El objetivo general de este artículo es contribuir al estudio de la administración provincial del Estado en la España de la Segunda República, un tema apenas estudiado. El papel de los gobernadores civiles era fundamental para la maquinaria de poder estatal; para empezar, desde el punto de vista del orden público, como han puesto de manifiesto diversos trabajos. Sin embargo, se ha profundizado poco partiendo de una perspectiva amplia de la gobernanza, esto es, considerando que el proceso de toma de decisiones, aun siendo jerárquico y condicionado por una cadena de mando centralizada, implicaba también factores como la negociación, la persuasión o el liderazgo. Algunas monografías locales o provinciales sobre la República han tenido en cuenta estos factores, aunque no de forma sistemática. Destaca también la aportación de Joan Serrallonga, que hizo una primera aproximación sobre la institución del Gobierno Civil y sus titulares.

No obstante, con frecuencia, las referencias a los gobiernos civiles se han centrado en su intervención de los ayuntamientos y la gestión del orden público, siguiendo órdenes del ministro. Esto ha podido trasladar una imagen algo distorsionada sobre la naturaleza de sus funciones. La hipótesis de este artículo, en ese sentido, es que se ha minusvalorado el peso del liderazgo personal y la interacción con los gobernados. Parece haberse restado importancia a la variabilidad de los contextos provinciales y al hecho de que los gobernadores, en sus estrategias de resolución de conflictos y en sus diferentes prácticas de influencia, no tenían enfrente a actores tan estáticos y predeterminados por la ideología partidista como a veces se supone. Como explicó el primer ministro de la Gobernación de la República, «los gobernadores eran la única representación del nuevo régimen en las provincias» y parte de la complejidad de su trabajo residía no tanto en lo que hacían, sino en cómo lo hacían. La «tónica que con sus decisiones y actos imprimiesen a la autoridad y a la vida provincial», en palabras de Miguel Maura, era fundamental porque ellos eran, además de jefes de las policías y auditores de la vida municipal, gestores de expectativas tan variadas como a menudo excluyentes.

Dentro de ese objetivo general, el propósito más específico de este artículo es analizar una circunstancia y un período concreto para, ampliando el foco, contribuir a un análisis pormenorizado del papel de los gobernadores civiles en un contexto tan importante y enrevesado como el de la primavera de 1936. El punto de partida es que estos no fueron solamente brazos ejecutores de una política dictada desde arriba y que, mientras no se estudie a fondo y con el mayor número posible de fuentes primarias, cada uno de los contextos y situaciones vividas en esos meses, no se explicará bien el problema de la gobernanza provincial en un tiempo de desafíos profundos a la democracia, alta movilización sindical y confrontación partidista extrema.

A menudo se presenta a los gobernadores civiles como simples correas de transmisión. Esto encierra una parte de verdad, pues se trataba de los ojos y los brazos del Ministerio en la provincia. Pero oculta el hecho de que aquellos desempeñaban una función de representación y mediación primordial. Es evidente que tenían una adscripción partidista y que su arbitraje en los conflictos estaba subordinado a las directrices del Gobierno. Sin embargo, se enfrentaban también al reto de desarrollar un liderazgo provincial autónomo. La gobernanza, en ese sentido, residía en su inteligencia para combinar la empatía, esto es, la capacidad para escuchar y mostrar interés y preocupación por los problemas que les planteaban diversos grupos —institucionalizados o no—, con las obligaciones de su cargo en cuanto al cumplimiento de la ley y la debida ecuanimidad en la aplicación de las medidas de control del orden público. Evidentemente, la tradición histórica pesaba en el sentido de identificarlos con una intervención gubernativa inflexible diseñada para proteger los intereses electorales del Gobierno y facilitar la fiscalización e incluso la subordinación de los ayuntamientos. Pero en un contexto de democratización y movilización como el de la Segunda República, la gestión diaria de los gobernadores se enfrentó a retos más diversos y complejos.

El caso de Asturias es especialmente relevante por varios motivos, que se apreciarán a lo largo de este artículo y que se resumen así: la especial y compleja situación de la provincia tras la revolución de 1934 y la represión ulterior; el hecho excepcional de que el gobernador portelista que había presidido las elecciones de febrero de 1936 continuara en su puesto interinamente hasta la tercera semana de marzo; la llegada de Rafael Bosque, un gobernador de Izquierda Republicana (IR) que desconocía por completo la realidad social y política asturiana y que no lograría sobrevivir en el puesto toda la primavera; la fortaleza histórica y presente del sindicalismo socialista en la provincia, aunque sometido a una tensión interna y una competencia crecientes; la configuración atípica del bloque contrarrevolucionario, en el que la Confederación Española de las Derechas Autónomas (CEDA) compartía cartel con un sector histórico del republicanismo; y, en último lugar, pero no menos importante, la crisis estructural que afectaba a la minería, factor capital en la economía regional y que, como se verá, se combinó con un aumento de la conflictividad laboral, suponiendo un desafío para la gobernanza provincial.

De forma más concreta, este artículo pretende arrojar luz sobre la polémica y compleja figura del gobernador Rafael Bosque. Las derechas construyeron una imagen profundamente negativa que sirvió, ya en la misma primavera de 1936, para atizar al Gobierno en sede parlamentaria. El relato de los vencedores en la posguerra ahondó en esa construcción del «funesto Bosque» —en palabras del alcalde franquista de Somiedo en 1942— como arquetipo del republicano vendido a la revolución. Las palabras más significativas son las del general Aranda en 1941, quien, obviamente, tenía que justificar su implicación en el golpe de julio: «Bosque era un ferviente izquierdista que cifraba el orden en la no existencia de las fuerzas de orden público y en acordar la libertad más completa a las masas populares». Por el contrario, como se verá, la prensa socialista y comunista lo defendió enérgicamente. Los historiadores apenas se han ocupado de su papel en una plaza, la de Oviedo, que, como se ha señalado recientemente, nadie podía esperar que fuera «tranquila» tras la victoria del Frente Popular. Si acaso, la versión difundida en las escasas obras generalistas sobre la primavera de 1936 ha sido la de Bosque como arquetipo del desgobierno republicano, «uno de los gobernantes más arbitrarios». Al respecto, uno de los objetivos principales de este artículo es aportar información, basada en fuentes primarias, que permita superar una visión demasiado simplista de la actuación de Bosque, contrastando en qué medida algunas suposiciones afines al relato de posguerra esgrimido por los vencedores, han servido para perpetuar juicios de valor que enturbian la comprensión historiográfica de la enmarañada gobernanza provincial en aquella primavera.

El Noroeste, una de las principales cabeceras de la prensa asturiana, salió a la calle el 18 de febrero de 1936 dando «por seguro el triunfo de la candidatura de izquierdas». Dos días más tarde la Junta provincial del censo lo certificó. Aunque la coalición derechista —formada por la CEDA y el Partido Liberal-Demócrata (PRLD)— mejoró sus resultados, el Frente Popular logró una movilización histórica en la provincia y consiguió sumar más de sesenta mil nuevos sufragios, sacando seis puntos porcentuales de ventaja a sus competidores.

Asturias había sido uno de los lugares más castigados por la huelga revolucionaria de 1934 y la represión posterior. Más que en ninguna otra parte, la memoria reciente de aquellos hechos y la consiguiente fractura social habían condicionado la campaña. Por consiguiente, no fue una sorpresa que se produjera una movilización notable de sus simpatizantes para celebrar la victoria, pero también para lograr una excarcelación inmediata de sus presos y un vuelco en los poderes municipal y provincial. El cambio del Gobierno en Madrid, la tarde del día 19, precipitó esa movilización. El día 20 unas cinco mil personas procedentes de los barrios obreros de Oviedo se concentraron frente a la cárcel Modelo para celebrar que el gobernador acababa de autorizar la salida de unos 400 reclusos. En Gijón la situación fue más tensa, pues esa misma tarde la presión de los manifestantes precipitó la apertura desordenada de las puertas del penal y la evasión de centenares de presos comunes.

