A lo largo de la época medieval catalana conceptos como los de identidad, nación y tierra presentaban una cierta similitud que reflejaba el pensamiento social, cultural y político de todo el país. De un país que, aunque mayoritariamente estaba regido por una oligarquía, esta desde tiempos del feudalismo señorial había obtenido la firmeza con el apoyo de una parte del pueblo. En el fondo una proporción importante de la soberanía catalana recaía en los miembros catalanes, más allá de la soberanía monárquica que quería la Corona. En este trabajo tales cuestiones no van a ser definidas y recomiendo al lector que estudie con profundidad toda una serie de artículos que ha escrito o aun coordinado Flocel Sabaté y en especial el titulado «L’origen medieval de la identitat catalana». También este concepto de identidad se encuentra en Aragón, Valencia, Mallorca y aun fuera de España en Portugal y Francia. El lector puede observarlo en los autores y sus trabajos que están citados en la bibliografía. Ahora bien, sería una contradicción intentar hacerlo aquí de manera más detallada, cuando se me ha pedido las relaciones de todos estos temas con la nueva dinastía castellana que, tras el Compromiso de Caspe en 1412, llegó a Cataluña: los Trastámara. Se ha dicho y Vicens Vives lo reiteró que de los 6 votos, que auparon al trono a Fernando I, el clave fue el del único catalán que le votó: el representante de la ciudad de Barcelona, Bernat de Gualbes, con la idea de que el desconocimiento del rey sobre el país permitiese que este último pudiera ser gobernado más fácilmente. En realidad ¿cómo fueron estas relaciones en la mayor parte del siglo XV y primeros años del XVI?

De entrada, pueden hacerse etapas distintas en su evolución, así como se ha de subrayar el juego de las instituciones políticas del país que, originadas mucho antes de la llegada de los Trastámara, solían llevar implícitos los conceptos señalados al principio. Básicamente ante todo son las Cortes que, a través de la convocatoria regia en la todavía precaria asamblea de 1214, van reuniendo a los representantes de los tres estamentos que la conforman: Iglesia, nobleza y ciudades. Aquellas Cortes por su función representativa ya consolidaban la imagen de Cataluña como comunidad e institucionalizaban su incidencia al más alto nivel político mediante su articulación en brazos que primero han de llegar a acuerdos entre ellos y después negociar con el monarca la creación de nuevas leyes —constituciones— y el pago del servicio pedido por el rey.

Pero este último pronto tuvo un problema económico que se agravó con las constantes guerras que mantuvo Pedro el Ceremonioso. Como el servicio real votado en Cortes tardaba mucho en cobrarse, el rey Ceremonioso creó en las de Cervera de 1359 una comisión que, salida de aquellas Cortes, tendría una duración permanente cuando estas se cerrasen así como ocurrió con todas las Cortes siguientes. Con el paso del tiempo el poder económico que se originaba por las circunstancias del cobro del servicio, engrandeció a esta Diputación General de Cataluña. Es más, la cuestión se incrementó cuando la Diputación puso deuda pública en el mercado —los famosos censales— con la obligación de pagar los intereses a todo aquel que compraba los censales, mientras estos no fueran devueltos a sus acreedores. No se podía cerrar una institución que gozaba de aquella deuda y por eso todo intento del rey Ceremonioso de acabar años después con la Generalitat —nombre también de la incipiente institución creada— o de disminuirla al máximo, acabó en fracaso. Así la Diputación resistió cualquier incumbencia real en tiempos de Juan I (1386-1397) y de Martín el Humano (1397-1410) y llegó a la época de los Trastámara llevando en sí misma las esencias de la identidad, la nación y la tierra, al igual que las Cortes, pero con la diferencia de su constante permanencia.

Contados estos precedentes en la anterior síntesis muy apretada, se ha de concluir que las relaciones entre la realeza Trastámara y las instituciones del país, que llevaban en sí parte de la soberanía del territorio, fueron mucho menos conflictivas al principio que en los años posteriores. Esto ya se observa en la propia actuación del rey Fernando I. Porque Fernando conocía sus limitaciones y quiso congraciarse con la mayoría de sus súbditos. No fue precisamente nada baladí la inclusión formal de la lengua catalana en las tareas domésticas como ha señalado Flocel Sabaté, ni tampoco la afirmación del monarca de que la «nostra nació ne será amada, temuda e honrada», posiblemente por la política pensada por el rey en relación a Cerdeña. Menos aún el hecho de que el monarca en 1413 aceptase sancionar y consolidar institucionalmente la Diputación del General como el organismo que justificaba la representación permanente de las Cortes. Esta idea de una cierta moderación del rey frente a las posibles peticiones de sus súbditos se ve con claridad en las Cortes de 1412-1413, pero ya no tanto en las de 1414. En las primeras Fernando pronunció un discurso real para poder hacer justicia por todos los daños producidos, así como velar por el cumplimiento de todas las leyes. También solicitaba un servicio para «viure segons nostre stat requer».

Pronto Fernando comenzó a notar que no le sería fácil reinar en Cataluña. A la solicitud del servicio los estamentos eclesiástico y urbano contestaron que se lo pensarían, pero la nobleza le replicó que «no us son tenguts subvenir tots temps, salva la honor de vostra reyal Dignitat, en res ni consenten en vostra demanda». Al final la petición real fue aceptada con 185.500 libras que asumiría la Diputación con una condición: la forma y los términos del pago serían competencia del arzobispo de Tarragona, no del rey. Por algo la Diputación tenía la responsabilidad de defender las constituciones, los usatges, los capítulos de Corte y las leyes generales del Principado, la cual además fue confirmada como ya se ha dicho antes. El monarca, por otra parte, tuvo que aceptar las dieciséis constituciones que se le presentaron en aquellas Cortes, algunas de ellas muy cercanas al dominio casi feudal como la de «Com a molts». Esta prohibía la reunión de sindicatos y campesinos remensas en un claro retroceso a los intentos más positivos de la dinastía de Juan I y Martín el Humano. Más aún, se puso freno al proceso de redención del patrimonio real, se limitó la acción de los sacramentales —milicias urbanas más próximas al rey— y se obligó al monarca y a sus familiares a pagar los derechos fiscales de la Diputación. Todo ello, por lo demás, en medio de la revuelta del conde catalán Jaime de Urgel. Ante esto el rey Fernando necesitaba ayuda en Cataluña y plegó velas en la Monarquía, acción muy distinta a la que se produjo en las Cortes de Montblanc de 1414, cuando Fernando se sintió más consolidado vencido el conde de Urgel.

Pero aquí el rey Fernando se equivocó pensando que en aquellas primeras Cortes de 1413 había logrado mediante un decreto real impedir para siempre la creación de un segundo brazo nobiliario en Cortes que ya se le había propuesto en el siglo XIV a Pedro el Ceremonioso. Ahora Fernando en su discurso de 1414, tras agradecer la ayuda catalana, pensó en incrementar su soberanía. Pero la oposición del pactismo identitario catalán no lo aceptó por mucho que hubiese apoyado por legalidad a su rey, quien en opinión del pactismo catalán tenía que seguir obedeciendo a su territorio. Esta doble visión contrapuesta tuvo graves consecuencias. Por un lado, Fernando se rodeó de colaboradores castellanos que incluso fueron tratadores del rey para negociar con los brazos en Cortes; quiso ampliar la redención y recuperación del patrimonio real y lograr la utilización del usatge «Princeps Namque» que permitía a la Corona convocar una milicia popular.

