El lenguaje es uno de los elementos más sólidos para definir a los individuos como parte de colectivos, pues es un signo obvio de identificación de los miembros un grupo étnico, tanto interna como externamente, de manera que en la Europa bajomedieval las lenguas vernáculas fueron un poderoso elemento de cohesión y diferenciación de comunidades y, por lo tanto, un factor destacable en la conformación de las identidades colectivas de los distintos pueblos del continente. Como indicaba fra Vicent Ferrer en uno de sus sermones: «si vós parlau ab hom estrany, per la lengua conexereu de qual terra és. Si parla català, oo! català és; si parla francés, francés, etc.».

En el caso de la lengua catalana hay que decir que si este idioma ha sido un elemento asociado a la identidad colectiva del pueblo catalán hasta nuestros días es porque de la segunda mitad del siglo XIII en adelante devino el romance propio de importantes instituciones políticas. Dejando a un lado el papel ancestral del latín, con todo su simbolismo litúrgico y mayestático y su prestigio administrativo e internacional, el catalán fue la lengua vernácula más utilizada por los soberanos de la Casa de Aragón de linaje barcelonés (1137-1410) tanto en la esfera pública (discursos, crónicas históricas y documentación cancilleresca…) como en su correspondencia privada, siendo el idioma predilecto de los dos que consideran propios —el catalán y el aragonés—, además de la lengua de la administración central de la Monarquía. Asimismo, el catalán cancilleresco, en tanto que koiné cortesana y supra-dialectal, ultrapasó el ambiente estrictamente regio y resultó un modelo formal para la mayoría de los ámbitos de la escritura, como la literatura, la religión, la ciencia, el comercio y las diversas administraciones del principado de Cataluña y los condados de Rosellón y Cerdaña, del reino de Mallorca y de sus islas adyacentes, de la mayor parte del reino de Valencia, de la parte oriental de Aragón y de los numerosos consulados ultramarinos catalanes, siendo, además, una lengua administrativa relativamente importante en los reinos de Sicilia y Cerdeña y en los ducados de Atenasy Neopatria, inclusive en las cancillerías y cortes napolitanas de Alfonso el Magnánimo y su hijo Ferrante y romana pontifical de los Borja.

De esta manera, en los siglos XIV y XV, la mayor parte de la población cristiana ibérica y balear de la Corona de Aragón —aproximadamente el 80 %— no solo tenían como propia la lengua que Muntaner describía como el «bell catalanesc», sino que, como ya hemos visto, todos los cristianos viejos catalanoparlantes quedaban englobados como catalanes y miembros de la nación catalana, mientras que, como ya se ha dicho, la fuerte vinculación del catalán y los catalanófonos con los reyes, la administración, el comercio y la expansión militar de la Corona de Aragón produjo que, a menudo, los súbditos de dicha Monarquía fueran identificados comúnmente como «catalanes» e incluso miembros de la «nación catalana», a pesar de ser de ascendencia o directamente aragoneses, sardos, sicilianos o napolitanos, cuya gran mayoría no hablaban catalán. Sin embargo, dos factores van a comenzar a minar el prestigio y el peso del idioma catalán en los ámbitos cortesano, diplomático internacional y erudito en la época renacentista.

En primer lugar, el catalán se convirtió del siglo XIV en adelante en icono identitario de las clases rectoras catalana, valenciana, mallorquina, menorquina e ibicenca, hecho que, irónicamente, redundó en el secesionismo nominal —que no lingüístico— del idioma catalán bajo la denominación regional de «valenciano», que se impone desde finales del siglo XIV y a lo largo del XV; de «mallorquín», consolidada en el siglo XVI, y del tradicional «catalán», que se manutuvo como denominación en Cataluña. De esta forma, en la coyuntura del surgimiento de las identidades colectivas valenciana y mallorquina diferenciadas de la catalana y de la paulatina desaparición de las minorías religiosas segregadas en el espacio insular, los dirigentes de los reinos de Valencia y Mallorca y sus islas adyacentes ajustaron el nombre de la lengua a los gentilicios vinculados a sus respectivas estructuras regnícolas jurídicas, políticas, institucionales y geográficas (especialmente en los casos isleños), cosa que, si bien evitaba cualquier signo de subordinación a los catalanes del Principado, comportó una pérdida de prestigio y peso del idioma frente a otras lenguas.

