En noviembre de 1936 varios de los diarios falangistas que se imprimían en la zona nacionalista publicaron un artículo titulado «El miedo al sindicato», en el cual se defendía el que los sindicatos de la Falange aceptasen entre sus miembros a trabajadores que no practicaban la religión.

Este artículo constituía una respuesta a diferentes medios católicos que habían criticado que los falangistas estuviesen incluyendo en sus sindicatos a trabajadores que en el pasado habían militado en organizaciones anticlericales. Tales medios habían defendido que cualquier reorganización sindical que se pretendiese llevar a cabo en la «nueva España» debía basarse en la recristianización de los trabajadores, pues mientras se mantuviese el apartamiento de estos con respecto a la religión el peligro de un resurgimiento de la lucha de clases subsistiría.

En 1952, dieciséis años después de la publicación de dicho artículo, tuvo lugar en Barcelona el XXXV Congreso Eucarístico Internacional, convocado por Pío XII. Celebrado entre el 27 de mayo y el 1 de junio, el Congreso incluyó en cada uno de sus días un acto multitudinario especial. El del jueves 29 de mayo llevaba por título «La eucaristía y la paz individual y social» y estaba dirigido al mundo del trabajo. Consistió en una concentración de «productores» en la Avenida de la Reina María Cristina que, según los periódicos de la época, superó la cifra de 500.000 congregados.

Antes de comenzar el acto, las entidades sindicales de España entregaron sus ofrendas a la Iglesia. La Delegación Nacional de Sindicatos ofreció un sagrario y, a continuación, las cincuenta y dos Delegaciones Provinciales de Sindicatos fueron ofreciendo las suyas. Posteriormente, tres integrantes de los sindicatos verticales, un patrono, un técnico y un obrero, leyeron una oración de consagración de todos los patronos, técnicos y obreros de España a Jesús Eucarístico. El representante de los obreros, Victoriano González Sáez, pronunció las siguientes palabras:

Estos dos hechos son altamente representativos de dos momentos distintos en la evolución histórica del sindicalismo vertical. El artículo publicado en 1936 reflejaba un sindicalismo vertical que se veía a sí mismo como un proyecto de nacionalización de la clase obrera capaz de funcionar autónomamente con respecto a las estrategias sociales de la Iglesia, mientras que la participación sindical en el Congreso de 1952 mostraba a un verticalismo transformado, que aspiraba más que nada a reforzar el mensaje recatolizador eclesiástico. ¿Qué había ocurrido para que un proyecto sindical que había nacido con la voluntad de admitir a todos los trabajadores, independientemente de sus creencias religiosas, hubiese terminado haciendo ostentación de una pretendida identidad católica? ¿Qué acontecimientos habían determinado la evolución desde el «nuestros sindicatos no son escuelas de catequesis» de 1936 hasta la «consagración de todos los trabajadores de España a Jesús Eucarístico» en 1952?

Este artículo pretende investigar las relaciones entre el sindicalismo vertical y la Iglesia católica. Para ello, se centra en la Asesoría Eclesiástica de Sindicatos, un organismo integrado por sacerdotes que formaba parte de la Organización Sindical. Animada por el lema de «instruir en lo religioso, vigilar en lo moral e impulsar en lo social», tenía como principal función utilizar los recursos de la Organización Sindical para realizar campañas de fomento de la religión entre los trabajadores. El artículo se estructura en dos partes: la primera reconstruye el proceso de creación de la Asesoría, mientras que la segunda analiza las principales actividades religiosas emprendidas por esta. La cronología va desde 1944, año en que se creó la Asesoría, hasta 1959, momento en el cual Juan XXIII anunció su intención de convocar el Concilio Vaticano II, el cual habría de poner en marcha una nueva dinámica en la Iglesia española.

Aunque ha sido objeto de algunas aproximaciones, la Asesoría ofrece posibilidades de análisis para el conocimiento de la historia del franquismo que permanecen aún inexploradas, habida cuenta de que los trabajos realizados no han contado con la documentación archivística producida por la misma. En realidad, esta institución ofrece dos perspectivas de análisis distintas, aunque no excluyentes. La primera es la perspectiva institucional: la Asesoría como instrumento para la legitimación política de una institución del franquismo como eran los sindicatos verticales. Mientras que la segunda es una perspectiva religiosa: la Asesoría como organizadora de una serie de manifestaciones de masas que alcanzaron una determinada repercusión sobre las creencias y las prácticas religiosas de la población.

Para contextualizar la primera perspectiva contamos con un completo marco bibliográfico general, centrado en las relaciones institucionales entre el régimen franquista y la Iglesia. Gracias al mismo, conocemos cómo durante las décadas de 1940 y 1950 ambos mantuvieron una relación de simbiosis. El franquismo esgrimió su identidad católica como forma de legitimarse ante la sociedad española y ante la comunidad internacional. Por su parte, la jerarquía eclesiástica, con muy pocas excepciones, avaló esta operación de legitimación, obteniendo a cambio toda clase de facilidades para poner en marcha un ambicioso programa de recristianización a través del cual pretendía lograr el restablecimiento de la unanimidad de la población española en torno a la fe católica. No obstante, esta colaboración nunca estuvo exenta de conflictos. Ni el régimen concedió a la Iglesia todo lo que ambicionaba, ni esta se sintió cómoda con todas las decisiones de aquel. Buena parte de las tensiones se produjeron en torno a las organizaciones vinculadas al partido único, Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y de las JONS). La pretensión de los falangistas de monopolizarlas y de que, al mismo tiempo, funcionasen como el único cauce de relación entre la sociedad y el Estado chocaba con la doctrina social católica, que apostaba por un pluralismo social limitado y, sobre todo, con la pretensión de la Iglesia de mantener sus propias organizaciones de jóvenes, trabajadores o agricultores y de utilizarlas para impulsar su proyecto de recristianización. En este sentido, existe una bibliografía que se ha centrado en las relaciones políticas entre el falangismo y el catolicismo durante el régimen franquista que también resulta de utilidad a la hora de contextualizar el estudio de la Asesoría. Esta bibliografía incide en el carácter conflictivo de tales relaciones, si bien también subraya la capacidad de ambos grupos ideológicos para alcanzar acuerdos y situaciones de equilibrio.

Por lo que respecta a la segunda perspectiva —la de la historia de la religión católica durante el periodo franquista— el panorama bibliográfico dista de ser tan completo. Sabemos que la Iglesia desplegó durante las décadas de 1940 y 1950 un ambicioso proyecto de recristianización, al que se ha dado en llamar «catolicismo de conquista». Este proyecto utilizó como principales herramientas, por una parte, el control sobre el sistema educativo y las manifestaciones culturales y, por otra, la realización de una serie de acciones espectaculares de propaganda religiosa, tales como las misiones interiores. Sin embargo, no sabemos aún lo suficiente acerca de cuál fue la respuesta de la población española a dicho proyecto de recristianización.

Las fuentes utilizadas para la elaboración de este trabajo proceden, principalmente, del archivo de la propia Asesoría Eclesiástica de Sindicatos, el cual está integrado en el Fondo Sindicatos del Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares (Madrid). Esta colección documental permite reconstruir el desarrollo histórico de la Asesoría, si bien presenta algunos vacíos temáticos puntuales que se han tratado de llenar a través de la documentación de la Delegación Nacional de Sindicatos, perteneciente también al mencionado Fondo Sindicatos.

El método utilizado parte de la revisión crítica de las distintas fuentes como forma de obtener respuesta a una serie de preguntas que se consideran fundamentales a la hora de analizar la Asesoría Eclesiástica de Sindicatos en su doble vertiente institucional y religiosa. Estas preguntas son: ¿Qué objetivos perseguía la Organización Sindical al crear la Asesoría? ¿Qué papel jugó esta en las estrategias de legitimación desplegadas por la Organización Sindical? ¿Qué actividades de propaganda religiosa llevó a cabo la Asesoría y qué concepciones religiosas y sociales subyacían bajo las mismas?