Nada de esto se consiguió fácilmente. Es más, el rey se vio separado de la administración de la justicia, que debería recaer sobre un regente designado por el monarca, pero a propuesta del canciller y vicecanciller del Principado: se iba hacia la Real Audiencia. Pero, sobre todo, se le negaba el servicio real. Así las cosas, Fernando, haciendo uso de su permisibilidad legal, no tuvo otra opción que dar un portazo a las Cortes de Montblanc a principios de diciembre de 1414. El primer rey castellano y extranjero, según numerosas voces populares, acababa enfrentándose al núcleo oligárquico y pactista que lo había confirmado en Caspe. Porque fue entonces cuando sirvientes de intendencia del monarca compraron en una tienda de Barcelona pescado fresco sin pagar los impuestos de la urbe. Para colmo un episodio realmente poco importante ratificaba la afirmación anterior en febrero de 1416. Y eso no se podía tolerar. Los consellers de la ciudad condal se hicieron cargo de ver al rey y exigirle el pago. En concreto Juan Fiveller dijo al monarca que el dinero público no le pertenecía y, en consecuencia, que estos impuestos los había de asumir. Tal vez este hecho fuera una anécdota como la calificó Vicens Vives en su obra citada. Pero la oligarquía catalana no podía dejar de protestar por una infracción real en el sistema impositivo de Barcelona. Para Soldevila, contrario a Vicens Vives, la pretendida anécdota fue una demostración clara de que ya no había reyes catalanes. Fuera lo que fuese, Bernat de Gualbes acabó con el embrollo al pagar de su bolsillo las cantidades debidas. Pero el rey ya enfermo quiso marchar de Cataluña hacia Castilla, aunque murió el 2 de abril de 1416 en Igualada.

Si Fernando I tuvo siempre en Cataluña el obstáculo de su castellanidad y extranjería, Alfonso V el Magnánimo no consiguió desprenderse de esta herencia dado que, además, estuvo durante muchos años lejos de Cataluña. En parte los problemas que atendió eran también los del Principado, ya que este último se abocaba mucho en el comercio mediterráneo y el rey quiso al principio hacerse con el gobierno definitivo en Cerdeña y Sicilia, territorios que sin duda alguna interesaban al mundo catalán. Otra cosa sería la conquista de Nápoles no bien vista por determinados grupos catalanes.

Pero dejando para más tarde el reino napolitano, el rey Alfonso ya desde septiembre de 1416 y hasta 1420 mantuvo en parlamentos y Cortes catalanes que su objetivo inicial era estabilizar Cerdeña y Sicilia, lo que no logró el último rey de la anterior dinastía como fue Martín el Humano. En septiembre de 1416 Alfonso ya se dio cuenta de las dificultades catalanas cuando pidió un servicio para utilizarlo en Italia. Todavía el brazo eclesiástico y el real se avinieron a discutir con el monarca diciéndole que fuera justo y mantuviese principios de buen gobierno. Pero el brazo nobiliario se opuso al soberano: pensó que este quería redimir su patrimonio real y que podía ayudar al grupo remensa. Por esto designó una comisión de catorce personas para formalizar unas verdaderas Cortes que establecieran bases más sólidas de su pactismo. Nombraron además a cuatro miembros de la pequeña élite de catorce como mantenedores de las leyes de la tierra y como perseguidores de todo aquel oficial —pensaban en asesores reales castellanos— que incumpliera las constituciones del país. Ante esas pretendidas imposiciones Alfonso V actuó como su padre Fernando y cerró esa primera reunión. Entretanto fue a Aragón y a Valencia en donde vivió hasta 1418. A mediados de aquel año una embajada de catalanes en Valencia pidió al rey que regresase a Cataluña y convocase unas verdaderas Cortes, tal como se hizo en marzo de 1419 en Sant Cugat del Vallés y después en Tortosa.

Pese al fracaso de 1416, seguramente Alfonso V aún no se había percatado de dónde estaba. En el discurso de inauguración de las Cortes de 1419 el rey argumentó que la convocatoria de estas Cortes y el servicio monetario que pedía eran de gran utilidad para el Principado, ya que quería defender los territorios italianos para el comercio catalán. Pero la respuesta de los representantes en Cortes no fue la que él esperaba, sino la que ya había oído en relación a que el monarca hiciese bien la justicia y ofreciera un buen gobierno en Cataluña. Ante esto, el Magnánimo se marchó de Sant Cugat dejando a su mujer María como lugarteniente para que presidiese momentáneamente estas Cortes. Fue el momento en el que el obispo de Vic aconsejó al rey que «si lexarà la Senyora Reina lochtinent, sia de sa mercè i vulga elegir e dar gran e solenne consell». En una palabra, a través del obispo las Cortes dudaban de la capacidad y legalidad de la reina.

Poco después el monarca volvió y trasladó las reuniones de Sant Cugat a Tortosa dadas las quejas parlamentarias de que Sant Cugat era una villa muy pequeña a la que había que ir diariamente desde Barcelona. Tortosa, por el contrario, se ubicaba en un lugar con una distancia similar entre Valencia, Barcelona y Zaragoza y además se encontraba en la costa, cuestión importante porque el rey pensaba marchar hacia Italia poco tiempo después. Y aunque logró reducir 47 capítulos de Cortes en 13 normas constitucionales, al monarca le cayeron peticiones de alto contenido pactista. Porque su Consejo Real debía ser designado con la intervención y aprobación de las Cortes; porque la Audiencia Real pudiese emitir juicios sin remisión de causa alguna al monarca; porque las cartas y provisiones reales opuestas a los usatges y constituciones de Cataluña no tuvieran valor legal alguno; porque las llamadas lluïcions reials —partidarias del rescate del patrimonio real— se paralizasen. Y aún se intentó frenar toda actividad del campesinado remensa.

No obstante, la cuestión más importante de estas Cortes fue la respuesta del rey a todos estos intentos cuando afirmó rotundamente que «les regalies del príncep» de necesidad o urgencia no podían ser comunicadas a los súbditos si no era «en son franc arbitre». Vicens Vives ya había valorado todas las peticiones anteriormente citadas, pero sin duda alguna escribió que el arbitrio real —el concepto más importante— comprometía a todo el edificio del constitucionalismo catalán. Motivo por el que los brazos en Cortes aseguraban que ningún oficial por muy alto rango que tuviese, incluyendo el rey, podía interpretar de palabra o hecho las constituciones de Cataluña en una clara referencia a su soberanía. Así las cosas, el monarca, que ya había conseguido tiempo atrás un servicio de 60.000 florines, disolvió las Cortes y desde los Alfaques viajó hacia el Mediterráneo de las grandes islas italianas.

Entre mayo de 1420 y diciembre de 1423 Alfonso el Magnánimo se alejó de su Corona de Aragón. En ese tiempo se preocupó de normalizar la isla de Cerdeña que pasaba a manos del rey Alfonso. También se interesó por Sicilia, estabilizada en aquellos momentos, e incluso intentó hacerse con Córcega. Además, aceptó la oferta de Juana II de Nápoles para ser su heredero en aquel territorio, aunque no lo consiguió dada la negativa última de la reina, la presencia del angevino Luis III y aun la oposición del papa Martín V. Al final el rey tendría que volver a la península, pero antes convenció a su esposa María para que convocase nuevas Cortes desde marzo de 1421, primero en Tortosa y luego en Barcelona, para solicitar ayuda económica y el envío de una armada naval a Nápoles. Ahora bien, María, que pronunció el discurso de apertura en favor de su marido, recibió una respuesta del abad de Montserrat. Este, sin oponerse a tal presidencia, leyó como réplica inicial de las Cortes que la reina tenía que armarse de tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, así como procurar una concordia con los tres brazos en Cortes alejada de cualquier discusión. Como preludio el abad ya comenzaba a señalar cómo serían estas Cortes.