En segundo lugar, en los territorios de la Corona de Aragón se produjo el inicio de un comportamiento diglósico entre las élites a favor del idioma castellano y en detrimento del catalán y, sobre todo, del aragonés —más emparentado con la lengua regia de Castilla—, que tiene su origen en la entronización de la Casa de Aragón de linaje castellano (1412), puesto que desde 1432, con la marcha de Alfonso el Magnánimo en pos de la conquista del reino de Nápoles, alejándose de la presión y usos lingüísticos de las oligarquías de Cataluña, Valencia, Aragón y Mallorca, comienza una paulatina castellanización de la corte principesca y la diglosia por parte de dichas oligarquías, superando ya a finales de la centuria el uso del castellano al del catalán tanto en la corte real de Fernando el Católico como en la de sus primos napolitanos.

Dicho esto, hay que aclarar que en comparación con algunos rasgos identitarios que trataremos a continuación, como la religión, el idioma catalán no fue el elemento de mayor peso en la consciencia colectiva de los catalanes del medievo. De un lado, porque siendo la inmensa mayoría de los catalanófonos de la época analfabetos y monolingües, la lengua propia no podía poseer la misma significación política e identitaria que ha adquirido para sus descendientes desde mediados de siglo XIX en adelante, los cuales han vivido una serie de hechos —la diglosia exacerbada favorable al castellano, las prohibiciones en relación con el uso del catalán, la aparición de los nacionalismos modernos, la alfabetización generalizada de la sociedad, la globalización de idiomas como el castellano, el francés y el inglés y la minimización demográfica de las personas que tienen el idioma catalán como lengua materna y de uso habitual— que han producido que la lengua catalana se haya convertido en uno de los grandes pilares de la identidad homónima de la época contemporánea. De otro lado, porque si bien en las centurias bajomedievales se podía ser «catalán» sin ser catalanoparlante, simplemente por ser un cristiano nato en Cataluña o habitante de ella sin haber nacido, pero teniendo padre o abuelo paterno catalán, o por ser de un linaje cristiano proveniente de Cataluña o, de una manera generalista y nominal, por ser súbdito del rey de Aragón; alguien que no fuera cristiano católico no teníacabida en ninguna de las modalidades de catalanidad, a pesar de tener como lengua propia y principal el idioma catalán.

Ya desde los tiempos de Carlomagno, el rasgo colectivo más destacado de los cristianos de los condados que en los siglos XII y XIII conformaron Cataluña era el cristianismo. Religión que los contraponía a las gentes de Al-Ándalus y los diferenciaba de los judíos presentes en los condados, aunque, paradójicamente, la descripción bíblica del pueblo elegido de Israel ayudó en la configuración de los diferentes pueblos de la cristiandad proporcionando el modelo ideal para las naciones cristianas bajomedievales: comunidades que compartían religión, pero también idioma, territorio y gobierno propios.