La reacción de los vencedores exigiendo cambios inmediatos se hizo notar también en algunos ayuntamientos, empezando por el de Gijón. El sábado 22 se organizó una manifestación en la plaza de la República en la que estaban presentes algunos diputados electos de las izquierdas. Estos, arropados por los manifestantes, se personaron en el ayuntamiento. Visiblemente contrariado, el alcalde, que lo era desde 1931, les cedió el control del consistorio, no sin antes levantar un acta en la que hizo constar su protesta. La opinión conservadora habló de una incautación del ayuntamiento, pero las izquierdas lo consideraban un acto de justicia, respaldado por la decisión del nuevo Gobierno nacional a favor de la reposición de todos los concejales de elección popular. Si en Gijón ese cambio se produjo de forma irregular, en Oviedo tuvo lugar en una sesión extraordinaria de la corporación la tarde de ese mismo sábado, pero presidida por la máxima autoridad civil de la provincia y, por tanto, amparada en una orden gubernativa.

La movilización de los simpatizantes del Frente Popular no fue una sorpresa. Poco antes de la jornada electoral, el gobernador civil nombrado por el Ejecutivo de Manuel Portela, el republicano José María Friera, había reconocido como «inevitable» que, tras las votaciones, se dieran «expansiones». Lo que sí resultó una sorpresa fue que el nuevo Gobierno no procediera a enviar de urgencia un nuevo gobernador. No tuvo necesidad porque Friera, a diferencia de otros colegas, no abandonó su puesto en las tensas horas del 18 al 19 de febrero. El nuevo ministro dejó que siguiera un mes más. Esto supone una de las singularidades más notables en la gestión del poder provincial durante esos días. Que el Ejecutivo dejara en manos de un gobernador portelista la gestión del orden público en una provincia tan potencialmente explosiva como Asturias, en la que era previsible una amplia movilización postelectoral, puede resultar extraño. Sin embargo, salvo los comunistas, molestos por la continuidad de Friera, no parece que las principales críticas contra el gobernador procedieran de los socialistas y los republicanos; no en vano, Friera se había entendido peor con los cedistas durante la campaña, que habían protestado por su supuesta inacción ante algunas coacciones izquierdistas.

La tarde del 20 de febrero el gobernador aseguró que había tranquilidad en toda la provincia. Esto era una verdad a medias, pues junto a la movilización para propiciar el cambio en el ayuntamiento de Gijón, en Oviedo se sucedieron los desórdenes, con coacciones sobre derechistas, choques con los guardias de Asalto y algún intento de incendiar o asaltar locales. El hecho de que Friera no se marchara precipitadamente facilitó el control de la situación. Impidió el vacío de poder que se produjo en otros gobiernos civiles y que incentivó la comisión de excesos. Pero también se debió a que Friera facilitó la transición rápida en el poder municipal y provincial que exigían los dirigentes del Frente Popular, como le pidieron desde Madrid. La cuestión del poder municipal no era sencilla, dado que la reposición de los concejales populares y la destitución de las gestoras nombradas por el Gobierno anterior no implicaba, automáticamente, que las izquierdas tuvieran mayoría en muchos consistorios. Era el caso de Oviedo. Pero los partidos vencedores de las elecciones y sus militantes ansiaban cambios rápidos, convencidos de su legitimidad, tanto por los resultados electorales como desde un punto de vista moral, en tanto que víctimas de la represión de octubre. El papel de los gobernadores civiles resultaba, en ese sentido, crucial. Las policías actuaban a sus órdenes, pudiendo utilizarlas para evitar concentraciones no autorizadas o coacciones a las puertas de los ayuntamientos. Pero el mando de la fuerza era solo una parte de la situación. Había en juego otros factores. En el caso de Asturias, con los antecedentes conocidos y teniendo en cuenta que, como sabía Friera, muchos ciudadanos tenían algún tipo de arma, una intensa movilización policial a partir de la tarde del día 19 podía haber precipitado acontecimientos trágicos. Friera prefirió contemporizar, con el riesgo de no atajar a tiempo algunos desórdenes graves, como la evasión de presos comunes de Oviedo o las coacciones en las calles de esa misma ciudad contra los derechistas. En ese contexto, el papel de las policías se atuvo a consideraciones que iban más allá del cumplimiento estricto de la legalidad. Así, en Castro, cuando una manifestación no autorizada intentó ocupar el consistorio, la Guardia Civil le salió al paso, pero, en vez de cargar, medió para conseguir que una comisión de los manifestantes se reuniera con el alcalde, que se negaba a dimitir alegando que su cargo era de elección popular.

El gobernador, siguiendo órdenes del ministro, facilitó una rápida toma de posesión de los concejales de elección popular, enviando una circular a todos los ayuntamientos conminando a la reposición. El día 22, tras apenas 48 horas, aseguró que ya lo habían hecho en la mayoría de las localidades. Pero no se trataba solo de reposiciones ni de órdenes superiores, porque Friera, como otros gobernadores, tenía que negociar con los dirigentes del Frente Popular quienes y en qué cantidad se repartían las nuevas gestoras municipales. Y en algunos casos la fricción se hizo evidente. El caso más llamativo fue el de Gijón: allí los dirigentes del Frente Popular, una vez tomado el ayuntamiento, impusieron sobre la marcha una gestora controlada por nueve integrantes de la izquierda obrera, comunistas incluidos, dejando en minoría a la izquierda republicana y nombrando alcalde al socialista Ángel Martínez Pérez. Que esto no gustó ni al gobernador ni a Madrid saltó a la vista porque durante semanas circularon rumores sobre el cambio inminente de esa gestora. No sería hasta la llegada del sucesor de Friera cuando esto quedara solucionado, actuando así durante semanas una gestora irregular.

La reposición de los concejales populares se resolvió en pocos días, pero el cambio de las gestoras llevó más tiempo y tuvo unas implicaciones políticas diferentes. El 28 de febrero Friera reconocía que en los próximos días se iba a encargar en cuerpo y alma de ese asunto, pues lo que llamaba «normalización» de los ayuntamientos implicaba en muchos casos alterar las mayorías procedentes de las elecciones locales de 1931 y exigía, en sus propias palabras, un estudio de la situación política caso por caso. En otras palabras, aunque no lo reconociera públicamente, tenía que darse una doble negociación: primero, de reparto entre los dirigentes del Frente Popular y, después, entre aquellos y el Gobierno Civil. Ese mismo día, además, Friera envió la orden que permitía tomar posesión a la gestora de la Diputación provincial suspendida en octubre de 1934, presidida por Valentín Álvarez, que había estado en prisión y acababa de ser amnistiado.

Pese a su adscripción partidista previa, Friera también se demostró un gestor leal en un tema que resultaba capital para lo que las nuevas autoridades denominaban «una política de pacificación» tras la victoria electoral. Presionado por las demandas del Frente Popular, el nuevo Consejo de ministros aprobó de urgencia un decreto que en su artículo primero señalaba que todas las entidades patronales «se hallan obligadas» a «readmitir a todos los obreros, empleados o agentes que hubiesen despedido por sus ideas o con motivo de huelgas políticas a partir de 1 de enero de 1934», debiendo, por tanto, restablecerse las «plantillas que estuviesen vigentes en 4 de octubre de 1934». El gobernador no supuso un obstáculo, al contrario. Días antes había enviado ya una circular a los alcaldes para que, con urgencia, empezaran a elaborar la lista de obreros seleccionados y las enviaran después al Gobierno Civil. En esto cumplía las órdenes de Madrid, aunque el texto de la circular dejaba entrever un celo especial para que los alcaldes actuaran con la máxima celeridad:

A primeros de marzo no había llegado todavía un nuevo gobernador a Oviedo. Por entonces, Friera insistía en que tenía controlado el orden en toda la provincia y, sobre todo, se mostraba en público muy sensible con el asunto de la readmisión del personal en las corporaciones públicas y las empresas. Lo del control del orden era cierto a medias, pues con motivo de la readmisión de despedidos y las cuentas pendientes, se sucedieron algunos episodios de violencia, desde coacciones callejeras a derechistas hasta algunos choques por cuestiones sindicales y atentados. Uno de los más impactantes fue un acto de pistolerismo ocurrido el 29 de febrero a plena luz del día y con un tranvía lleno de testigos, en el que resultó asesinado un capataz de Gijón, responsable de la plantilla de carga y descarga de la patronal en el puerto de El Musel y que había sido amenazado previamente.