Sea como sea el rey necesitaba este apoyo señalado y los parlamentarios catalanes se lo dieron, pero a cambio de muchas concesiones que el monarca tenía que hacer: se insistió sobre la primacía absoluta de los usatges y de las constituciones y capítulos de Cortes como fondo legal del pasado sin ningún otro texto jurídico. También se le propuso la prohibición de nombramientos de comisarios regios, mientras que la Diputación del General de Cataluña podía escoger a un representante suyo cerca de la corte real para reclamar el respeto a la legalidad. Esta era tan importante que llegó a escribirse que «lo fruit [fruto] de les lleis és observància d’aquelles, en altra manera en va son ordenades». Y aun se obtuvo una nueva constitución «havents a Cort». Esta norma quiso establecer un proteccionismo en la industria textil catalana, ya que la oligarquía catalana y más la ciudad de Barcelona veían problemas en la política mediterránea italiana de Alfonso cuando en 1422 escribió que «los navilis e mercadería diminueixen e los guanys e profits s’emporten altres nacions». En realidad, se pensaba en el Mediterráneo oriental. No obstante, el mundo catalán a través de sus identidades le señaló al rey que tenía que volver a Cataluña y cumplir con «un deute degut per ordre de matrimoni a la molt excel·lent senyora reyna» o de lo contrario el rey no tendría hijos legítimos y los posibles naturales «no poden succehir en vostres regnes». Dadas estas frases casi amenazantes, el rey no tuvo más remedio que volver a la península, pasando previamente por la Provenza angevina y devastando la ciudad de Marsella. Poco después el soberano entraba el 9 de diciembre de 1423 en el puerto de Barcelona. Su primer viaje a Italia terminaba e iba a empezar el mayor tiempo de estancia peninsular de Alfonso V entre 1424 y 1432.

En realidad, para Cataluña estos años, hasta prácticamente el de 1430, no fueron muy importantes. Parecía que el rey Alfonso se inclinaba más a resolver y convocar Cortes en Aragón y en Valencia, ciudad que se había convertido entre 1425 y hasta cerca de 1432 en la capital de la Monarquía, debido a los préstamos en ese momento ya concedidos al rey. Una Corona que sí se preocupó entonces por apoyar a los llamados «Infantes de Aragón», los hermanos del rey como fueron Juan y Enrique que entraron en conflicto por cuestiones de propiedades y de cierta soberanía con el rey castellano Juan II. Hasta la tregua de Majano de 1430, en aquellos años pareció ser Castilla el territorio que casi suplantaba al soñado, pero aún perdido Nápoles. Solo a finales de 1429 Alfonso V convocó Cortes catalanas en Tortosa que se inauguraron el 19 de noviembre en parte por la pugna con Castilla. En ellas el rey, además de solicitar su servicio, les pidió un consejo dándoles a los parlamentarios catalanes una mayor parcela de poder propio.

Esto además se hizo en los momentos en que Juan II de Castilla quiso congraciarse con las Cortes de Aragón, Valencia y estas de Tortosa, preguntándoles si todas ellas reivindicarían en su favor —el del castellano— las pretensiones de los infantes de Aragón. Aragoneses y valencianos rechazaron sus propuestas, pero no tanto los catalanes. Estos pidieron al rey castellano que depusiera las armas, pero a Alfonso le dijeron que ellos también tenían áreas de soberanía para suplantarlo, ya que los dignatarios catalanes no veían con buenos ojos esos conflictos. Era esta la segunda vez que desde Cataluña su majestad oía este malestar catalán que interrogaba hasta cierto punto la legalidad del poder monárquico. Por si faltaba algo, al monarca Alfonso el Magnánimo solo se le dieron como servicio 30.000 florines, la mitad de los que él había solicitado. El soberano se alejó de Cataluña y dejaba aquellas Cortes a su esposa María que las disolvió en mayo de 1430. Entonces aires napolitanos soplaban en la Monarquía en paralelismo con las treguas castellanas de Majano.

Pese a la actitud napolitana Alfonso V todavía actuó con prudencia al igual que la tuvo con Castilla. Él desde 1431 empezaba a ver que los problemas más urgentes los encontraba entre Mallorca y Barcelona, debido a la compra ya desde finales del siglo XIV que los acreedores barceloneses habían hecho respecto a la deuda pública de la ciudad y reino de Mallorca. En julio de 1431 Alfonso decidió por la Concordia de Barcelona que las pensiones mallorquinas de los censales barceloneses fueran pagadas, cuestión que alegró mucho al mercader barcelonés, pero no tanto al mallorquín que había comprado también parte de esa deuda. El problema, por tanto, el rey lo había resuelto solo unilateralmente, y en poco tiempo se le volvería a plantear.

Ahora esa Concordia le permitía convocar Cortes en Cataluña en agosto de 1431 para, como dijo él en su discurso de presentación, «redreçar la justicia e dar degut ordre en aquella». Parecía que el monarca quería congraciarse con sus súbditos catalanes. Pero solo lo parecía porque estos últimos en cuestiones administrativas se retrasaron meses en iniciar las verdaderas Cortes, hasta el punto de que el rey se inquietó y ya en marzo de 1432 dio a sus estamentos pocos días para limar asperezas. Además, el monarca no podía permitir que las Cortes tomasen responsabilidades suyas como era el nombramiento de los cargos de canciller, vicecanciller, regente de la cancillería y otros consejeros oficiales. Las reformas reales se posponían y Alfonso viajó hasta Valencia, si bien pronto regresó a Barcelona y casi se vio obligado a aceptar propuestas de sus parlamentarios. Tres lo fueron sin duda.

Por la primera se facilitaba que la Diputación escogiera a los miembros de sus cargos «ab puritat, libertat e franch arbitre», llegándose a reformar la normativa de la Diputación con las Ordinacions de 1433, que le daban mayor poder. Por la segunda el monarca concedió la constitución «Commemorants» que favoreció a los grupos señoriales frente al mundo del campesinado remensa. Por la tercera Alfonso terminó con las facilidades que los deudores tenían en Cataluña para no pagar ni siquiera a los acreedores censalistas. Fue una idea, bastante severa, pero que logró el apoyo de los eclesiásticos y los patricios urbanos. No el de la nobleza que no aceptaba soluciones tan graves como la convocatoria «d’host i sometent» —es decir, de milicias incluso populares— que detendrían a estos deudores hasta que ellos pagasen lo que debían. El rey no hizo caso a estos nobles, vio cómo se le otorgaba un donativo de 80.000 florines y marchó por mar a finales de mayo de 1432. Su esposa sería la lugarteniente general de la Corona de Aragón y se encargaría de cerrar estas Cortes que no se clausuraron hasta 1434.

El rey Alfonso antes de llegar a Italia pasó por Mallorca y arregló el problema de los censales que había comprado la propia oligarquía mallorquina, además de lo que ya había realizado tiempo atrás con los barceloneses. Después durante tres largos años, Alfonso V recorrió lugares de Italia mirando hacia Nápoles y encontrándose frente a él, aunque no estaba en el reino, a Renato de Anjou. El rey ya en 1435 sitió Gaeta, el segundo puerto más importante después de la capital napolitana. Pero en agosto de 1435 la batalla naval de Ponza con los genoveses desequilibró a Alfonso V quien llegó a caer en manos del duque de Milán Filippo Maria. Ahora bien, aunque Alfonso fue un prisionero de Filippo Maria, uno y otro empezaron a acercarse y reconciliarse. Alfonso V, para dárselos a Filippo Maria, había pedido 30.000 ducados a sus reinos —10.000 por cabeza de los continentales Aragón, Valencia y Cataluña—. Pero, más allá de la convocatoria de la Corte general de Monzón de diciembre de 1435, fueron más interesantes las de Alcañíz de abril de 1436 en Aragón, o las de Valencia a principios de 1437.