Esta idea se incardina bien en el hecho de que, cuando se empieza a documentar el concepto «nación catalana», a finales del siglo XIII y principios del XIV, uno de los factores clave para pertenecer a este colectivo era ser cristiano católico, cosa que excluía a sefarditas, musulmanes y, aun a cristianos ortodoxos. Y esto no es todo, ya que para ser considerado natural catalán del Principado o miembro de la nación catalana se tenía que ser de antigua prosapia cristiana, cosa que privó a los conversos recientes de participar de la catalanidad, a diferencia de los «cristianos de natura», o sea, los cristianos viejos catalanes, mallorquines, ibicencos, menorquines y catalanohablantes valencianos. Además, desde los púlpitos se inoculó entre los cristianos catalanófonos una potente conciencia de que su identidad individual y colectiva implicaba inevitablemente la asunción de un fervoroso catolicismo, que tenía que ser manifestado y defendido de manera inequívoca. Esto dificultó exponencialmente la coexistencia entre personas de credo diferente y fomentó la aparición de chivos expiatorios, traduciéndose, por ejemplo, en Cataluña y los otros dominios ibérico-baleares de la Corona de Aragón de los siglos XIII, XIV y XV, en la segregación, explotación laboral, discriminación, esclavización o aniquilación de los sarracenos andalusíes conquistados; en la segregación, discriminación, conversión forzada, expulsión o exterminio de loshebraicos; en la esclavización de cristianos ortodoxos; en la desconfianza y discriminación hacia los conversos recientes y persecución inquisitorial de los falsos conversos, así como en la temprana caza de brujas iniciada en el Principado ya en la quinceava centuria. Una situación de fanatismo religioso y paranoia colectiva que no va a hacer más que intensificarse en el siglo XVI con la irrupción de la Reforma protestaste y la consiguiente Contrarreforma católica.

En definitiva, el ultracatolicismo fue un elemento inherente a la idiosincrasia y la nación catalanas del medievo, ya sea en sus acepciones amplias de catalanidad como en la reducida a los naturales del Principado, dándoles cohesión y contraponiéndolos a los colectivos no católicos.

Si las alteridades neutras cimentaban las identidades colectivas, como fue el caso, en general, entre catalanes y aragoneses, las alteridades en negativo, en tanto que contraidentidades, las reforzaban sobremanera. Además, la crispación y la violencia de los conflictos bélicos fueron seguramente los factores que más ayudaron a la extensión de la identidad colectiva catalana en las clases populares de Cataluña y gran parte de las del resto de dominios de la Corona, pues generaron unos sentimientos de oposición y enemistad que permitieron distinguir claramente entre «nosotros» y «ellos». La religión jugó un importante papel en este campo. A lo que ya se ha dicho, hay que añadir que, si bien Cataluña, Mallorca, Ibiza, Valencia y Menorca dejaron de compartir frontera directa con Al-Ándalus en la treceava centuria, los andalusíes permanecieron en el imaginario colectivo catalán medieval no solo como los adversarios fundacionales, sino también como los enemigos sempiternos. Una idea seguramente nutrida por el hecho que de los sarracenos pasaron a ser una minoría religiosa muy destacada en los territorios hispanos de la Corona de Aragón, al permanecer en ellos grandes bolsas poblacionales mudéjares en régimen de servitud, las cuales eran percibidas como un peligro latente por parte de la mayoría cristiana.

