El 6 de julio de 1750, Fernando VI firmaba en el palacio del Buen Retiro una pragmática por la que reducía la tasa de censos de la Corona de Aragón del 5 al 3 %. La misma medida había sido adoptada por su padre y predecesor, Felipe V, para los reinos de la Corona de Castilla casi cuatro décadas antes. El primer Borbón en reinar en la monarquía española, sin embargo, nunca se decidió a extender la medida a los territorios aragoneses. Este artículo profundiza en los debates en torno a la rebaja de la tasa de censos en la Corona de Aragón, un asunto que hasta ahora ha recibido muy poca atención historiográfica, y examina además las consecuencias de esa reducción.

El censo, también conocido en la Corona de Aragón como censal, era un contrato hipotecario por el cual un prestamista, llamado censalista, entregaba un capital a un prestatario, el censatario, que se comprometía al pago anual de un rédito o pensión. Solo la devolución íntegra del capital, decidida libremente por el censatario, extinguía la obligación. La hipoteca variaba según el tipo de censo. Solo recientemente se ha caracterizado la adopción del censal por particulares y entes colectivos como una auténtica revolución financiera. En los siglos modernos, la revolución devendría evolución. Por su condición de hiperónimo y por cuestiones de polionimia y polisemia, el censo permitió una constante innovación financiera que no se detendría hasta comienzos del siglo XIX. Debido a la fragmentación de los estudios sobre los censos y a los debates jurídicos sobre su naturaleza, a menudo interesados como se verá a continuación, su carácter revolucionario y el proceso de evolución han pasado desapercibido durante décadas.

En origen, el censo fue diseñado para eludir la usura, condenada por la Iglesia. El reconocimiento del censal por la Santa Sede comportó el establecimiento de un tope al interés. En su origen, ese interés no se denominó de este modo para evitar que se tachara el contrato de usurario, de ahí las múltiples fórmulas para expresar la relación entre el capital y la pensión. En todo caso, los censos estaban tasados, es decir, se podían firmar a un interés máximo determinado. Aunque inicialmente fue el papado el que reguló la tasa mediante las mismas bulas que autorizaban los censos, andado el tiempo las autoridades seculares comenzaron a modificarla según su conveniencia. Los monarcas y parlamentos de la Europa católica reducían la tasa en sus territorios para ajustarla a la realidad de sus economías y para aliviar a particulares, casas nobles, corporaciones municipales e instituciones regnícolas, a menudo fuertemente endeudados.

Ésos fueron precisamente los motivos que empujaron a Felipe V a decretar la rebaja de la tasa del 5 al 3 % en la Corona de Castilla en 1705. Tanto los deudores particulares como las ciudades y pueblos protestaban por la imposibilidad de pagar los réditos de los censos cargados contra ellos. Ni los impuestos municipales ni el rendimiento de la tierra alcanzaban a cubrir unas pensiones censales que generalmente se habían cargado al 5 %. En plena guerra de Sucesión (1700-1715), Felipe V ordenó que se constituyera una junta de expertos que debía valorar la conveniencia de la rebaja y recomendar un nuevo límite. Los ministros aconsejaron reducir la tasa al 3 %. Aunque el Consejo de Castilla sugirió fijar el límite en el 3,5 % para reducir el impacto de la medida en las finanzas de las instituciones eclesiásticas, principales acreedoras de particulares y corporaciones, el monarca decidió en 1705 que el tope se estableciera en el 3 % en los reinos de Castilla y León.

La promulgación de los primeros Decretos de Nueva Planta para Aragón y Valencia dos años más tarde suscitó la cuestión de si la tasa de censos, fijada en el 5 %, debía reducirse también en unos territorios en los que regía ya el derecho castellano. Comenzó entonces un intenso debate sobre la conveniencia de extender la pragmática de reducción a los reinos de la Corona de Aragón que se prolongaría por espacio de más de cuatro décadas. Aunque la historiografía apenas ha prestado atención a las discusiones previas a la rebaja, a algunos de los que participaron en aquellos debates las consecuencias de la reducción de la tasa se les antojaban catastróficas. Los eclesiásticos vaticinaban un colapso del sistema crediticio que giraba en torno a las iglesias y conventos, y muchos ministros borbónicos temían que aquellos presagios se hicieran realidad. Las consecuencias no fueron ni por asomo tan apocalípticas como los agoreros predecían, pero la reducción de la tasa fue utilizada profusamente como argumento en discusiones posteriores sobre la limitación de la amortización eclesiástica y la reforma del clero secular y regular.