A Friera empezó a complicársele la situación con motivo del complejo asunto de las readmisiones de los seleccionados. Su implicación fue decisiva en algunos casos, como el de la empresa Duro Felguera, que inicialmente se negó a readmitir a algunos por considerar que habían estado implicados en el robo de la caja de caudales de la empresa, aunque terminó cediendo. Aunque Friera fue receptivo a las reivindicaciones de la parte obrera, la cuestión iba más allá de las readmisiones. Algunas empresas advirtieron del problema económico que se les planteaba si, cumpliendo con lo establecido en el decreto, tenían que indemnizar a los readmitidos por el pago de los jornales dejados de cobrar desde su despido en 1934. Además, porque al readmitir a unos les surgía la dificultad de cómo mantener en plantilla a los que habían entrado a sustituirlos. El director de una importante fábrica de Mieres advirtió que ellos readmitirían a todos, pero que tendrían un aumento de costes y los obreros deberían valorar si preferían una solución de común acuerdo o, según él, el hundimiento total de esa industria.

La mayoría de las empresas cedieron antes o después y acataron el decreto de readmisión, sin duda con la mediación o presión de Friera, pero acto seguido se planteó el problema de los obreros sobrantes. La readmisión de los seleccionados no era una cuestión exclusivamente laboral. La huelga de 1934 había sido política y, por tanto, quienes habían ocupado los puestos de los despedidos eran identificados con los partidos de la represión. Por eso, una vez iniciadas las readmisiones, en algunos casos se exigió también el despido inmediato de los llamados esquiroles. El caso más polémico para Friera fue el planteado en el ramo de la construcción. El día 11 de marzo recibió en su despacho a representantes de patronos y obreros para intentar aproximar posturas. La parte sindical demandaba que los obreros contratados después de octubre de 1934, unos cuatrocientos, fueran despedidos por tiempo indefinido, no pudiendo ser readmitidos hasta que ellos lo decidieran. La patronal aseguró haber «puesto de su parte» para «lograr una solución de concordia», aunque, obviamente, atendían a la presión del gobernador. Pero los sindicatos adscritos a la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) exigían el despido de «todos los obreros que trabajaron durante la huelga» y el control total sobre cualquier posible readmisión.

Los conflictos laborales se incrementaron en las dos primeras semanas de marzo y la rivalidad entre obreros produjo numerosos altercados y violencias. Los ajustes de cuentas y el afán de venganza estuvieron detrás de episodios de pistolerismo como el citado contra el listero de la patronal del puerto de El Musel. Pero hubo otros, como la tensa jornada del sábado 7 de marzo vivida en Avilés. Primero un grupo de jóvenes izquierdistas asaltó el Sindicato de Carga y Descarga La Victoria, afecto a la católica Confederación Española de Sindicatos Obreros (CESO), al grito de «a ellos, que son fascistas», destruyendo enseres y robando mucha documentación. Ya por la tarde se produjeron varias agresiones contra el secretario de la Junta de obras del puerto, dos industriales y al menos dos jóvenes derechistas, teniendo que intervenir la Guardia Civil.

Con todo, este tipo de violencia no fue el problema más grave para Friera. La readmisión con aumento de costes de las plantillas, el pago de indemnizaciones por los salarios dejados de percibir y la implementación de la jornada de 44 horas en la industria siderometalúrgica se produjeron en un contexto de crisis económica que venía de atrás. El sector de la minería, estratégico en la economía asturiana, pasaba por graves dificultades derivadas de los aumentos de los stocks y los consiguientes cierres de algunos pozos, en un contexto en el que los tratados comerciales firmados con Gran Bretaña perjudicaban al carbón asturiano. En la primavera de 1936 se produjo una especie de tormenta perfecta: un aumento de reivindicaciones laborales y el deterioro de las condiciones de explotación de varios sectores industriales. Los estudios disponibles muestran que los dirigentes del sindicato socialista mayoritario en la cuenca minera, el Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias (SOMA), trataron de mantener su tradicional pragmatismo, pero también que se produjo una radicalización en la parte obrera por diferentes factores ambientales e ideológicos.

El gobernador intentó atajar la expansión de la conflictividad laboral mediante un arbitraje que, en ese contexto, difícilmente se mantuvo dentro de criterios de estricta imparcialidad, convirtiéndose en algunos casos, como el conflicto de la construcción, en una presión directa sobre la patronal, mediante reuniones en el mismo Gobierno Civil, para forzar la resolución. Se encontró ante una espiral de conflictividad en la que las expectativas políticas por la victoria del Frente Popular, los cambios rápidos en el poder local y los logros de algunas ramas sindicales incentivaban las demandas. Era un ambiente en el que el sindicalismo socialista tradicional se veía presionado por el activismo anarquista y el ascenso del discurso comunista en los pozos. Pero también acechaba el grave problema planteado por la falta de carga de trabajo y los problemas de subsistencia que afrontaban muchas familias.

Friera acabó su mandato en ese complicado contexto en el que cuando se resolvía un conflicto laboral aparecía otro. El que mayor repercusión tuvo a nivel nacional fue la huelga de los estibadores de Gijón, que paralizó completamente las tareas de carga y descarga en el puerto de El Musel a partir del día 10 de marzo, incidiendo negativamente en el transporte del carbón. El alcalde y un delegado del gobernador trataron de buscar una solución, pero entre las reivindicaciones del Sindicato de Transporte de la Casa del Pueblo estaba algo difícilmente asumible para la patronal: el despedido de una cincuentena de obreros de la plantilla fija considerados esquiroles.

Este conflicto, agravado por la amenaza de extensión a otros puertos en solidaridad con los trabajadores gijoneses y la delicada situación de amplias bolsas de desempleados que se movilizaban para reclamar trabajo a los ayuntamientos, fue la herencia en materia social que dejó el gobernador a su sucesor, el político de Izquierda Republicana Rafael Bosque, que tomó posesión el día 20 de marzo, después de más de dos semanas de rumores sobre la marcha de Friera.

Bosque fue recibido por el gobernador saliente y la transición se hizo de forma ordenada, muy lejos de lo ocurrido semanas antes en otras capitales de provincia. En sus primeras declaraciones admitió que no conocía la provincia —era natural de Aragón y acababa de dejar el Gobierno Civil de Huesca—, lo que resultaba chocante dados los antecedentes de conflictividad social y política y el delicadísimo momento que atravesaba la economía regional. Prometió guiarse por los «mejores propósitos» y aseguró que la «tranquilidad es completa». Sin embargo, pareció contradecirse cuando admitió que había «algún nerviosismo en toda la región, que es necesario amortiguar» y reconoció que existían «algunas huelgas pendientes de solución».

