Durante las primeras décadas de la ocupación cristiana de la ciudad de Valencia, desde su conquista por parte de las tropas de Jaime I de Aragón en 1238 hasta la celebración de las Cortes valencianas de 1286, la principal vía de contribución de sus habitantes al rey fue a través de las obligaciones feudales de la questia, también llamada peita, y la redención de ejército, unas exacciones directas impuestas colectivamente sobre la comunidad de vecinos o poseedores de tierras del municipio para subvenir determinadas necesidades circunstanciales del señor, que se distribuían proporcionalmente en forma de talla en función del patrimonio de cada unidad familiar. Así, en esta época se documentan peticiones a la ciudad del rey, su señor, de entre 30.000 y 100.000 sueldos de manera ocasional, espaciada en el tiempo cada ciertos años, por ejemplo en 1255, 1259, 1269, 1272, 1274, 1275, 1280 y 1285. En ellas, por otra parte, según dos privilegios de 1246 y 1252 que regulaban dichas exacciones, cabe señalar un elemento que resultaría importante, como veremos, en los debates formulados sobre las formas fiscales aplicadas en la ciudad y es el relativo a la contribución de los estamentos privilegiados, que no quedaban, ni mucho menos, completamente exentos de dichas tallas, sino que aparte de los pobladores del común, que pagaban por su riqueza total estimada, los clérigostambién debían contribuir en parte por los bienes muebles e inmuebles que tuvieran en la urbe y su término, mientras que los caballeros lo debían hacer por los muebles y por aquellos inmuebles que originariamente fueran de realengo —pero que habían obtenido por compra, matrimonio u otros métodos—.

En paralelo, además de las questias o peitas y redenciones de ejército, la ciudad también tuvo que pagar, como el resto del estamento real valenciano, otros dos tipos de contribuciones directas a la Corona: el monedaje o morabatí, un impuesto septenal creado en 1266 para mantener la estabilidad de la moneda real de Valencia, consistente en el pago de 7 sueldos por parte de cada hogar que tuviera un patrimonio valorado en más de 105 sueldos, y los donativos otorgados en las primeras asambleas parlamentarias del reino, las de 1261, 1271, 1281 y 1283. De hecho, ambos tipos de contribuciones estuvieron estrechamente relacionadas durante este período inicial, ya que el monedaje fue utilizado en ocasiones como una forma de donativo parlamentario. Así, si bien en las Cortes de 1261 y en las de 1281 el estamento real —no aún el nobiliario y el eclesiástico, que no empezaron a participar en las ayudas parlamentarias hasta el siglo XIV— se comprometió a pagar 100.000 y 288.000 sueldos respectivamente —de los que correspondían a Valencia una cantidad desconocida en 1261 y 50.000 sueldos en 1281—, el resultado fiscal de las Cortes de 1271 y el Parlamento de 1283 fue la concesión de sendos monedajes incrementados, esto es, el pago habitual de 7 sueldos por parte de cada familia con un patrimonio superior a 105 sueldos más un complemento de 7 o 14 sueldos para los que superarandeterminados niveles de riqueza. En consecuencia, se pagaron monedajes en 1266, en 1271 (adelantado dos años e incrementado), en 1280 y en 1284 (adelantado tres años e incrementado), aparte de los dos donativos de 1261 y 1281, que tomaron la forma de tallas directas a escala local, de manera análoga a los mencionados derechos feudales de la questia o peita y la redención de ejército

En relación con ello, cabe destacar que a partir de las Cortes de 1286 la ciudad de Valencia consiguió del rey Alfonso el Liberal una franqueza perpetua de dichas obligaciones señoriales —salvo de la redención de ejército en determinados casos de extrema necesidad bélica—, aunque ello no fue óbice para que, aparte de los monedajes septenales, la ciudad continuara recibiendo peticiones de entre 30.000 y 100.000 sueldos por parte de los monarcas de manera ocasional en los años subsiguientes, como en 1287, 1293, 1294 o 1297, aunque ahora fuera siempre en concepto de auxilios especiales o subsidios graciosos, recaudados igualmente mediante tributos directos. Asimismo, los donativos concedidos por el estamento real en las asambleas parlamentarias de aquella época también continuaron distribuyéndose habitualmente mediante tallas directas a escala local en función de la riqueza familiar, como sucedió con las ayudas derivadas del Parlamento de 1290 y de las Cortes de 1292 y 1301-1302. En este último caso, no obstante, cabe señalar que la primera anualidad de las cinco concedidas como donativo se recaudó, en 1303-1304, a través de un impuesto directo de capitación llamado cabeçatge, consistente en el pago de 1 sueldo por parte de cada persona —cristiana, musulmana o judía—, aunque, ante los magros resultados provocados por una ocultación masiva, para elresto de anualidades, de 1304 a 1308, se volvió al sistema de tallas distribuidas entre las unidades familiares según su riqueza estimada.

A continuación, para la frustrada campaña de conquista de la Almería nazarí en 1309, Jaime II requirió a la ciudad de Valencia una redención de ejército de 60.000 sueldos y por primera vez, por iniciativa de los propios gobernantes municipales, se planteó también la recaudación de un subsidio mediante imposiciones indirectas —sobre la carne—, aunque finalmente no se llegaron a establecer, dado que a principios de 1310 el monarca ordenó el levantamiento del asedio ante la imposibilidad de tomar la plaza. De hecho, el siguiente auxilio especial solicitado por Jaime II a la ciudad, 80.000 sueldos en 1312 para la dote matrimonial de dos de sus hijas, se volvió a reunir nuevamente mediante una talla directa, aunque poco después, en 1315, se documenta ya el primer subsidio recaudado al servicio de la Corona a través del novedoso sistema fiscal de las sisas o imposiciones indirectas que se irían extendiendo y consolidando durante las siguientes décadas, a pesar de generar un evidente rechazo social, como iremos comprobando.

