Desde los inicios del régimen democrático, las élites políticas, los representantes de organismos de la sociedad civil y la opinión pública coincidieron en España en su aspiración a incorporar al país a la Europa comunitaria. Se ha señalado repetidamente que España fue uno de los países donde más alto fue el apoyo a la integración europea en los años previos e inmediatamente posteriores a su acceso a las Comunidades Europeas, y es cierto que la adhesión en 1985 se produjo con la unanimidad de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en aquellos momentos y con una actitud netamente favorable por parte de la opinión pública. No obstante, a diferencia de otros Estados miembros, el europeísmo de la ciudadanía española parecía responder inicialmente a razones relacionadas con un imaginario colectivo fraguado gracias al discurso unánime del conjunto de las fuerzas políticas, que contemplaba a Europa como un referente de progreso económico, modernidad y democracia1. Quizá por ello fue también la ciudadanía española la que reaccionó negativamente con más intensidad ante la quiebra coyuntural de esas expectativas que han provocado las crisis experimentadas por el proceso de integración a lo largo de la pertenencia de España a la Unión Europea.

Mediante una aproximación metodológica de carácter esencialmente historiográfico, este artículo analiza, siguiendo una secuencia temporal, la interconexión entre las percepciones de la Unión Europea por parte de las élites políticas y de la sociedad civil —sindicatos y organizaciones empresariales—, la variación de las actitudes ante la integración europea de la opinión pública española, como receptora de dichas percepciones, y la evolución de la situación económica como posible condicionante de esta última. Con la utilización de fuentes estadísticas, parlamentarias, encuestas para el conocimiento de la opinión pública2, documentación de las propias organizaciones políticas, empresariales y sindicales, y de la extensa literatura académica existente sobre la relación entre España y la Unión Europea, se analizan dichas variables con el objetivo de establecer, entre otras, algunas conclusiones sobre la naturaleza de las dos desafecciones de la ciudadanía española ante la integración europea: la que se dio entre 1992 y 1995 y la que siguió a la crisis del euro y de la deuda en el contexto de lo que suele denominarse “lla gran recesión”, explorando sus consecuencias sobre el europeísmo de la sociedad española.

Varias hipótesis iniciales enmarcan ese análisis. Una de ellas es que la identificación ideológico-partidista es el principal factor condicionante de la actitud de la opinión pública ante el proceso de integración3. La literatura académica sobre la relación entre la comunicación política y el apoyo a la integración europea muestra, en efecto, que las élites políticas desempeñan un papel importante en la formación de la actitud de la ciudadanía ante la Unión Europea4. No obstante, como se desprende de algunas evidencias empíricas, esa relación causal se ve muy matizada por diversos factores, especialmente por las consecuencias económicas de la integración5. Sobre esta última cuestión conviene tener en cuenta la hipótesis de que en la traslación de lo económico a lo político pueden producirse diferencias significativas entre la mera percepción de la bonanza o el deterioro macroeconómicos y la mayor o menor satisfacción personal con el estado de la economía derivadas de su repercusión en la situación social y el nivel de vida de los individuos: inflación, desempleo o mermas salariales6.

Otro tipo de aproximaciones teóricas, las relativas a la denominada “europeización”, se plantean también para el análisis que se efectúa en este trabajo. La europeización es un concepto sujeto a debate en cuanto a su alcance y contenido7 que de forma amplía podría asociarse con muchas y distintas vertientes relativas al impacto del proceso integrador en los distintos Estados miembros8. La europeización puede influir en el grado de europeísmo de una sociedad, pero no hay una relación unívoca entre ambas realidades. El planteamiento hipotético que se hace en este trabajo es que, a pesar de la casi unanimidad política y del alto nivel de apoyo de la ciudadanía a la integración europea, es decir, un alto grado de europeísmo, la europeización, por el contrario, fue muy débil en España si la entendemos como politización de los temas europeos en la confrontación partidista y su traslado al espacio público9. En estrecha relación con esa débil politización cabría, por último, plantearse si la “cuestión europea” llegó a provocar o no, y con qué intensidad, un cleavage 10 que, de forma transversal, pudiera haber afectado a la tradicional dicotomía izquierda-derecha en la política española.

El 12 de junio de 1985 el Gobierno presidido por Felipe González firmó el Tratado de Adhesión por el que España se incorporaba a las entonces Comunidades Europeas. Dos semanas después tenía lugar la ratificación parlamentaria del tratado, que se producía por unanimidad de todas las fuerzas políticas. Se trataba de un caso único, hasta entonces, en la historia de la integración europea, que contrastaba con lo ocurrido en el resto de países comunitarios. En idéntica fecha que España, Portugal se había adherido también a las Comunidades, pero los parlamentarios del Partido Comunista Portugués (PCP) y del Partido Verde habían votado en contra del Tratado de Adhesión. La oposición había sido todavía más significativa en el caso de Grecia, cuya incorporación a las Comunidades, en el marco de la ampliación al Sur11, se había producido en 1981, pero con el rechazo en la ratificación parlamentaria posterior del Partido Comunista y del Movimiento Socialista Panhelénico (PASOK), el principal partido de la oposición en aquellos momentos12.

Por lo que se refiere a la opinión pública, la incorporación de España a las Comunidades contó también con un amplio respaldo. Durante los años previos a la Adhesión, como puede verse en la tabla 1, de los seis países que se habían adherido con posterioridad a la creación de la Comunidad Económica Europea (CEE) hasta configurar la Europa de los Doce, España ocupaba la primera posición en cuanto a la percepción de los beneficios que esta supondría para el país. Solo el 10 % de la ciudadanía no consideraba beneficiosa la incorporación y un 90 % —la cifra más alta también de los seis países— se identificaba con los esfuerzos para la unificación de Europa occidental.

El apoyo a la integración europea por parte de la ciudadanía española era netamente mayoritario con independencia de cualquier identificación política. No obstante, ese apoyo era algo superior en los votantes a partidos que habían protagonizado en mayor medida la oposición democrática al franquismo. Entre 1978 y 1983 las encuestas sobre el apoyo a la CEE según la adscripción política situaban a los votantes de los partidos de izquierda —Partido Socialistas Obrero Español (PSOE) y Partido Comunista de España (PCE)— y de los partidos regionalistas como los más partidarios de la incorporación a la Europa comunitaria. El apoyo a dicha incorporación era menor en el caso de la derecha y el centro-derecha13. Podría decirse, sin embargo, que ese apoyo generalizado se enmarcaba, más allá de lo que significaba la adhesión y sus consecuencias, en una corriente de europeísmo que, desde los años finales del franquismo, impregnaba de forma mayoritaria al conjunto de la opinión pública y a la sociedad civil14. En ese contexto, la solicitud de adhesión por el Gobierno de Adolfo Suárez el 26 de julio de 1977, a poco más de un mes desde las primeras elecciones democráticas, fue contemplada por el conjunto de la élite política y por la opinión pública como un complemento consustancial del proceso democrático que acababa de iniciarse15.