La creación de la Asesoría Eclesiástica de Sindicatos fue una idea de Fermín Sanz-Orrio, quien había sido nombrado delegado nacional de Sindicatos a comienzos de 1942. El proyecto tomó forma a comienzos de 1944, tras una conversación con Leopoldo Eijo y Garay, obispo de Madrid - Alcalá. Este le había expuesto los obstáculos que estaba encontrando la Iglesia para lograr la recristianización de los trabajadores, la cual avanzaba a un ritmo lento debido a la insuficiencia de recursos. A Sanz-Orrio se le ocurrió que la Organización Sindical podía aportar su granito de arena para que la Iglesia llevase a cabo dicha labor más eficazmente. Desde finales de 1941 los sindicatos verticales contaban con una financiación estable: la cuota sindical, pagada conjuntamente por empresarios y trabajadores. Una parte de esta podía ser empleada para fomentar el «bienestar espiritual» de estos últimos, a través de la creación de un servicio religioso en el seno de los sindicatos.

El deseo de Sanz-Orrio de contribuir a la recristianización de los trabajadores era sincero, pero es evidente que también perseguía otros objetivos relacionados con el afianzamiento del sindicalismo vertical dentro del régimen franquista. En primer lugar, pretendía poner fin a las tensiones entre partidarios del catolicismo social y falangistas que venían produciéndose desde el inicio de la Guerra Civil. La puesta en marcha del sindicalismo vertical había supuesto la integración forzada en este de los sindicatos católicos y la frustración del proyecto de implantar un ordenamiento corporativo inspirado en la encíclica «Quadragesimo anno». Especialmente dolorosa había resultado la desaparición de la Confederación Nacional Católico Agraria (CNCA), culminada en mayo de 1942, verdadera joya de la corona del catolicismo social por su fuerte implantación entre el pequeño y mediano campesinado.

La jerarquía eclesiástica no era ajena a este malestar. La actitud que se debía adoptar ante las pretensiones falangistas de monopolizar los sindicatos del régimen constituyó una de las principales preocupaciones del episcopado durante la Guerra Civil. En noviembre de 1937 la Conferencia de Metropolitanos expresó sus reservas ante la «sindicación obligatoria y única de tipo totalitario» que propugnaban los falangistas. Posteriormente, ante la constatación de que esa «sindicación totalitaria» era oficializada, la jerarquía optó por una estrategia prudente que contemplaba dos vías de actuación: en primer lugar, evitar todo enfrentamiento con los dirigentes sindicales falangistas y tratar de influir sobre los mismos para que el sindicalismo vertical incorporase un «sentido católico» y, en segundo lugar, ir adoptando las medidas necesarias para que la Acción Católica pudiese desarrollar asociaciones específicas para los trabajadores, de modo que la Iglesia conservase un canal propio para relacionarse con los mismos.

La jerarquía eclesiástica evitaba cuestionar el sindicalismo vertical, pero sus integrantes albergaban reservas sobre el mismo: su dependencia del aparato del Estado y del partido único era vista como incompatible con el «corporativismo societario» que Pío XI había propugnado en la «Quadragesimo anno». Pero, al mismo tiempo, los prelados eran conscientes de que se debía llegar a alguna forma de entendimiento con los dirigentes verticalistas. Esta postura conciliadora era abanderada por el ya mencionado Eijo y Garay. En octubre de 1937 había dirigido una carta al cardenal primado, Isidro Gomá, en la que había expresado un juicio sumamente crítico sobre sobre el sindicalismo vertical, considerándolo una fórmula «totalitaria» y «extranjerizante» que podía llegar a convertirse en un instrumento «de opresión», en la medida que pretendiese absorber el entramado societario sostenido por la Iglesia. El prelado hacía votos porque tradicionalistas y sindicalistas católicos aunasen sus fuerzas para impedir una sindicación única dirigida por el Estado y establecer, en su lugar, un modelo corporativo basado en la doctrina social de la Iglesia. Pero también señalaba que, si finalmente el régimen optaba por hacer suyo el modelo falangista, no había que desesperar y «retirarse al Aventino», sino que debía adoptarse una estrategia realista y pragmática consistente en que los católicos ofreciesen a los sindicatos verticales su colaboración, en un intento de cambiarlos desde dentro y atraerlos hacia sus posiciones. Tras la Guerra Civil, una vez que quedó claro que los falangistas habían logrado el control exclusivo sobre el aparato sindical del régimen, Eijo y Garay fue consecuente con su propio plan de acción y se dedicó a buscar un acercamiento a los dirigentes verticalistas y a potenciar todas aquellas actividades destinadas a conferir una aureola católica a sus sindicatos. En esta tarea adoptó un tono de entusiasmo que, a menudo, hacía dudar de si estaba buscando un pacto con los dirigentes falangistas o si, por el contrario, había experimentado una auténtica «conversión» al verticalismo. Así, en noviembre de 1941, en el transcurso de una conferencia organizada por el Frente de Juventudes, Eijo y Garay no tuvo empacho en defender la legitimidad del sindicalismo vertical y en afirmar que la doctrina sindical de José Antonio concordaba con la «Quadragesimo anno». Durante la posguerra, Eijo y Garay se convirtió en el obispo más propenso a la colaboración activa con los falangistas, convencido de que esta era la mejor manera de salvaguardar los intereses de la Iglesia y de contribuir al afianzamiento del nuevo régimen político.

En ningún otro dirigente verticalista tenían tan buena acogida estas maniobras de acercamiento como en Sanz-Orrio, quien deseaba fervientemente poner fin a las suspicacias entre falangistas y católicos suscitadas por la cuestión sindical. Este deseo partía de sus propias convicciones, pues su ideología era una amalgama de falangismo y catolicismo social. Como falangista, defendía el sindicalismo vertical y rechazaba el corporativismo. Pero también compartía algunas de las críticas que los católicos sociales dirigían al verticalismo, en particular la de su excesiva dependencia del Estado y del partido.

Al margen de sus convicciones personales, Sanz-Orrio consideraba que la paz entre falangistas y católicos sobre la cuestión sindical iba en el propio interés del verticalismo, que se vería así reforzado tanto en el plano ideológico como en el institucional. En este sentido, la necesidad de afianzar el sindicalismo vertical había empezado a ser acuciante a partir de julio de 1943, con la invasión de Sicilia por parte de los aliados. Dicho acontecimiento había desencadenado maniobras de los sectores antifalangistas de la coalición que había sostenido al bando nacionalista durante la Guerra Civil. En agosto de 1943 se había hecho pública una «declaración de la Comunión Tradicionalista», auspiciada por los sectores del carlismo refractarios a la unificación con Falange, en la que se reclamaba la disolución del partido único y de los sindicatos vinculados a los mismos, así como una «restauración orgánica y corporativa». Coincidiendo con estos hechos, habían aparecido varias publicaciones en las que se trataba de reintroducir el debate acerca del corporativismo. La más significativa había sido Manual de sistemas y errores sociales, del jesuita José Luis Díez, quien defendía la fórmula corporativa como la más acorde con la doctrina social de la Iglesia y, en una alusión evidente al sindicalismo vertical, fustigaba a los sindicatos «excesivamente burocratizados y dependientes del Estado».

Otro factor de preocupación para Sanz-Orrio procedía de la Acción Católica. La reorganización de la Acción Católica Española llevada a cabo en 1939 no había contemplado el establecimiento de una rama específica para obreros, pero sí había dejado la puerta abierta para ello. Se habían creado cuatro ramas generales —Hombres, Mujeres, Juventud Masculina y Juventud Femenina—, pero se había precisado que «dentro de ellas, sin detrimento de su unidad, se abre campo ancho para todas las especializaciones que sean necesarias, sin límite alguno». Importantes sectores de la jerarquía eclesiástica y de la Acción Católica consideraban urgente hacer uso de esta posibilidad. Desde 1941 se venían llevando a cabo algunas experiencias en este sentido, como la creación de hermandades para ferroviarios e integrantes de otras profesiones, tales como oficinistas, electricistas o mecánicos.