En concreto, en aquel año Jaime II pactó con la ciudad de Barcelona y ciertas localidades costeras catalanas y con Valencia y los núcleos reales valencianos la organización de sendas armadas contra los ziyánidas de Tremecén, que estaban entorpeciendo la navegación cristiana. Técnicamente se trataba de una flota propia de los diversos Consejos municipales implicados, aunque al mismo tiempo la iniciativa coincidía con los intereses del monarca, quien la impulsó en una rápida asamblea con representantes de los principales núcleos reales y accedió a sancionar la estructura necesaria para su organización, de manera que en el caso del Reino de Valencia, para armar dos galeras y dos leños, se debía reunir dinero de las limosnas que los fieles dejaran en las iglesias y de dos tipos de imposiciones indirectas establecidas durante un año, hasta la primavera de 1316: unas aplicadas sobre el tráfico marítimo mercantil en los lugares de descarga naval y otras sobre el pan y la carne en los puestos de venta local. Por lo tanto, era la primera vez que se utilizaba la tributación indirecta en parte del territorio valenciano para reunir las sumas necesarias para una campaña militar, lo que, de hecho, generó la oposición frontal y las amenazas armadas del estamento nobiliario, que veía así gravadas las compraventas realizadas en los mercados de las ciudades y villas reales.

No obstante, a pesar de las protestas nobiliarias, el siguiente gran auxilio a la Corona documentado en la ciudad de Valencia, concedido en 1322 para la ambiciosa campaña de conquista de la isla de Cerdeña, se colectó igualmente mediante imposiciones indirectas, según ofrecieron sus gobernantes al líder de la expedición, el infante Alfonso. En concreto, ahora las tasas sobre las transacciones del comercio naval eran mucho más elevadas que en 1315-1316 y las impuestas sobre el consumo de cereales y carnes se extendían considerablemente, quedando vigentes durante todo el tiempo que fuese necesario para recaudar los 350.000 sueldos prometidos al citado infante, es decir, probablemente en torno a tres anualidades. En todo caso, al parecer en aquellos momentos el tradicional recurso a la tributación directa continuaba siendo el predominante en la ciudad, según muestran, por una parte, un nuevo auxilio concedido a la Corona en marzo de 1324 para finalizar la mencionada campaña sarda —consistente en el pago durante dos años de un tributo directo unipersonal de 1 sueldo como el cabeçatge de 1303-1304 y otro proporcional al patrimonio de cada unidad familiar— y, por otra parte, una «talla e quèstia» que los jurados de Valencia reconocían haber realizado poco antes para intentar rebajar las deudas municipales que se habían comenzado a acumular y ascendían a unos 150.000sueldos.

Pero aquello no era más que el principio del aumento del pasivo de la ciudad, ya que precisamente el inicio de la conquista sarda y la escalada bélica que se produjo a partir de la década de 1330 acabarían generando una espiral de subsidios consecutivos concedidos a la Corona que condujo, por una parte, al descontrol de la deuda urbana y, por otra parte, al recurso cada vez más continuado a la tributación indirecta, a pesar del malestar social que originaba.

Tras un largo período de predominio de la fiscalidad directa y las primeras experiencias puntuales de 1315-1316 y 1322-1325 con el establecimiento de sisas para la recaudación de subsidios a favor de la Corona en la ciudad de Valencia, a partir de 1330 las imposiciones indirectas se fueron ampliando y enlazando prácticamente sin solución de continuidad. En primer lugar, porque los grandes acuerdos alcanzados en las Cortes de 1329-1330 significaron al mismo tiempo la aprobación de un primer donativo general parlamentario —en que participaron también la nobleza y la Iglesia—, consistente en la concesión a Alfonso el Benigno de un total de 2.200.000 sueldos a recaudar en un máximo de seis años —finalmente hasta 1334— a través de imposiciones sobre los cereales, las carnes y el vino, que se debían aplicar en los mercados locales de casi todo el reino, incluyendo los de la ciudad de Valencia, con el objetivo de destinar la mayor parte del dinero a la conquista del emirato nazarí de Granada que el monarca proyectaba en aquellos momentos, junto a su cuñado Alfonso XI de Castilla. No obstante, dada la cancelación de la campaña, finalmente el dinero fue desviado en 1333 al armamento de una gran flota contra los genoveses, para lo cual, con el fin de acelerar la recaudación, se ampliaron considerablemente el número de imposiciones recaudadas, aplicándose también durante un año a todo tipo de alimentos, especias, animales, tintes,paños, sustancias, materiales, esclavos, rentas, inmuebles y el tráfico marítimo mercantil.

Asimismo, el inicio del reinado de Pedro el Ceremonioso en 1336 contempló igualmente la concesión de diversas ayudas de la capital valenciana recaudadas sobre todo a través de sisas, como el préstamo de 100.000 sueldos avanzado para la campaña del rey contra el noble Pedro de Jérica en 1336-1337 o un nuevo préstamo del mismo valor, un subsidio también de 100.000 sueldos y el armamento de diversas galeras para la lucha contra los benimerines marroquíes entre 1338 y 1339. Acto seguido, en 1340 el monarca congregó a los estamentos valencianos en asamblea —en un «Parlament General», según se decía— con el único objetivo de solicitar una «ajuda a tot lo General del Regne de València per rahó de la guerra la qual lo malvat rey de Marrochs se apparella e se esforça de fer contra nós y contra lo dit Regne de València», que, por iniciativa de la capital y el estamento real, tomó la forma de un conjunto de imposiciones indirectas recaudadas durante tres años sobre el tráfico naval y sobre la compraventa de cereales, carnes, vino, aceite y paños en los mercados locales. En paralelo, además, la ciudad de Valencia asumió el pago de una gran deuda de 400.000 sueldos, a liquidar entre 1342 y 1344, que el rey debía al barón Lope de Luna por la dote de su mujer, la infanta Violante; entre 1343 y 1345 concedió al propio monarca el resultado íntegro de unassisas bienales «en lo pa, e en lo vi, e en les carns, e en los draps, e en lo cuyram, e en la especieria, e argent viu e encara en lo navili», que se vendieron por 496.000 sueldos, para la campaña contra los marroquíes en el estrecho de Gibraltar y la conquista de las Baleares y el Rosellón a Jaime III de Mallorca; y al finalizar dichas imposiciones, en 1346, la ciudad otorgó otros 95.000 sueldos a la Corona, recaudados mediante imposiciones sobre el tráfico marítimo y los paños de lana, seda y oro, para mantener una escuadra de vigilancia y defensa contra los genoveses.