La actitud favorable a la integración europea se mantuvo prácticamente inalterada hasta la ratificación del Tratado de Maastricht, sin que la “cuestión europea” diese origen a debates o controversias similares a los que se habían producido en otros países. Con el triunfo electoral del PSOE en las elecciones de 1982 se acrecentó la aspiración generalizada a la admisión en la Europa comunitaria, cumplida finalmente en 1985. La incorporación de España tenía lugar en unos años caracterizados por la recuperación económica de los países comunitarios y por la aceleración del proceso de integración tras la crisis de los primeros ochenta, es decir, en un contexto económico favorable que, sin duda, contribuyó a mantener, e incluso reforzar, la identificación con la Europa comunitaria por parte de las élites y de la opinión pública españolas. En esa identificación, con escasa excepciones16, seguía predominando una visión acrítica de la integración que, más allá de fundamentarse en la estricta realidad de esta, constituía un mainstream basado en la contemplación de Europa como referente de progreso, modernidad y democracia17. Sin apenas debate en el espacio público, el Acta Única Europea, tratado de enorme trascendencia como prólogo de la futura Unión Europea, fue ratificada por las Cortes de forma prácticamente unánime en febrero de 1986.

El Tratado de Maastricht contó con el apoyo de la mayoría de partidos políticos españoles, con la única excepción significativa del PCE e Izquierda Unida (IU)18. El PSOE era el partido con mayor respaldo electoral en aquellos momentos y el que mayor protagonismo había tenido desde 1982 en el proceso de negociaciones para la adhesión19. La apuesta por lo que se consideraba la “europeización” de España se había convertido en una de las principales señas de identidad del socialismo español hasta el punto de que casi podría afirmarse que existía una apropiación patrimonial del europeísmo por parte del PSOE. De hecho, la apuesta modernizadora del PSOE, auspiciada por González desde 1982, tuvo su pilar fundamental en la completa incorporación de España al proyecto europeo20 y sintonizó plenamente, al menos hasta 1992, con los deseos y aspiraciones de una gran mayoría de la sociedad española. No es que otros dirigentes o fuerzas políticas no participasen también en ese apoyo a la integración europea, pero era el PSOE, por su trayectoria histórica y por el contexto europeo del momento, con un gran peso político de la socialdemocracia en los países comunitarios, el que podía convertir en patrimonio propio esos deseos y aspiraciones21.

La percepción socialista del Tratado de la Unión tenía su máximo exponente en la figura de Felipe González Márquez. El presidente del Gobierno había imprimido en el PSOE la identificación del proyecto europeo como un proyecto imprescindible para la modernización de España. Maastricht significaba al respecto un avance en el proceso de integración que Felipe González podía, además, asumir como un logro político personal debido al protagonismo del PSOE en el proceso de elaboración y aprobación del nuevo tratado22. Su acercamiento a Kohl y Mitterrand había permitido a González lograr que España adquiriera cierto nivel de relevancia internacional en unos momentos especialmente críticos por los cambios en la geopolítica europea. La descomposición del bloque soviético y la previsible futura ampliación a los países del Este podían producir una pérdida de influencia de España y su desplazamiento hacia una situación periférica respecto al centro de la construcción europea23. La involucración en la elaboración del nuevo tratado, su afinidad ideológica con Mitterrand y su apoyo decidido a Kohl en la reunificación alemana, permitieron a González sortear ese riesgo y obtener algunos logros para el interés de España, como la ciudadanía europea o la cohesión económica y social, que podían ser exhibidos como fruto de la política europea del PSOE. Esa apuesta europeísta del socialismo se correspondió con una percepción crecientemente favorable de la integración europea por parte de la ciudadanía española, que alcanzó su nivel más alto desde la adhesión en el año 1991. Como principal actor político del europeísmo español, la percepción favorable del proyecto de Maastricht por parte del socialismo español fue probablemente lo que en mayor medida contribuyó a la identificación de una amplia mayoría de la sociedad española con dicho proyecto. Esa identificación era, no obstante, tan generalizada como difusa y no se concretaba, como podrá verse más adelante, en el conocimiento y la valoración del tratado sino en el mito de la “europeización”, entendida como un correlato de democracia, progreso económico y modernización social24.

La actitud del resto de fuerzas políticas mostraba casi en su totalidad una elevada coincidencia en la percepción favorable del Tratado de la Unión, aunque desde muy diversas perspectivas. El principal partido de la oposición, el Partido Popular (PP), se encontraba a las vísperas de Maastricht en pleno proceso de refundación y de transición hacia un nuevo proyecto de ampliación de su espacio político. En 1990, José María Aznar había sustituido a Manuel Fraga en la jefatura del partido. Bajo su mandato, el PP se reafirmó en el consenso pro-europeo mantenido anteriormente por dicha formación política y apoyó la ratificación parlamentaria del Tratado de Maastricht. Su percepción de la integración europea y de las implicaciones del nuevo tratado se inscribía, sin embargo, en una perspectiva bastante diferente a la de González. En Aznar y en el PP predominaba una visión pragmática, menos idealista respecto al proceso de integración y alejada de cualquier veleidad federalista como proyecto futuro de la construcción europea. En cierta medida, la posición de Aznar, a pesar de los años transcurridos, se inscribía en una perspectiva de la integración similar a la descrita por el historiador Alan S. Milward para los orígenes de esta, es decir, como una acción conjunta de cesión de soberanía que redundaba en beneficio de los Estados nacionales25.