Sin embargo, y aun con los enfrentamientos marítimos con la piratería berberisca y las sonadas batallas en Anatolia y Grecia de la Gran Compañía Catalana contra musulmanes turcos, cristianos ortodoxos griegos y alanos, desde mediados del siglo XIII en adelante los «publicos inimicos» de los catalanes, en todas sus acepciones, fueron otros cristianos católicos: principalmente franceses —quienes acometieron diversas invasiones del territorio catalán entre finales de los siglos XIII y XV— y genoveses —los grandes competidores comerciales en el Mediterráneo—, sin olvidar según las coyunturas a castellanos, sardos, gascones, provenzales, napolitanos, romanos, pisanos y sicilianos. Es decir, los pueblos y naturales de aquellos príncipes y repúblicas que se opusieron al expansionismo geopolítico, militar y económico de los condes de Barcelona y sus sucesores reyes de Aragón. Una oposición que, particularmente en la península itálica y en las islas de Cerdeña y Sicilia, generó un profundo sentimiento de animadversión contra los catalanes. En consonancia, los conflictos, paces, alianzas y enemistades entre príncipes, dinastías y republicas se hicieron extensivos a las naciones de los dominios de estos, como se puede observar en 1334, cuando en un juicio contra un traidor mallorquín al rey Jaime de Mallorca se especifica que el acusado había ayudado a los «sarracenos de Ispania etjanuvenses, publicos hostes dicti nostri regis et omnium catalanorum»; igualmente en las rebeliones sardas de la segunda mitad del siglo XIV e inicios del XV, vistas como un enfrentamiento entre las naciones catalana y sarda, tal y como demuestran los gritos de guerra de «Arborea! Arborea! Morgen sos Cathalanos» vociferados en 1353 por los alguereses partidarios del juez de Arborea y contrarios al dominio rey de Aragón y Cerdeña; también lo advertimos en 1425, cuando se escribe que la «nació crestiana cathalana e constituida en pau e tranquil·litat també ab lo dit senyor duch de Vanècie» y, asimismo, en 1435, cuando el Consell General de Mallorca informa de que Génova estaba armando quince naves y cuatro galeras «contra lo dit senyor Rey e nostra nació catalana».

No obstante, no solo eran enemigos los extranjeros, ya que aunque profesaran la misma fe o emplearan la misma lengua y costumbres que los defensores del príncipe y/o de la patria, para los catalanes eran enemigos también los traidores, es decir, aquellos naturales de una comunidad política —el principado o reino respectivo o el conjunto de dominios del rey de Aragón— que carcomían la cosa pública lanzándose al pillaje y a la extorsión de sus paisanos o, todavía peor, que actuaban o se declaraban contrarios a Dios —como los falsos conversos—, al monarca o a la patria. Por lo tanto, las guerras o conflictos civiles ocurridos en el marco de la Corona de Aragón como la reincorporación de Mallorca, Rosellón y Cerdaña (1343-1349), la guerra de la Unión (1347-1348) y el Interregno (1410-1412) tuvieron consecuencias identitarias, ya que enfrentaron internamente a las sociedades mallorquina, catalana, aragonesa y valenciana, a la vez que las contrapusieron entre ellas. En este sentido, quizás el conflicto con una afectación más profunda para la catalanidad, especialmente para la identidad catalana amplia, fue la guerra civil ocurrida en el principado de Cataluña entre 1462 y 1472, la cual reforzó notablemente la tendencia a restringir la catalanidad a los naturales del Principado. Igualmente, dentro de Cataluña se crearon dos bandos que se consideraban a sí mismos como fieles catalanes y buenos patricios, enfrentados a los catalanes traidores. A modo de ejemplo, en eldietario de la Diputación se habla de «la guerra qui en aquest temps era entre los fidelíssimos cathalans, qui mentenien lurs libertats, de una, e lo rey Johan d’Aragó, de la part altra», indicándose que aquellos notables catalanes que se hacían partidarios del rey Juan «foren publicats per bares e per traÿdors» ya que «los dits traÿdors havien feta la dita traÿció e venuda la pàtria per diners».

Con todo, la apelación al enemigo exterior nunca deja de estar presente. Así, en octubre de 1471, diversos capitanes del bando anti-juanista pretenden justificar, frente al consistorio de Barcelona, su conversión en partidarios del rey Juan el Grande, exponiendo que los catalanes rebeldes a dicho monarca pierden la contienda por causa de la mala influencia extranjera:

Liurats a diverses nations e Senyories, som stats sots prenda oprobi e derisio a totes gents e nations, Castellans, portuguesos, francesos, gascons, Tudeschs, prohensals, ytalians e a totes altres lengues e pobles que sobre nosaltres es son pasents, e apres nos han oprobiosament tractats, com moltes de elles dites nacions nos fossen infestissimes e exosses e en la nostra preclara natio han volgut exercir les veniances de les iniuries e dans que la dita nostra preclara natio per lo passat havien rebudes.