Estas incipientes asociaciones obreras de la Acción Católica se presentaban como iniciativas estrictamente religiosas que no pretendían comprometer el monopolio sindical que la legislación atribuía al verticalismo. Pero, a pesar de ello, eran contempladas con preocupación por parte de los falangistas. Así, en 1944 el delegado provincial de Sindicatos de Madrid se preguntaba hasta qué punto resultaba compatible con el principio de unidad sindical la existencia de la Hermandad Ferroviaria de Santa Teresa que había sido fundada, al amparo de la Acción Católica, tres años antes en la capital de España. Para los falangistas el monopolio organizativo de sus sindicatos no se restringía al ámbito de lo puramente laboral, sino que debía abarcar la totalidad de la experiencia social de los trabajadores. Por ello veían como amenazante cualquier iniciativa que buscase proporcionarles un ámbito de socialización alternativo.

En esta confluencia de situaciones potencialmente amenazantes, Sanz-Orrio creyó encontrar una solución en la creación de una Asesoría Eclesiástica en el seno de la Organización Sindical. Con ella, el sindicalismo vertical adquiriría una identidad católica, de manera que ya nunca más se le podría presentar como algo incompatible con la doctrina social de la Iglesia. Se potenciaría a los sectores eclesiásticos más favorables a la colaboración con el verticalismo y se dejaría sin argumentos a los reticentes. La Iglesia recuperaría un canal propio para relacionarse con los trabajadores, aunque dentro del sindicalismo oficial. Como consecuencia de ello —pensaba Sanz-Orrio—, la tentación de desarrollar la especialización obrera dentro de la Acción Católica quedaría conjurada. Y los intentos de aprovechar el giro operado en la II Guerra Mundial para identificar al verticalismo con los Estados totalitarios resultarían anulados. ¿Quién se atrevería a tachar de totalitario a un sindicalismo que contaba con el aval de la Iglesia católica?

En diferentes publicaciones realizadas a lo largo de su existencia, la Asesoría Eclesiástica rememoró su creación en términos triunfalistas: la Organización Sindical había propuesto a la jerarquía eclesiástica el nombramiento de unos asesores y esta había aceptado entusiasmada. De este modo, la Iglesia había avalado al sindicalismo vertical como católico o, al menos, como una fórmula que buscaba acercarse lo más posible al ideal señalado por la doctrina social de la Iglesia. Sin embargo, el análisis de los hechos que rodearon a la puesta en marcha de la Asesoría revela un proceso más complejo.

En marzo de 1944 Fermín Sanz-Orrio expuso su proyecto al cardenal primado, Enrique Pla y Deniel. Este consultó la cuestión con el nuncio apostólico, Gaetano Cicognani y, a continuación, contestó a Sanz-Orrio que no tenía inconveniente en que la Organización Sindical solicitase a cada uno de los obispos su autorización para el nombramiento de asesores en sus respectivas diócesis. Paralelamente, se elevaría una consulta a la Secretaría de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios de la Santa Sede para que esta estableciese los límites dentro de los cuales los asesores debían desempeñar su labor. De este modo, se daba vía libre a la constitución de la Asesoría. No obstante, esta no era la respuesta esperada por Sanz-Orrio, el cual hubiera preferido que el cardenal primado hubiese avalado explícitamente el proyecto, en lugar de limitarse a autorizarle para que se entendiera con los obispos.

Recabar la autorización de los obispos era una tarea delicada para la cual se requería a alguien con capacidad para relacionarse con fluidez con los mismos, pero que también fuese leal a la Organización Sindical. El elegido fue Bernardino Antón Ortiz, doctor en Derecho Canónico y en Teología y canónigo de la Catedral de Coria, pero con presencia constante en Madrid, donde ejercía como profesor de la Escuela Social. De ideología falangista, respondía al prototipo de eclesiástico comprometido con el proyecto verticalista, pero al mismo tiempo con el objetivo de redefinirlo en clave católica.

Tras haber sido nombrado asesor eclesiástico nacional de Sindicatos por Sanz-Orrio, Antón Ortiz procedió a escribir a todos los prelados solicitándoles que autorizasen el establecimiento de una Asesoría Eclesiástica dentro de la Delegación Provincial de Sindicatos correspondiente a su diócesis. Paralelamente, escribió a los delegados provinciales de Sindicatos ordenándoles que seleccionasen a un sacerdote «socialmente preparado y de indudable adhesión a los principios de nuestro Movimiento» para que, cuando llegase el momento, pudiera ser propuesto al prelado para su nombramiento como asesor. Los prelados, en su inmensa mayoría, acogieron la idea con una actitud receptiva: mostraron interés en la propuesta y alabaron los fines que perseguía. Sin embargo, no procedieron a autorizar el nombramiento de un asesor, como pretendía Antón Ortiz, sino que solicitaron más información acerca de las funciones con que se pretendía dotar al nuevo organismo. Antón Ortiz trató de despejar estas dudas comunicando que las normas de funcionamiento serían acordadas por los propios asesores, en una reunión que se pensaba llevar a cabo una vez que hubiesen sido nombrados, pero este argumento no encontró el eco esperado. Eijo y Garay fue el único prelado que accedió al requerimiento de Antón Ortiz, nombrando como asesor a Abundio García Román. En el extremo opuesto, la única negativa tajante procedió del cardenal arzobispo de Sevilla, Pedro Segura y Sáenz, quien se había destacado durante la Guerra Civil por su defensa del «derecho» de la Iglesia a sostener asociaciones profesionales y era, por lo tanto, hostil al monopolio sindical verticalista.

En septiembre de 1944, ante la constatación de que el nombramiento de los asesores estaba paralizado, Sanz-Orrio solicitó a Eijo y Garay que redactase unas normas reguladoras de la Asesoría. La idea era ofrecer al conjunto del episcopado un documento que despejase toda suspicacia acerca del nuevo organismo. El obispo de Madrid-Alcalá atendió esta petición y, acto seguido, la Delegación Nacional de Sindicatos dio carácter oficial a las normas por él redactadas, convirtiéndolas en la Orden de Servicio n.º 80 de 11 de octubre de 1944. Dicha Orden definía a la Asesoría como una «obra católico-social de apostolado» destinada a contribuir a que la Iglesia llevase a cabo su «misión divina cerca de los productores». Los asesores eclesiásticos provinciales serían nombrados por su respectiva jerarquía eclesiástica, reservándose los mandos sindicales el derecho a proponer a los candidatos. Antón Ortiz difundió esta normativa entre el episcopado, subrayando que procedía de un documento elaborado por el obispo de Madrid-Alcalá. Esta estrategia logró, solo en parte, el efecto buscado y durante las últimas semanas de 1944 nombraron asesor los obispos de Lérida, Granada, Alicante, Zaragoza, Murcia y Logroño, si bien eran todavía mayoría los que se mantenían a la expectativa. Ante esta situación, Sanz-Orrio y Antón Ortiz juzgaron que lo más conveniente era aguardar a que llegase la respuesta de la Secretaría de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, en la esperanza de que esta despejase las dudas de los indecisos.

Dicha respuesta llegó en abril de 1945 y lo hizo en los siguientes términos:

Esta respuesta llevaba a cabo un complicado ejercicio de equilibrio, consistente en satisfacer el requerimiento realizado por la Organización Sindical sin que ello supusiese atribuir el marchamo de católico al sindicalismo vertical. Las últimas palabras resultaban significativas: los asesores se abstendrían de participar «en toda política de partido». Los sindicatos verticales estaban sometidos a la disciplina de un partido político —FET y de las JONS—, siendo este uno de los principales aspectos que había sido objeto de crítica por parte de los católicos sociales. La Santa Sede dejaba claro de este modo que su decisión de permitir el nombramiento de asesores no suponía un aval a la faceta política del sindicalismo vertical. Este dictamen permitió que los obispos terminasen de nombrar a los asesores. De este modo, se pudo celebrar en junio de 1945 la Primera Reunión de Asesores Eclesiásticos, con la ausencia, eso sí, del asesor de Sevilla, ya que Segura continuaba negándose a nombrarlo.