Las expectativas de Aznar y del PP ante Maastricht se centraban en la idoneidad del nuevo tratado para favorecer políticas económicas conducentes a un equilibrio presupuestario, mediante la reducción del déficit y la deuda, y su consiguiente efecto para la disminución de la inflación, imprescindibles para el aumento de la competitividad internacional de la economía española. Los criterios de convergencia macroeconómica establecidos en el Tratado de la Unión resultaban un instrumento adecuado para desplegar esas políticas. Con ellas podía obtenerse además la recompensa del futuro acceso a la Unión Monetaria con lo que su implementación podría ser percibida más favorablemente por la opinión pública. Tras su llegada al Gobierno en 1996, toda su política económica se centró en los objetivos macroeconómicos establecidos en Maastricht, con decisiones tan significativas como la creación de una “Oficina Presupuestaria”, una especie de superministerio para el control del gasto en los diferentes departamentos ministeriales. Bajo la dirección de José Barea, dicho organismo contribuyó a que España alcanzase los objetivos macroeconómicos establecidos en el Tratado de Maastricht para el acceso a la Unión Monetaria, el principal empeño de la política europea del PP desde el año 1996.

En el apoyo a Maastricht coincidían también los partidos nacionalistas de centro-derecha, que reclamaban para sí una inequívoca vocación europeísta. La naturaleza de su europeísmo presentaba algunos rasgos diferentes a los de las fuerzas políticas de ámbito estatal. Más allá de una visión favorable del tratado, similar a la de otros partidos que lo apoyaron, el discurso europeísta del nacionalismo vasco y catalán entrelazaba la incorporación a la Unión Europea con el reforzamiento de sus “identidades nacionales”. La integración europea, y el Tratado de Maastricht en particular, suponían una oportunidad para desgajarse de competencias estatales que se trasladaban al ámbito europeo, lo que podía permitir un debilitamiento, aunque solo fuera simbólico, de la inserción de sus territorios en el conjunto estatal. Para el Partido Nacionalista Vasco (PNV) la Unión Europea podía suponer una oportunidad para volver a la reintegración foral, a unos “derechos históricos” y a un particular régimen de libertades que, consideraba, habían sido arrebatadas por el centralismo26. La argumentación del PNV se fundamentaba en la aspiración a una “Europa de los pueblos” o “Europa de las naciones” con la que superar el Estado-nación clásico mediante el reconocimiento del “derecho de autodeterminación” para los pueblos27. De forma similar, Convergencia y Unión (CIU), el principal exponente del nacionalismo catalán en aquellos momentos, percibía la Unión Europea no solo como un gran mercado, una moneda única o una posible unión política sino como un punto de partida desde el que desarrollar otra dimensión de la construcción europea basada en el reconocimiento de la realidad plurinacional de Europa28. Cataluña debería tener, por medio de CIU, voz propia en Europa para conseguir su afirmación nacional y hacer valer sus valores e intereses estando presente al más alto nivel en la toma de decisiones29.

El europeísmo de los partidos políticos era coincidente en la valoración favorable de la Unión Europea y el apoyo a la misma, pero esa coincidencia, como ha podido verse, se producía desde muy diferentes perspectivas. Ello obliga a matizar la naturaleza del consenso europeísta de los partidos políticos españoles. En realidad, ese consenso, como se ha señalado por diversos autores30, respondía más al hecho de que cada uno de ellos contemplaba la Unión Europea bajo el prisma que más convenía a sus propios planteamientos ideológicos, intereses partidistas y aspiraciones futuras. Algo parecido ocurría en el caso de los agentes sociales: las organizaciones empresariales y sindicales coincidían en su apoyo a Maastricht, pero desde muy diferentes planteamientos. Como grupos de interés con objetivos diferenciados, sus posibilidades de alcanzar dichos objetivos dependían de “estrategias internas” para influir directamente en las esferas gubernamentales, pero también de “estrategias externas” o indirectas. En el caso de estas últimas la finalidad era trasladar a la opinión pública sus planteamientos —mediante informes, folletos propagandísticos, debates o utilización de los medios de comunicación— para lograr la sintonía de esta con dichos planteamientos como medio de influencia para lograr sus objetivos31.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) fue, sin duda, una de las entidades que más se centró en sus estudios e informes en los contenidos económicos del nuevo tratado mostrando una percepción altamente positiva de estos:

En el discurso empresarial sobre Maastricht se obviaba prácticamente toda referencia a otros aspectos del tratado. El apoyo no era tanto al Tratado de la Unión sino más bien a la Unión Monetaria, e incluso no tanto a esta sino a las consecuencias económicas que podían derivarse del cumplimiento de los requisitos para que España accediese a la misma. Era fundamentalmente el aumento de la competitividad de las empresas españolas lo que preocupaba a la organización patronal. Los criterios macroeconómicos de convergencia hacia la moneda única eran percibidos como una condición necesaria para ese aumento33, pero no resultaban suficientes para la puesta a punto de la competitividad de la empresa española ante el reto del gran mercado europeo y de la moneda única. Era necesario, además, según la CEOE, acometer un plan de inversiones públicas en infraestructuras, con el que facilitar un aumento de la productividad de las empresas, realizar una serie de reformas tributarias que aliviasen los costes empresariales, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, y reducir las cuotas empresariales a la Seguridad Social, por considerarlas un impuesto a la creación de empleo34.

El deseo de trasladar a la opinión pública las ventajas derivadas de Maastricht presidía también el discurso empresarial en una cuestión especialmente controvertida en el ámbito sindical como era el caso de la consecución del equilibrio presupuestario. En el documento “Criterios de política presupuestaria”, elaborado por la CEOE y hecho público en julio de 1995, se abordaba la necesidad de conseguir el equilibrio de las cuentas públicas. La política presupuestaria y fiscal era considerada, por su trascendencia, la más necesitada de ajuste y racionalización, con el objetivo prioritario de contención del gasto público. Una última cuestión resultaba también crucial para el empresariado español: la consecución de un “pacto social”, es decir, un pacto de rentas con el que controlar los incrementos salariales como medio para contener la inflación y evitar la conflictividad laboral35.

A diferencia del sector empresarial, los aspectos económicos del tratado eran los que más inquietaban a las organizaciones sindicales. En general, los dos principales sindicatos de aquellos momentos, Comisiones Obreras (CC.OO.) y Unión General de Trabajadores (UGT), mostraban una actitud favorable hacia el tratado, en consonancia con el movimiento sindical europeo. Contrariamente a la percepción empresarial, contemplaban con preocupación, sin embargo, los criterios de convergencia para el acceso a la Unión Monetaria. Dichos criterios entrañaban, según los sindicatos, un serio riesgo de posibles recortes y ajustes presupuestarios que podían dificultar el mantenimiento o la mejora de las prestaciones sociales a las clases trabajadoras36. Resultaba preciso, además, complementarlos con otros criterios, los de la “convergencia real”, que tuviesen en cuenta la distancia que en muchas variables socio-económicas separaba a España de los países más desarrollados de la Unión37. La percepción de la Unión Europea por parte de las organizaciones sindicales se enmarcaba en una caracterización del tratado como marcadamente “neoliberal”, dada la preeminencia de los aspectos económicos sobre los políticos y sociales. Más allá del carácter retórico y mítico de dicha visión, el tratado contenía, para los sindicatos, avances políticos y sociales que suponían una superación de lo que, anteriormente a Maastricht, había sido la integración europea:

Respecto a la Unión Monetaria, los sindicatos se mostraban a favor del avance federal que esta suponía, pero consideraban que se había seguido el orden inverso, al federalizar con la moneda única antes que con la unidad política, lo que podría acarrear consecuencias imprevisibles, sobre todo ante posibles crisis39. Más allá de esas objeciones, los sindicatos españoles optaron por una aceptación crítica de Maastricht y su actitud durante los años que median entre el comienzo de las políticas de convergencia y el acceso a la moneda única fue de enorme moderación ante la implementación de dichas políticas.

