplir con los objetivos de readaptación social entre los mendigos “profesionales”82.

En concreto, el gobierno municipal de Madrid activó un proyecto ya debatido durante la dictadura. Conectaba con la apertura de un nuevo parque de mendicidad acondicionado en el Ensanche Sur de la ciudad, concebido como un vasto complejo en el que se instalarían las más avanzadas cámaras de desinfección y desinsectación, modernos servicios de aseos y enfermería, amplios comedores y pabellones de dormitorios y consultas para los reconocimientos médicos. Al margen de esas innovaciones, muy cuestionadas antes de la Guerra Civil, la inauguración de ese recinto se sostenía por la necesidad de encontrar patrones de regularización para los procesos que debían seguir a las recogidas callejeras de mendigos83.

La identificación rigurosa de quienes eran detenidos implorando la caridad pública era fundamental para distinguir entre quienes podían categorizarse como vagos incorregibles o menesterosos que podían ser objeto de una “refundición individual”84. En lo que concierne al primer caso, la verificación de los antecedentes en el gabinete antropométrico que controlaba las fichas de los indigentes recogidos, instalado en el parque, en conjunción con las recopiladas por la Dirección General de Seguridad (donde figuraban sus detenciones previas, su predisposición a la petición de limosna medida en función del número de ingresos en campamentos de mendicidad y la concurrencia de delitos o actitudes de rebeldía), servía para determinar la peligrosidad social y el internamiento de quienes encajaban en esa categoría en el Reformatorio de Vagos y Maleantes instalado en la localidad de Alcalá de Henares.

En lo que respecta a los menesterosos apartados del anterior escenario que podían ser objeto de una “refundición individual”, se contemplaban dos posibilidades. La primera afectaba a los mendigos naturales o vecinos de Madrid, para los que el parque facilitaba la implementación de políticas de reeducación profesional aplicadas con quienes evidenciaban una cierta especialización en un oficio (ingresados en talleres de alpargatería, sastrería, carpintería, cestería y cerrajería y remunerados con pequeños jornales acumulados en cartillas de ahorro) (tabla 2). La segunda concernía a los mendigos nacidos o empadronados en Madrid sin precedentes laborales cualificados o sin oficio reconocido, para los que esperaba otro destino, confluyente con una colonia de trabajo agrícola inaugurada en Boadilla del Monte85. En esta última, la actividad se centraba en la preparación de viñedos y de tierras de secano y huerta; la siembra de fanegas de trigo, cebada, centeno, algarrobas y habas y la cría de animales86.

De este modo, el gobierno municipal de Madrid otorgaría un papel fundamental a la actualización de los espacios de reclusión y readaptación social de los mendigos, los cuales anhelaban culminar con las dificultades que hasta entonces habían reflejado las campañas contra la mendicidad. Entre ellos destacaba el de la libertad inmediata que se concedía a quienes ingresaban en el campamento de mendicidad que había funcionado de manera previa en la etapa republicana, problemática que se limitó aun sin llegar a solventarse por completo una vez que el nuevo parque entró en pleno funcionamiento a partir de septiembre de 1935 (gráfico 6). Paralelamente, las autoridades mantuvieron las repatriaciones de indigentes en los senderos ya recorridos con anterioridad, desde fórmulas fundamentadas en las redes de contactos establecidas con los gobernadores civiles de las provincias españolas y los consistorios de sus municipios limítrofes.

En las políticas correlacionadas con la reclusión y la repatriación se advertirían las principales diferencias entre Madrid y Barcelona. Los procedimientos de actuación local en la segunda ciudad se orientaron al segundo objetivo de forma más acusada, fruto de una conciencia que remarcó con nitidez las preocupaciones oficiales en torno a la inmigración y a los sectores sociales que, sin oportunidades de encontrar una posición laboral, eran entendidos como futuros integrantes de las “plagas” de mendigos a combatir. Las opiniones expresadas por Rosend Llates, Francesc Serinyá, Just Cabot, Jaume Passarell o el doctor Llovera en Mirador, junto a las ampliamente conocidas de Carles Sentís, establecían conexiones entre la inmigración levantina y murciana, la mendicidad profesionalizada y los riesgos higiénico-sanitarios87. Sin embargo, algunas de estas aseveraciones eran compartidas por quienes perfilaban los planes de actuación desde el Comité de Asistencia Municipal. Roc Boronat, presidente del anterior organismo, aludió al hecho de que la mayoría de los pobres que inundaban las calles procedían de los “fondos” de la España “mísera”, tras la “ilusión” que generaba la capital catalana, donde creían que solo había “que llegar, sentarse y comer, ir a ver espectáculos deslumbrantes y no trabajar”. Igualmente, refirió la imposibilidad de acabar con aquella situación sin una legislación que restringiera la llegada de pobres foráneos y controlara la permanencia de los ya existentes en la ciudad y sin inversiones que avanzaran hacia la creación de nuevos asilos y espacios orientados a la reforma conductual de mendigos profesionales88.