En consecuencia, durante aquellos años de escalada bélica de la Corona contra los sardos, granadinos, genoveses, marroquíes y mallorquines, y de aumento incesante de la presión fiscal por la concesión de ayudas al monarca, la deuda municipal comenzó a aumentar, lo que obligó a aplicar nuevos impuestos adicionales para intentar reducirla. Por ejemplo, ante la falta de otro tipo de ingresos, ya en 1328 los jurados recibieron licencia para establecer imposiciones sobre los cereales y las carnes con cuya recaudación reparar los puentes y caminos derruidos por una riada del Turia que se produjo aquel otoño, mientras que en 1334 y 1335, en el contexto de una sucesión de carestías vinculadas a lo mal any primer, se impusieron tasas sobre las carnes y el vino para pagar ayudas a la importación y el almacenamiento de grano. No obstante, la deuda municipal no dejaba de crecer, tanto por aquel tipo de gastos propios como por los préstamos solicitados para avanzar con diligencia los auxilios otorgados al rey, que después intentaban liquidarse progresivamente a través de la recaudación de impuestos. Así, si bien hemos visto que en 1324 el pasivo municipal ascendía a unos 150.000 sueldos, en 1335 se contabilizaba ya en 226.466 sueldos 8 dineros, en 1338 era de 282.434 sueldos 2 dineros, en 1343 estaba por encima de los 600.000 sueldos y en 1344 superaba los 700.000. Unaascensión, por lo tanto, vertiginosa.

Por ello, en el seno del Consejo municipal —y sin duda entre buena parte de la población de la ciudad— comenzó a discutirse cómo encarar tal problemática, acuciante para los gobernantes urbanos, que avalaban la deuda con su patrimonio, y también para los productores y consumidores, que se veían obligados a pagar más por sus transacciones cotidianas. En 1339, por ejemplo, se debatió si para hacer frente a una de aquellas deudas del municipio se impondría una talla directa —«per manera de quèstia»—, un préstamo forzoso distribuido entre los habitantes —«manleuta per albarans»— o una sisa sobre las carnes durante dos años, opción que finalmente fue la escogida. No obstante, a finales de 1341 se tuvo que recurrir también a una talla entre los habitantes de la ciudad y su término, distribuida por seis consejeros de cada parroquia, que, dejando de lado cualquier «parentesch, amistat, oÿ e desgrat», debían establecer para cada familia el pago durante un año de entre 1 dinero y 2 sueldos cada semana, lo que, no obstante, sirvió de poco ante la escalada de pagos al monarca que hemos observado. De hecho, dado que «el deute tot dia crexia per lo gran interés que·n pagava», en 1343 se celebraron «molts col·loquis e tractaments per los jurats e prohòmens de la ciutat per cercar e atrobar via e manera per la qual la ciutat bonament pusqués exir de deute» y,«havent altercat molt pro et contra», se llegó la conclusión de que «la via pus covinent e possible, e menys dampnosa», era la de imponer y arrendar sisas durante cuatro años sobre los cereales, el vino, los paños, las maderas, los inmuebles y las rentas, adicionales a todas las que ya se estaban cobrando por otras causas, en especial para pagar al rey.

Con todo, los ingresos previstos aún no eran suficientes para liquidar la deuda, por lo que entre finales de aquel año y la primavera de 1344 los consejeros dieron autorización para vender violarios con carta de gracia —aunque no hay constancia de ninguna transacción efectiva—, otorgaron poderes para obtener rentas acensuando el foso y las barbacanas de las murallas de la ciudad, establecieron la recaudación de un préstamo forzoso al propio Consejo por parte de los habitantes de la ciudad, a los que durante dos años se les obligaría a pagar una cantidad semanal hasta recaudar entre 5 y 1.000 sueldos por cada unidad familiar, y, como medida postrema, se decidieron vender de golpe nuevos lotes de imposiciones durante cuatro años por una parte, por un valor total de 540.000 sueldos, y por dieciséis meses más por otra parte, por un valor de 160.000 sueldos. Así, a pesar de que por toda la ciudad se murmuró «públicament e privada» que el precio del primer lote estaba muy por debajo de lo que se podría obtener con una venta a corto plazo —se decía que más de 800.000 sueldos si se vendía por semanas—, los tributos entraron en vigor a partir de aquel mismo verano de 1344 y, de hecho, constituyeron el principal ingreso para disminuir la deuda a unas cifras manejables, de manera que en octubre de 1347 el pasivo municipal se contabilizaba en tan solo 120.000 sueldos. Pero, al mismo tiempo, dicho aumento constante e intensivo de lapresión fiscal ocasionado por la sucesión constante de ayudas a la Corona y por los gastos municipales propios, en un contexto de carestías y dificultades, provocó dos fenómenos paralelos: la discusión con los estamentos privilegiados por su contribución en los gastos ciudadanos y un evidente malestar entre la población.

