La relación entre la guerra y el desarrollo del Estado es uno de los temas clásicos de la historiografía y ha captado el interés de generaciones de historiadores. Lejos de disminuir, este interés sigue vivo en la actualidad, como se desprende de la aparición del libro que comentamos en las siguientes páginas, donde se reúnen 10 trabajos, obra de conocidos especialistas de universidades españolas y editado, bajo el patrocinio de la prestigiosa red de investigación “Arca Communis”, por A. Galán Sánchez, J. R. Díaz de Durana y J. M. Triano Millán.

Como resaltan los editores en la introducción, tras unos inicios centrados en una narrativa militar, hoy en día el estudio del conflicto y la guerra se concibe en estrecha relación con los aspectos políticos, económicos y financieros. No por casualidad, estos son los aspectos a los que los autores de los trabajos incluidos en “Oficio de Príncipes” prestan mayor atención, lo que dota al libro de un hilo conductor fácil de seguir.

Si comenzamos con los aspectos políticos debemos referirnos a los trabajos de C. Laliena sobre la contribución financiera del reino de Aragón a las guerras de Alfonso el Magnánimo y L. Miquel y P. Verdés sobre el impacto de la Guerra Civil catalana en las haciendas locales entre 1462 y 1472. En ambos casos la necesidad de allegar recursos para financiar los conflictos promovió la expansión de la deuda municipal, lo que constituyó, como es bien sabido, el primer paso en el nacimiento del moderno crédito público. Con esto, Laliena y Miquel y Verdés aportan un argumento más para sostener que, a diferencia de lo a menudo afirmado, la Revolución Financiera no nació en las Provincias Unidas en el siglo XVII, sino que se originó mucho antes, en las repúblicas comerciales de la Italia medieval, desde donde la emisión de títulos de deuda pública sobre el respaldo de impuestos municipales se difundió por los reinos de la Corona de Aragón y Castilla y otras partes de Europa. Otro aspecto de interés de estos trabajos consiste en que nos permiten matizar el alcance real del célebre pactismo aragonés. Con frecuencia se ha sostenido que las Cortes de los territorios de la Corona de Aragón controlaron estrechamente las actividades de los monarcas, por lo que los trabajos de Laliena, Miquel y Verdés, donde se presenta a unos reyes capaces de obtener ingresos y gobernar esquivando a estas asambleas, son un oportuno recordatorio de los límites de esta visión tradicional.

Si la huella de la guerra sobre la evolución de las instituciones políticas es fácil de seguir, sus repercusiones en la trayectoria de la economía española del período no fueron menos relevantes. En algunos casos estas resultaron positivas. Así se deduce, por ejemplo, del documentado trabajo de E. Etxeberria, J. R Díaz de Durana y J. A. Fernández de Larrea sobre la fabricación de armas en el País Vasco entre 1480 y 1520. Estos autores ponen de relieve las raíces medievales de un sector que hoy calificaríamos de estratégico, y al indicar cómo la creciente demanda del estado promovió su reorganización nos describen un panorama de conflictividad social muy similar al detectado por los recientes trabajos de F. J Vela en la pañería segoviana del XVII. Sin embargo, en otros casos el impacto de la guerra fue menos positivo, como sucedió tras el estallido de la revuelta de los Países Bajos, cuyo efecto sobre el comercio de Castilla con el norte de Europa, estudiado en el trabajo de H. Casado y D. Carvajal a partir de una fuente documental inédita como el precio de los seguros marítimos, fue fundamental. Como señalan ambos autores, el fracaso de Felipe II en la defensa de este ramo vital de la economía castellana tuvo consecuencias muy negativas en la economía y finanzas castellanas y fue uno de los factores que influyó en la suspensión de consignaciones de 1575.

Con esto nos introducimos en el otro problema analizado en “Oficio de príncipes”: los vínculos entre la guerra y el sistema fiscal y financiero en nuestro país entre la Baja Edad Media y 1700. A esta cuestión, abordada en los trabajos de C. Laliena y L. Miquel y P. Verdés antes citados, se dedican los textos, centrados en el caso castellano, de R. Valladares, B. Marechaux, E. García Fernández, J. Gelabert y J.I. Fortea, y el trabajo de A. Espino sobre el caso americano.

Gracias a las investigaciones de los historiadores que nos han precedido, en la actualidad disponemos de una imagen bastante fiable de la fiscalidad y finanzas castellanas en la época moderna y podemos afirmar que los Austrias desarrollaron un sofisticado sistema tributario y financiero que les ayudó a mantener la hegemonía en la lucha por la primacía en Europa hasta mediados del siglo XVII. Esto fue posible por varias causas, entre las que cabría destacar la existencia de una administración eficaz. Así se desprende del trabajo de R. Valladares sobre el donativo de los portugueses de 1665, en donde se muestra cómo incluso en los peores momentos de la depresión del Seiscientos la administración real todavía era capaz de evaluar de forma ajustada la capacidad contributiva del reino. Este virtuosismo técnico reaparece en el capítulo de A. Espino sobre el gasto militar en la América de Carlos II en donde el lector observa de nuevo a una monarquía bien informada de las necesidades defensivas de los territorios americanos y capaz de realizar un esfuerzo nada desdeñable, a pesar de los innegables problemas y dificultades del período, para financiar su protección.