El principal problema de Barcelona tuvo que ver con la no activación de planes que regularan la permanencia en la ciudad y la inculcación de una ética laboral entre los denominados “pobres de oficio”. Las aglomeraciones de internos en los asilos del Parc y del Port habían sido denunciadas con énfasis desde principios de 193289. Cuando el segundo de esos centros asumió los principales cometidos de filiación trazados por la asistencia municipal tras la entrada en vigor de la Ley de Vagos y Maleantes, los dilemas se acrecentaron. Como ha señalado Campos, la capital catalana evidenció grandes dificultades en la aplicación de una de las medidas de seguridad decretadas en la ley, esto es, la concerniente a los encierros en establecimientos correctivos y de custodia. La ausencia de locales en ese escenario trataría de ser compensada con la utilización de la Cárcel Modelo, con planes para la apertura de un campo de concentración en Figueras e incluso con remedios de urgencia que demostraban la incorrecta aplicación de la ley, como la reconversión en prisión del carguero Uruguay90.

En estas circunstancias, el combate de la mendicidad en Barcelona se desarrolló desde una política que conectaría con la contemplada en otras ciudades en esta misma época, sostenida por la imposición de medidas de disuasión contra aquella inmigración que se categorizaba como “antieconómica”, “no deseada” y “sin rumbo”91 (gráficos 7 y 8 y tablas 3 y 4). En concreto, se confirió un papel fundamental a las repatriaciones, incrementándose las dotaciones para la distribución de cartas de socorro y bagajes y de billetes de caridad por ferrocarril y vía marítima entre los afectados por las anteriores. Las principales regiones con las que se tejieron estas políticas fueron Murcia, Aragón, Valencia, Andalucía y Castilla La Nueva, las cuales eran, en última instancia, las que referían de una manera sistemática las autoridades al destacar la problemática de las “plagas” de mendigos en la urbe92.

La efectividad de las políticas encaminadas al reforzamiento de las repatriaciones quedaría en tela de juicio si se valoran las afirmaciones de Frederic Roda i Ventura, miembro de la Comisión de Gobernación del consistorio barcelonés, a comienzos del verano de 1935. A su juicio, aquellas estuvieron muy lejos de tener los efectos esperados, a deducir del elevado grado de reincidencia presentado entre los mendigos que eran recogidos en las calles. La exigua eficacia de las repatriaciones no se entendía, sin embargo, como deudora de las competencias del consistorio en ese apartado, sino de la ausencia de una fiscalización entre quienes eran objeto de esas medidas una vez se les costeaban los traslados y de la escasa colaboración encontrada en las autoridades gubernativas de las provincias de procedencia de los mendigos, a la hora de responsabilizarse de su sostenimiento en asilos de pobres93.

Ante esta situación, el recurso que finalmente utilizaría el Ayuntamiento de Barcelona para confrontar el problema de la mendicidad sería, una vez más, el del bando para su extinción. Este último, dispuesto por Joan Pich i Pon el 16 de julio de 1935, fijó de manera terminante su prohibición, disponiendo para tal efecto el incremento de las rondas especiales de la policía municipal encargadas de las recogidas de mendigos en las vías públicas (reforzadas por agentes de la autoridad gubernativa y dotadas de nuevos elementos de conducción para garantizar una vigilancia más intensiva por toda la ciudad); la imposición de sanciones a los padres de los niños que pidieran caridad en las vías públicas y la prohibición de conceder limosna para los habitantes de la ciudad, quedando la fiscalización de este comportamiento entre las competencias de la Guardia Urbana94.

Al igual que lo acontecido en otras ciudades en las que se intensificaron las campañas contra la petición de limosna, la activación del bando generó una inhibición visible en un descenso significativo de las cifras de mendigos recogidos en las calles95. Sin embargo, el bando tuvo otras repercusiones paralelas relevantes. Las medidas adoptadas para Barcelona conllevaron un incremento de la mendicidad en los pueblos del litoral de la provincia y en las restantes capitales de Cataluña96. Apenas un mes después del bando, y al calor de las reuniones mantenidas por los responsables políticos de las cuatro provincias, se acordó la extensión de la orden de prohibición a todas las regiones, entendiéndose que en la cooperación de las autoridades se hallaría la posibilidad de acabar con un “mal” que amenazaba con “intoxicar la vida social del país”97.