La tranquilidad no era tan completa porque los conflictos de naturaleza política se habían intensificado. Pocos días antes de la llegada de Bosque el alcalde de Llanes había publicado un bando significativo: apelaba a canalizar «la vida ciudadana (…) dentro de márgenes serenas», reconociendo que algunos grupos estaban desafiando el orden. No era solo Llanes. En varios lugares de la provincia se habían producido choques violentos y agresiones con resultados fatales. Para las derechas se trataba de una situación de intolerable permisividad por las coacciones izquierdistas, las decisiones arbitrarias de algunos ayuntamientos, clausurando locales católicos y conservadores o los extendidos boicots sobre los comercios regentados por derechistas. Pero las izquierdas lo veían de otro modo. Es clarividente la nota que cuarenta y ocho horas antes de la llegada de Bosque a Oviedo habían hecho pública los diputados asturianos del Frente Popular en Madrid, denunciando «los atentados de estos días por los elementos fascistas» y que habían provocado, según sus cuentas, tres víctimas izquierdistas. Donde la derecha veía falta de determinación del gobernador saliente para frenar los desmanes de las izquierdas, los diputados del Frente Popular consideraban que los «fascistas» actuaban con impunidad porque estaba «protegidos descaradamente por la fuerza pública». En una crítica velada a Friera y al ministro de Gobernación, denunciaban que seguían en «sus puestos los mismos oficiales y jefes que han tomado parte en la represión».

Parece evidente, por tanto, que la salida de Friera y la nota de los diputados del Frente Popular se produjo en un delicado contexto de aumento de la crítica de los socios parlamentarios del Gobierno por la situación en Asturias. Especialmente activos y directos habían sido los comunistas. En un mitin del Socorro Rojo Internacional celebrado en Oviedo el 9 de marzo se había pedido la salida inmediata de Friera y, poco después, Mundo Obrero exigía a Azaña la cabeza del gobernador, ese «embozado amigo de la patronal y del fascismo local».

Rafael Bosque pertenecía a la izquierda republicana. A priori esto le garantizaba una cierta distancia en la política ovetense, puesto que allí sus compañeros de partido no eran muy fuertes y podía presentarse en el papel de mediador entre el potente socialismo local y el universo patronal. Sin embargo, la situación era muy compleja. Cuando Bosque llegó a Oviedo tenía muchos frentes abiertos: las huelgas en la construcción y el puerto de Gijón; el conflicto con la gestora interina del ayuntamiento de Gijón controlada por los socialistas; el nombramiento de nuevas gestoras en otras localidades ante la convocatoria abierta de elecciones municipales; el desarme de las derechas exigido por el Frente Popular; los crecientes choques entre jóvenes de distintos partidos y las peticiones izquierdistas de firmeza contra los fascistas; los problemas derivados de la sustitución de la enseñanza religiosa y las arbitrariedades de algunos alcaldes respecto de la actividad de los grupos católicos; y, sobre todo, la crisis de sobreproducción que afectaba a la minería asturiana y que impedía aumentar la carga de trabajo semanal, algo que estaba agravando la conflictividad y debilitando la predisposición negociadora de la dirigencia del sindicato minero asturiano, SOMA.

Bosque dedicó sus primeros días a una función aparentemente protocolaria pero que tenía una finalidad importante en un político recién llegado a una provincia que no conocía. Recibió muchas visitas de cortesía, como la del comandante de la provincia, el coronel Aranda, una pieza fundamental en materia de orden público. Y tuvo, y esto es más relevante, sus primeros contactos con los representantes sindicales, algunos gestores municipales y los líderes de los partidos.

El mismo día 21 aseguró que la huelga de la construcción estaba próxima a terminar. Y así fue. El 23 quedó solucionada, todo un alivio para iniciar su andadura. Sin embargo, los términos del acuerdo muestran que los sindicatos habían logrado una importante victoria y que Bosque se estrenaba mediando de un modo que no lo predisponía bien con la otra parte. El conflicto estaba enquistado porque los huelguistas aplicaban con carácter retroactivo la nueva jornada de 44 horas, de tal modo que reclamaban a las empresas el abono de las horas trabajadas por encima de ese umbral durante los meses previos como si fueran horas extras. Y a eso añadían la reclamación del pago de las semanas de vacaciones de los años 1934 y 1935 dejadas de percibir, además de la preferencia en la incorporación al trabajo de los que habían holgado en octubre de 1934 sobre los colocados después de esa fecha. El nuevo gobernador no emitió ninguna señal pública que sirviera para atemperar la posición sindical, a sabiendas de que el coste para las empresas parecía inasumible. Lo que hizo fue cerrar la huelga satisfaciendo a la parte sindical y repartiendo el coste entre las arcas de la administración y las empresas. Para lograrlo, presionó a Madrid para que se diera solución a la demanda sindical sin trasladar todo el coste económico del acuerdo a los patronos. Bosque, con autorización del Ministerio de Trabajo, endosó a la Junta de Socorros una cifra de unas trescientas mil pesetas para pagar las horas extras demandadas por los huelguistas, obligando a los patronos a abonar las vacaciones de los dos años previos y a dar preferencia a los represaliados de octubre sobre los parados y los contratados en el segundo bienio. Para el gobernador significó la finalización de un conflicto grave que había tenido contra las cuerdas a su predecesor y había contribuido a la paralización del trabajo en los muelles. Pero pronto se volvería en su contra porque, como la Junta de Socorros no tenía fondos suficientes, los pagos no llegaron y los obreros empezaron a exigir a los patronos que adelantaran el dinero.

Neutralizada por un tiempo la presión de los obreros de la construcción, el conflicto pendiente que se prolongaba ya por varias semanas y amenazaba toda la actividad portuaria en el norte de España era el de los estibadores. A finales de marzo Bosque hubo de requerir la presencia de un nuevo delegado del Ministerio de Trabajo, reconociendo la gravedad de la situación, en tanto que la paralización de las labores de carga y descarga impedía la salida del carbón y perjudicaba a una actividad de por sí muy alterada por los elevados stocks. Finalmente, el 1 de abril, tras una larga y tensa reunión en el despacho del gobernador, las partes se atenían a lo dispuesto en un laudo arbitral del delegado especial y se anunciaba la reanudación del trabajo.

En esas horas se había celebrado un importante mitin del Frente Popular en el Campo de Maniobras de Oviedo, presidido por el alcalde. Cuando acabó, una manifestación desfiló hasta el Gobierno Civil. Bosque recibió a una comisión que le hizo entrega de unas conclusiones con sus once demandas principales. Se exigía el «cumplimiento rápido y exacto del programa del Frente Popular», el abono de indemnizaciones a todos los obreros readmitidos, la «investigación y castigo rápido de los culpables de la represión, ejecutores y cómplices», la «disolución y desarme de las bandas fascistas» y la «destitución de los jefes y oficiales de la fuerza pública que actuaron durante la represión, así como de los que no sean leales al régimen». Además, se reclamaba obra pública para aliviar el paro. Sorprendentemente, también había una última petición: la destitución del delegado provincial de Trabajo. Esto mostraba que la principal autoridad técnica del Ministerio no se había mostrado flexible con las reivindicaciones de la parte obrera en los conflictos de las semanas previas, especialmente en el que ahora se cerraba. Y refuerza la idea de que el papel del nuevo gobernador, con la llegada de un delegado especial ad hoc, había sido decisivo para forzar el acuerdo y hacer que la patronal cediera pese a considerar ilegales algunas pretensiones sindicales.

Bosque recibió con agrado a la comisión de los partidos del Frente Popular y, como sería habitual en sus declaraciones de las semanas previas, «ensalzó la sensatez demostrada por los manifestantes». Obviamente no iba a ponerse en contra de los partidos que apoyaban al Gobierno que lo había nombrado, pero tampoco se esforzó por mantener una cierta distancia institucional ni hizo ninguna llamada específica a la prudencia para enfriar algunas expectativas que él sabía que no se cumplirían a corto plazo, como la desmilitarización de las fábricas nacionales o una purga política en los mandos policiales.