No obstante, en referencia a Cataluña la reina María convocó el 15 de abril de 1436 Cortes en Barcelona en donde empezó a verse la ruptura de los estamentos catalanes. No se logró el servicio de 100.000 florines que ya se había citado en Monzón observándose la delicada salud de la reina María. Sobre todo, en estas Cortes se quiso revocar la Constitución de Paz y Tregua que una parte de la nobleza y de la Iglesia estimaron contraria a sus intereses. La reina María quiso moderar la situación diciendo que tal constitución solo servía para aquellos que se encontrasen en guerras de bandos. Por ejemplo, el conde de Cardona lideraba a 33 nobles y Juan de Cabrera a otros 18, además de la diversidad de opiniones de los eclesiásticos. Sin entender lo que sucedía, María cerró las Cortes sin tener en su mano aquel servicio ya señalado. Por esta razón en septiembre de 1438 se convocó un parlamento, no Cortes, para conseguir lo ya pedido. Pero cada vez estaba más claro que Cataluña andaba por un sendero peligroso hacia un conflicto que podía ser civil, sin que su rey se encontrase en su territorio. La realidad es que Alfonso V jamás volvió a sus reinos peninsulares y, por supuesto, tampoco a Cataluña. Demasiado trabajo tuvo en Italia antes y después de la conquista de Nápoles en 1443, intentando incluso reformar aquel reino que habían poseído los Anjou y al que no pudo llegar a su trono Renato de Anjou.

Las relaciones del rey Alfonso con sus territorios de la Corona de Aragón se hicieron a través de los poderes dados a su esposa María, lugarteniente general, y en ocasiones a su hermano Juan más bien dirigido hacia Aragón y Valencia. Muchas Cortes hubo en estos reinos y algunas también en Cataluña. Pero la mayoría de las últimas siempre fracasaron dadas las peticiones parlamentarias y los greuges presentados, pese a la habilidad y aun cierta capacidad hasta teatral de María. La reina fingió en más de una ocasión encontrarse enferma, aunque se cartease con su marido, le explicase la situación no placentera y al final tuviese que cerrar más de una Corte, como así lo han señalado García Herrero y también Rodrigo Lizondo. A fin de cuentas, como los mismos consellers de Barcelona y sus síndicos en Cortes dijeron en 1442, cualquier Corte no avanzaría sin la presencia del rey porque él era «lo ver e principal cap de la deffensió». Es más, la nave del Principado de Cataluña, alejada del puerto y yendo a la deriva por tempestades y vientos contrarios, podía hundirse «si lo sobiran Déu, nauta e govern divinal, no la guía».

Esta frase y la idea que conllevaba se repitió, pero con mucha más ironía, en las Cortes de 1446-1448, aquellas que ya mostraban el enfrentamiento entre la Monarquía y su representante María con las instituciones oligárquicas en el Principado y en la propia ciudad condal. Porque en esta última frente a la Biga, que durante más de siglo y medio había gobernado en Barcelona, se comenzaban a reunir grupos contrarios que darían pie a la denominada Busca con menestrales y artesanos, la cual podía apoyar más a la Corona. Por esta razón representantes bigaires y diputados del General enviaron a Nápoles un embajador, Juan de Marimón, que llegó a ver al rey en Orbieto. Pero para obtener pocos resultados porque, como escribió Marimón a sus patrones catalanes, allí —Nápoles— «nagu no y fa res sino qui vol diners». Es decir, no se hacía nada sin dinero.

Y así fue. Además de la negativa real a volver a Cataluña que de nuevo se le pidió, Alfonso V dijo no a la mayoría de peticiones que aquellas Cortes y su propio embajador le plantearon, aunque en un determinado caso la aceptó. Porque a los diputados del General no se les podía perseguir o detener como había hecho María con el vizconde de Illa que fue rehabilitado. Ahora bien, al Consejo de la reina no se le enviaba un canciller o presidente cercano a la oposición parlamentaria; el conservador del patrimonio real, Besalú, iría a Cataluña y revisaría las cuentas pese a la desautorización de la oligarquía parlamentaria; tampoco serían revocadas las provisiones otorgadas a los remensas según querían los miembros señoriales de las Cortes; menos aún la Audiencia caería en manos contrarias al rey.

Demasiados noes. Este rey parecía querer perder el servicio solicitado de 30.000 florines, ya que no cumplía los greuges de las Cortes, que fueron cerradas por María en mayo de 1448 por orden de su marido. Serían las últimas que ella presidiría. Como se vio, al monarca no se le podía comprar ni por 400.000 florines que le fueron ofrecidos en 1451 a cambio, claro está, de que Alfonso aceptase todas las propuestas de nuevas Cortes. Estas se intentaron realizar en Perpiñán, Vilafranca y Barcelona. A Cataluña Alfonso V envió a su hermano Juan en medio ya de la tensión entre el monarca y el país.

«Afirmen que tindran un, dos o tres diputats del general (i també sindics que intervindran en Corts) perquè ells són mes que tots els altres estaments (clergat, noblesa i burgesia) reunits», según les acusaba la Diputación a la multitud pletórica de remensas en un célebre memorial de la misma.

En estos párrafos se encuentra la esencia fundamental de las Cortes de 1454-1458 ya sea por el problema de los remensas catalanes, el de la Busca barcelonesa, y aun el concepto de soberanía real en Cataluña muy alejada del autoritarismo que toda corona quiere en su territorio, a la vez que hay que tener en cuenta la fuerza más elevada de la Diputación. En síntesis, puede decirse que la cuestión remensa y la de la Busca barcelonesa apoyaban a la realeza frente al constitucionalismo de las Cortes y de la Diputación. Esto significó que, a partir en líneas generales de 1450, los remensas obtuvieran una ayuda imprescindible frente a la nobleza señorial que ocupaba determinadas jurisdicciones reales. Por esto el rey con algunos vaivenes se alió a los remensas, facilitándoles un sindicato, liberándoles en 1455 de los malos usos señoriales y aceptando una donación remensa de 100.000 florines que se pagaría en derramas.

Por su parte, en noviembre de 1453 el gobernador Galceran de Requesens dio un auténtico golpe de estado en la ciudad condal. Entonces suspendió los nombramientos ya hechos de los consejeros barceloneses y por orden real los hizo él, siendo todos de la Busca, aunque con un perfil ciertamente moderado. Se favorecía así al ya creado Sindicato de los tres estamentos —mercaderes, artistas y menestrales— que claramente se enfrentaban a la Biga. Y no había que olvidar que algunos de estos entraban en Cortes. En esas Cortes que ya se dividían entre realistas, favorables al lejano rey, y «constitucionalistas» —nobleza, parte de la Iglesia y bigaires— contrarios al mismo y defensores de la realidad que desde el pasado tenían las instituciones que mayormente defendían la identidad catalana.