A raíz de la constitución de Cataluña a partir de múltiples dominios condales independientes entre ellos, los sucesivos condes de Barcelona se van a consolidar paulatinamente como soberanos de toda Cataluña en los siglos XII y XIII, siendo tres los factores clave que se lo permiten:

Primero, la adquisición a lo largo de la doceava centuria de la mayoría de condados catalanes conjugada con la conquista de los extensos territorios de Tarragona, Tortosa y Lérida.

Segundo, una política exterior que los sitúa desde 1112 como principal potencia del espacio provenzal y desde 1137, del espacio aragonés, elevando a los condes de Barcelona geopolítica y simbólicamente muy por encima de sus homólogos condales del noreste ibérico. Y es que a la condición de «regnante comes Barchinone in Aragon» de Ramón Berenguer IV, se le suma desde 1162 la dignidad de ser rex Aragonum que ostentaron sus sucesores, hecho que no solo produce que desde entonces los catalanes se dirijan habitualmente al conde de Barcelona tratándolo de senyor rey y que su dinastía, descrita por Bernat Desclot en el siglo XIII como «los nobles reis que hac en Aragó, qui foren de l’alt llinatge del comte de Barcelona», a partir del siglo XIV se denomine «Casa de Aragón», porque la dignidad regia del reino aragonés «és títol e nom nostre principal» según el rey Pedro el Ceremonioso, sino que, además, la dignidad regia se erige como un poderosísimo argumento simbólico de la posición suprema del conde barcelonés sobre toda la nobleza de los condados ya desde la doceava centuria.

Y tercero, el uso del romanismo jurídico que en los siglos XII y XIII facilita que el conde barcelonés —primero en sus condados patrimoniales y más tarde en toda Cataluña— se proclame poseedor de la condición de «príncipe» (Constitucions de Pau y Treva y Usatges de Barcelona), «príncipe de la tierra», «señor soberano» (Costumes de Cathalunya) y «señor natural». Un estatus que los sucesivos monarcas no dudan en manifestar y promover, mediante una acepción del concepto «naturaleza» que quedó entonces ligada a conceptos como «fidelidad», «lealtad» y «amor» en sus vertientes políticas, puesto que servía para denominar el vínculo o jurisdicción general entre el príncipe natural y sus «súbditos», «sometidos» o «naturales».

Estatus asumido por toda la sociedad en Cataluña, a pesar de que las aspiraciones de soberanía absoluta de los monarcas han de acomodarse a su debilidad, pues solo ejercen jurisdicción y exacción directas en las tierras de realengo, las cuales, por añadidura, con el paso del tiempo van deviniendo más exiguas, de manera que los monarcas van a depender más y más de la élite estamental. Aun así, y más allá de la sacralización de figura principesca y del comportamiento de cada monarca en particular, los catalanes necesitaban a su regio conde porque encontraban en él al caudillo militar que había de defender el territorio de Cataluña y guiarlos a nuevas conquistas, al gobernante que debía velar por la paz social y al juez y legislador supremo que impartía justicia y promulgaba leyes en pos del bien común. Y no solo eso, ya que el príncipe soberano era en sí mismo una fortísima fuente de unión comunitaria. De esta manera, la fidelidad, la lealtad y naturaleza de los catalanes para con su monarca resultó un rasgo fundamental de la identidad colectiva catalana en todas sus variantes: pues en torno al rey de Aragón se enlazan los naturales catalanes entre ellos y con el resto de naturales de los otros dominios de dicho soberano y, por descontado, también se cohesionan los cristianos de Cataluña con el resto de cristianos catalanohablantes, aunque parte de estos en un momento dado sean súbditos de otros monarcas vástagos de ladinastía catalano-aragonesa, parientes del rey de Aragón e, inclusive, vasallos suyos, como era el caso de los reyes privativos de Mallorca.