Para entonces ya había tenido que lidiar con la derivada en términos de violencia política de los conflictos abiertos. Días antes dos obreros de la plantilla de la patronal del puerto que no participaban en la huelga habían sido tiroteados. Otros episodios menores estaban dejando enfrentamientos con armas y algunos heridos, en muchos casos como resultado de choques desencadenados por cacheos ilegales en las calles y también por enfrentamientos en los locales de bebidas en los que se mezclaban los efectos del alcohol y las disputas sindicales y partidistas. Pero el caso que conmocionó a la ciudad de Gijón, especialmente a sus clases medias y al mundo conservador, fue el asesinato por unos pistoleros del dirigente del PRLD y exministro de Trabajo pocos meses antes, el médico Alfredo Martínez. Todavía no llevaba una semana en Oviedo cuando Bosque se encontró con este atentado. La Federación Patronal declaró un paro de 24 horas en la actividad comercial, pero el gobernador lo prohibió. No pudo impedir que miles de personas participaran en el sepelio y se formaran enormes colas para entrar a la capilla el día 25 de marzo. Aunque no revistieron gravedad, hubo algunos enfrentamientos con los guardias de Asalto tras el sepelio, cuando una manifestación intentó llegar al Gobierno Civil, con el resultado de al menos tres heridos.

Pese a la censura, que impidió la publicación de los detalles sobre los sucesos durante la manifestación, todo indica que Bosque intentó neutralizar el uso político del atentado por parte de la oposición. Hay que recordar, en ese sentido, que los liberal-demócratas y los cedistas habían ido en coalición a las pasadas elecciones y que el mismo Martínez había sido elegido diputado en 1933 dentro de una lista compartida con los de Acción Popular (AP). El gobernador evitó que la protesta se plasmara en un paro general del comercio en la ciudad, pero no pudo impedir, pese a que condenó el atentado y cumplió con el protocolo visitando la capilla ardiente, que la crispación política se adueñara del sepelio. Es más, el atentado provocó algunos roces dentro del Frente Popular gijonés. El grupo municipal de IR propuso la condena del atentado, pero el alcalde exteriorizó su enfado por los «sectarismos» que habían rodeado el sepelio negándose a enviar una corona de flores y dejando de asistir a la conducción del cadáver.

Este ambiente partidista complicó el debut del gobernador. Con el paso de las semanas no parece que Bosque se ganara la confianza de la oposición, al no atenerse estrictamente a una posición institucional en el uso de los recursos gubernativos. A priori lo tenía difícil porque él no había creado las enrevesadas condiciones de la política asturiana. La imparcialidad no parecía una opción viable dadas las elevadas expectativas que la victoria del Frente Popular había despertado. El gobernador Friera navegó como pudo en ese contexto. Cuando Bosque llegó sabía que las Casas del Pueblo y los partidos del Frente Popular no esperaban de él que se pusiera muy legalista y fuera equidistante. Aunque no se cansó de repetir el discurso oficial de Gobernación sobre la tranquilidad absoluta, desde sus primeras semanas supo que tenía un problema con las agresiones de naturaleza política. Es significativo que cuando los periodistas le preguntaron por el motivo de la autorización de la concentración del Frente Popular del 29 de marzo, respondió que tenía por objeto mostrar adhesión al régimen y protestar contra los atentados. Es decir, que la violencia estaba ahí.

Bosque nombró delegados especiales para que, en su nombre, actuaran en los distintos concejos y le ayudaran a controlar el orden público. Por un lado, necesitaba ojos y oídos de confianza en una geografía administrativa tan dispersa y fragmentada. No se fiaba del desempeño de algunos alcaldes, que, de acuerdo con la ley de orden público, disponían de «la fuerza pública dentro de [su] término municipal» y estaban subordinados al gobernador en lo referido a «cuestiones de orden público». Pero también era consciente de que el problema de la violencia interpartidista no se debía exclusivamente a que los fascistas estuvieran campando por sus respetos. El nombramiento de delegados en personas de destacada significación izquierdista implicaba un riesgo de parcialidad que Bosque no desconocía. Pero también podía ser, en parte, una forma de canalizar institucionalmente lo que empezaba a ser un problema generalizado: la acción ilegal de pequeñas patrullas parapoliciales formadas por individuos de las juventudes obreras. De hecho, el secretario de Bosque reconoció que en Oviedo se estaban realizando cacheos por personas no autorizadas, pues, como añadió significativamente, en la capital no había esos delegados especiales nombrados para los pueblos.

Bosque comprobó tempranamente que algunos alcaldes actuaban como les venía en gana y no le informaban. Lo reconoció públicamente cuando anunció una circular para conminarles a que dieran cuenta por «el medio más rápido» de «cualquier suceso o incidencia que ocurra en su término municipal». La autoridad gubernativa, dijo, necesitaba estar enterada «en todo momento de cuántos acontecimientos se desarrollan». Esto muestra que el gobernador se sabía hurtado de información importante y que el nombramiento de delegados se debía, en parte, a la desconfianza en algunas autoridades locales.

Sea como fuere, el nombramiento de esos delegados resultó polémico desde un principio. El gobernador insistió una y otra vez en que su función era contribuir a «mantener el orden público» pero también admitió que tenían órdenes de «realizar labor de desarme». Esto segundo significa que Bosque no confiaba en los alcaldes y las fuerzas del orden a su mando, para la política de control de armas. Esta era una tarea primordial no solo para atajar la violencia en algunas localidades, sino también porque el Ministerio de la Gobernación había ordenado la retirada de las licencias de armas y la entrega de aquellas en los cuarteles. La opinión generalizada de los dirigentes del Frente Popular por todo el país era que las derechas habían sido armadas durante el segundo bienio y, por consiguiente, era urgente desarmarlas para acabar con la violencia de los fascistas.

El nombramiento de delegados gubernativos granjeó a Bosque la simpatía de socialistas y comunistas, casi tanto como le enemistó con las derechas. Lo segundo se debió a que durante las primeras semanas de abril los nuevos delegados se emplearon a fondo en la detención de derechistas. La ofensiva no se limitó a aquellos individuos a los que pudiera relacionarse con Falange o a los que se les presumiera alguna actividad ilegal. Las detenciones se desbordaron en algunos concejos y centenares de simpatizantes de la CEDA, jóvenes de las asociaciones católicas, incluso un buen puñado de sacerdotes, fueron detenidos por orden gubernativa y enviados a la cárcel. Las derechas denunciaron lo que consideraban un grave atropello consentido por el gobernador, con «las cárceles llenas de personas de derechas».

Desde las izquierdas, sin embargo, se celebró la determinación de los delegados, después de «quince meses de reacción ofensiva, de terror blanco, de fascismo católico». Los caballeristas, exultantes por la detención de un canónigo al que consideraban «piedra angular del caciquismo argüellista en Cangas de Onís», aplaudieron la actitud del gobernador y destacaron «la inteligente colaboración» prestada «en esta campaña de saneamiento» por «el delegado gubernativo local», un «ferviente republicano».

Las detenciones, paradójicamente, provocaron una movilización conservadora, pues miles de familiares de los detenidos se acercaban a las prisiones, convirtiendo las visitas en una forma de protesta política. Su prensa, sorteando parcialmente la censura, realizó una larga y activa campaña publicando información detallada sobre las detenciones. Es difícil cuantificarlas de forma precisa al haberse perdido casi toda la documentación gubernativa de la provincia para esos meses. En algún medio derechista se aseguró que a finales de abril había más de 200 detenidos en Oviedo y se superaban los 1000 en toda la provincia. La realidad presentaba cifras abultadas y el mismo gobernador reconoció unos 300 detenidos en la tercera semana de abril. Como la mayoría de los no vinculados a Falange eran puestos en libertad a los pocos días de su detención, la cifra del millar reflejaba la suma acumulada pero no la de los recluidos en ese momento.