Con todos estos problemas el hermano del Magnánimo, Juan, sustituyó a su cuñada María para presidir las Cortes de 1454-1458 en octubre del primer año. Juan en su discurso inicial afirmó que iba a «entendre en la reparació e direcció de la justicia d’aquest principat e esmenar e reformar qualsevol greuges que per qualsevol oficials de la magestat sua sien estat fets en general o particular a qualsevol de vosaltres». El infante Juan en realidad no sabía lo que decía como se comprobó en la respuesta de Juan Margarit, entonces obispo de Elna (el Rosellón). Este, que era un hombre moderado, ya le sugirió al presidente de Cortes que supiera «conservar-li les llibertats per los gloriosos reis passats e present a ella atorgades». Es más, Margarit enumeró territorio por territorio «l’imperi e senyoria de la casa de Aragó», pero olvidándose deliberadamente del reino de Nápoles, tal vez porque ya tenía heredero en el hijo bastardo del rey, pero legitimado, Ferrante.

Eso era cierto, pero también que parte de los catalanes —los dirigentes— ya se habían preocupado desde el principio del reinado de Alfonso del incremento de la ciudad de Valencia, casi al extremo sur del Mediterráneo de la Corona. Más aún, desde 1442 comenzaron a dudar de la fidelidad del rey a su Principado cuando Nápoles en el otro extremo de la Corona crecía sin cesar. ¿Significaba todo ello que Cataluña podía naufragar? La reciente obra de Ryder así parece insinuarlo cuando uno de sus capítulos lo titula «Una terra vídua», cuando la insistencia catalana de que el rey vuelva a la tierra es constante. Pero también peligrosa para la realeza y es cierto que se sitúa «la terra davant del monarca». No obstante, no se puede olvidar a Mario del Treppo que ve una favorable estructura comercial catalana y napolitana y grupos de mercaderes catalanes al lado del rey subrayando la decadencia total con la guerra de los años sesenta. Una afirmación que no se cree Feliu al escribir que si una economía necesita «la ayuda estatal acostumbra a significar que las cosas no van demasiado bien». Si las relaciones políticas son discutibles, las económicas no le iban a la zaga.

A partir de todos estos actos y hasta el inicio auténtico de las Cortes de 1454-1458 pasaron siete meses viéndose en ellas los problemas ya señalados dado que los «constitucionalistas» presentaron el llamado greuge Requesens que borraba todos los pasos del rey Magnánimo desde 1453. No se hizo gran cosa por mucho que en alguna ocasión se manifestó cierta discrepancia entre el «cors misthic de Cathalunya», es decir la Diputación, y las mismas Cortes ya que la primera quería cada vez más poder. Así las cosas, y con el problema añadido del enfrentamiento entre Juan de Navarra y el Príncipe de Viana, ya muy claro en 1457, el presidente cerró esas Cortes en 1458 sin resolver la mayoría de los greuges y tampoco obtener los 400.000 florines. Poco después, en junio de ese año murió Alfonso V y las dificultades se agravaban.

«La justicia sobre todas cosas sea el espejo de vuestro coraçón (…) los regnos e súbditos conservad en paz y en justicia, sin injuria de próximo, evitando quanto al mundo podáys todas guerras y dissensiones». Tremendamente paradójicas son estas frases en una carta del rey Juan II de la Corona de Aragón escrita a su hijo Fernando el 18 de enero de 1479, cercana ya su agonía. Lo fueron porque el rey lo que no hizo fue esto y en su reinado hubo un conflicto total. Además, la biografía del infante Juan, hermano de Alfonso el Magnánimo y nacido en Medina del Campo, fue siempre complicada, tanto en su primer matrimonio con Blanca de Navarra, como en el segundo con Juana Enríquez. Por la primera Juan, que siempre se obsesionó con llegar al poder en Castilla liderando a los conocidos infantes de Aragón, se inmiscuyó en Navarra tras su desposorio con Blanca, mujer de doce años mayor que él. Esta se enamoró tan perdidamente de Juan que en su testamento como reina, sin quitarle el título de rey a su primogénito el príncipe Carlos de Viana, concedió a su marido el poder político en aquel reino. Esta acción a la larga conllevó conflictos en Navarra, con las conocidas bandas de beamonteses y agramonteses, y por supuesto la irracional competencia entre Juan de Navarra y Carlos de Viana, padre e hijo.

No se puede explicar por cuestiones de espacio, y aquí no hace falta hacerlo, los contactos con Castilla que uno y otro tuvieron, pero también con la Corona de Aragón a partir de la muerte de Alfonso V en 1458. Con la Corona de Aragón, en efecto, pero sin duda con Cataluña cuyas instituciones ya habían manifestado ciertas oposiciones a la Monarquía. Estando como presidente de las Cortes en 1457 los representantes de las mismas ofrecieron ayuda a Juan para intentar reconciliarle con su hijo el príncipe de Viana, ya que este último era indudablemente el heredero de la Corona de Aragón y no solo de Navarra. Pero Juan no hizo caso a ciertas propuestas y cerró esas Cortes. Al fin y al cabo, él se había casado con Juana Enríquez, hija del Almirante de Castilla, y ya tenía un hijo varón de la misma: el infante Fernando. Esto no quiere decir que en ese momento Juan pensase en desheredar totalmente al primogénito Carlos, pero el futuro iba por esa línea y el mundo catalán, dividido, intervino en los conflictos que ahora se narrarán.

A fin de cuentas, el tiempo, los personajes señalados y alguno más, y los territorios subrayarían estas ideas. El príncipe de Viana, de Nápoles donde estaba a la muerte del Magnánimo, pasó a Sicilia lo que no le gustó a su padre; de ahí fue a Mallorca como le pidió Juan II para tenerlo más cerca de él y después llegó a Cataluña, eso sí soñando con aceptar la propuesta de Enrique IV de Castilla de casarse con la hermanastra del mismo: Isabel. A Juan II el tema siciliano, que veía en Carlos un posible sustituto del rey, ya le era un problema; más lo eran los oscuros acuerdos entre Enrique IV y el príncipe de Viana. El rey comenzó a pensar ya en serio que el concepto de primogenitura no era absolutamente decisivo y en la seo de Zaragoza nombró a su hijo Fernando duque de Montblanc, conde de Ribagorza y señor de Balaguer. Hasta cierto punto eso podía verse como una preferencia a la hora de elegir a su heredero en la Corona de Aragón, aunque en marzo de 1460 los consellers barceloneses ya habían recibido a Carlos como primogénito y heredero de la Corona. ¡Tanto daba! Para un anciano rey casado con Juana Enríquez la idea de su joven mujer, que le contó por voz de su padre el Almirante de Castilla los pactos de Carlos con Enrique IV, fue suficiente. El rey Juan el 2 de diciembre de 1460 hizo detener a Carlos de Viana en Lérida en donde había convocado Cortes sin haber llamado antes a Carlos. Aragoneses y valencianos vieron la gravedad de la disputa entre padre e hijo y quisieron reconciliarlos.

Pero Cataluña fue más allá. Sobre las bases previas ya señaladas a lo largo del reinado de Alfonso V, las instituciones catalanas afirmaron que la liberación de Carlos se pedía no tanto por la autoridad del preso como «per reintegració dels usatges de Barchinona, constitucions, privilegis e llibertats de Catalunya, les quals prenian gran lesió en la seva detenció». Por si acaso estas afirmaciones no llegaban a acuerdos las Cortes de Lérida crearon un cuerpo legislativo, a la vez que la Diputación, incluyendo la ciudad de Barcelona, se erigía en representante del Principado de Cataluña. El rey intentó frenar estas acciones, pero llegó tarde. En la capitulación de Vilafranca del Penedés de junio de 1461 el pactismo catalán había triunfado en toda regla. Se admitían las injusticias cometidas por consejeros reales, todos depuestos en su jurisdicción; el Principado se reorganizaba profundamente y todas sus autoridades debían ser naturales de Cataluña; la economía debería depender del país, no del rey. A este se le mantendría su nombre, pero sería su primogénito Carlos el verdadero jefe del ejecutivo, al menos nominalmente. Y daba igual que aragoneses y valencianos persistiesen en su reconciliación. Pero un hecho imprevisto complicó aún más las cosas: el 23 de septiembre de 1461 murió en Barcelona el príncipe de Viana. ¿Qué iba a hacerse ahora, muerto ya el llamado san Carlos?