En relación con ello, sabemos, en primer lugar, que la Iglesia se opuso a participar en las imposiciones destinadas a sufragar la deuda municipal impuestas en 1328 y en 1334, como también lo hizo la caballería en este último caso, a pesar de la autorización que los consejeros habían obtenido de Alfonso el Benigno para hacerles tributar. En consecuencia, los gobernantes valencianos escribieron a sus homólogos barceloneses sobre «la forma e manera que avets tenguda e servada al senyor bisbe vostre e son capítol, e als cavallers sobre les vostres imposicions», ya que, según tenían entendido, «semblants imposicions e ajudes e majors són stades fetes en Barcelona» y «los clergues e cavallers donaven e donen pasciència». Los eclesiásticos valencianos, por el contrario, alegaban que si eso había sido así en algún momento era porque los consejeros barceloneses habían acordado restituir el dinero que correspondía a la Iglesia, «a ops de la obra de la catedral» o «per altra manera», y que, en cualquier caso, en las «crides de les vendes de les dites ajudes» se decía explícitamente que «no s’i entenien los clergues».

De hecho, la respuesta de Barcelona fue que, en efecto, los clérigos no pagaban las imposiciones urbanas, ni tan solo cuando vendían sus cereales u otros productos gravados en los mercados de la ciudad, ya que los colectores les dejaban venderlos «sens sa paga de la dita ajuda, e puys nós pagam als compradors de la ajuda aytant com lo dit clergue o clergues deuen pagar per la cosa per ells venuda», aunque los que adquirían aquellos productos de los eclesiásticos sí que debían pagar su parte de la imposición, «si doncs clergue no és». En relación con ello, aunque desconocemos la resolución del conflicto de 1334, diversas menciones posteriores de los manuales de Consejos de la ciudad de Valencia indican que, cuando menos en las décadas de 1340 y 1350, como veremos más adelante, la cantidad que los eclesiásticos debían pagar en teoría en las sisas destinadas a asuntos reales o municipales les resultaba exenta o les era tasada en conjunto y posteriormente restituida.

Por lo que respecta al otro estamento privilegiado, los gobernantes de Barcelona certificaban que en su ciudad «jamés los cavallers no s’i són opposats, ans hi han donada paciència, mas, con nos en deyen alcunes paraules, nós los responíem que no hic entrassen ne ych masessen res e no pagarien ajuda», es decir, que realizaran sus transacciones fuera de la ciudad y no se verían sometidos a su tributación. En cualquier caso, en Valencia, para aquel conflicto de 1334, el monarca Alfonso el Benigno solicitó el envío de dos o tres prohombres de la ciudad a la corte para llegar a un acuerdo sobre la cuestión, a lo que los jurados se negaron, ya que deseaban que la resolución de la disputa tuviera lugar en la propia urbe, «car, senyor, segons nostres furs e privilegis qüestions que toquen nós ho la universitat de València no deu ésser conegut d’aquelles fora lo regne». Desconocemos, no obstante, el resultado final de dicha confrontación respecto a la tributación indirecta, aunque, como veremos en el siguiente apartado, parece que, cuando menos en los subsidios al rey, si bien los eclesiásticos no lo hacían, los caballeros sí que debían contribuir en las imposiciones urbanas.

Por otra parte, el enfrentamiento volvió a repetirse por lo que respecta a la fiscalidad directa unos años más tarde cuando, como hemos indicado, en 1344 el Consejo, ante la insuficiencia de las sisas para hacer frente al incremento de la deuda municipal, aprobó también la recaudación durante dos años de un préstamo forzoso tasado entre las unidades familiares de la urbe. En concreto, la ordenación de la colecta, para «pagar los deutes de la ciutat com lo preu de les imposicions de la dita ciutat, les quals foren venudes a cert temps, no y bastàs», se aprobó en febrero de 1345, pero los nobles, caballeros y generosos se negaron a pagar nada, mostrándose contrarios a los «furs et privilegis et usança antiga» que, según alegaba el Consejo, les obligaban a contribuir —de hecho, como hemos visto, a tenor de los privilegios de 1246 y 1252 anteriormente mencionados parece que debían pagar en parte tanto por sus bienes muebles como por los inmuebles que originariamente hubieran sido de realengo, aunque tal vez más adelante la caballería había recibido del rey algún tipo de provisión o exención que les permitía negar su contribución—.

En consecuencia, después de que el justicia de la ciudad y algunos prohombres realizaran diversas «penyores de casa de nobles, cavallers et generoses», que fueron protegidos por el gobernador del reino, a finales de mayo se enviaron sendas comisiones de cada una de las partes a la corte de Pedro el Ceremonioso, por entonces en Perpiñán. Aún más, a petición de los gobernantes de Xàtiva, que tenían un enfrentamiento similar con los caballeros de su villa, en agosto la ciudad formó una unión «ab la dita vila et altres del regne sobre la deffenssió de furs et privilegis et interpretació d’aquells», dado que «tots los nobles, cavallers et generoses del dit regne» también habían constituido una «unió entre ells contra la dita ciutat et viles». En dicho contexto, además, los cuatro miembros caballeros del Consejo municipal de Valencia defendieron que se impusiera en paralelo una talla para reducir la deuda local, en vez de renovar una imposición sobre las carnes, considerando que ellos quedaban exentos de contribuir en las exacciones directas, a lo que otros consejeros les respondieron que «los generosos» debían contribuir «ab los ciutadans» tanto en las tributaciones indirectas como en las directas: «semblantment han tatxat et tatxaran los dits generoses». Así las cosas, en diciembre de 1345 Pedro el Ceremonioso encargó almaestre racional Juan Fernández Muñoz y al escribano de ración de la reina Berenguer de Codinachs que, con ocho asesores de cada una de las partes, resolvieran la cuestión por la vía de un arbitraje, lo que finalmente se produjo en junio de 1346 con una sentencia dada por el propio monarca, que se había desplazado a la ciudad de Valencia.