En esencia, las autoridades de Barcelona terminaron recurriendo a una política que reproducía parámetros contemplados en las órdenes que para la extinción de la mendicidad se habían planteado al calor de las leyes de beneficencia del siglo XIX98. Mas el bando, en su aplicación general para toda Cataluña y particular para Barcelona, conllevaba problemas significativos. Por un lado, debía prever la formación de comisiones de asistencia por todos los municipios, que, con la participación de sus mayores contribuyentes y de representantes de sus principales entidades económicas y culturales, arbitraran medios para socorrer a los “verdaderamente necesitados”, lo cual no resultaría factible en este período99. Por otro lado, del bando no cabía esperar más que un éxito pasajero en Barcelona, en la medida en que prevalecerían carencias en la nómina de asilos y centros de readaptación social y en las medidas de vigilancia que algunos ediles entendían como necesarias para dar efectividad a las repatriaciones, engarzadas con el acompañamiento de los expulsados en los trenes por las fuerzas de la Guardia Civil y su posterior entrega a las alcaldías en sus zonas de origen100.

Durante la etapa republicana, Barcelona y Madrid fueron urbes depositarias de múltiples argumentarios, reflexiones y decisiones gubernativas encaminadas a desarrollar una acción efectiva contra una problemática, la de la mendicidad, convertida en sistémica. El primer tercio del novecientos ya estuvo vehiculado por la demanda de políticas más incisivas en aquel escenario, deudoras de un pensamiento de largo alcance que, sin embargo, advertiría mayor impulso entre 1931 y 1936, desde justificaciones actualizadas. Por un lado, no hay que olvidar que la Segunda República representó un ciclo en el que el paro incrementó la nómina de categorías sociales vulnerables que, de manera circunstancial, podían verse impelidas a la petición de limosna. Ello proporcionaría mayor amplitud a las tipologías de la mendicidad y abriría paso a la configuración de planes para discernir, dentro de las mismas, entre las figuras de dependencia oficial obligadas, por circunstancias socioeconómicas adversas más o menos perdurables, y las tipificadas como sospechosas de figurar en el marco de una actividad profesionalizada.

El nuevo período político abierto a partir del 14 de abril de 1931 parecía decidido a reconsiderar el papel del municipio, entendido como entidad jurídicamente consagrada a unos deberes relacionados con el cumplimiento de unos servicios públicos, pero también sociales. La voluntad discursiva y práctica de cambiar las nociones de beneficencia y pobres por las de asistencia y necesitados no era inocente. En gran medida, revelaba la ambición de acercarse a un modelo en el que primara el diagnóstico social, sostenido por una metodología basada en la investigación individualizada, la colaboración con el marco comunitario y el trabajo coordinado con las instituciones particulares, en aras de detectar la vulnerabilidad que pudiera categorizarse como inserta en la esfera jurisdiccional del poder local. La prevención de la mendicidad entre los integrantes de aquella clase obrera entendida como respetable y entre los sectores comprometidos por circunstancias físicas y generacionales era la meta percibida en las políticas municipales esbozadas o desplegadas en la etapa aquí explorada.

Cabía actualizar los patrones asistenciales del poder municipal, desplegando políticas en tiempos de crisis económica que tuvieran un carácter más inclusivo, pero también se antojaba necesario modificar las praxis represivas que hasta entonces se habían desarrollado con respecto a la vagancia y la mendicidad tipificada como profesional, a través de bandos y reclusiones indiscriminadas y muchas veces arbitrarias en asilos de pobres y albergues o refugios municipales. En este último sentido, Madrid y Barcelona difirieron de manera significativa, sin que se generara una cesura con respecto a lo ya contemplado durante la Restauración. Quizás las transformaciones más nítidas tuvieron lugar en la capital española, en la medida en que se crearon nuevas infraestructuras para localizar a quienes se encontraban en las zonas de desafiliación social y determinar sus destinos, desde la consideración del grado de disrupción que ofrecieran sus vínculos con la sociedad organizada.

En último lugar, conviene precisar que los gobiernos de Madrid y Barcelona tenían otras justificaciones para la lucha contra la mendicidad que merecerían un estudio aparte. En ambos casos, la mendicidad se comprendía como un elemento que neutralizaba los patrones de modernización asimilados en el primer tercio del novecientos y que sacaba a relucir problemáticas no resueltas en la gubernamentalidad de un tejido urbano sobre el que convenía aplicar sólidas gramáticas de legibilidad engarzadas con el orden burgués. Los intereses económicos distintivos de las dos urbes también jugaban un papel crucial en ese combate y de manera muy específica lo hacían los vinculados con la defensa del turismo, sólidamente patrocinados en la capital catalana. Y, ya finalmente, tampoco habría que perder de vista el "efecto llamada" que estos núcleos generaban desde su actuación como polos de atracción migratoria a nivel nacional, entendido como problemático durante la etapa republicana en la medida en que rebasaba su capacidad de absorción y las competencias que podían desplegarse en el marco benéfico-asistencial.