Las actitudes sindicales ante Maastricht eran muy coincidentes con las mantenidas por un sector de Izquierda Unida, la tercera fuerza política de ámbito nacional en aquellos momentos. Dicha formación, impulsada por el PCE desde mediados de la década de 1980, englobaba distintas corrientes, una de las cuales, la denominada Nueva Izquierda, apoyaba el Tratado de la Unión, aunque no sin algunas objeciones críticas40. El sector mayoritario de dicha formación política, encabezado por el secretario general del PCE, Julio Anguita, mostraba, por el contrario, una percepción del tratado muy negativa. Anguita había accedido a la secretaría general del PCE en el XII Congreso, celebrado en febrero de 1988, y mantuvo inicialmente la política de apoyo a la integración europea que el comunismo español venía desarrollando desde el año 1972, a diferencia de otros partidos comunistas europeos con la única excepción significativa del italiano. Con el derribo del Muro de Berlín y la descomposición del bloque soviético se inició, sin embargo, un cambio en la percepción de la integración europea por parte de Anguita y de un sector mayoritario del PCE. Dicho cambio se basaba en una nueva percepción del orden mundial que, tras la desaparición del antagonismo de bloques, habría dado paso, según Anguita, a una total hegemonía del gran capital y del imperialismo americano41. Desde esa nueva percepción, el PCE se opuso al Tratado de Maastricht y, como formación política mayoritaria, trasladó esa oposición a Izquierda Unida. El modelo de integración plasmado en Maastricht era considerado un fruto de las exigencias del “gran capital”, en el marco de la “globalización neoliberal”, y representaba un obstáculo para las políticas transformadoras en Europa, pero también para las políticas nacionales, que iban a estar condicionadas por los criterios de convergencia del TUE42. La existencia de un amplio sector de IU partidario de dar un SÍ crítico a Maastricht, llevó a un compromiso para que los diputados del grupo parlamentario de la formación se abstuviesen en la ratificación parlamentaria del tratado, pero el sector pro Maastricht incumplió el acuerdo y, finalmente, se produjo una división prácticamente al 50 %. Solo los ocho diputados fieles a Anguita se abstuvieron y el resto votó a favor del tratado.

La nueva visión de la integración marcaría la política europea del PCE e IU a lo largo del período de las políticas de convergencia durante la década de los noventa y los primeros años del euro, imponiéndose una percepción negativa del modelo de integración europea iniciado en Maastricht, al que Julio Anguita vaticinaba, en sede parlamentaria, un desdichado futuro:

El viraje de Anguita y del PCE abrió un disenso que rompía la unanimidad que hasta entonces se había producido en el conjunto de las principales fuerzas políticas sobre la Europa comunitaria. Preguntarse por los motivos que originaron ese cambio en la percepción comunista de la integración europea puede llevarnos a distintas respuestas, que no tienen por qué ser excluyentes. A las razones de carácter ideológico ya apuntadas, habría que añadir un segundo tipo de razones relacionadas con la estrategia política. Desde los años del denominado “eurocomunismo” la oferta política y electoral del PCE se había ido difuminando en un amplio espacio político socialdemócrata, ocupado hegemónicamente por el PSOE, sin apenas otra diferenciación que la referida a la Alianza Atlántica. Decidida ya la pertenencia a dicha organización por la ciudadanía española en el referéndum de 1986 y finalizada la dinámica bipolar, la cuestión atlántica iba a ir perdiendo relevancia como cleavage en el seno de la izquierda. Mantener unas señas de identidad diferenciadas de las de la socialdemocracia obligaba a encontrar nuevos elementos de diferenciación que podían hallarse en la “cuestión europea” al coincidir básicamente el PSOE con la derecha política en el apoyo a la Europa de Maastricht.

Un tercer factor explicativo del disenso comunista podía tener, sin embargo, unas bases más fundamentadas en el contenido del propio tratado, concretamente en lo relativo a la Unión Monetaria. De hecho, la oposición de Anguita a la Europa de Maastricht se apoyaba en el análisis de un sector de economistas y politólogos ligados de forma más o menos directa al PCE, o situados ideológicamente a la izquierda de la socialdemocracia, como Manuel Monereo, Jesús Albarracín, Pedro Montes, Salvador Jové y Martín Prieto, cuyos planteamientos no carecían de relevancia respecto a las posibles consecuencias negativas de la moneda única44. La Unión Monetaria planteaba, según dichos autores, serios problemas derivados de los criterios de convergencia para el acceso a la misma. Dichos criterios, relativos al control de la inflación, el déficit, la deuda y la confluencia de los tipos de interés, iban a provocar una recesión económica en los países menos desarrollados45 y “un asalto al Estado de bienestar y a las condiciones de vida y laborales de los trabajadores” que se impondría bajo la cobertura ideológica del europeísmo:

¿Hasta qué punto las posiciones críticas sobre el Tratado de la Unión pudieron influir en la percepción de la integración europea por parte de la opinión pública? Es difícil calibrar dicho efecto, pero teniendo en cuenta el escaso debate público con el que se produjo la aprobación y ratificación del tratado, la ausencia de un referéndum que hubiese podido potenciar ese debate y el predomino en la sociedad política, en la sociedad civil y en los medios de comunicación del mainstream europeísta, es muy improbable que ese efecto existiese. Sin embargo, fue a partir de 1992, es decir, simultáneamente a Maastricht, cuando se produjo una inflexión en la percepción favorable de la integración, que había aumentado significativamente entre 1986 y 1991. Como puede verse en el gráfico 1, el apoyo a la Europa Comunitaria descendió sensiblemente en 1992 mientras que las actitudes contrarias aumentaron en un porcentaje todavía mayor en ese mismo año. Si se analiza el apoyo neto a la Comunidad Económica Europea / Unión Europea (CEE/UE) (actitudes favorables menos actitudes desfavorables) se observa que fue en 1992 cuando se inicia una etapa de distanciamiento de la ciudadanía española respecto al proceso de integración que no alcanzará los niveles anteriores a 1992 hasta el año 1997.