En julio de 1946, Antón Ortiz, en una entrevista concedida a Pueblo, afirmaba que los sindicatos verticales llevaban a cabo una continuación mejorada de la labor realizada en su momento por el sindicalismo católico. Los objetivos eran, en ambos casos, idénticos: «la defensa del productor a la luz del Evangelio y de las doctrinas pontificias». El sindicalismo vertical era «indudablemente católico» y la decisión de la Santa Sede de autorizar el nombramiento de los asesores así lo demostraba. Antón Ortiz consideraba alcanzados los objetivos que la Organización Sindical había perseguido mediante la creación de la Asesoría: legitimar el verticalismo mediante una asociación con la Iglesia y bloquear cualquier proyecto futuro de recuperar el sindicalismo católico.

Sin embargo, unos meses antes de dicha entrevista se había producido un hecho que desmentía tal triunfalismo. Durante una visita ad limina del episcopado español a Pío XII, el papa había expuesto al cardenal primado la necesidad de que la Iglesia buscase un canal propio para relacionarse con la clase obrera, siendo la única forma de lograrlo la creación de una rama especializada de apostolado en el seno de la Acción Católica. Pla y Deniel había acogido entusiasmado esta propuesta, y como consecuencia de ello en mayo de 1946 la Acción Católica había aprobado unas «Normas generales para la especialización obrera» que permitirían la creación y puesta en marcha, ese mismo año, de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y, un año más tarde, de la Juventud Obrera Católica (JOC). Estas nuevas organizaciones de Acción Católica fueron presentadas como asociaciones de apostolado que no se inmiscuirían en el ámbito sindical. Sin embargo, desde un primer momento existió el plan de utilizarlas como plataformas para un futuro sindicato católico en el caso de que el régimen decidiese poner fin, algún día, al monopolio sindical falangista.

Con la creación de la HOAC y la JOC se frustraba uno de los principales objetivos que la Organización Sindical había perseguido con la creación de la Asesoría: bloquear el desarrollo de una rama obrera dentro de la Acción Católica. De este modo, se ponían de relieve las limitaciones que poseía el aval que aquella había recibido de parte de la Iglesia. Esta había aceptado estar presente en los sindicatos verticales, pero no el que dicha presencia agotase su acción social sobre el proletariado. Muy al contrario, se reservaba el derecho a disponer de un canal de actuación propio, de momento en el seno de la Acción Católica; en un futuro, quizás, en el plano sindical propiamente dicho.

En 1948 el proceso de institucionalización de la Asesoría Eclesiástica de Sindicatos vivió su último episodio. La Conferencia de Metropolitanos, en reunión celebrada durante el mes de noviembre, acordó que los cuerpos de asesores sacerdotales en instituciones de carácter civil fuesen presididos por un obispo nombrado por el cardenal primado. Por lo que respecta a la Asesoría Eclesiástica de Sindicatos, ello suponía el cese de Bernardino Antón Ortiz como asesor eclesiástico nacional y su sustitución por un obispo. Sanz-Orrio acogió entusiasmado esta decisión, pues era lo que había pretendido desde un primer momento: que la Iglesia nombrase a una figura de prestigio para encabezar la Asesoría. El 1 de diciembre Pla y Deniel nombraba asesor nacional a Luis Almarcha Hernández, obispo de León. Con anterioridad a su «exaltación al episcopado», acaecida en 1944, había sido vicario general de la Diócesis de Orihuela, donde había impulsado la creación de sindicatos católicos. Finalizada la Guerra Civil, había iniciado una leal colaboración con los sindicatos verticales, completando así una evolución política que no todos los impulsores del catolicismo social de preguerra llevaron a cabo. Formaba parte del Consejo Superior de la Obra Sindical de Cooperación, en el cual también estaba Eijo y Garay.

¿Por qué proporcionaba la Iglesia en 1948 a la Asesoría el reconocimiento pleno que se había resistido a darle en 1944? Una explicación plausible es que en 1944 la cuestión de la especialización obrera de la Acción Católica no estaba aún resuelta y nombrar un obispo como asesor eclesiástico nacional de Sindicatos podía ser interpretado como una forma de cerrar la puerta a la misma. En 1948, por el contrario, la HOAC y la JOC eran ya realidades. La Iglesia se aseguraba, de este modo, una doble intervención en el mundo del trabajo: una —la de la Acción Católica—, más autónoma; la otra —la de la Asesoría—, inserta en el sindicalismo vertical. En 1951, en el transcurso de una reunión mantenida con los principales mandos de la Organización Sindical, Antón Ortiz deploró que la Asesoría hubiera tardado tanto tiempo en ponerse en marcha. Estaba convencido de que si el proceso hubiese sido más ágil «no tendríamos que lamentar que hubiesen adquirido cierta importancia algunas asociaciones de las que siempre se nos está hablando». Tales asociaciones eran la HOAC y la JOC.

La operación política destinada a dotar al sindicalismo vertical de una identidad católica tuvo, por lo tanto, un resultado incompleto. Sanz-Orrio, con el determinante apoyo de Eijo y Garay, había pretendido que la Iglesia reconociese la identidad católica del verticalismo. Ello debía conllevar el que los sectores católicos renunciasen a toda perspectiva futura de volver a tener unos sindicatos diferenciados y que la propia Iglesia aceptase canalizar su apostolado obrero a través del cauce ofrecido por el verticalismo, es decir, la Asesoría. Pero, en vez de esto, lo que el sindicalismo vertical obtuvo fue un reconocimiento «sui generis»: la Iglesia se avenía a colaborar con el verticalismo a través de la Asesoría, pero no le reconocía explícitamente un carácter católico y no renunciaba a desarrollar actuaciones de apostolado obrero por medios independientes del mismo. Debido a ello, el proceso de búsqueda de una identidad católica por parte del sindicalismo vertical no quedó cerrado, sino que se mantuvo a lo largo de toda la década de 1950, con los dirigentes verticalistas buscando nuevas fórmulas para afirmar su catolicidad y para tejer nuevas alianzas con los sectores más proclives de la jerarquía eclesiástica.

El problema de fondo era la que la idea de la catolicidad del sindicalismo vertical distaba de suscitar un apoyo unánime en la Iglesia. Ciertamente, era apoyada por sacerdotes fascistizados entusiastas del ideario falangista —de los cuales Antón Ortiz sería un representante conspicuo— y por miembros de la jerarquía eclesiástica que estaban convencidos de que la Iglesia debía apoyar a la Falange —a una Falange, eso sí, catolizada— como forma de asegurar la coherencia interna del régimen, postura esta simbolizada por Eijo y Garay. Pero era impugnada por sectores tradicionalistas que acusaban al verticalismo de haber cercenado el derecho de la Iglesia a actuar con libertad en el ámbito de las cuestiones sociales. La postura de Segura y Sáenz —que nunca permitió la actuación de la Asesoría en su archidiócesis— o de Pildain y Zapiain —obispo de Canarias—, que en 1954 publicó una agresiva carta pastoral contra el sindicalismo vertical titulada «El sistema sindical vigente, ¿está, o no, concorde con la doctrina social de la Iglesia?» resultaron significativas al respecto. Además, la idea de que el verticalismo constituía una encarnación de la doctrina social católica fue cuestionada por la HOAC y la JOC, que gradualmente fueron asumiendo posturas democristianas y, más adelante, ya en la década de 1960, de socialismo cristiano. Frente a las posturas de apoyo o de impugnación, la mayor parte de la jerarquía eclesiástica optó por una postura posibilista, consistente en mantener buenas relaciones con los dirigentes verticalistas, aceptar de buen grado sus manifestaciones de catolicismo, pero evitar cuidadosamente que ello pudiera implicar una aceptación explícita por parte de la Iglesia de la idea de que el sindicalismo que ellos encarnaban colmaba las aspiraciones sociales católicas.