A Bosque el asunto de los detenidos empezó a desbordarle a finales de abril. En repetidas ocasiones insistió a los periodistas para que publicaran que estaba revisando la situación de los detenidos y que iba poniendo en libertad a todos aquellos que no representaban un peligro para el régimen. Algunos llevaban varias semanas y, en ausencia de pruebas, retenerlos y no ponerlos a disposición judicial era un problema para la credibilidad de su papel institucional. Bosque lo sabía y en algunos casos pudo inquietarle, aunque no llegó a desautorizar abiertamente a ningún delegado. A lo más que llegó fue a insistir en que habían sido nombrados para pacificar los espíritus y que si él comprobaba que no había «trasfondo político» con el que justificar las detenciones, ordenaba inmediatamente la libertad.

Sin embargo, aunque Bosque fue consciente de que las arbitrariedades de algunos delegados no solo le enfrentaban con las derechas, sino que le desacreditaban en los mentideros de la política madrileña, todavía a finales de abril se negó a decretar la libertad de todos los detenidos ante la inminente celebración de las elecciones a compromisarios. Parece incluso que en torno a la primera semana de mayo recibió presiones de dirigentes de su propio partido, IR, para que destituyera a los delegados. Pero no lo hizo y siguió declarando públicamente que eran necesarios en algunos lugares. Lo que no pareció advertir con sus declaraciones era esta paradoja: cuando aseguraba que se estaba poniendo en libertad a la mayoría de los presos gubernativos, dejando solo a los que suponían un peligro, estaba reconociendo a su vez que los delegados se habían extralimitado, apartándose de un criterio restringido a la defensa del régimen. Él mismo declaró que había pedido a sus delegados «que no hicieran ninguna detención por venganza personal», lo que era, también, un sorprendente reconocimiento de que en algunos casos así estaba ocurriendo.

Para entender el contexto de la gestión de Bosque hay que señalar, no obstante, que desde mediados de abril y hasta bien entrado mayo los altercados violentos en las calles no cesaron. Él mantuvo las detenciones, pero también ordenó la liberación de muchos detenidos e insistió en que iba a «ser lo más ecuánime posible y solo practicaré las detenciones que considere indispensables». No obstante, se movió por la lógica que era habitual en el lenguaje de los dirigentes socialistas y comunistas por esas fechas, atribuyendo a los fascistas la responsabilidad por «los hechos recientes en los que se ha alterado el orden público». Ahora bien, si, por ejemplo, en Gijón la policía se empleó a fondo para registrar y detener a los falangistas, en otras localidades las detenciones gubernativas se amparaban en el concepto genérico de «fascistas» y englobaban a muchos jóvenes católicos y prohombres locales que no tenían vinculación con Falange.

A medida que avanzó el mes de mayo, la imagen de Bosque entre las derechas tendió a mostrarlo como un agente al servicio de la revolución, considerándolo responsable del celo anticatólico de delegados como el de Teverga o Bañugues. A veces sus declaraciones no ayudaron a reforzar su imagen institucional, como cuando admitió antes de la celebración del Primero de Mayo que confiaba más en los propios sindicatos que en las policías para asegurar el orden durante ese día. Y quizás más polémico, Bosque raramente censuró a los afiliados socialistas y comunistas cuando estos fueron responsables del inicio de algunos tiroteos en plena calle. Se limitó a decir en alguna ocasión que había ordenado por igual el desarme de derechas e izquierdas, si bien la actuación conocida de los delegados no parece que afectara casi nunca a los segundos. A favor de Bosque, no obstante, hay que decir que los activistas de Falange, hasta hacía poco minoritarios, adquirieron un protagonismo creciente en las calles de algunas localidades durante la campaña electoral y después. La ilegalización de ese partido y las órdenes de Gobernación para proceder a la clausura de sus sedes y la detención de sus afiliados, especialmente después de las violencias vividas durante las jornadas de celebración del 14 de abril, no supusieron su anulación. El gobernador pudo comprobar su fuerza en Gijón el 27 de abril. Ese día se celebraba el entierro del guardia civil Manuel Vela, asesinado por unos pistoleros izquierdistas cuando realizaba un control en una carretera. El sepelio se convirtió en una manifestación derechista y hubo incidentes. Bosque asistió y tuvo que soportar graves insultos y amenazas de un grupo de falangistas, encabezados por su jefe en Gijón, Enrique Cangas García. En medio de un revuelo considerable abandonó el acto escoltado y a toda prisa junto al alcalde de la ciudad.

Según algunas historias generalistas de la primavera de 1936, Bosque tuvo que dejar el Gobierno Civil por su gestión parcial y el aprieto en el que puso al Gobierno de Casares Quiroga. Enseguida se analizará lo que realmente se puede probar sobre su salida. Pero antes es oportuno señalar que durante buena parte de abril y mayo los problemas de Bosque no se resumieron en los delegados, las detenciones y la violencia. Lo más complejo de su gestión fueron los conflictos laborales y, muy especialmente, la paralización de la actividad de la cuenca minera en mayo. No hay espacio en este artículo para detallar los pormenores de ese conflicto y los aspectos de la crisis estructural de la actividad hullera. Baste una simple referencia a la acumulación de excedentes y a la imposibilidad de atender a las reclamaciones obreras del cese de los llamados «aterceramientos», para trabajar más días y aumentar así el salario. El problema, que se desencadenó a partir de mediados de mayo por el encierro de un grupo de mineros en un pozo de Cadavio, excedió a las capacidades del gobernador y acabó siendo negociado directamente en Madrid.

No obstante, la actividad de Bosque respecto de la crisis de la minería fue frenética, a sabiendas de las implicaciones de una extensión de la huelga y el hecho de que más de veinte mil obreros pudieran verse afectados. El gobernador no ocultó, al contrario, que su postura era favorable a las reivindicaciones de los mineros e insistió cuanto pudo en que tanto él como el Gobierno trabajaban para conseguir una solución. A menudo resaltó «la actitud pacífica de los obreros y su excelente espíritu de disciplina» y mostró su plena confianza en el papel de los dirigentes del SOMA en la negociación.

Esa proximidad al sindicato minero socialista y el hecho de que no se mostrara demasiado crítico con la actitud maximalista del sector anarquista, no contribuyeron tampoco a equilibrar su imagen entre la oposición y los empresarios. No obstante, el gobernador apoyó públicamente y sin medias tintas a los negociadores del SOMA y pidió a los mineros que se dieran cuenta de que «por el camino de la ilegalidad no consiguen nada positivo y además se obstaculiza la labor del Frente Popular».

Finalmente, la huelga en la cuenca minera se resolvió a mediados de junio después de que el Gobierno llegara a una fórmula de acuerdo con el sindicato socialista. Sin embargo, los problemas no disminuyeron para Bosque en la recta final de junio. Aparte de otros conflictos laborales y de una tensión social creciente con el precio del pan, hacia finales de mayo no había conseguido desactivar la polémica sobre la actuación de sus delegados, que seguía creciendo. En algunas zonas, como el valle de Langreo, la actuación arbitraria de comités locales de las izquierdas estaba añadiendo fuego a las huelgas y dificultando la vida comercial.

Las derechas aprovecharon cualquier resquicio que les dejaba la censura para denunciar la actuación de algunos delegados como el de Vegadeo, acusado de proceder a detenciones por la simple denuncia de los socialistas locales. Tuvieran más o menos razón, el problema de los delegados engordó como una bola de nieve y debilitó la imagen de Bosque. Además, a finales de abril una comisión de la industria y el comercio asturianos había viajado expresamente a Madrid para reunirse con Azaña y pedir «la debida protección y las necesarias garantías». Su crítica dejaba en muy mal lugar al gobernador, pues sostenían que al «decaimiento extremo» de la economía asturiana se sumaban los efectos de «la pasión política», con «frecuentes declaraciones de boicot» basadas en «enemistades de partido» y con una caída de la productividad desde el 18 de febrero.