Diversos factores y acontecimientos pueden explicar en buena parte la inflexión de 1992. Se trató, sin duda, de un annus horribilis para Europa, con repercusiones muy negativas para España, cuyas causas se remontan a la caída del Muro de Berlín y a la reunificación acelerada de las dos Alemanias. Las ayudas para la reconstrucción de infraestructuras de la antigua República Democrátic Alemana (RDA), provocaron una enorme inflación a la que el Bundesbank, en uso de su independencia, respondíó con un alza espectacular del tipo de interés. La liberalización de los flujos de capital, según lo previsto en el Acta Única Europea, provocó la llegada masiva del ahorro europeo a Alemania, atraído por el sustancioso interés de su deuda, con consecuencias desastrosas para la financiación de los restantes Estados miembros47.

La crisis llegó a su momento álgido en 1992, favorecida por el mecanismo de tipos de cambio del Sistema Monetario Europeo (SME) que obligaba a los Bancos Centrales a intentar mantener las divisas nacionales dentro de los márgenes de fluctuación. El 16 de septiembre de ese año la libra abandonó el SME, víctima del ataque especulativo del magnate George Soros, seguida de la lira italiana, y España se vio obligada a una devaluación de la peseta en un 5 %, a la que siguieron dos nuevas devaluaciones en noviembre de 1992 y mayo de 1993, lo que supuso una devaluación total acumulada de casi el 20 %. Desde 1991 la economía española atravesó por una aguda crisis de crecimiento y de aumento del déficit, lo que originó un creciente desempleo llegándose a finales de 1993 a la cifra del 24,5 % de paro sobre la población activa, la cifra más alta hasta el momento de toda la serie histórica. Por lo demás, 1992 fue el año en el que se produjo una desafección con el proyecto de Maastricht en otros países europeos, visible en el rechazo del tratado por la ciudadanía danesa y el escaso margen de votos con que fue aprobado en el referéndum celebrado en Francia. En ese contexto, los primeros años de andadura de la Unión Europea coincidieron en España con el nivel más bajo de apoyo a la integración europea desde la adhesión. No parece verosímil que el Tratado de Maastricht fuera el causante del aumento de esa percepción desfavorable, dado el desconocimiento que la mayor parte de la ciudadanía mostraba cuando era interrogada a propósito de este. Como puede verse en la tabla 2, prácticamente la mitad de los encuestados en distintas consultas expresaba un desconocimiento no ya del contenido del tratado sino de cualquier circunstancia relacionada con este.

Más allá del tratado, el notable aumento de la percepción desfavorable de la Unión Europea entre 1992 y 1996 tenía mucho más que ver, probablemente, con la imagen que la opinión pública se forjaba del propio proceso de integración. A este respecto, las teorías de la comunicación coinciden en que los ciudadanos no forman su opinión de forma directa sino mediante la mayor o menor identificación con las posiciones de las distintas élites políticas, en lo que se conoce como “atajos informativos”48. Dado que la única fuerza política de ámbito nacional que mostraba una actitud negativa ante el modelo de integración de Maastricht era el PCE/IU, cabría preguntarse hasta qué punto influyó la ruptura del “consenso europeísta” protagonizada por Anguita en esa disminución de la percepción favorable de la UE desde 1992. Un indicio indirecto puede proporcionarlo la valoración de los distintos líderes políticos españoles a partir de ese año. Como puede apreciarse en la tabla 3, Julio Anguita vio aumentada su popularidad desde 1992 y llegó a convertirse en el dirigente político mejor valorado por la opinión pública española en 1994. Paralelamente a esa valoración favorable, el apoyo electoral al PCE/IU, aumentó también considerablemente durante esos años hasta conseguir su mejor resultado electoral en unas elecciones de ámbito nacional en las europeas de 1994.

Esa relación causal entre élites políticas y opinión pública, según algunos autores como Cristopher Anderson y Leonard Ray49, aun existiendo, no sería del todo consistente para el caso de la Unión Europea, ya que podría verse alterada, en uno u otro sentido, por la mayor o menor percepción de la integración europea como causante de la situación económica nacional, tanto en sus aspectos negativos como positivos. Algo de ello debió darse en España si se tiene en cuenta la simultaneidad entre el viraje experimentado desde 1997 por la opinión pública en sentido favorable a la UE (véase gráfico 1), el cambio de tendencia del ciclo económico y la pérdida de respaldo a las posiciones críticas ante la Unión Europea.

Ese cambio de tendencia en el ciclo económico originó que, entre 1996 y 1998, España fuera acercándose a los objetivos de convergencia para el acceso a la moneda única. Con la llegada al Gobierno del Partido Popular se acometieron significativos cambios en la política presupuestaria. Esas políticas tuvieron un efecto positivo sobre el crecimiento económico desmintiendo las previsiones pesimistas de los que habían vaticinado un desmantelamiento del Estado de bienestar como consecuencia de la disciplina presupuestaria exigida para cumplir los criterios de convergencia. No solo era la convergencia nominal relativa a los criterios macroeconómicos la que avanzaba, sino que también la “convergencia real”, defendida en su momento por los sectores sindicales que habían aceptado el Tratado de Maastricht desde posiciones críticas, mostraba evidentes avances50. El Producto Interior Bruto (PIB), que en 1993 había experimentado un decrecimiento del 1 %, alcanzó en 1997 y años posteriores un crecimiento anual continuado superior al 4 %. El desempleo descendió significativamente hasta 1999, año en el que se registró prácticamente la mitad de parados que en 1993, y el gasto en protección social aumentó desde 1997 de forma continuada51. No es de extrañar que la conflictividad laboral, que hasta 1994 había alcanzado altos niveles, con cuatro huelgas generales desde la adhesión, descendiese de forma acusada durante los años de la convergencia.