La Asesoría Eclesiástica de Sindicatos englobaba dos ámbitos organizativos: la Asesoría Nacional y las Asesorías Provinciales. La Asesoría Nacional estaba vinculada a la Delegación Nacional de Sindicatos. Como acabamos de ver, entre 1944 y 1948 se mantuvo al frente de la misma Bernardino Antón Ortiz, mientras que a partir de ese último año el cargo pasó a ser ocupado por un obispo nombrado por el cardenal primado: Luis Almarcha Hernández. Sin embargo, esto no supuso el apartamiento de Antón Ortiz, quien pasó a ocupar el cargo de consiliario nacional, creado «ad hoc» para él y desde el cual siguió gestionando el día a día del organismo.

Por su parte, las Asesorías Provinciales estaban vinculadas a las Delegaciones Provinciales de Sindicatos. Al frente de cada una de ellas había un asesor. Entre 1944 y 1948 los asesores provinciales fueron nombrados por el obispo correspondiente, a partir de una propuesta realizada por el delegado provincial de Sindicatos. Al hacerse cargo de la Asesoría Nacional, Almarcha Hernández suprimió el «derecho de presentación» de los delegados provinciales. Esto originó algunas situaciones de conflicto, ya que hubo obispos que nombraron a sacerdotes que no se identificaban con la Organización Sindical y que utilizaban sus recursos para proyectos ajenos a sus fines. El caso más polémico fue el del asesor de Barcelona, José Ricart, quien utilizó la asignación económica proporcionada por la Organización Sindical para poner en marcha la HOAC en dicha provincia y que fue destituido por estos hechos en 1951. Antón Ortiz censuraba estos casos, pero aseguraba que constituían un peaje que se debía pagar a cambio de obtener el pleno reconocimiento eclesiástico.

Durante sus primeros años de existencia, las Asesorías Provinciales centraron buena parte de sus actividades en la difusión de los sacramentos entre la población. Diferentes asesores pusieron en marcha campañas destinadas a localizar a personas que no habían sido bautizadas o que no habían recibido la primera comunión, con la finalidad de suministrarles tales sacramentos. Del mismo modo, los asesores se esforzaban por localizar a parejas que conviviesen bajo un mismo techo sin estar casadas —los conocidos como «amancebamientos»— para convencerlas de que aceptasen regularizar su situación ante el altar. Así, en 1945 la Asesoría de Jaén centraba sus esfuerzos en bautizar a adultos y en legitimar uniones «ilegales». Por su parte, la Asesoría de Teruel informaba en 1946 de que la campaña contra los «amancebamientos» marchaba a un magnífico ritmo, algo que atribuía al hecho de que el Estado hubiese adoptado la «sabia decisión» de excluir de la percepción del Subsidio Familiar a las parejas con hijos que no estuviesen casadas.

Otra línea de actuación de las Asesorías Provinciales guardaba relación con la moralización del mundo del trabajo. Los asesores denunciaban la proliferación de cantinas en las inmediaciones de los centros laborales y lanzaban campañas contra la embriaguez y el juego. En 1950 el asesor de Ávila diseñaba un plan de lucha contra la inmoralidad que incluía la denuncia ante el Gobierno Civil de «situaciones anómalas» en salones de baile y espectáculos y la solicitud a las autoridades laborales para que extremasen la vigilancia sobre los «peligros para la honestidad» en los centros de trabajo que empleaban a mujeres. Y en 1954 el asesor de Asturias realizaba gestiones para denunciar ante las autoridades la apertura de «dos casas de prostitución y algunos bares de camareras» en el entorno del Puerto de Avilés, al calor de las obras de construcción de la planta que la Empresa Nacional Siderúrgica (ENSIDESA) pensaba instalar allí.

Dos cuestiones morales que preocupaban singularmente a las Asesorías Provinciales eran la lucha contra la blasfemia y contra la infracción del precepto del descanso dominical. Contra la blasfemia, pusieron en marcha campañas de concienciación, las cuales incluían carteles, cuñas radiofónicas o concursos con premios para quienes acuñasen el eslogan más ingenioso llamando a no blasfemar. Pero, al mismo tiempo, no renunciaban a fomentar otras medidas de carácter punitivo. Así, los asesores dirigían comunicaciones a los gobernadores civiles de sus provincias, reclamándoles mayor celo a la hora de aplicar las sanciones que el Código Penal de 1944 preveía contra quienes blasfemasen en público. Por lo que respecta al descanso dominical, la estrategia seguida era similar. Los asesores organizaban campañas a favor del respeto a este precepto, pero al mismo tiempo denunciaban ante las Delegaciones Provinciales de Trabajo las infracciones que llegaban a sus oídos. Una cuestión que les enfurecía particularmente era la celebración de mercados y ferias en domingo. Los asesores bombardeaban a las autoridades provinciales con peticiones para que los mismos fuesen trasladados a otro día de la semana. Así, en 1959 el asesor de Asturias mantenía una cruzada para que no se celebrasen en domingo los mercados de Luarca, Cangas de Onís y Grado, a los cuales acusaba de causar la «muerte espiritual» de dichos pueblos.

Otro de los ámbitos en los que las asesorías provinciales ejercían su acción moralizadora era el de las residencias veraniegas de la Obra Sindical de Educación y Descanso. Los asesores nombraban en cada una de ellas un capellán, el cual se encargaba de celebrar misa, bendecir la mesa antes de las comidas y vigilar la moralidad de las diversiones que se organizaban, labor esta última que debía ser especialmente intensa en las residencias femeninas. En 1949 el asesor de Murcia insistía en la necesidad de que el capellán de la residencia femenina de Águilas controlase que todas las residentes usasen el bañador oficial, ya que el año anterior «unas indeseables llegadas de Madrid» habían llevado «bañadores indecorosos». Pero en 1951 saltaba el escándalo: el capellán de la residencia de El Grajal, en la provincia de La Coruña, era destituido debido a su comportamiento. En palabras del asesor provincial, «flirtea, como vulgarmente se dice, sin ton ni son con las chicas de la residencia; las acompaña en la playa, yendo ellas desvestidas casi; toca el piano fuera de la residencia, es decir, en casas particulares, para que bailen ellas y otras; hace frases y chistes de mala ley y no sé cuántas cosas más».

La labor moralizadora que los capellanes llevaban a cabo en las residencias de Educación y Descanso incluía la censura de sus bibliotecas, a fin de expurgar los libros que pudieran dañar la moralidad de los residentes. Para llevar a cabo esta labor, contaban con la ayuda proporcionada por la obra Lecturas buenas y malas a la luz del dogma y de la moral, del jesuita Antonio Garmendia de Otaola. Se trataba de un diccionario de autores en el cual se dilucidaba qué obras de cada uno de ellos resultaban adecuadas para el lector católico y qué otras constituían, por el contrario, un peligro moral. Publicada por primera vez en 1949, fue objeto de diversas actualizaciones hasta 1964. Pero en ocasiones eran los propios usuarios de bibliotecas los que alertaban acerca de la necesidad de retirar obras inmorales. Así, en 1948 Antón Ortiz recibía la solicitud de una lectora de la biblioteca de Educación y Descanso en Madrid para que se retirase el libro Gran Hotel, «que han leído varias conocidas mías y que dicen es de lo más asqueroso y pornográfico y que ni siquiera lo han podido terminar».

Otra línea de actuación de las Asesorías Provinciales se centraba en la enseñanza de la religión en instituciones vinculadas a la Organización Sindical. Así, los asesores se encargaban de la formación religiosa en las Escuelas Sindicales, destinadas a formar al personal que trabajaba al servicio de la Organización Sindical y a «capacitar» a los trabajadores que obtenían puestos de representación en las elecciones sindicales. Del mismo modo, se encargaban de la asignatura de «Religión y Moral» en las Escuelas de Formación Profesional dependientes de la Obra Sindical de Formación Profesional, de las cuales existían 105 en 1953, con un total de 22.962 alumnos.