Asimismo, el tópico monarquista de la fidelidad y lealtad para con el rey es cultivado y fomentado desde todas las instancias del poder y autoridad, comenzando, lógicamente, por los propios condes de Barcelona. Por ejemplo, Pedro el Ceremonioso al narrar su conquista de Mallorca en 1343 destaca la lealtad al monarca como elemento inherente a la identidad catalana compartida por catalanes, valencianos y baleares, pues expone a los prohombres de la ciudad y reino de Mallorca que la rotura del pacto de vasallaje y los agravios cometidos por el rey Jaime de Mallorca contra su homologo y señor feudal, es decir, el rey de Aragón, entrañaban que este último tenía derecho a recuperar los dominios isleños y del norte de Cataluña y que los mallorquines lo habían de tener ahora por su soberano, recordándoles, además, que eran «catalans e naturals nostres». No obstante, las reticencias de los mallorquines a traicionar al rey de Mallorca provocaron que el Ceremonioso insistiese en «que catalans eren» advirtiéndoles «que catalans totstemps foren lleals, e que no començassen ells a fer cosa que sia contra llealtat».

Por su lado, en el marco de la guerra contra Castilla, la esposa del mismo rey Pedro apeló a la fama de naturaleza, fidelidad y lealtad hacia el soberano y sus regios predecesores demostradas por la nación de los catalanes del Principado, a cuyos representantes, reunidos en Cortes en 1365, la reina de Aragón convidó a pensar en:

... la gran naturalesa que els vostres predecessors e vosaltres mateix han haüda e havets al senyor rei e a sos predecessors; si pensats com altament lo dit senyor rei e sos predecessors són estats servits per vós e per los vostres predecessors entrò el dia de hui; si pensats com sobre totes les nacions del món la vostra fama e dels vostres predecessors ha resplandit e resplandeix per tot lo món, de vera naturalesa, lleialtat e feeltat, e de gran amor envers senyor.

Esta concepción fue asumida por los súbditos catalanes —tanto en su sentido amplio como en el reducido y, lógicamente, también en su acepción nominal catalano-aragonesa—, los cuales dieron múltiples muestras de filiación a su monarca, siendo una de las más conocidas el grito de guerra «¡Aragón, Aragón!». Este grito fue compartido por el resto de súbditos ibéricos de la Corona de Aragón y remitía a la titulación regia principal y habitual del soberano. A modo de ejemplo, en 1344, en el marco de la guerra del rey de Aragón contra el de Mallorca, ambos de la misma dinastía, los catalanes de Puigcerdá partidarios de Pedro el Ceremonioso «eixiren de les cases tots armats cridant: “Aragó, Aragó!!”, ab empresa que tothom que cridàs “Mallorques!” fos pecejat». Además, paralelamente, la fidelidad y el amor hacia el príncipe se hizo extensible a su familia —reinas, infantes e incluso otros monarcas del mismo linaje— y a la memoria de su estirpe, de la que van surgiendo los soberanos que se suceden como cabezas de Cataluña, de los otros dominios catalanohablantes y de Aragón, engarzándose en el tópico de la fidelidad catalana y siendo objeto de una fervorosa devoción. Así, a comienzos del XIV, Muntaner manifestó el ferviente dinastismo que sentía hacia «la casa d’Aragon e dels deixendents d’aquella», incluyendo a los reyes privativos de Mallorca y de Sicilia, cuyas dinastías —recordamos—eran ramas cadete de la Casa de Aragón de linaje barcelonés, mientras que en 1454 el obispo Margarit loaba en las Cortes catalanas a la:

... benaventurada, gloriosa e fidelíssima nació de Catalunya, qui per lo passat era temuda per les terres e les mars; aquella qui ab sa feel e valent espasa ha dilatat l’imperi e senyoria de la casa d’Aragó.