El fin de semana del 23 y 24 de mayo se había vivido en Oviedo un gravísimo episodio con un prolongado tiroteo entre izquierdistas y guardias de Asalto. El gobernador no dudó un momento en considerar que la responsabilidad en el desencadenamiento de la violencia recaía en los oficiales de la policía. En una nota pública dejó claro que estos habían desobedecido las órdenes de la autoridad provincial. Pidió a Madrid que se cesara a algunos responsables de los guardias de Asalto ovetenses y así se hizo. De la misma manera que tras los sucesos durante el entierro del guardia Manuel Vela se había trasladado a varios mandos de la Guardia Civil. Todo esto, sin embargo, no contribuyó a consolidar la autoridad de Bosque. Es verdad que le valió la confianza de los socialistas y los comunistas, pero la derecha lo convirtió en el blanco de sus críticas y acabó utilizando su caso para atizar al Gobierno en las Cortes. No es casualidad que el día 28 de mayo, en pleno ascenso de los rumores sobre su salida y tras la grave crisis provocada por la actuación de los guardias de Asalto de Oviedo, Bosque se decidiera finalmente a anunciar que iba a firmar el cese de todos los delegados gubernativos porque consideraba «cumplida la finalidad que determinó» su nombramiento.

En la última semana de junio solo media docena de delegados seguían en activo y la conflictividad laboral mejoraba. Sin embargo, Bosque estaba ya en la cuerda floja. En ese mes las detenciones parecían haberse restringido al círculo de los falangistas, pero no habían cesado las denuncias por la existencia de controles y cacheos ilegales. Que había un problema con eso, más allá de exageraciones derechistas, y que el gobernador era consciente lo muestra la circular que este envió a los alcaldes a mediados de junio, un indicio del desafío a la autoridad planteado por eso que las derechas llamaban «Guardias Rojos». Bosque conminaba a los alcaldes para «que dediquen especial atención a la cuestión de orden público, para mantenerlo con la energía necesaria, no permitiendo la actuación de persona alguna que no acredite debidamente su función de agente de la autoridad».

El día 16 de junio el diputado derechista José Calvo Sotelo, durante una intervención parlamentaria en un debate auspiciado por la CEDA, denunció con la visceralidad de que hacía gala en esas semanas que los gobernadores civiles estaban «presidiendo el caos». Y señaló a uno «entre ellos y al frente de ellos», el de Asturias, al que llamó «anarquista con fajín». Dos días más tarde recibió un telegrama oficial procedente del Gobierno Civil de Oviedo. Merece la pena copiarlo entero porque a veces se ha reproducido una versión mutilada del mismo:

Calvo Sotelo calificó de «intolerable» que un subalterno del Gobierno se dirigiera en esos términos a un diputado protegido por el fuero parlamentario. El presidente de las Cortes le contestó que, «en principio», consideraba el telegrama como «apócrifo», pero qué pediría al Gobierno que se hicieran las averiguaciones pertinentes.

De inmediato, el mismo día 18, Bosque desmintió los rumores que aseguraban que había dimitido por mor del telegrama. Pero no negó explícitamente que fuera suyo. Cinco días más tarde, el 23, matizó que su cargo había estado «siempre, naturalmente, a disposición del Gobierno». En ese momento su secretario, a preguntas de los periodistas sobre si era apócrifo el telegrama, aseguraba que no podía hablar de eso. Al día siguiente, Bosque declaró algo que contradecía todo lo anterior: «reiteradas veces he presentado al Gobierno la dimisión del cargo»; pero siguió negándose a reconocer la autoría del telegrama.

Este último cambio de versión se explica por lo que ocurrió el día 23 en las Cortes, cuando la oposición forzó un debate sobre el telegrama. Su portavoz, el catalanista Ventosa, intentó acorralar al Gobierno apelando, en virtud de la inviolabilidad parlamentaria, a su obligación de proteger a los diputados frente a toda clase de injurias o amenazas. No pudo demostrar que el telegrama fuera de Bosque, pero dijo que este no lo había desmentido, que la censura no había impedido su publicación y que la prensa asturiana había identificado su origen en el Gobierno Civil. Para poner en apuros al Ejecutivo, Ventosa preguntó si se había pedido a la Fiscalía que instruyera diligencias. El ministro de la Gobernación, Juan Moles, respondió breve pero tajantemente: el gobernador le había asegurado que no era el autor del telegrama. Lo sorprendente es que admitió que Bosque había presentado su dimisión a la vista de las «posiciones» que se «querían adoptar» sobre «una supuesta actitud» suya.

Si el telegrama era apócrifo, ¿por qué dimitir? Una posibilidad es que Bosque sí fuera el autor y, no habiendo logrado el respaldo del Gobierno, dimitiera o le obligaran a renunciar. Esto es lo que algunos autores han dado por bueno un tanto especulativamente. Lo que no se entiende bien, en este caso, es su negativa a reconocer la autoría desde el primer minuto. Es lo mismo que desentona en el razonamiento expuesto por Gil-Robles en sus memorias muchos años después, cuando dijo que: «Nadie, y menos el Gobierno, podía dudar de la autenticidad del telegrama». Otra opción es que Bosque no fuera el autor, pero que el telegrama hubiera salido del Gobierno Civil y el Ejecutivo, teniendo en cuenta que la máxima autoridad provincial estaba siendo cuestionada por su actuación con los delegados, no quiso ampararlo y aprovechó para deshacerse de él.

En todo caso, no es cierto que, como ha señalado algún autor, Bosque fuera «obligado a dimitir» por unas declaraciones a Mundo Obrero en las que había defendido la labor de algunos delegados gubernativos afines al partido comunista. Primero, porque esas declaraciones se habían publicado un mes antes, el 20 de abril. Segundo, porque sus palabras fueron manipuladas por el periódico comunista, poniendo en su boca comentarios que él desmintió rotundamente en una nota recogida al día siguiente por la agencia Febus. De hecho, Mundo Obrero tuvo que publicar una aclaración el día 21 que fue, aunque lo disfrazaran de otra cosa, una rectificación.

De lo que no hay duda es de que la manipulación de Mundo Obrero jugó en contra de Bosque, pues si bien para los comunistas y los caballeristas el gobernador era un ejemplo de determinación, las derechas utilizaron esa supuesta apología de la arbitrariedad de los delegados como un ejemplo de lo que Calvo Sotelo llamaría el «caos» presidido por los gobernadores con el beneplácito del Gobierno.

Por eso el líder monárquico puso a Bosque como ejemplo el día 16 de junio y lo calificó de «anarquista con fajín». Y, así, cuando estalló la polémica del telegrama las derechas se encontraron con una oportunidad de oro para debilitar al Gobierno. Y lo que era más importante, para hurgar en la herida de la división del Frente Popular. Porque los socialistas y los comunistas reaccionaron airadamente contra la decisión del Ejecutivo de dejar caer a Bosque. Todo era una maniobra contra un «hombre decente» que cumplía «con su deber de aplicar la política del Frente Popular», auspiciada por «la canalla de la reacción asturiana», según los comunistas. Claridad atacó directamente al ministro Moles por ofrecer la cabeza de Bosque y aseguró que muchos «diputados republicanos» estaban disgustados. Y no fueron solo los caballeristas, puesto que El Socialista consideró el debate sobre el telegrama del «fascista señor Calvo Sotelo» como «un triunfo» injustificado de las derechas.

Es más, el grupo parlamentario socialista celebró una tensa reunión porque sus diputados se revolvieron contra la salida de Bosque, que atribuyeron a la «gestión moderada» del ministro de la Gobernación. El ejecutivo tuvo que esmerarse para aplacar los ánimos de sus socios y, aun así, en Asturias se sucedieron numerosas muestras públicas de protesta exigiendo que Bosque siguiera en su puesto. El día que se conoció su salida circularon por Oviedo octavillas de protesta y se improvisó una manifestación con varios cientos de personas. El Gobierno Civil quedó en manos de un titular interino, Carlos Martínez, presidente del comité provincial de IR. Este confirmó al día siguiente que, finalmente, no se había declarado la huelga general en protesta por la salida de Bosque, aunque sí había paros allí donde los mineros socialistas quisieron mostrar su apoyo al ya ex gobernador, como en Mieres o Sama de Langreo. El día 9 de julio llegó un nuevo gobernador, Isidro Liarte Lausín, que también era de Izquierda Republicana y había estado en el Gobierno Civil de Baleares. Su presentación lo fue en términos conciliadores, sabedor de la tensión existente, pero apenas tendría ya tiempo para hacerse con las riendas del gobierno provincial antes de la guerra civil.