En este sentido, el rey, «per conservar unitat et amor entre los richs hòmens, cavallers et generoses poblats en los térmens de la ciutat et los ciutadans de la dita ciutat», publicó la propuesta que había realizado el citado Codinachs tras haber estudiado el caso: los caballeros únicamente quedarían obligados a pagar en las contribuciones vecinales establecidas en «los cases expressats en fur nou et vell» —que no se explicitaban— y en las destinadas a sufragar «messions vehinals» de las que ellos mismos recibieran «utilitat et profit», que se enumeraban, limitándose a los salarios de ciertas magistraturas y a otras partidas que podían pagar de manera voluntaria si querían ayudar al municipio, como la defensa de los términos y derechos de uso de la ciudad, la construcción de abrevaderos o las subvenciones a la importación de grano. Por lo tanto, quedarían libres de pagar en el resto de contribuciones vecinales, como —según se podía sobreentender— la que había originado el conflicto, destinada a liquidar la deuda municipal, excepto en los «dons e altres ajudes que s’haguessen a fer al senyor rey», en cuyo caso el propio monarca determinaría si los caballeros «hi pagaran o no». No obstante, al parecer ante una situación de enorme descontento popular, el Consejo municipal de Valencia, controlado por los ciudadanos, se abstuvo explícitamente de aprobar la resolución del soberano y, como veremos, acabó lanzando un órdago paraacabar de golpe con la deuda obviando la teórica exención de los caballeros.

No en vano, los indicios sobre el depauperamiento y el desasosiego de la población urbana no habían dejado de aumentar durante los años previos: en 1338 se crearon los cargos municipales del procurador de miserables, para la protección de las personas presas pobres «que per ignòpia e per defalliment de amichs eren agreviades contra justícia e rahó», y del procurador d’òrfens, para la defensa de los huérfanos mendicantes que campaban por la ciudad; en 1340 Pedro el Ceremonioso decidió nombrar directamente a los justicias de Valencia —sin ningún margen de autonomía para el municipio, como establecían los privilegios locales—, «cogitantes varia discrimina in dicta civitate et regno Valentie insurgentia»; en 1341 las luchas de bandos encabezadas por Ramon Sanoguera y Joan Escrivà, con riesgo de extenderse a «gran partida del Regne de València», asolaban la capital, al tiempo que los hospitales urbanos estaban tan saturados que en algunos de ellos los enfermos no eran recibidos, por lo que los jurados establecieron un convenio con el obispado para prestarles atención; en las Cortes de 1342 los síndicos urbanos pidieron que se aumentara el salario del justicia criminal porque se había visto obligado a «fer grans messions e tenir més companyes que no havia acostumat detenir» y que pudiese aplicar de oficio la pena de muerte a los sicarios que mataban «per diners»; y finalmente, en 1343, el conjunto de representantes de los núcleos reales ofrecieron una ayuda al Ceremonioso para la guerra contra el rey de Mallorca rogando que se les permitiera recaudarla mediante cualquier tipo de forma fiscal, incluyendo las imposiciones indirectas, dado que todos ellos estaban «oppresa multipliciter et gravate mole debitorum et aliis pluribus oneribus».

No resulta extraño, pues, que también en aquel mismo año de 1343, mientras el monarca se veía obligado a prohibir las reuniones de artesanos y menestrales fuera de la sala del Consejo municipal de Valencia, la institución, precisamente «a postulació d’alcuns prohòmens d’officis et de mesters», requiriera la creación de una comisión anual de diez prohombres —cinco de las parroquias y cinco de los oficios— que controlaran las decisiones tomadas por los gobernantes de la ciudad sobre «donacions, manleutes, retiments de compte de la aministració dels jurats et en proceir et recaptar los deutes deguts a la ciutat», que, de hecho, se puso en marcha al año siguiente, en 1344. Y, aún más, ante la mencionada resolución de junio de 1346, que evitaba la contribución de la caballería urbana en los esfuerzos colectivos por reducir la deuda municipal, el Consejo decidió dar un salto hacia delante y cambiar el rumbo de la política fiscal que se había llevado a cabo durante los tres lustros anteriores.

En julio de 1346, tan solo un mes después de la publicación de la resolución arbitral por parte del rey, el Consejo municipal de Valencia decidió aprobar la propuesta que una comisión de dieciséis consejeros, junto a los jurados, había deliberado «secretament» para establecer una nueva talla comunal entre todos los pobladores de la ciudad, recaudada con un pago mínimo unipersonal de medio dinero diario, incluyendo de nuevo a los habitantes de género militar: «de cascuna parròquia e dels lochs de la contribució de la ciutat, e encara que sia scrit lo nombre dels cavallers e generoses habitants en la dita ciutat e terme d’aquella». El destino de la colecta, de hecho, no era un simple parche para tapar una parte del déficit de la hacienda municipal, sino que representaba, como anotó el escribano del Consejo en el margen de las actas, un intento de eliminar todas las sisas locales que se habían ido estableciendo para poder pagar las deudas del municipio: «De tractatu expellendarum impositionum». Así, en términos que ponen de manifiesto de manera muy evidente el gran malestar que había generado la fiscalidad indirecta, se explicaban los motivos y el método para llevar adelante aquella decisión tomada por la institución de gobierno urbano:

De esta manera, según se decía, además de acabar con los tributos indirectos «sobraria encara, pagades totes coses, a la ciutat, de què·s poria comprar renda per cascuns ayns les messions ordenàries e seria gran profit de la cosa pública, a aleujament de la major partida del càrrech d’aquella». Por lo tanto, en aquel verano de 1346 el Consejo municipal de Valencia apostaba en primer lugar por realizar una gran talla general repartida en función de la riqueza de los vecinos, incluyendo a los caballeros —«bo seria que totes les persones de la ciutat e dels lochs de la sua contribució fossen scrites»—, para redimir todas las sisas vigentes y a continuación emitir deuda pública a través de rentas, en lugar de aumentar de manera constante y permanente la fiscalidad indirecta. No obstante, los acontecimientos que se sucedieron durante los meses subsiguientes, a los que sin duda contribuyó aquel malestar previo, acabaron por desembocar en la rebelión de la Unión del Reino de Valencia, iniciada en la primavera de 1347, de manera que dicho proyecto nunca se llegó a poner en práctica. De hecho, los desastres producidos por aquel conflicto bélico que se alargó durante más de un año y las consecuencias del castigo impuesto por Pedro el Ceremonioso a los rebeldes, encabezados por la propia ciudad de Valencia, constituyeron uno de los motivos por los que a lo largo de la década de 1350 la presión de la fiscalidadindirecta se volvió a elevar de manera intensa, lo que acabó ocasionando un último intento de sustituirla por un sistema de tributación directa, que, no obstante, volvió a fracasar, en este caso por las extremas urgencias provocadas por la guerra contra Pedro I de Castilla.

Concretamente, a partir de marzo de 1349 entraron en vigor dos lotes de sisas con una duración de diez años: unas sobre la compraventa de cereales, carnes, vino, textil, madera, mercaderías de gran valor, inmuebles y rentas, llamadas las imposicions dels damnificats, ya que, aparte de 30.000 sueldos para la propia ciudad, estaban íntegramente destinadas a pagar por mitades —ascendiendo probablemente a más de 220.000 sueldos al año— el perdón del rey y las indemnizaciones correspondientes a los damnificados por la Unión, y otras sobre la compraventa de los mismos productos exceptuando las carnes pero añadiendo los animales de labranza, denominadas las imposicions de la ciutat, dado que se debían dedicar a redimir las sisas establecidas con anterioridad a la rebelión y tratar de liquidar las enormes deudas contraídas durante el conflicto: «pro solutionis plurimis et diversis debitis quibus dicta civitatis onerata existit». Por lo tanto, se inició un período de una presión fiscal nunca antes conocida, siempre creciente además, al compás de nuevos subsidios concedidos al monarca, en primer lugar para sus guerras ofensivas: 40.000 sueldos para ayudar a Alfonso XI de Castilla en las campañas contra los benimerines en el estrecho de Gibraltar en 1349; el coste del mantenimiento de una galera en la escuadra de la alianza veneciano-aragonesa que se formó en 1351 para atacar a los genoveses; una ayudaindeterminada para una nueva campaña contra los genoveses en 1353; y hasta cinco subsidios consecutivos entre finales de 1353 y mediados de 1355 por un valor total de 880.000 sueldos para el llamado «fet de Sardenya», que implicó una campaña de ataque a los rebeldes sardos encabezada en persona por Pedro el Ceremonioso durante quince meses.

Así, para reunir todas aquellas cantidades adicionales se recurrió en principio a extender en el tiempo o incrementar las tasas de las imposicions de la ciutat, aunque finalmente se tuvo que recurrir a nuevas sisas y también a nuevas tallas y préstamos forzosos, lo que acabó generando problemas y conflictos a diversos niveles. En primer lugar, se produjeron controversias por la contribución de los miembros del estamento eclesiástico, ya que si bien restaban libres del pago de las imposiciones indirectas gracias a un convenio con el rey, los gobernantes de Valencia intentaron hacerles partícipes de una talla establecida en 1355 cuando menos por aquellos bienes originariamente de realengo que habían llegado a sus manos a través de herencias e instituciones piadosas, una disputa crónica que, no obstante, llegaría a su fin tres años después, cuando el obispo y el cabildo de la catedral de Valencia llegaron a un acuerdo con el propio monarca para confirmar definitivamente como «franchs e liures» todo aquel patrimonio a cambio de una suma que rondaba los 80.000 sueldos.

Igualmente, los jurados municipales también requirieron que los caballeros contribuyeran tanto en las imposiciones de los subsidios reales de 1349 y 1354, al parecer esta vez con apoyo del monarca, como en la mencionada talla de 1355, hasta el punto de dilatar la concesión de dicha ayuda, a pesar de las extremas necesidades de Pedro el Ceremonioso en la isla de Cerdeña, hasta que se supiera «si los dits cavallers e generosses pagarien ab la dita ciutat o no». Finalmente, de hecho, obtuvieron una provisión pública del infante Pedro, que había permanecido en la Corona como lugarteniente general del rey, para que los caballeros quedaran obligados a tributar en todas las tallas urbanas al menos por sus bienes muebles —pero no por los inmuebles—, una decisión que, no obstante, fue impugnada por los propios caballeros, que alegaban haber obtenido «carta de sobresehiment que no fos procehit contra ells en collir lo sou e lliura», aunque desconocemos la resolución final del conflicto.

Dichos enfrentamientos se entrelazaron, además, con otras dos cuestiones simultáneas que acuciaban a los gestores de la cosa pública de la ciudad de Valencia: el aumento incesante de la deuda, de nuevo, y el malestar social ocasionado por la intensificación de la presión fiscal. Por lo que respecta a este último aspecto, sabemos, por ejemplo, que el rey tuvo que conceder en mayo de 1353 una licencia especial a los arrendadores de las imposiciones de Valencia y el resto de poblaciones del reino para que pudieran llevar armas —probablemente por la conflictividad que su actividad generaba—, al tiempo que se detectan fraudes en el pago de las imposiciones en ciertos lugares próximos como Sueca, donde se tuvo que acabar fijando una cantidad concreta a pagar por el municipio, ante la bajísima recaudación provocada por la ocultación. No es extraño, por lo tanto, que cuando al año siguiente, en marzo de 1354, se necesitaron nuevas vías de financiación ante las sucesivas peticiones de Pedro el Ceremonioso y el Consejo municipal de Valencia planteó la idea de hacer que los propios habitantes de la ciudad se convirtieran en «compradors de les dites imposicions» mediante un préstamo forzoso, la idea fuera finalmente desestimada, dado que se consideraba que «sie hodiosa cosa lo dit préstech a les gents, de què scàndels e perill se porien esdevenir».Igualmente, cuando unos meses más tarde, por noviembre de 1354, los gobernantes urbanos volvieron a conceder otra ayuda al rey, lo hicieron advirtiéndole que «la ciutat és oppresa», lo que, en efecto, concuerda con las noticias conocidas sobre la evolución de la deuda municipal en este período.