La disminución de la inflación, del déficit, de los tipos de interés y de la deuda colocó al país en condiciones de superar los requisitos exigidos para acceder a la moneda única52. El Consejo Europeo determinó en Bruselas, durante los primeros días de mayo de 1998 qué países formarían parte de la Unión Monetaria, entre ellos España. Pocos meses antes de esa fecha, a finales de 1997, la opinión pública española percibía muy favorablemente la introducción de la moneda única. Una amplia mayoría respaldaba también en general a la Unión Europea sin que se dieran excesivas diferencias según las distintas identificaciones partidarias. En el caso del electorado de IU, la única formación política de ámbito nacional opuesta a la Unión Monetaria, el porcentaje de actitudes contrarias era mayor que el de otros partidos, pero, aun así, el porcentaje de los que estaban a favor era tres veces mayor del de los que estaban en contra.

La entrada de España en la Unión Monetaria intensificó el crecimiento económico iniciado en la segunda mitad de los noventa. La moneda única ejerció durante varios años un efecto euforizante no previsto por parte de los sectores políticos y económicos opuestos o reticentes a la misma ni tampoco, dada la intensidad que adquirió ese efecto, por los que la apoyaban como algo beneficioso. Algunos factores internos y externos pueden dar explicación del fenómeno. La Unión Monetaria se basaba en la despolitización del euro, es decir, en la no sujeción de la moneda a decisiones gubernamentales sino a un banco central independiente, el Banco Central Europeo (BCE), que a semejanza del Bundesbank, inspiraba credibilidad y convertía la moneda europea en un depósito seguro de valor. Debido a ello se produjo un impresionante flujo de crédito hacia países que, como España, gozaban ahora de una moneda solvente. La expansión crediticia se vio favorecida por un aumento de la demanda de préstamos como consecuencia de los bajos tipos de interés real derivados de una inflación que, aunque se mantuvo estable en el entorno del 3 % anual, fue durante varios años igual o superior al tipo de interés del euro. Esa “borrachera de liquidez” se canalizó fundamentalmente hacia inversiones inmobiliarias —construcción, compra y rehabilitación de viviendas— cuyo efecto multiplicador sobre numerosos sectores industriales dio origen a un período de crecimiento y bonanza económica inédito desde el inicio de la democracia. El indicador económico más relevante por su impacto social, el desempleo, descendió significativamente llegándose en 2006 a la cifra del 8,3 % sobre la población activa, es decir, en plena convergencia ya, por primera vez, con la media de la eurozona.

El boom económico asociado al euro produjo también un enorme aumento de la recaudación tributaria de las distintas administraciones públicas, lo que explica que, a pesar del incremento del gasto público, el déficit presupuestario se redujese significativamente, llegándose incluso al superávit durante los años 2005, 2006 y 2007. Idéntica evolución se produjo en el caso de la deuda pública. De un nivel de endeudamiento del 65 % del PIB en el año 1996 se pasó a menos de un 40 % en 1997. España atravesó entre los años de la convergencia y los primeros años de la moneda única una de las etapas más prolongadas de prosperidad y bienestar de su historia, solo equiparable a lo sucedido en la década de 1960 tras la aprobación del Plan de Estabilización. España tuvo, desde el inicio del régimen democrático, sus “doce años gloriosos”53 en el período que va de 1996 a 2007 en el que la economía, como puede verse en el gráfico 2, se mantuvo en un círculo virtuoso de aumento sostenido del PIB y disminución progresiva de la deuda.

De forma paralela a la evolución económica, la percepción favorable de la Unión Europea en la opinión pública fue aumentando desde el acceso a la moneda única. De ello se benefició el Partido Popular, que obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones de 2000, capitalizando la apuesta que José María Aznar había hecho años atrás por la entrada en la Unión Monetaria, cuando se planteaban serias dudas de que esa meta pudiese alcanzarse. La moneda única comenzó a surtir sus efectos económicos euforizantes desde su implantación en 1999, no obstante, fue solo a partir de 2002 cuando la ciudadanía percibió físicamente la existencia del euro, siendo significativo que a partir de ese año incluso aumentase la elevada percepción favorable que ya se daba respecto a la Unión Europea (véase gráfico 1).

Con la denominada Constitución Europea se planteó por primera vez ante la ciudadanía la posibilidad de pronunciarse en referéndum sobre la aceptación o el rechazo de un nuevo tratado. Con un 81,84 % favorable al SÍ y solo el 18,16 % a favor del NO, los resultados de la consulta estuvieron acordes con al mantenimiento de la casi unanimidad de los partidos políticos y de los sindicatos, que reclamaron el apoyo al tratado. Solo el PCE/IU entre las fuerzas políticas de ámbito nacional se opuso a este54, pero ni siquiera en este caso, como puede verse en la encuesta efectuada tras el referéndum, se mantuvo la fidelidad de sus votantes, ya que prácticamente una tercera parte de estos optaron por el voto afirmativo. Resultaban tan predominantes las aspiraciones europeístas de la ciudadanía que, a diferencia de lo ocurrido en Francia, no resultó aquí siquiera muy significativa la votación de castigo a los gobiernos que suele darse en este tipo de consultas, al margen del asunto al que se refieren, por parte de las oposiciones o de sectores sociales descontentos.

El auge del apoyo afectivo a la Unión Europea desde 1996 alcanzó sus máximos en los años 2006 y 2007. También la identificación utilitaria de la opinión pública con la UE y con la moneda única, es decir, la percepción de que ambas estaban resultando beneficiosas para España, tuvo sus máximos en esos años, llegando a superar los que así lo creían el porcentaje del 70 % y siendo una minoría que no alcanzaba el 10 % los que opinaban lo contrario55. Esa percepción favorable se constataba igualmente mediante los resultados electorales de las elecciones al Parlamento europeo. Los dos grandes partidos de ámbito estatal del “consenso europeísta”, el PSOE y el PP, habían obtenido en conjunto en las elecciones europeas de 1994 el 70 % del voto. En las elecciones de 1999 el porcentaje conjunto había subido al 75 % y en las europeas de 2004 llegó hasta el 85 %. El porcentaje se mantuvo alto en las elecciones de 2009, pero con un descenso que anunciaba ya la inflexión en la opinión pública que iba a producirse en los siguientes años como consecuencia de la crisis internacional.