Los socialistas y los comunistas defendieron con firmeza a Bosque. Lo que muestra su reacción es que el gobernador se había ganado la confianza de los grupos que realmente controlaban el Frente Popular asturiano, que no eran precisamente los de IR, su partido. Como hemos visto, esa confianza no fue solo fruto de su parcialidad en la gestión del orden, como argumentaba la derecha monárquica. Sin duda, Bosque, a diferencia de su predecesor, se mostró implacable en la aplicación del principio de defensa de la República frente a los llamados enemigos de la reacción. Pero en esto no se le puede atribuir toda la responsabilidad, pues fue su Gobierno, primero con Azaña y más claramente a partir de la llegada de Casares Quiroga a la presidencia en mayo, el que se declaró «beligerante» contra el «fascismo». Si el Ejecutivo consideró que Bosque o sus delegados se estaban extralimitando, no se entiende por qué no lo cesó antes, a sabiendas de que había muchos detenidos que no eran falangistas y el orden público estaba acusando el gravísimo problema de los cacheos ilegales. El apoyo férreo de socialistas y comunistas se debió también, y quizás en primer lugar, a que Bosque se mostró muy empático con las reivindicaciones sindicales socialistas y presionó a menudo a la patronal, marcando un perfil propio.

La razón por la que el ministro Moles ofreció su cabeza en el debate parlamentario del 23 de junio no está clara con las fuentes disponibles. Que Bosque no reconociera desde el primer momento la autoría del telegrama, sabiéndose respaldado por los socialistas y los comunistas, resulta extraño. Más todavía que lo negara durante el tiempo que pasó hasta que el diputado Ventosa puso contra las cuerdas a Moles en el hemiciclo. Y no se entiende que Casares cediera ante la presión de las derechas, teniendo en cuenta su fama de duro en Gobernación y cómo había planteado su defensa del régimen republicano frente al fascismo nada más llegar al Gobierno. Con razón los socialistas no se explicaban la derrota parlamentaria del Gobierno en el caso del telegrama. Algo sucedió antes del debate del 23 de junio que explica la decisión del Ejecutivo de cesar a Bosque; y tuvo que ser algo por lo que merecía la pena arriesgarse a una fractura en el Frente Popular y a una interpretación de que la derecha había logrado la cabeza del gobernador. Puede que el Gobierno estuviera censurando la actuación de Bosque y atribuyéndole una política gubernativa arbitraria. Pero entonces no encaja que no acabara con él antes, cuando el escándalo por la tergiversación de su entrevista en Mundo Obrero; y menos aún que no lo cesara antes de que las derechas llevaran el telegrama al Parlamento para evitar la encerrona. Lo más plausible es que el Gobierno decidiera dejarlo caer. Podría ser que el telegrama fuera suyo y el Gobierno no quisiera admitirlo, zanjando la cuestión con su salida y aprovechando para librarse de un gobernador que parecía extralimitarse en el celo antifascista. Pero tampoco hay que descartar que Bosque, sintiéndose desamparado por el Gobierno, presentara su dimisión.

En todo caso, no parece prudente afirmar rotundamente que el Gobierno hizo «un torpe intento de hacer pasar ese telegrama como una falsificación», dando plena credibilidad a las fuentes derechistas. Esto implica dar por buena la crítica inicial de Calvo Sotelo y asimila a Bosque con un ejemplo de los gobernadores que permitían el «caos». Lo que esta investigación muestra, sin embargo, es una versión más matizada y contextual. No ha habido espacio para desarrollar en profundidad algunos asuntos como la gestión del orden público, el enfrentamiento de Bosque con algunos mandos de la Guardia de Asalto en Oviedo o las diferencias con la patronal y el comercio, pero sí se ha podido comprobar que Bosque fue lanzado desde Huesca a una provincia que no conocía y que era, con diferencia, una de las más conflictivas y donde el rechazo de los afiliados socialistas hacia la Guardia Civil era más acusado.

Que Bosque no se ajustara a una gobernanza más empática con las derechas es evidente, pero que se apartara de las directrices de Gobernación y practicara una política que disgustaba totalmente al Gobierno es discutible, por lo que algo no acaba de encajar en la versión de que fue cesado por nombrar delegados extremistas. Si esto hubiera sido así, Bosque tendría que haber caído a finales de abril, pero ni siquiera en los primeros días después de conocerse el telegrama él emitió ninguna señal de sentirse desautorizado por el Gobierno. Por el contrario, la resolución que dictó el Ministerio de Industria para el conflicto de la minería, dando satisfacción a las demandas del sindicato socialista, supuso un respaldo implícito a la gestión del gobernador.

Por otra parte, poco antes de la polémica por el telegrama, el gobernador intentaba atajar las arbitrariedades cometidas por los extremistas de izquierdas en algunas localidades. Siguiendo órdenes expresas de Madrid, envió una circular ordenando a todos los alcaldes que impidieran «por todos los medios a su alcance» la actividad de vigilancia y control de las calles por personas que no fueran agentes de la autoridad, advirtiéndoles de que castigaría «cualquier negligencia o pasividad». También les exigió que advirtieran a «las entidades obreras y campesinas», así como a «los elementos patronales» de que serían sancionados si declaraban huelgas ilegales o incumplían las bases de trabajo.

Además, en el haber de Bosque estaba la disminución de la conflictividad laboral hacia mediados de junio y una política de orden público que, aun cuando las derechas tildaran, con razón, de parcial, también pudo haber impedido choques muy graves entre las fuerzas policiales y los ciudadanos. De hecho, podría no ser una casualidad que todas las víctimas mortales de la violencia en Asturias entre finales de marzo y finales de junio lo fueran por atentados y agresiones por disputas sindicales o venganzas partidistas, o por choques directos entre militantes, pero ninguna por cargas policiales o enfrentamientos con los guardias.

Lo que muestran las fuentes consultadas es que Bosque estaba cercano a los dirigentes del SOMA, pero no a los anarcosindicalistas del Sindicato Metalúrgico, cuyas posturas maximalistas criticó. Es significativo que socialistas y comunistas apoyaran el paro general en protesta por su salida y los dirigentes de la CNT de La Felguera no lo hicieran. Por lo tanto, difícilmente podía ser «un anarquista con fajín». Esta investigación apunta a que Bosque, en medio de un contexto muy complejo, no ejerció un liderazgo ponderado y sus decisiones primaron, en varias situaciones, la satisfacción de las demandas de las izquierdas obreras y del discurso de la beligerancia contra el fascismo, minusvalorando el grave impacto lesivo sobre los derechos de los perdedores de febrero y los empresarios. Pero también revela que la imagen esgrimida por la derecha monárquica en las Cortes, que se agudizó hasta el delirio en la postguerra, puede haber contaminado algunos juicios historiográficos, convirtiendo a Bosque en el paradigma del sectarismo en aquella primavera. En ese sentido, interesa recordar la frialdad vengativa de la declaración de Aranda en 1941, que debería bastar para prevenir contra la tentación de simplificar en exceso. El entonces general llegó al extremo de acusar impunemente a Bosque, asegurando, sin pruebas, que aquel «organizó o facilitó al menos la ejecución de varios atentados entre ellos el que ocasionó la muerte del exministro reformista Sr. Martínez». Ni siquiera le frenó el hecho de que el exgobernador hubiera sido asesinado durante la guerra, víctima de la represión política.