No en vano, por más que, como hemos visto, poco antes de la Unión se había conseguido reducir el pasivo a 120.000 sueldos, con posterioridad los gastos se dispararon, hasta el punto de que ya en septiembre de 1351 el Consejo declaraba haber gastado más de 1.500.000 sueldos tras la derrota de los rebeldes: «LXXV mil lliures e més, axí en servir lo senyor rey e·n moltes e diverses condicions com en altres messions necessàries e ordinàries de la ciutat». Así, a finales de 1355 las deudas con diversos acreedores superaban nuevamente los 700.000 sueldos —como una década antes— y, dado que las imposiciones indirectas se extendían sobre una amplísima gama de productos y a muchos años vista, se decidió recurrir por primera vez a la venta de un censal, según documentó detalladamente Juan Vicente García Marsilla. En concreto, en febrero de 1356, cuando Pedro el Ceremonioso ya había regresado de su expedición a Cerdeña, los consejeros municipales vendieron un censal por 112.000 sueldos al vicealmirante Berenguer de Ripoll, con lo que se pudo aliviar parte de la deuda con un grupo de cambistas. No obstante, dicha operación censalística era todavía contemplada como una opción meramente provisional, ya que apenas ocho meses después, en octubre, se intentó devolver el capital mediante la venta de dos anualidades futuras de las imposicions de la ciutat, lo que, sinembargo, no fue finalmente posible por los problemas sobrevenidos por la Guerra de los Dos Pedros, que, de hecho, también acabaron perpetuando de manera definitiva las propias sisas.

En este sentido, las hostilidades castellanas comenzaron en septiembre de 1356 en la frontera meridional del Reino de Aragón y apenas un mes después el infante Fernando, hermanastro de Pedro el Ceremonioso y aliado de Pedro el Cruel, traspasó los límites de la gobernación valenciana de Orihuela para incitar a sus habitantes a volver a rebelarse contra el monarca aragonés, como en tiempos de la Unión, alegando, entre otras cosas, la intensidad de la presión fiscal causada por una escalada bélica permanente:

De hecho, a pesar de la invasión del territorio, las reticencias de la ciudad de Valencia a financiar las tropas requeridas por el Ceremonioso fueron inicialmente muy grandes, ante «la pobrea que les gents han», exigiendo que la contribución fuera general y negociada al mismo tiempo con «totes les ciutats, viles e lochs del Regne de València», como así sucedió finalmente durante una tregua, gracias a las Cortes celebradas entre diciembre de 1357 y enero de 1358. En ellas se aprobó la concesión por parte de todos los estamentos del coste de 500 hombres a caballo durante dos años —esta vez, a diferencia de las anteriores asambleas de 1330 y 1340, dejando libertad a cada miembro de los brazos para elegir la forma de recaudación—, de los que la propia ciudad de Valencia debía hacerse cargo de 100 caballeros, es decir, de unos 250.000 sueldos anuales, ante lo cual se llevó a cabo un último intento de supresión de toda la fiscalidad indirecta, tratando de sustituirla por tributación directa, «pro bono statu civitati et regni Valentie».

Concretamente, se formó una comisión municipal de seis prohombres para tratar con el rey «lo relevament de les imposicions», incluyendo las de los damnificats y las de la ciutat, llegando a un acuerdo a principios de febrero de 1358, cuando se anunció que absolutamente todas las sisas habían sido «relevades e mogudes» de la capital y que el propio monarca intentaría que también se suprimieran las del resto del territorio: «totes e qualssevol inposicions les quals de present són en qualsevol loch del dit regne». Para ello, el Consejo municipal de Valencia se había comprometido a pagar al Ceremonioso en dos años «tot ço que al dit senyor rey és degut sobre les dites imposicions» establecidas tras la Unión, comenzando por 283.333 sueldos 4 dineros durante la primera anualidad. Y la vía escogida para reunir dicho dinero y los 250.000 sueldos que costaban los 100 hombres a caballo anuales del donativo de las Cortes era el de la fiscalidad directa, debiéndose recaudar, para empezar, cuatro «peytes o col·lectes» sucesivas en tan solo un año, hasta marzo de 1359, que preveían sumar unos 480.000 sueldos «o pus» —aunque en esta ocasión no se explicitaba si se intentaría hacer contribuir o no a los estamentos privilegiados—.