El desarrollo de una administración competente, conocedora de las técnicas fiscales y financieras más sofisticadas del período, era particularmente necesario para una monarquía que debía afrontar el doble problema de recaudar ingresos en el interior de Castilla y transferirlos fuera del reino para financiar su ambiciosa política exterior. Esto obligaba a realizar operaciones de cambio de moneda, para lo que resultaba preciso recurrir a intermediarios financieros. Aquí cabe destacar la minuciosa reconstrucción de la trayectoria de uno de ellos, el comerciante burgalés Diego de Soria, cuya labor durante el reinado de los Reyes Católicos es descrita por E. García Fernández. Ya hace varias décadas que F. Ruiz Martín se preguntó sobre los motivos por los que los hombres de negocios castellanos fueron incapaces de financiar las actividades de la Corona y acabaron relegados a un lugar secundario por el empuje de los financieros genoveses. El trabajo de García Fernández plantea de nuevo esta importante cuestión al poner de relieve la existencia en el tránsito entre los siglos XV y XVI de un dinámico grupo de hombres de negocios y comerciantes locales que bien pudieran haber desarrollado esa labor de intermediación financiera y obliga a preguntarnos por su declive y el auge de los genoveses. Una de las claves de lo último puede encontrarse en el trabajo de B. Marechaux sobre los asientos de galeras genoveses. Como señala su autor, en muchos casos los financieros ligures también eran empresarios militares, dispuestos a poner a disposición de sus clientes una flota de guerra para la defensa del Mediterráneo, lo que explica el interés de la Corona por sus servicios. Sin embargo, el esplendor de los genoveses tuvo consecuencias negativas. Los últimos años han sido testigos de un renovado interés sobre la famosa suspensión de pagos de 1575, como se desprende los trabajos de J Voth y M. Drelichman y C. Álvarez Nogal y C. Chomley. Como es sabido, los genoveses estuvieron directamente implicados en esta suspensión, y el capítulo de J. Gelabert sobre la Guerra y la Hacienda en la Monarquía Hispana entre 1573 y 1575 ofrece una interesante aportación para comprender lo que ocurrió en 1575, en lo que influyó, según este autor, el conflicto entre los nobles viejos y nuevos de la ciudad italiana, que amenazó con derribar el pilar de las finanzas de la Corona en un momento crítico.

La excesiva dependencia de un grupo de financieros extranjeros no era el único problema del sistema financiero de los Austrias, y en su texto sobre las últimas bancarrotas de la dinastía (las de 1647, 1652 y 1662) J. I. Fortea llama la atención sobre otro factor. Este autor relaciona la capacidad de la Corona para seguir accediendo al crédito de los hombres de negocios con su capacidad para recaudar ingresos fiscales, uniendo dos esferas que a menudo aparecen separadas en la investigación. Así, Fortea nos indica que uno de los grandes problemas del sistema fiscal y financiero castellano en el siglo XVII fue el desplome de los ingresos fiscales, tanto en términos nominales como en plata (aspecto al que también alude B. Marechaux en su trabajo), lo que minó la capacidad de la Corona para ofrecer consignaciones atractivas a los hombres de negocios y emitir juros.

En conjunto, los trabajos presentados en “Oficio de príncipes” son el fruto de rigurosas investigaciones de archivo que mejoran nuestros conocimientos sobre la historia fiscal y financiera de nuestro país en un período clave, lo que hace que la obra resulte de indudable interés para el lector. Los textos de Laliena y Miquel y Verdés matizan la visión tradicional sobre el pactismo en la Corona de Aragón, mostrando a una monarquía que no vacilaba en prescindir de las Cortes para obtener ingresos cuando era preciso. Lo mismo ocurrió en la Castilla del XVII, como nos recuerda R. Valladares en su trabajo sobre el donativo de los portugueses de 1665, sobre el que hasta ahora era muy poco lo que se conocía. Pero esto no nos debiera hacer olvidar que, pese a todo, las Cortes castellanas retuvieron una notable capacidad de influir en las finanzas reales a lo largo del Seiscientos, como se desprende del trabajo de Fortea, que aporta elementos para replantear las afirmaciones más tradicionales sobre la decadencia de la asamblea en las décadas centrales del siglo. El trabajo de Gallastegui, Díaz de Durana, y Fernández de Larrea presenta una atractiva y documentada imagen de los orígenes del sector armero vasco en el final de la época medieval, mientras que el de Casado y Carvajal demuestra la capacidad de una nueva fuente documental, los precios de los seguros marítimos, para ofrecer luz sobre el impacto de la revuelta de Flandes en el comercio de Castilla con el norte. Por su parte, Espino nos ha descrito la organización del gasto militar en la Nueva España en el reinado de Carlos II, y al hacerlo ha ayudado a mejorar nuestros conocimientos sobre una cuestión de indudable interés. Lo mismo se puede afirmar sobre el trabajo de García Fernández sobre Diego de Soria, que certifica la presencia en Castilla de un importante grupo de comerciantes autóctonos en época de los Reyes Católicos que actuaban como intermediarios financieros de la Corona, y del texto de Marechaux, en el que se nos demuestra que su versatilidad, que les facultaba tanto para ofrecer crédito como galeras a la Corona, fue una de las claves del ascenso de los genoveses. Desde diferentes perspectivas, los trabajos de este libro nos ofrecen la imagen de una monarquía que creó un sofisticado sistema fiscal y financiero, pero además nos indican algunos de sus límites. Según ya citara Braudel en su día y nos recuerda el trabajo de Gelabert, la estabilidad de las finanzas reales también dependía de factores que en buena medida escapaban del control de la Corona, como la estabilidad política de Génova, mientras que el texto de Fortea es un elocuente recordatorio de que ningún sistema de Crédito Público puede sobrevivir, por complejo y avanzado que sea, si los ingresos tributarios sobre los que reposa caen.