Los efectos económicos de dicha crisis sobre España y sus implicaciones sobre un modelo de crecimiento que se había basado en una enorme expansión crediticia comenzaron ya a hacerse patentes desde 200956, pero el impacto de la crisis no llegó a visualizarse plenamente por la ciudadanía hasta 2010. En mayo de ese año, un demudado Rodríguez Zapatero compareció en el Congreso para anunciar un duro ajuste presupuestario que afectaba fundamentalmente a empleados públicos y pensionistas. Dos años antes, el presidente socialista había revalidado su mayoría parlamentaria con un mensaje tranquilizador sobre las consecuencias para España de la crisis internacional, al tiempo que anunciaba aumentos del gasto público con medidas de indudable sesgo populista como fue la implantación de una ayuda generalizada de 400 euros para toda la población. La implementación de dicha ayuda supuso un aumento del gasto público próximo a los 10.000 millones de euros, que se añadió al derivado de otra medida anterior, el denominado “cheque bebé”, que desde 2007 y durante los años en los que estuvo vigente incrementó el gasto en casi 4.000 millones de euros. Otra medida, el denominado Plan E (Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo) comprometió desde 2009 un gasto de 13.000 millones de euros, con unos resultados muy poco eficientes, dado el método seguido de repartir dichos fondos de forma proporcional a la población de los distintos municipios.

Al aumento del gasto público originado por dichas actuaciones se unió una abrupta caída de la recaudación fiscal. Entre 2004 y 2007 los ingresos tributarios habían aumentado en casi un 50 % en consonancia con el extraordinario crecimiento de la actividad inmobiliaria y la enorme capacidad recaudatoria de la misma, pero a partir de 2007 se puso al descubierto el carácter coyuntural y excepcional del aumento de ingresos de las distintas administraciones, que ahora pasaba su factura. La consecuencia fue un espectacular aumento del déficit que en 2009 alcanzó la cifra del 12 % sobre el PIB. El desempleo sobre la población activa, que en 2007 era del 8,57, aumentó al 22,56 % en vísperas de las elecciones legislativas de 2012 y llegó a su máximo en el primer trimestre 2013 con el 26,94 %57. Paralelamente a ese deterioro económico, la opinión pública española experimentó una sensible pérdida en su anterior confianza en la Unión Europea y en el euro. Según la encuesta anual Transatlantic Trends de 201258, una gran mayoría de españoles eran críticos respecto al efecto del euro en su economía. España destacaba además entre los países que se sentían más afectados por la crisis (80 % de la población) y ocupaba el primer lugar en la valoración más desfavorable de la forma en que la UE estaba abordando la crisis económica (66 % de la población) y de la política económica del gobierno nacional (el 73% en contra frente al 56% en el promedio de países UE).

En ese contexto de deterioro económico y descontento social se produjo una movilización sin precedentes de protestas políticas y sociales que culminó en mayo de 2011 en el “movimiento de los indignados”. La capitalización de dicho movimiento por una fuerza emergente, Podemos, significó un salto cualitativo y cuantitativo en las posiciones políticas críticas ante el modelo de integración de Maastricht, al que contribuyó la recuperación electoral de la única fuerza política de ámbito nacional, PCE/IU, que se había opuesto al mismo desde sus comienzos. En las elecciones europeas celebradas en 2014 ambos partidos sumaron 11 eurodiputados y el 18 % de los votos, mientras que los dos grandes partidos del “consenso europeísta”, PSOE y PP, que en las anteriores elecciones de 2009 habían superado conjuntamente el 80 % de los votos y obtenido 47 escaños descendieron al 49 % y a los 30 escaños. El euro, que había sido el artífice indirecto de una prosperidad económica con bases poco firmes, mostraba ahora, con la crisis de la deuda, su cara menos amable. La percepción de la crisis se acompañó de un desplome de la confianza en las instituciones europeas y nacionales, en contraste con la tendencia de años anteriores. Pero incluso en estas circunstancias la responsabilidad del deterioro económico para la opinión pública recayó más intensamente en la gestión parlamentaria y gubernamental de la crisis por parte de España, manteniéndose una significativa diferencia en el nivel de confianza de la ciudadanía con las instituciones europeas en comparación con el otorgado a las instituciones españolas59.

La crisis del euro significó, sin duda, una mayor europeización de la vida política española, entendida esta como una politización de los temas europeos en la confrontación partidista y en el espacio público. Dicha politización había resultado muy débil hasta entonces, más allá de una ligera fractura en el seno de la izquierda, propiciada por el viraje del PCE/IU a propósito de la moneda única, que lejos de consolidarse se había ido desvaneciendo de forma paralela a la pérdida de relevancia de dicha formación política. Era ahora, ante una crisis que parecía confirmar las previsiones pesimistas que se habían hecho sobre la pertenencia a la Unión Monetaria, cuando se daban las condiciones para una politización de la cuestión europea capaz de trasladar al espacio público la confrontación en torno a la pérdida de soberanía monetaria. El movimiento de los indignados constituía a tal efecto el máximo exponente del descontento social provocado por la crisis, pero era prácticamente nula, sin embargo, la canalización de ese descontento hacia la Unión Europea o el euro. Entre las numerosas reivindicaciones de los indignados solo se hacía una vaga alusión al BCE, proponiendo una muy poco concretada “reducción de su poder”60. Es cierto que uno de los impulsores del movimiento, Pablo Iglesias, que posteriormente iba a convertirse en el líder de Podemos, había hecho alguna alusión a un posible abandono de la Unión Monetaria, pero el programa con el que la nueva formación se presentó a las elecciones europeas de 2014 no contemplaba dicho abandono y se limitaba a proponer “la compra directa de deuda sin límite por el BCE a los Estados miembros”61. Tampoco Izquierda Unida, la única formación política de ámbito nacional que había mantenido su oposición al modelo de integración de Maastricht, planteaba algo más que “una política expansiva por parte del BCE (…), permitir el acceso de los Estados a la financiación del BCE y hacer posible la mutualización de la deuda mediante la emisión de euro bonos”62. Tan solo el PCE, como miembro de dicha formación, apostaba por la necesidad ineludible de romper con la Unión Europea y salir del euro63, pero no fue dicho partido ni la coalición de la que formaba parte la que acabó beneficiándose del descontento económico y político de la ciudadanía. En las elecciones legislativas de 2015, Podemos logró captar prácticamente todo el voto de ese descontento social64, obteniendo más de cinco millones de votos y 69 diputados, mientras que la formación hegemonizada por el PCE, Izquierda Unida, cayó al 3,6 % de votos y solo dos diputados, quedando inmersa en una aguda crisis.