Para los asesores la formación de los aprendices y de los jóvenes obreros revestía una importancia primordial. Ello se debía a que los concebían como un grupo vulnerable. Cuando se incorporaban a la fábrica, sus compañeros de mayor edad desplegaban toda una serie de artimañas destinadas a «abrirles los ojos»: blasfemaban delante de ellos, hacían «comentarios irónicos» sobre los curas y les proporcionaban «fotos y revistas indecentes». Proporcionarles una sólida formación religiosa y moral era la vía adecuada para inmunizarles frente a tales peligros.

Finalmente, las Asesorías Provinciales desarrollaron toda una línea de actuación consistente en fomentar las devociones públicas entre los trabajadores. Para ello, procedieron a crear numerosas cofradías profesionales, las cuales llevaban a cabo actividades de culto a lo largo del año. El momento álgido llegaba con la festividad del Santo Patrón de la profesión, celebrándose entonces una procesión y actos lúdicos, tales como partidos de fútbol o tómbolas benéficas. Los asesores solicitaban a las empresas que concediesen vacaciones en el día del Santo Patrón o, si esto no era posible, que tuvieran al menos un «detalle» con sus empleados, tal como ofrecerles una «comida de hermandad». Así, en el sector de la banca, la Asesoría logró que se crearan cofradías de san Carlos Borromeo en diferentes ciudades y que la práctica de pagar a los empleados una comida o cena de hermandad cada 4 de noviembre —onomástica de dicho santo— se consolidase entre las empresas del sector.

Las actividades desarrolladas por las Asesorías Provinciales nos permiten caracterizar el modelo de religiosidad que era propugnado por este organismo. Se trataba de un modelo fuertemente tradicionalista, basado en el liderazgo sacerdotal y que ofrecía muy pocos espacios de iniciativa a los fieles. Colocaba en un lugar central la participación colectiva en los sacramentos y en las devociones públicas, otorgando muy poca relevancia a la dimensión personal del sentimiento religioso. Otorgaba una importancia primordial a la moralidad y, en particular a los aspectos relacionados con la sexualidad, siendo mucho menos incisiva con lo tocante a una moralidad social y económica. Esta concepción religiosa concordaba plenamente con el modelo de espiritualidad dominante en el catolicismo español durante las décadas de 1940 y 1950. Las preocupaciones de la Asesoría en aquellos momentos coincidían, por lo tanto, con las preocupaciones dominantes en la Iglesia española. Así, sus campañas contra el trabajo en domingo no se diferenciaban de las «campañas pro santificación de las fiestas» mantenidas por la Dirección Central de la Acción Católica durante la década de 1940 y apoyadas activamente por los obispos. Incluso la HOAC, representante de una concepción del catolicismo social radicalmente opuesta a la de la Asesoría, habría promovido en sus años iniciales, al menos en algunas regiones, una religiosidad tradicionalista no muy distinta a la por ella sostenida, como han puesto de relieve los trabajos de Berzal de la Rosa. Del mismo modo, la concepción de la moral de la Asesoría no desentonaba en absoluto con la perspectiva adoptaba por la mayoría de la jerarquía eclesiástica: en fecha tan avanzada como 1957, la Conferencia de Metropolitanos publicó su «Instrucción sobre la moralidad pública», que ofrecía una visión tremendista de la moralidad sexual de la población española, la cual, a decir de los metropolitanos, habría estado caracterizada por la «pornografía», el «desnudismo» y la «indecencia». Bien es cierto que, a lo largo de la década de 1950, fueron ganando fuerza en el seno de la Iglesia española voces que abogaban por una modernización del mensaje social y espiritual. Pero la reivindicación historiográfica de tales voces —acertada y necesaria— no debería llevarnos a olvidar la fortaleza de que aún gozaba el catolicismo tradicionalista a finales de dicha década. Fue solo durante la década siguiente cuando la renovación se completó y cuando, significativamente, la Asesoría comenzó a experimentar que sus iniciativas recatolizadoras no suscitaban el apoyo de antaño entre una parte de la jerarquía eclesiástica.

Las tres actividades de la Asesoría Eclesiástica de Sindicatos que obtuvieron una mayor repercusión consistieron en: la organización de misiones interiores, el desarrollo de programas de ejercicios espirituales para obreros y la puesta en marcha de un ambicioso ciclo de conferencias en empresas al que se bautizó como La Voz de Cristo en las Empresas. Estos tres programas fueron diseñados e impulsados desde la Asesoría Nacional, especialmente desde su Sección de Apostolado Religioso, al frente de la cual estaba Plácido Navas Alonso, más conocido por su nombre de capuchino, Teodomiro de Villalobos. En 1955 relevaría como consiliario nacional a Bernardino Antón Ortiz, al ser este nombrado canónigo de la Catedral de Almería.

La Asesoría comenzó a organizar misiones en 1949. Desde entonces y hasta 1959 llevó a cabo 48 campañas misionales que implicaron la realización de actos religiosos en 624 localidades de 23 provincias distintas, con un público de más de 550.000 personas. Todas estas misiones fueron organizadas en solitario por la Asesoría, que las financió con fondos procedentes de la Organización Sindical. La Asesoría diseñaba el programa misional, reclamaba los pertinentes permisos de los obispos concernidos, reclutaba a los misioneros que iban a participar —los cuales procedían de diferentes órdenes religiosas, aunque con una clara preferencia por los capuchinos— y ejecutaba por sí sola los actos misionales.

Estas misiones no estaban dirigidas exclusivamente a la clase obrera, sino que, respondiendo al modelo de «misión general», trataban de llegar a todos los habitantes de las localidades misionadas, independientemente de su clase social. No obstante, todas ellas se celebraban en localidades donde existían importantes contingentes de obreros e incluían actos específicamente dirigidos a ellos. La organización de estos actos para obreros respondía siempre a un patrón muy similar. La Asesoría contactaba con antelación a los directores de las principales empresas de las localidades que iban a ser misionadas y les solicitaba que cediesen una hora de la jornada laboral para que uno de sus misioneros se dirigiese a sus empleados. Dicha hora debía ser remunerada por la empresa, pues de lo contrario los trabajadores recibirían con hostilidad al misionero. Salvo raras excepciones, las empresas aceptaban. Llegado el día acordado, el misionero daba a los trabajadores una charla «amena», invitándoles a que, una vez finalizada su jornada laboral, se sumasen a los «actos generales» de la misión, los cuales se celebraban en diferentes puntos de la localidad.

En empresas públicas o en empresas privadas capitaneadas por patronos comprometidos con la causa católica se podía plantear una versión más ambiciosa de este procedimiento: el misionero acudía a la empresa diariamente durante toda la misión. El último día se celebraba una misa y, previamente, se ofrecía a los obreros la posibilidad de confesar con vistas a participar en la eucaristía. Así, entre el 13 y el 20 de mayo de 1951 la Asesoría llevó a cabo una misión en las minas de espato flúor de Osor (Gerona), propiedad del Banco Urquijo y cuyos directivos eran «vascos y, por lo tanto, muy católicos». Estos dieron toda clase de facilidades, adelantando la entrada al tajo en una hora durante toda la semana. Esa hora fue cedida a los misioneros para que hablasen a los mineros, en su mayoría inmigrantes murcianos y andaluces, y a estos les fue remunerada como una hora extraordinaria. Los mineros llegaban a la bocamina en un autobús fletado por la empresa y allí mismo les esperaban los misioneros para impartirles su charla. En la misa del último día la mayoría comulgó, tratándose para varios de ellos de su primera comunión.