Tan consolidada estaba entre los catalanes la adhesión a la Casa de Aragón, que sirvió a la élite catalana que depuso al rey Juan el Grande en 1462, como argumento justificativo de la elección como nuevo soberano catalán al «il·lustríssimo senyor rey de Castella, al qual vaccant la successió de la Corona d’Aragó se pertanyia», pues la Casa de Aragón del derrocado rey Juan eran una rama cadete de la Casa de Castilla. También sirvió para justificar el nombramiento del condestable Pedro de Portugal, en 1463, por descender «de la recta línea del excellent rey Namfos lo benigne, axi en les croniques intitulat», y de la elección del duque Renato de Anjou, en 1467, a quien los oligarcas catalanes «per llur innata e incorrupta fidelitat tenen en les vísceres impresa com a [majestad] més acostada en la successió de la casa de Aragó e a la qual pertany la senyoria».

Finalmente, en las capitulaciones de paz firmadas en 1472 por el rey Juan y el Consejo de Ciento, que actúa en nombre de la ciudad de Barcelona y de todo el Principado, los consellers demandaron al monarca que declarase y pregonase públicamente por todos los reinos de la Corona que la liberación de prisión del primogénito don Carlos de Aragón y toda la guerra subsiguiente no habían sido actos perjudiciales «o derogants en alguna manera a la fidelitat, ans los poblats en dita ciutat e principat esser haguts per bons leyals e feels e que vostra Señoria per tals los ha», a lo que el soberano respondió que le placía, lo declaraba y así lo pregonaría.

Aunque en la tradición romanista, la creación de derecho pertenecía al príncipe soberano, en el caso de la Corona de Aragón, el monarca, a raíz de sus necesidades crematísticas y militares, se ve obligado a contar con el consentimiento parlamentario de la elite de sus súbditos para negociar la legalidad suprema que ha de regir cada uno de sus reinos y principado. Por eso todos los dominios del rey de Aragón y conde de Barcelona contaron con sus propias asambleas parlamentarias y legislativas —cortes en Cataluña, Aragón y Valencia, parlamentos en Sicilia, Cerdeña y Nápoles y consejos generales en Mallorca, Ibiza y Menorca—, a la vez que cada uno de estos territorios, en función de su jurisdicción general, construyó su código legal general y superior: constituciones, fueros, franquezas, privilegios, etc., de las que se derivó una naturaleza jurídica exclusiva para cada reino y principado que acabó por extranjerizar al resto de súbditos del monarca, impidiéndoles disfrutar de los cargos, prerrogativas y privilegios fuera del territorio del que eran naturales.

En el caso catalán, los representantes estamentales clericales, nobiliarios y de los municipios de realengo se constituían, en el marco de la Corte General de Cataluña, en tres brazos —eclesiástico, militar y real— que instituían el General de Cataluña, corporación representante de todos los naturales del Principado, la cual ofrecía al conde de Barcelona subsidios económicos y ayuda militar a cambio de pactar la creación y/o modificación de las leyes que conformaban las Constitutions y altres drets de Cathalunya, por definición, la legalidad suprema del principado de Cataluña y los condados de Rosellón y Cerdaña y la piedra angular del equilibrio entre el príncipe y sus súbditos, puesto que por imperativo constitucional desde 1299, al inicio de cada reinado el monarca juraba ante Dios mantener y respetar las leyes, libertades y privilegios de los catalanes, para recibir el juramento de fidelidad de los representantes de estos. Asimismo, las constituciones —a menudo denominadas «leyes, libertades y privilegios» de los catalanes o de la patria—, eran el elemento que desde finales del siglo XIII diferenciaba política y jurídicamente a los naturales catalanes del resto del mundo, incluyendo a los otros súbditos de la Corona de Aragón; siendo, por lo tanto, un factor fundamental para la definición de la catalanidad particular de los cristianos oriundos de la Cataluña medieval. La insistencia de la oligarquíadirigente catalana de los siglos XIV y XV en la preservación y ampliación de esta legalidad es proverbial y cuotidiana en su relación con el soberano, de manera que, como dijo el obispo de Elna en las Cortes de 1454, difícilmente alguien se podía maravillar:

... si aquesta dita fael nació, ultra totes altres, crida la conservació de sos privilegis, així com aquella qui els ha guanyat ab sa fidelíssima aspersió de sang e en aquesta sua inmaculada fidelitat.