Entre 1985 y 2013 la percepción favorable de la integración europea por la ciudadanía y las élites políticas españolas experimentó dos coyunturas de relativa desafección, pero con significativas diferencias entre ambas. En 1992 se rompió la unanimidad que prácticamente se había dado hasta entonces en el discurso europeo de los partidos políticos españoles, por más que esa unanimidad no pueda asociarse a una misma visión de lo que podía significar para España la Europa comunitaria o la Unión Europea65. La quiebra de la unanimidad europeísta ante la Unión Europea fue protagonizada por el PCE/IU, afectando solo al modelo de integración de Maastricht por las supuestas consecuencias negativas de la moneda única y de los criterios de convergencia para el acceso a la misma. En la opinión pública se dio también desde ese año un significativo descenso en el apoyo a la integración, que pudo estar influido por el viraje en la percepción de esta por un sector de la izquierda política. No parece, sin embargo, muy verosímil que esa fuese la causa fundamental de ese descenso. La ciudadanía forja en buena parte sus opiniones mediante “atajos informativos”, es decir, mediante su identificación con el discurso de las fuerzas políticas que suscitan su confianza, pero ello se da siempre de forma condicionada a que exista o no una correspondencia entre ese discurso y la percepción individual de la situación social y económica66. Evidentemente, en 1992 no podían visualizarse los efectos de un tratado que todavía no había entrado en vigor ni de unas políticas de convergencia todavía no implementadas. La pérdida de apoyo a la integración europea era más bien un reflejo del descontento social motivado por una crisis de ámbito nacional no achacable directamente a aquella, de ahí el escaso recorrido político de esa desafección de la ciudadanía y su transmutación en un alto apoyo a la Unión Europea cuando la situación económica comenzó a mejorar a partir de 1996. De ahí también, en parte, el “efecto boomerang” que sufrió la fuerza política opuesta a Maastricht y a la moneda única al mantener inalterable su discurso europeo, de forma insensible ante el cambio experimentado por la evolución económica y la percepción positiva de esta por la opinión pública.

La reacción ante la crisis iniciada en 2009 tuvo un mayor calado, llegando a originar incluso una notable pérdida de confianza en las instituciones europeas. Varios factores pueden explicar esas diferencias. En primer lugar, habría que tener en cuenta que la crisis hacía su aparición de una forma bastante abrupta tras un período inusual de bonanza económica que se acomodaba con un relato optimista y progresivo de la integración como favorecedora del crecimiento económico, del aumento del nivel de vida y de un mayor bienestar social. Ese relato mostraba ahora sus puntos débiles como consecuencia de la crisis y facilitaba el cuestionamiento de una cesión de soberanía que hasta entonces había presentado su cara amable, pero que ahora mostraba sus exigencias dando origen a un “giro emocional”67 en la percepción favorable de la Unión Europea por parte de la opinión pública. Una segunda diferencia respecto a 1992 en el aumento de la desafección ciudadana tenía que ver precisamente con esa cesión de soberanía que ahora obligaba a una devaluación interna, que implicaba ajustes, recortes y sacrificios sociales sin precedentes, exigida para hacer frente a la crisis de la deuda. Aunque el origen remoto de ese nuevo escenario tenía mucho que ver con las políticas nacionales expansivas de años atrás, lo que se visualizaba ahora de forma directa era el diktak europeo para asegurar la estabilidad del euro, es decir, que del deterioro económico provocado por la crisis podía culpabilizarse en esta ocasión a las instituciones europeas, respecto a las cuales se produjo una acusada merma de confianza. Aun así, resultaba todavía mayor el descenso de la confianza con las instituciones nacionales por la gestión de la crisis y especialmente por la ocultación o banalización gubernamental de los riesgos de esta para España cuando ya estaba afectando de lleno a otros países periféricos de La Unión. La decepción ante lo que podía ser percibido como un engaño institucional constituiría por ello un tercer factor para explicar la intensidad de un descontento que, esta vez sí, iba a afectar al propio sistema de partidos, debilitando a las fuerzas políticas del “acuerdo europeísta”68 y facilitando la emergencia de un nuevo partido, Podemos, surgido al calor de las protestas originadas por la crisis.

El escaso impacto de la dimensión europea de la crisis para alentar planteamientos de ruptura con la UE o con la moneda única nos lleva a una última consideración sobre el europeísmo de la sociedad española y su repercusión en el sistema de partidos. De las tres posibles respuestas que una agrupación humana puede dar ante el deterioro de una organización a la que pertenece, según la ya clásica conceptualización de Albert Hirschman —exit, voice, loyalty—69, la actitud de la ciudadanía española se ha inclinado históricamente por una lealtad de fondo con el proyecto unitario europeo motivada por la casi unanimidad de las élites políticas sobre dicho proyecto. En determinadas coyunturas de deterioro económico, como así ocurrió con la crisis de 1992 y la del euro, se ha producido una inflexión en la percepción positiva de la participación de España en ese proyecto. Los cambios de actitud no han ido, sin embargo, mucho más allá de una identificación de una parte de la sociedad, la más afectada por ese deterioro, con propuestas políticas tendentes a reparar o mejorar los aspectos considerados perjudiciales para esa participación (voice), pero nunca, o en muy escasa medida, con propuestas más radicales que postulen el abandono (exit). Ese comportamiento de la ciudadanía española puede explicarse por los distintos componentes que configuran la actitud de la opinión pública respecto a la Unión Europea relativos a la identidad, la representación y la gobernanza. En el caso de España el componente identitario o afectivo ha tenido y tiene un peso mayor que en muchos Estados miembros, siendo los otros dos, es decir, la percepción de estar o no adecuadamente representados y la valoración negativa o positiva de las políticas europeas por sus efectos económicos, los que han determinado los cambios en la actitud de la ciudadanía. De ahí la moderación eurocrítica de Podemos en la nueva configuración del sistema de partidos surgida tras la crisis, como estrategia para no ahuyentar excesivamente a un potencial electorado transversal70. Moderación influida también, qué duda cabe, por la decisión de Mario Draghi de convertir el BCE, por una vía indirecta, en prestamista de última instancia para los Estados miembros y por el viaje de “ida y vuelta” del partido afín, Syriza, tras un referéndum que podía haber conllevado la salida de Grecia del euro en 2015. La gran recesión, así pues, no dio origen a un cleavage en la política española sobre la cuestión europea. Antes bien, con el tiempo, tanto Podemos como Izquierda Unida, sobre todo tras la entrada de ambos en el Gobierno, han quedado subsumidos, más allá del mantenimiento de cierta retórica crítica, en el mainstream europeísta, con especial énfasis incluso en la defensa de determinadas agendas verdes y climáticas de la Unión, siendo un nuevo partido emergente, Vox, el que ha tomado el relevo, desde otros planteamientos, en una crítica de fondo de algunas políticas europeas.