Los actos misionales para obreros planteaban siempre la duda de hasta qué punto la asistencia era libre. Teodomiro de Villalobos aseguraba que «el que quiere salirse, se sale». Sin embargo, son varias las circunstancias que indican que los obreros eran, a menudo, un «público cautivo»: los actos se celebraban en el espacio de trabajo, dentro de la jornada laboral y el misionero llegaba a la empresa de la mano del director. Algunos misioneros no ocultaban que la asistencia no era del todo voluntaria. En 1958 el misionero encargado de visitar las minas de Aviñante de la Peña, en Palencia, reconocía que muchos mineros se sentían incómodos durante la visita de los misioneros: «en estas misiones no es oportuno ir a los centros de trabajo, ya que automáticamente hace la contramisión. La predicación en estos sitios tiene en la mente del obrero un sentido político; se sienten molestos, así como sojuzgados por una influencia clerical».

Estos actos se caracterizaban, además, por su carácter timorato a la hora de abordar las cuestiones sociales. Antes del inicio de cada misión, los misioneros recibían unas instrucciones, redactadas por el propio Teodomiro de Villalobos, en las que se les advertía de que sus predicaciones debían ajustarse al modelo «tradicional». Ello suponía centrarse en los «temas religiosos» y evitar la «cuestión social». Martín Brugarola, el responsable de la Sección Doctrinal de la Asesoría Nacional, no era tan tajante. Pensaba que los misioneros tenían que abordar la cuestión social, pero subrayaba que debían hacerlo con extrema prudencia. Debían medir sus palabras para que ninguna de ellas pudiera «exacerbar la lucha de clases». Las misiones debían dejar tras de sí un clima de reconciliación entre capital y trabajo, nunca de resentimiento. Al obrero había que decirle que tenía derecho a un «salario justo», pero también había que recordarle que la doctrina social de la Iglesia amparaba la «propiedad privada» y establecía la «obligación de trabajar» y de proporcionar al empresario un «rendimiento adecuado».

El conservadurismo de las misiones de la Asesoría contrastaba con otras experiencias misionales de la década de 1950, en las cuales se trató de incorporar una sensibilidad social algo más evolucionada. Así, en 1953 el obispo de Bilbao, Casimiro Morcillo, organizó la «Santa Misión del Nervión» en las localidades situadas a ambas orillas de este río. Esta misión, de dos semanas de duración, fue seguida de una «postmisión social» de una semana, durante la cual un equipo de predicadores difundió la doctrina social de la Iglesia, sin ocultar que existían «injusticias sociales» y llamando a los empresarios a cumplir con sus «obligaciones». Significativamente, esta «postmisión» no fue encargada a la Asesoría Eclesiástica de Sindicatos, sino al Instituto Social León XIII, institución creada en Madrid por Ángel Herrera Oria para difundir la doctrina social de la Iglesia.

Después de las misiones, los ejercicios espirituales constituyeron el segundo gran programa impulsado desde la Sección de Apostolado Religioso de la Asesoría Nacional. La Asesoría organizaba de manera recurrente ejercicios para obreros, los cuales podían ser «cerrados» o «abiertos». En los ejercicios «cerrados» los ejercitantes se recluían en una «casa de ejercicios» y convivían durante una semana bajo la atenta guía del director espiritual. Por su parte, en los «abiertos» las sesiones se reducían a un número limitado de horas al día y los ejercitantes regresaban cada noche a sus domicilios. En 1959 la Asesoría calculaba haber realizado unas 400 tandas de ejercicios «cerrados» y 670 de ejercicios «abiertos», con una media de 130 ejercitantes por tanda para los primeros y de 200 para los segundos. Para la celebración de estos ejercicios resultaba fundamental la colaboración de las empresas, que debían dar permiso a los obreros participantes para abandonar sus puestos de trabajo y continuar pagándoles sus emolumentos durante una semana. Ello explica el desarrollo de la fórmula de los ejercicios «abiertos»: muchas empresas que no estaban dispuestas a pagar a los ejercitantes por estar una semana sin trabajar sí aceptaban liberarlos durante un número limitado de horas al día. A veces, estos ejercicios «abiertos» se llevaban a cabo en la propia fábrica, en la capilla o en un salón de actos cedido por la dirección de la empresa.

No obstante, los ejercicios espirituales para obreros fueron también objeto de una enconada polémica. Sus detractores señalaban que no eran «verdaderos ejercicios», ya que no se ajustaban al método desarrollado por san Ignacio de Loyola en el siglo XVI. En concreto, subrayaban que muchos de los obreros que acudían a los mismos carecían de fe, mientras que los ejercicios ignacianos presuponían la existencia de fe. En este sentido, denunciaban que, a menudo, los obreros ejercitantes eran, en realidad, «oportunistas» que lo único que deseaban era transcurrir una semana sin trabajar, «descansando y comiendo bien».

La Asesoría adoptó una posición favorable a los ejercicios para obreros, refutando las críticas que se les dirigían. El que se presentase a los obreros una versión simplificada de los ejercicios no iba en contra del modelo ignaciano, pues el propio san Ignacio se había mostrado partidario de que su método fuese adaptado para que pudiese beneficiarse de este la «gente ruda». Se reconocía que los ejercicios no eran el método ideal para quienes habían perdido la fe, pero se apuntaba que no era descartable que el ambiente recogido de los mismos llevase a algunos descreídos a convertirse. Se restaba importancia al hecho de que algunos obreros fuesen solo para «descansar y comer», pues siempre existía la posibilidad de que, a pesar de ello, terminasen siendo «tocados por Dios».

Sin embargo, esta flexibilidad de la que la Asesoría alardeaba a la hora de afrontar los ejercicios para obreros no siempre se veía plasmada en la práctica. En 1951 una tanda organizada en Albacete para obreras de la industria del esparto que habían sido seleccionadas por la Sección Femenina desembocó en un incidente. Los ejercicios marcharon mal desde el primer momento, debido a los constantes choques entre el director espiritual, designado por la Asesoría, y las ejercitantes, que no guardaban silencio y se dormían durante las meditaciones. Cuando llegó el momento de confesar, muchas se resistieron, alegando que les daba vergüenza, pues no lo hacían desde su primera comunión. El penúltimo día, un grupo de obreras obtuvo permiso del director para abandonar la casa de ejercicios, con la excusa de acudir a las oficinas de su empresa para cobrar unas cantidades que esta les adeudaba, circunstancia que aprovecharon para pasar toda la noche fuera. Cuando regresaron a la mañana siguiente, el director se negó a darles la comunión y les increpó, diciéndoles que solo habían venido «por el bollo y el chocolate». La delegada provincial de la Sección Femenina intervino, rogando al director que no dejase a las obreras en una situación «tan penosa», pero no logró hacerle cambiar de opinión.

Finalizados los ejercicios, la Asesoría pidió explicaciones a la Sección Femenina. Diferentes responsables de esta enviaron informes en los que señalaban que el director había sido advertido de que las jóvenes obreras poseían un nivel cultural muy bajo. No se podía esperar de ellas que guardasen silencio todo el tiempo. Conseguir que confesasen y comulgasen era lo más a lo que se podía aspirar. El asesor religioso de la Sección Femenina, Justo Pérez de Urbel, señaló que al director le había sobrado «intemperancia», pues la evangelización de obreros requería altas dosis de «comprensión». Este incidente ejemplificaba el choque de culturas que se producía en torno a los ejercicios: la cultura obrera, refractaria a la disciplina eclesiástica; la cultura clerical del director, rigorista y punitiva; y el paternalismo condescendiente de la Sección Femenina.

La Voz de Cristo en las Empresas fue el tercer gran proyecto impulsado por la Sección de Apostolado Religioso. Consistía en la organización de ciclos de conferencias para obreros que se impartían en los centros de trabajo. La iniciativa surgió en Madrid, en 1946, a partir de una propuesta de Eijo y Garay. Cada año se programaban tres conferencias que se iban repitiendo en diferentes centros de trabajo. Así, en 1946, el año inaugural, los temas elegidos fueron: «Cristo, redentor de los humildes y prototipo del trabajador», «La Iglesia, propulsora de las más avanzadas reivindicaciones sociales» y «La función santificadora de los Sacramentos». Mientras que en 1952 el programa giró en torno al tema común de «El retorno de la familia a Cristo»: «Jerarquía y deberes del padre», «Función de la madre en el hogar» y «Los hijos».