Este inesperado suceso creó problemas impensables, pero seguramente más en los constitucionalistas, aunque Juan II continuase sin poder entrar en Cataluña, tal como fue acordado en la Capitulación de Vilafranca. Pero esta también había escrito que, si algo le ocurría al príncipe de Viana que no tenía hijos legítimos, su heredero debería ser el infante Fernando. En consecuencia, ambas partes entraron en diálogo. El dominio entonces de las instituciones catalanas consistió en afirmar la herencia de Fernando con las condiciones de que todavía niño fuese a Cataluña y fuera educado bajo las leyes y usatges de aquella tierra. Juan II lo asumió, pero puso encima de la mesa que su hijo era un niño y que no podía estar bajo la protección de ninguna de las familias del Principado, aludiendo políticamente que, la que fuera nombrada, usaría en su beneficio tal privilegio. Era esta la manera de lograr que Juana Enríquez, la madre de Fernando, acompañase a su hijo a Cataluña llegando a ser reconocida como la tudriu, es decir la tutora, con posibles consejos al niño cuando este tuviese que firmar determinadas órdenes. A regañadientes la ciudad bigaire de Barcelona, la Diputación y el Consejo del Principado contestaron afirmativamente, cuando meses antes se había acusado con demagogia a Juana Enríquez de haber envenenado a Carlos de Viana.

A punto de marchar madre e hijo a Cataluña Juan II aconsejó a su esposa que tuviera mucha precaución y que fuera por ciudades y villas dejando para el final a Barcelona. Pero Juana Enríquez, que vio cómo la recibían en determinados puntos catalanes —Montblanc, Tarragona o Gerona—, pronto se encaminó hacia Barcelona. Allí también fue agasajada el 21 de noviembre de 1461 y ella y su hijo juraron las Capitulaciones de Vilafranca. No obstante, Juana Enríquez pensaba lograr que diesen el sí a la entrada de su marido Juan II y quería acercarse a aquellos núcleos realistas antaño buscaires. De ahí al llamado complot de San Matías (24 de febrero de 1462) solo faltaba un paso. Los buscaires querían que renaciese el Sindicato de los tres estamentos, que el rey regresase a la ciudad y que la reina no se marchase de Barcelona.

Demasiado tarde para todo ello. Porque Juana Enríquez empezó a darse cuenta de que las presiones de la Biga barcelonesa, de la hostil Generalitat y del Consejo del Principado se le echaban encima. La reina ya entonces estaba decidida a buscar un mejor refugio, yéndose con su hijo hacia Gerona. Pero a todos estos contratiempos se le añadieron los movimientos remensas del norte del Principado. Se originaban no tanto por los mismos campesinos cuanto por los nobles propietarios de sus parcelas, quienes además querían recuperar los malos usos señoriales que Alfonso V había eliminado. La realidad remensa de nuevo se agitaba y Juana Enríquez y su hijo fueron el objetivo de los ataques constitucionalistas que crearon un ejército al mando del conde de Pallars para enviarlo hacia el norte, llegando incluso a sitiar Gerona. El rey se encontraba en Zaragoza y allá llegó una carta escrita por Juana Enríquez en la que decía «somos cierta, qué quier se diga e dé a entender, viennen con deliberación fecha de tomar e haber a sus manos nuestra persona y del dicho primogénito e de tenernos violentment».

Ante tales quejas Juan II no vaciló. Buscó la ayuda de su yerno Gastón IV de Foix casado con su hija Leonor de Aragón y a través de él conectó con Luis XI de Francia, sabiendo que estas actuaciones le costarían muy caras. Obtuvo del rey galo un ejército de 700 lanzas además de hombres a caballo y los lideraría Gastón IV de Foix. Pero a cambio en las Capitulaciones de Bayona del 9 de mayo de 1462, aparte de altas sumas de dinero, Juan II cedió los derechos soberanos, de jurisdicción y emolumentos de los condados del Rosellón y la Cerdaña entregando al monarca francés los castillos de Perpiñán y Colliure. Esa armada era más potente que la del conde de Pallars y Juana Enríquez y el infante Fernando, que se encontraban sitiados en la zona más alta de Gerona, llamada La Força, fueron liberados por Gastón IV de Foix, dándole la reina mil gracias «pels seus socorrs y la salvació de la seva persona, vida y honors».

Ahora bien, todo lo ocurrido en este último mes de mayo no podía ser de ninguna manera admitido por la Cataluña constitucionalista que había retirado al conde de Pallars de su asedio a Gerona y que no podía entender cómo los franceses habían entrado en su territorio. En consecuencia, se llegó a declarar no solo la deposición de Juan II y Juana Enríquez sino también la del infante Fernando el 11 de agosto de 1462. La otrora familia real podía ahora vivir junta, pero no lo sería de Cataluña, ya que el constitucionalismo catalán estaba pensando en soluciones del exterior y, si hiciera falta, en otro monarca. Todo ello se sabía que podía hacerse desde el origen de las identidades catalanas, ya que estas hablaban por si mismas del concepto de la soberanía de la tierra.

«Sien alçades banderes de les armes de Castella e de Cathalunya». Esta fue tal vez la imagen más impactante que ofreció la elección de Enrique IV de Castilla como conde-rey de Cataluña y, por supuesto, su aceptación en septiembre de 1462. Las instituciones catalanas lo eligieron, eso sí jurando sus leyes y la Concordia de Vilafranca, con la idea del potencial castellano. Pero Enrique IV no dio la impresión de gobernar en esta Cataluña ya que no hubo Cortes de ningún tipo y, además, en alguna ocasión se veía obligado a enfrentarse a la Francia de Luis XI y a la tradicional alianza castellano-francesa. Esto hizo pensar incluso a algún catalán constitucionalista en transformar el Principado en república, dado el modelo veneciano y genovés. Se llegó aún más lejos cuando imaginaron nombrar a Luis XI, como sustituto de Enrique IV, quien exclamó a los embajadores del Principado que entre su país y Cataluña no existían montañas. Esa afirmación suponía el secular deseo galo de hacerse con Cataluña.

Consecuentemente, ante más de una petición que tiempo atrás les había hecho el condestable de Portugal, la ciudad de Barcelona, la Diputación y el Consell del Principat en enero de 1464 recibieron como conde-rey a Pedro de Portugal, nieto del conde de Urgel por casarse la hija de este último con el hermano del soberano portugués. Los dos largos años de Pedro de Portugal fueron negativos para el Principado constitucionalista, por mucho que el portugués, tanto en su política exterior como en sus intentos de gobierno en Cataluña, se esforzase en actuar de buena fe. Pero este no podía hacer frente a los pasos cada vez más sólidos de Juan II de la Corona de Aragón que iba conquistando tierras para recuperar su antaño territorio. El desastre de la batalla de Prats del Rey-Calaf del 28 de febrero de 1465, cuyo éxito lideró el infante Fernando hijo de Juan II, ya lo decía todo. Además, Pedro de Portugal tampoco convocó Cortes, carecía de dinero y también del deseado apoyo de las instituciones catalanas del Principado. En realidad él se sentía «molt flac i descarnat». El 29 de junio él murió de tuberculosis en Granollers y el mundo barcelonés y el constitucionalista catalán casi se alegraron. Ellos buscarían un conde-rey mucho más eficiente, ya que renunciaron al anterior testamento del conde-rey portugués.