Cuestión aparte, y en buena medida aún por esclarecer, es qué punto la defensa de esta legalidad interesó y motivó a los cristianos plebeyos o miembros del estamento general que no formaban parte de las élites, pensando especialmente en gente como los siervos cristianos o en los mendigos y desarrapados. Ya que si bien dicha legalidad, por un lado, era un elemento estrechamente relacionado con la cima de la jerarquía social, por otro lado, afectaba a todos los catalanes, del más rico al más pobre, y contenía prerrogativas, como, por ejemplo, la de no poder ser juzgado fuera del territorio catalán, cosa que puesto que evitaba lejanos desplazamientos y grandes dispendios. En relación con esta cuestión del interés por las constituciones más allá de la elite oligárquica estricta, las Cortes de 1413 ordenan traducir del latín al catalán las constituciones para que fueran más accesibles al común de la población, porque al estar escritas en latín, «les persones legues han ignorancia de aquellas e facilment fan e venen e poden venir contra aquellas».

En cualquier caso, quien sí veló por la defensa de dichas libertades y asumió la representación de todo el Principado fue la Diputación del General. Nacida en 1359 como una diputación permanente del General de Cataluña, con el objetivo de que los brazos del mismo pudiesen controlar la recaudación de los donativos para el monarca mientras las Cortes no estaban reunidas, se convierte en una institución permanente al concatenar la tributación de múltiples donativos, adquirir deuda pública e intervenir notablemente en política, como cuando en 1396 —ante la repentina muerte del rey Juan el Cazador en plena venación— ayuda a la entronización del rey Martín y hace frente a la invasión del Principado por parte del pretendiente conde de Foix. De hecho, la débil posición del rey Fernando frente a las élites que lo habían elegido en Caspe y en el contexto de la rebelión del conde de Urgel, provoca que en las Cortes de 1413 la Diputación obtenga el cometido de controlar y evitar que «el Senyor rey per inadvertencia o en altra manera, o son primogènit o altres qualsevols oficials lurs» contravengan, deroguen o perjudiquen la legalidad catalana pactada y su cumplimiento. De esta forma, y a pesar del carácter extremadamente oligárquico alcanzado a mediados del siglo XV, la institución se arroga la representación de todo el Principado, y no solo por su función fiscal ordinaria, dado que es la única institución que recauda impuestos sobrela totalidad del territorio catalán, sino también por ser la delegación permanente de las Cortes y una institución garante del cumplimiento de las constituciones. En este sentido y a modo de ejemplo, tanto fue el poder y la legitimidad con la que contaban los diputados del General como representantes del Principado que, durante la crisis de 1460-1462, no solo generaron el Consell Representant lo Principat de Cathalunya, sino que, apoyados por el Consejo de Ciento e invocando la rotura de la legalidad por parte del monarca, liberaron al infante primogénito de prisión y, más adelante, depusieron a «lo rey en Johan Segon d’Aragó», declarándolo «per enemich e acuydat del principat de Cathalunya» para, posteriormente, entronizar como nuevo soberano a Enrique de Castilla en 1462 y a Pedro de Portugal en 1463. Fallecido este en 1466 «los deputats, ab lur consell, representants lo principat de Cathalunya, ab intervenció de la ciutat de Barchinona» procedieron a elegir como «rey d’Aragó e comte de Barchinona lo il·lustríssimo senyor en Renat, rey de Sicília e comte de Prohença».