A partir de la experiencia piloto de Madrid, la Asesoría fue extendiendo La Voz de Cristo en las Empresas por toda España. Las conferencias eran programadas a lo largo de la Cuaresma, produciéndose la última de ellas dentro del tiempo pascual. De este modo, la actividad servía para preparar a los obreros para cumplir con el mandamiento de comulgar al menos una vez al año, durante la Pascua. Inmediatamente después de la última conferencia, se celebraba una misa de comunión y, con anterioridad a la misma, se daba a los obreros la oportunidad de confesar. Así, en Palencia, en 1947 y 1948, la Asesoría impartió conferencias en la Fábrica Nacional de Armas, en la Yutera Palentina, en la Azucarera de Venta de Baños y en varias de las empresas mineras del norte de la provincia. Las conferencias incidieron sobre la necesidad de confesar y comulgar cuando llegase la Pascua, algo que se consiguió con un «éxito insospechado».

Indudablemente, una actividad como La Voz de Cristo en las Empresas requería una colaboración activa por parte de los directivos de las empresas, dado que las conferencias se realizaban en las instalaciones de las mismas y durante el horario de trabajo. En Ceuta, en 1951, la Asesoría, al contactar con los patronos para solicitarles la correspondiente autorización, les recordó «la gran obligación que sobre ellos recaía, ya que al vivir los obreros bajo su autoridad y en su centro natural de trabajo, que es la fábrica, el taller o la obra de construcción, solamente en sus manos estaba el procurarles el alimento para sus almas». Y en Orense el Asesor se congratulaba porque en varias empresas los obreros habían comulgado «con sus patronos al frente», oyendo estos la misa «en los primeros bancos de la iglesia». Una vez finalizada esta, los patronos habían obsequiado a los obreros con un desayuno.

De este modo, se llevaba a cabo el ideal de Martín Brugarola: que en los centros de trabajo se celebrase la eucaristía y que en la misma participasen juntos obreros y patronos. La empresa no debía limitarse a ser una comunidad de trabajo, sino que, además, debía ser una comunidad espiritual. Solo de ese modo se conjuraría el fantasma de la lucha de clases. Los patronos se harían más conscientes de sus obligaciones sociales, especialmente de la de proporcionar a sus empleados un salario justo y de la de destinar parte de sus beneficios a obras sociales, preferentemente a las relacionadas con la evangelización de la clase obrera. Los obreros, por su parte, aprenderían a aceptar sin rebeldía su condición social:

Los tres programas impulsados desde la Sección de Apostolado Religioso de la Asesoría Nacional —misiones, ejercicios espirituales y conferencias en empresas— nos permiten constatar que la Asesoría sostenía una visión fuertemente conservadora de la problemática social. La evangelización de los obreros era concebida como un instrumento para apaciguar y prevenir los conflictos sociales. Al mismo tiempo, las actividades de la Asesoría requerían de una colaboración activa por parte de las empresas, en la medida en que se celebraban en sus instalaciones y durante el horario de trabajo. Esto provocaba que tales actividades terminasen imbricándose en las estrategias paternalistas que las empresas desplegaban hacia su personal, contribuyendo a reforzar la idea básica sobre la cual se asentaban: la existencia de un vínculo personal entre empresario y trabajador en el que el primero recompensaba con generosidad la fidelidad del segundo.

El sindicalismo vertical nació como un proyecto que buscaba resocializar a las clases trabajadoras españolas a través de la difusión entre las mismas de valores nacionales que, en principio, podían ser asumidos tanto por quienes profesaban activamente la religión católica como por quienes no. Sin embargo, a mediados de la década de 1940, fue redefinido para conciliarse con el proyecto de resocialización de las clases trabajadoras sostenido por la Iglesia católica, el cual pasaba ineludiblemente por una recristianización sin excepciones.

Este giro estuvo determinado por las circunstancias políticas que rodearon a los meses inmediatamente anteriores a la derrota del Eje en la II Guerra Mundial. El sindicalismo vertical estaba perdiendo el empuje político del que había gozado en sus años iniciales, que le había llevado a ser reconocido como la fórmula sindical oficial del régimen franquista, y corría el riesgo de ser cuestionado en tanto elemento que contribuía a la identificación de dicho régimen con los totalitarismos derrotados en la contienda mundial. Este contexto llevó al delegado nacional de Sindicatos, Fermín Sanz-Orrio, a buscar un acercamiento a la Iglesia, como forma de consolidar institucionalmente el sindicalismo vertical y de blindarlo ante posibles cambios en el equilibrio entre las fuerzas políticas que sostenían al régimen.

La propuesta de crear una Asesoría en el seno de la Organización Sindical contó con el respaldo entusiasta de Eijo y Garay, que fue uno de sus impulsores, y con el rechazo frontal de Segura y Sáenz. En el resto del episcopado, dominó una actitud de aceptación cauta. La supresión de los sindicatos católicos de obreros y de campesinos a manos del sindicalismo vertical había provocado una honda preocupación en los obispos, pero, una vez que había sido llevada a cabo, la mayoría de estos había optado por una actitud pragmática, consistente en buscar un acercamiento a los dirigentes verticalistas en aras de que aceptasen incorporar un sentido católico al sindicalismo oficial. La petición de Sanz-Orrio, en el sentido de que la Iglesia nombrase unos asesores en el seno de los sindicatos verticales, fue por lo tanto bienvenida, en la medida que abría la puerta a la influencia eclesiástica en los mismos, así como a la utilización de sus recursos en beneficio de actuaciones de apostolado obrero. No obstante, la Iglesia se cuidó de otorgar a la Organización Sindical un cheque en blanco. Los asesores no fueron nombrados hasta que no existió un marco normativo preciso para el desenvolvimiento de sus funciones; la colaboración con el sindicalismo vertical fue planteada como estrictamente religiosa y no política; y, lo más importante, no se otorgó un reconocimiento pleno a la Asesoría —mediante el nombramiento de un obispo para encabezarla— hasta que no quedó resuelta la cuestión de la especialización obrera en el seno de la Acción Católica, mediante la creación de la HOAC y la JOC.

Una vez puesta en marcha, la Asesoría centró su actuación en una serie de actividades de apostolado obrero que incidían, particularmente, en la preparación para recibir los sacramentos y en la administración de los mismos. Asimismo, se interesó por la moralización de la vida pública, haciendo especial hincapié en la moralidad sexual, en la represión de la blasfemia y en el respeto al precepto del descanso dominical. La formación religiosa de los aprendices y el fomento de las devociones públicas a través de las cofradías profesionales fueron también ámbitos que atrajeron su atención. En todas estas actividades la Asesoría dejó plasmada una concepción tradicionalista de la religión que hacía hincapié en los aspectos más clericales y formalistas de la misma.

Por lo que respecta a sus concepciones sociales, la Asesoría se adhirió a una versión altamente restrictiva de la doctrina social de la Iglesia que incitaba a los empresarios a ser generosos con los trabajadores y a estos a guardar fidelidad a los primeros. Se trataba de un planteamiento social que eludía cualquier análisis crítico de las condiciones laborales y de vida de la clase obrera, remitiendo la solución de los problemas sociales a la buena voluntad y la armonía entre las partes. Los principales programas de apostolado que fueron impulsados desde la Asesoría Nacional —misiones interiores, ejercicios espirituales y conferencias en empresas— requerían para su celebración de una colaboración activa por parte de las empresas, lo que les convertía en herramientas complementarias de las estrategias paternalistas que estas desarrollaban para lograr la aquiescencia de sus empleados. La Asesoría recogía, de este modo, la tradición más conservadora del catolicismo social español, caracterizada por un predominio de los objetivos recristianizadores —el fomento de los sacramentos y de la moralidad sexual— sobre los estrictamente sociales —la difusión de un mensaje de justicia social que favoreciese la reconciliación entre la Iglesia y la clase obrera—, así como por la complicidad con el empresariado.