Pero, dado que la soberanía no estaba en el monarca sino en la tierra, fue escogido en agosto de 1467 Renato de Anjou, que gobernaba Provenza, si bien jamás fue a Cataluña. En su lugar su primogénito Juan de Lorena sí aceptó el encargo y juró todas las libertades catalanas. Por algo los angevinos, como señala Muxella, llevaban «en les vísceres impresa com a més acostada en la successió de la casa de Aragó e a la qual pertany la senyoria». En el fondo quien mandó en el Principado desde entonces fue la élite oligárquica de la ciudad de Barcelona, de la Diputación y del Consell del Principat, ya que durante años nunca se celebraron Cortes en el mundo constitucionalista catalán. Este último fue quien de verdad agradeció mucho la victoria de Juan de Lorena en Vilademat en noviembre de 1467 frente al infante Fernando. Pero ya no fue más allá. Juan de Lorena no podía dar ningún salvoconducto a nadie para marcharse del territorio por motivos comerciales; tampoco tenía opción de hacer nombramientos favorables a terceras personas. La citada oligarquía no se lo permitía, pero además no le facilitaba el dinero necesario para enfrentarse a Juan II. Para colmo Juan de Lorena estuvo ausente varios meses al viajar a Francia por problemas de aquella Monarquía con algunos nobles. Y lo peor, en diciembre de 1470 murió de apoplejía en Barcelona sin que su hijo bastardo Juan de Calabria, aún menos aceptado por el constitucionalismo catalán, enderezase el camino de su padre.

Los angevinos a los que se eligió, pensando que aportarían el refuerzo francés, también fracasaron. Y en esta derrota tuvo que ver la actuación política de Juan II de la Corona de Aragón que poseía la Cataluña del interior, así como el apoyo también en las Cortes generales de Monzón, las de Aragón, las de Valencia y las de Cervera en Cataluña. El rey, además, buscó alianzas en el exterior, sobre todo con la Borgoña de Carlos el Temerario, enfrentado a Luis XI. Desde 1470 se veía que el conflicto civil iba a terminar a favor de Juan II, aunque la oligarquía catalana alargó el problema hasta octubre de 1472 tras el sitio de Barcelona por Juan II y la capitulación de Pedralbes. Aquí el monarca quiso ser generoso hasta donde pudo, concediendo una amnistía y protegiendo a sus rebeldes catalanes. Sin embargo, hasta 1479 el envejecido rey no supo qué hacer en el Principado, perdiendo siete largos años sin solucionar el problema remensa y estabilizar la sociedad y la política en Cataluña.

La pretendida solución angevina solo sirvió para mantener en el poder a aquellos grupos que habían iniciado la guerra diez años antes y ofrecer la bibliografía más selecta sobre una polémica de alto calado. Citaré solo dos nombres. Vicens Vives subrayó la absurda elección de una dinastía angevina que al menos desde 1282 se había convertido en el enemigo tradicional del Principado desde las Vísperas Sicilianas de Pedro el Grande. Por el contrario, se quiere señalar también que Luis de Anjou se casó con Yolanda de Aragón, hija de Violante de Bar, esposa de Juan I de Cataluña. En consecuencia, los angevinos tenían más derechos que los Trastámara, antes incluso que el Compromiso de Caspe, en el que se presentó el angevino Luis de Calabria ofreciendo aportar, si fuera él el elegido, el ducado de Anjou y la Provenza. Es decir, Soldevila buscaba los tiempos en los que la Provenza y Cataluña pudieron estar unidos incluyendo los momentos de Jaime I, como mínimo hasta 1240 o poco más allá. Hasta entonces el rey Conquistador todavía soñaba con recuperar toda Occitania. Pero tanto daba, entre 1467 y 1472. La posición constitucionalista catalana intentó hacerse con ayudas militares y quiso encontrarlas con los Anjou y los franceses sin conseguirlo del todo.

Pero frente a esta dualidad de grandes historiadores enfrentados, hay otros que o ponen problemas al tema angevino o hablan incluso de la excesiva discusión historiográfica que se ha hecho sobre dinastías o genealogías. En el primer caso el francés Joseph Calmette planteó una hipótesis que podía al final ser probable. Es decir, que los angevinos quisieran recuperar el reino de las Dos Sicilias (Nápoles y Sicilia) y que Francia se quedase con Cataluña, cosa que no gustaba en absoluto en Barcelona. En el segundo caso Flocel Sabaté cree que hay que recalcar más la contraposición entre la soberanía casi divina y autoritaria de la monarquía y la soberanía del poder de la «tierra». Esta segunda era mucho más pactista olvidándose del Compromiso de Caspe y llevándoles a la posterior guerra de 1462-1472 que literalmente no la señala Flocel Sabaté, pero que se intuye de inmediato.

«Lo adveniment del Fill de Déu» fue la expresión entre panegírica y mesiánica que la ciudad condal utilizó ante la llegada al trono de Fernando II. Se esperaba mucho de él e incluso la bibliografía actual ha empezado a entrar en polémica por sus acciones. Vicens Vives calificó a aquella época de regeneración, redreç, ya que el Rey Católico sabía que tenía que ser cauto sin perder su autoridad en un territorio vencido pero peligroso. Al fin y al cabo, los partidarios del monarca también ansiaban reajustes sociales y políticos, pero no querían un traumatismo institucional.

Fue en general lo que ocurrió en aquellos años en los que el soberano quiso enderezar la economía con un catálogo proteccionista a favor del comercio y la manufactura, protegidos desde el principio en Sicilia, Nápoles y Cerdeña. Pero más adelante en 1493 se reanudó el comercio incluso con Alejandría, siendo mercados de excepción los territorios italianos dependientes de la Corona de Aragón. Incluso se llegó a conquistar desde 1509 plazas fuertes en el norte de África, lo que provocó la obtención papal de la Santa Cruzada originándose disturbios en las Cortes catalanas como se verá.

Pero el rey también se implicó en las cuestiones judiciales e institucionales. Debía garantizar la justicia, el derecho privado y público, devolver bienes confiscados en uno y otro bando por la guerra, reconocer la deuda pública contraída entonces, apoyando también a los censales nuevos de la Diputación. En relación a esta última por la constitución de l’Observança, que comienza con la conocida frase de «Poc valdría», el rey reconoció las competencias públicas de la Generalitat que podía querellarse en contrafuero por greuges cometidos por funcionarios reales. Pero la Real Audiencia sería la que fallaría a favor o en contra de las peticiones de la Diputación. Ahora bien, Fernando no actúo solo en el marco de las Cortes. Los enfrentamientos entre las otras dos instituciones catalanas, Generalitat y Consell de Cent, fueron constantes en los primeros años de su reinado con acusaciones mutuas de corrupción y de gobernar por interés propio. Cansado de la situación y después de comprobar que las irregularidades y el impago de las deudas eran ciertas el rey no dudó en intervenir la Diputación en 1488, en principio por un trienio con idea de reformarla. Pero la resistencia granadina le obligo a posponerla hasta el final de un segundo trienio y tras las Cortes de 1493. Llama la atención cómo entre los contemporáneos no aparecen críticas a la decisión real, algo impensable unos años atrás. Con el argumento de evitar la corrupción, la reforma consistió en introducir la insaculación para la elección de diputados y oidores a partir de unas listas supervisadas por el propio monarca. El éxito de la iniciativa abría las puertas de lo que tiempo después sucedería con el gobierno barcelonés.