No obstante, el reinicio de las hostilidades en junio de 1358 dio al traste con todos aquellos planes, ante las urgencias de liquidez monetaria ocasionadas por la deuda municipal acumulada y la sucesión de nuevas peticiones para la guerra, como los 500 ballesteros y 500 lanceros durante veinte días que se tuvieron que sufragar en la gobernación de Orihuela o los 300 peones que se enviaron para hacer una incursión en julio «en la terra dels enemichs castellans», para lo que se establecieron dos tallas adicionales y se ordenó al notario Bernat de Peramola que buscara «qui carregués o volgués comprar cens o violari sobre la dita ciutat». En conexión con ello, cuando el infante Fernando, ahora pasado al bando de Pedro el Ceremonioso, solicitó la extensión durante diez días más del servicio en la zona meridional de los citados 1.000 hombres, los jurados de Valencia se negaron en redondo, alegando que las familias estaban abandonando la urbe a centenares a causa de la presión fiscal, en un contexto de enorme inquietud popular:

Así las cosas, apenas unas semanas más tarde los jurados solicitaron de nuevo la licencia del rey para «metre imposició en la ciutat e en los lochs de contribució de la ciutat de València» y unos meses después, a partir de noviembre de 1358, comenzó un goteo de conversión de débitos municipales en censales, para rebajar su interés, y de venta de rentas, según documentó el citado Juan Vicente García Marsilla, para poder hacer frente al pago de la propia deuda, mediante la combinación de sisas, censales y violarios. De hecho, este fue el método a través del que la ciudad pudo atender a nuevas peticiones militares y subsidios a la Corona aprobados durante el largo e intenso conflicto con Pedro I de Castilla, hasta 1369, de manera que el intento de suprimir las imposiciones y sufragar los gastos municipales mediante tributos directos no llegó a buen puerto y, por el contrario, la fiscalidad indirecta al servicio de una deuda municipal consolidada a través de la emisión de rentas se perpetuó, a pesar del continuado descontento que aquel proceso había ocasionado, según hemos podido constatar de manera reiterada.

Como hemos podido observar, el proceso de formación de la fiscalidad pública desarrollado en el Reino de Valencia a lo largo del siglo XIV comportó, a nivel de su capital, el paso de unos pagos ocasionales al monarca, primero en calidad de obligaciones señoriales y más tarde como subsidios especiales o graciosos, a una sucesión de pagos también graciosos, por petición expresa del propio rey de manera individual o colectivamente en asambleas parlamentarias, pero de manera mucho más continuada, prácticamente todos los años o incluso más de una vez al año. Igualmente, también comportó el paso de unas contribuciones recaudadas mediante tallas directas, en función de la riqueza estimada de cada familia u ocasionalmente de manera unipersonal, a unas contribuciones mayoritariamente reunidas a través de imposiciones indirectas establecidas sobre el tráfico naval y, en especial, sobre el consumo de productos y bienes en los mercados locales. En último término, también comportó un aumento sostenido de la deuda municipal, y finalmente su consolidación, todo ello impulsado por las guerras mediterráneas e ibéricas lideradas por la Corona entre las décadas de 1320 y 1360.

¿Cómo reaccionó la ciudad de Valencia ante tales transformaciones en el volumen de las transferencias de recursos monetarios al rey y, por lo tanto, en la presión fiscal y el crecimiento de la deuda urbana? En principio, al parecer, fueron los propios dirigentes municipales los que plantearon el establecimiento de imposiciones indirectas para acelerar la recaudación de sumas de dinero, según muestran las propuestas que ellos mismos encabezaron en 1309 para la conquista de Almería, en 1315 para la campaña contra los ziyánidas de Tremecén y en 1322 para la ocupación de Cerdeña, o en las Cortes de 1329-1330 y de 1340, que dieron como resultado sendos donativos para conflictos mediterráneos colectados igualmente a través de tributación indirecta. No obstante, ante el aumento desmesurado de las sisas, tanto para pagar aquellas ayudas al rey como para hacer frente a la deuda municipal que crecía sin descanso, se generó un enorme malestar social que desembocó, de hecho, en la presión menestral y popular sobre el control de la política fiscal de la ciudad y un primer intento, en 1346, de sustitución de la fiscalidad indirecta por la directa. No en vano, se consideraba más justa para las «persones pobres e miserables, per indigència que han de béns temporals», dado que se adecuaba al nivel de riqueza de cada familia y además, a priori, según los privilegios de mediados del siglo XIII, los estamentos privilegiados también debían contribuir parcialmente enella. En consecuencia, se estimaba que las imposiciones indirectas se establecían «en offenssa e desplaer de Déu e en gran dan e pijorament de la cosa pública».

Sin embargo, aquel primer intento de cancelación fue en vano, en primer lugar por el estallido de la rebelión de la Unión, alentada, entre otros motivos, por dicho malestar fiscal, y a continuación por la reiteración del mismo proceso a lo largo de la década de 1350: nuevamente se produjo una escalada bélica y las peticiones monetarias del rey se sucedieron, en este caso en especial para las campañas contra Génova y Cerdeña, al tiempo que la deuda se incrementó de forma incesante y se recurrió a la extensión e intensificación de las sisas para abordar todos aquellos gastos. Pero la repetición de la situación también conllevó, en el contexto de los grandes esfuerzos realizados ante el inicio de la guerra de Castilla en 1356, el resurgimiento de las protestas —«gran murmur e cridadiça»—, por lo que otra vez, aunque al parecer la aportación de la Iglesia y la nobleza a la tributación directa había sido limitada considerablemente por la Corona, el Consejo municipal trató de volver a dicho sistema, mediante la eliminación de todas las imposiciones indirectas, aprovechando el fin momentáneo de la guerra en 1357. No obstante, la decisión volvió a ser en balde, ya que las urgencias monetarias se redoblaron con el reinicio del conflicto al año siguiente, obligando al gobierno de la ciudad a recurrir de nuevo al establecimiento de las imposiciones indirectas y a asumir que la deuda urbana se mantendría durante mucho tiempo en unos niveles difícilmente liquidables.

En consecuencia, a lo largo de 1358 no solo se consolidó de manera definitiva la fiscalidad indirecta en la ciudad de Valencia, sino que además se empezó a vender también deuda pública en forma de rentas para poder hacer frente a todas aquellas exigencias monetarias. Los contribuyentes, pues, a pesar de sus resistencias y de sus reiterados intentos por cambiar el sistema, se tuvieron que plegar a las características de la nueva fiscalidad pública impulsada por la Corona que se formó durante el período aquí analizado. Sería una estructura, de hecho, que duraría siglos.