Ante esto cabe una pregunta ¿se estaba ordenando de nuevo el territorio catalán o se buscaba un reequilibrio de fuerzas dentro del marco aquí conservador del pactismo? Hoy en día más bien los historiadores se decantan por la última idea en unos años difíciles de juzgar históricamente. Porque es cierto que por la constitución «Com per lo senyor rey» se retrotrajo al campesinado remensa a los años anteriores a la sentencia de Alfonso el Magnánimo de 1455. Pero poco tiempo después y, por supuesto, tras la revuelta de Pere Joan Sala (1484-1485) que fue ejecutado, Fernando II promulgó la sentencia arbitral de Guadalupe (1486). Con esta se liberalizó al remensa, se abolieron definitivamente los malos usos señoriales y se concedió hasta cierto punto al payés el dominio útil de la tierra convirtiéndolo en campesino enfiteuta. No obstante, la nobleza no perdió la renta dimanante del campo ni la posibilidad de aumentar laudemios en los momentos de las transferencias directas del campesinado familiar. ¿Cómo explicar estas acciones? Distintos historiadores han abordado el tema como Vicens Vives, Eva Serra y Rosa Lluch, desde distintas perspectivas a veces contradictorias.

Dejando de momento la introducción de la Inquisición según el modelo castellano, cuando Cataluña y la Corona de Aragón ya la tenían desde el siglo XIII, y que en cuestiones de religiosidad daba un talante autoritario al rey, creo que es importante señalar las injerencias del monarca en el ayuntamiento barcelonés, además de otras cuestiones que se tratarán más adelante. En el caso de la institución de Barcelona Fernando II fue aquí mucho más conservador que Alfonso el Magnánimo. Su antecesor había igualado socialmente en la cámara baja a los ciudadanos, mercaderes, artistas y menestrales, todos ellos con 32 miembros respectivamente llamados jurats. Al mismo tiempo en la cúspide ejecutiva colocó a dos consellers ciudadanos, un mercader, un artista y un menestral. Pero el rey entre 1493, 1499 y 1510 hizo cambios auténticamente conservadores. En el Consell de Cent a los 32 ciudadanos les añadió 16 nobles urbanos buscando la mixtificación de una sola clase social —la del patriciado honrado barcelonés—, mientras que mercaderes, artistas y menestrales se quedaron con los 32 miembros iniciales. Pero en el gobierno definitivo 3 consellers fueron del patriciado honrado, un cuarto de los mercaderes y alternativamente —año sí, año no— el quinto se repartió entre artistas y menestrales. Y por si fuera poco Fernando II se reservó el beneplácito de las insaculaciones: es decir, la posibilidad de introducir cambios en las matrículas de las familias importantes que podían dirigir el municipio y enfrentarse entre sí por ello, a no ser que interviniese el proceso de suerte en la elección sobre todo de los consellers. Es evidente que el rey en todo el asunto fue más conservador que reformista. Pero ¿qué sucedió en la identidad catalana más importante, las Cortes?

Ante todo, se ha de señalar que, al contrario de lo que ocurre ahora en Aragón, no existe en Cataluña para aquellos años un estudio profundo de todas las Cortes y parlamentos, que son en total siete. Personalmente recomendaría el último trabajo de Eva Serra sobre este tema. La citada investigadora divide las Cortes en dos grandes etapas de tal modo que aquellas, que van de 1481 hasta 1493 como mínimo, demuestran sobre todo la idea de liquidar la herencia de la guerra, como en páginas anteriores ya se ha comentado. Por el contrario, al final del reinado de Fernando II —Cortes de 1510, 1512 y 1515— se ven nuevas inquietudes más sociales y económicas, las cuales revelan hasta cierto punto la recuperación del país.

Solo a nivel de ejemplos importantes debe subrayarse que en las Cortes de Monzón de 1510 se sugirió la abolición del privilegio real llamado beneplácito. Por toda respuesta el rey suspendió incluso la Vintiquatrena, el órgano de 24 miembros que asesoraba a los representantes de la ciudad de Barcelona en las Cortes. Mayor problema hubo en las Cortes de 1512 y aun de 1515 que presidió Germana de Foix, la segunda esposa del rey. Las Cortes de 1512, entre otros casos, se opusieron a determinados privilegios de la Santa Cruzada que incidían fiscalmente en el país y en su población. Es más, los tres estamentos del Principado le pidieron al rey que prometiese y jurase que los comisarios de la Cruzada observaran «in perpetuum totes e sengles coses en los dits capitols», es decir los capítulos constitucionales de Cortes en relación a la Cruzada.

No obstante, una de las mayores confrontaciones entre la Monarquía y las Cortes de 1512 fue la actividad inquisitorial. De ella una parte ya se trató a principios del siglo XX. Desde su llegada al Principado el rey encontró la firme oposición de la Diputación. Su resistencia se centraba en lo que los diputados consideraban injerencia del propio marco constitucional. A partir de aquí los enfrentamientos entre sus oficiales y los inquisidores fueron constantes en un primer momento en el terreno jurisdiccional para luego centrarse en lo económico, por el pago de impuestos y la incautación de bienes. Pero la serie de oposiciones de estas Cortes de 1512 que se plantearon a los oficiales de la Inquisición fueron mucho mayores que el tema judaizante. En concreto los miembros de la Inquisición no llevarían armas, tenían que aceptar todas las constituciones de Cataluña y, por supuesto, no podían enfrentarse a la Diputación según documentos extraídos del Archivo General de Simancas, como se ve en un texto de un capítulo constitucional:

Más aun, las Cortes pidieron al rey que jurase estos capítulos como así lo hizo, obteniendo el servicio votado en 1512. Pero al rey estas imposiciones no le hicieron ninguna gracia, por mucho que su esposa Germana y el obispo de Lérida —presidente de la Inquisición catalano-aragonesa al tiempo que Cisneros fue de la castellana ya que el Santo Oficio se había dividido— así lo habían aceptado. Fernando II escribió al papa León X para anular su juramento, dejando estos capítulos en el aire a lo largo no de años sino de dos siglos, como se puede ver en las Constitutions y altres drets de Cathalunya —citadas en la bibliografía— en donde hay lagunas de algunos capítulos sobre la Inquisición votados en 1512.

Intuyendo la actitud del rey, en las Cortes de 1515 las protestas constitucionales de años antes se volvieron a plantear cuando se le rogó a Germana lo siguiente:

De hecho, las peticiones de esas Cortes recordaban a las de 1512 pero no tuvieron efecto alguno porque este corpus legislativo se disolvió el 14 de diciembre de 1515. Un mes después moría el rey y las Cortes no pudieron reiniciarse.

El lector se habrá dado cuenta, y por si tuviese alguna duda las últimas páginas así lo señalan, que las relaciones entre los Trastámara y las instituciones catalanas no fueron precisamente plácidas. Los primeros porque intentaron imponer siempre su autoritarismo monárquico; las segundas porque defendían su pactismo como mínimo tradicional. Todo esto se puede ver en mi libro sobre los Trastámara y más de una pincelada en el artículo de Ángel Casals.

Evidentemente los problemas señalados en relación con las identidades de Cataluña continuaron en el futuro ya en el siglo XVI y XVII. Sin llegar a profundizar en ello porque no me corresponde a mí, sí se puede citar la detención de dos diputados de la Generalitat en 1569 —antes, hacia los años treinta del XVI ya hay precedentes—. Y por supuesto en el XVII la Revuelta Catalana, también conocida como la «Guerra dels Segadors».