A diferencia de las polémicas en torno a la reducción, las consecuencias de la caída de la rentabilidad del dinero han sido bien estudiadas por la historiografía. El desvío de capitales hacia la tierra, la desaparición de los censales, la escasez de crédito o la represión financiera son solo algunos de los fenómenos que los historiadores han relacionado causalmente con las reducciones de la tasa de censos y la caída del precio del dinero. En realidad, todas estas cuestiones se habían planteado ya en la primera mitad del siglo XVIII, en el marco de los debates sobre la rebaja de la tasa en la Corona de Aragón, pero solo Giménez López ha estudiado las disputas, principalmente a través de las consultas del Consejo de Castilla. El historiador alicantino describe el contenido de los informes de las Reales Audiencias aragonesas y de los memoriales del clero valenciano, catalán y aragonés, y la división de pareceres en el seno del consejo áulico. Esta narración diacrónica, sin embargo, se detiene irresoluta en 1734, dieciséis años antes de la promulgación de la pragmática de reducción.

El objetivo de este artículo es doble. Por un lado, pretende esclarecer las razones que movieron a Fernando VI a decretar la rebaja del interés máximo de los censos en la Corona de Aragón en 1750; por otro, el artículo explora las consecuencias del descenso del precio del dinero en varios escenarios locales, para comprobar si realmente la rebaja de la tasa de censos y la caída generalizada de los intereses provocaron fenómenos económicos tantas veces argüidos por los historiadores. El artículo viene a contradecir dos tendencias generalizadas en la historiografía, a saber, el subestimar la importancia del debate sobre la reducción y el sobrevalorar las consecuencias de esta. La principal hipótesis de trabajo es que, mientras que las discusiones sobre la rebaja fueron un asunto capital para los actores políticos y económicos del siglo XVIII y estuvieron muy presentes en otras medidas discutidas a lo largo de la centuria como la reducción de la deuda censal municipal o la limitación de la amortización eclesiástica, el impacto de la medida en las economías eclesiásticas no fue en modo alguno tan relevante y generalizado como el clero auguraba, los ministros borbónicos temían y algunos historiadores han afirmado.

Dada la casi total inexistencia de literatura secundaria sobre los debates en torno a la reducción, la primera parte del artículo se construye sobre la base de fuentes primarias, principalmente del Archivo Histórico Nacional. Se aporta, además, una fuente desconocida hasta la fecha, un legajo del Archivo General de Simancas que permite explicar más convincentemente por qué la decisión de rebajar la tasa no se tomó hasta 1750 y cuáles fueron los procedimientos que condujeron a ella. La fuente se conserva en el archivo simanquino porque el asunto acabó tramitándose por la vía reservada de hacienda, por momentos en secreto, para evitar así las presiones del clero aragonés y la injerencia de ministros y consejeros que pudieran tener intereses personales en evitar la reducción. Las consecuencias del abajamiento de la tasa se examinan cruzando la literatura secundaria, considerablemente más amplia que para los debates previos, con fuentes primarias bastante dispares de tres casos locales. Las tres instituciones religiosas seleccionadas para este estudio son el Capítulo de San Lorenzo de Huesca, la Cofradía de Presbíteros de Santa María de Tarragona y la Cofradía y Hospital de San Pedro y San Bernardo de Palma de Mallorca. Cada una presentaba unas características particulares y se encontraba en un territorio diferente de la Corona de Aragón, por lo que el impacto de la reducción puede observarse en tres escenarios locales diferentes.

En la Monarquía Hispánica, las rebajas del interés máximo de los censos fueron frecuentes a lo largo de la época moderna. En Sicilia, por ejemplo, el Consejo de Italia propuso a Felipe IV el establecimiento de la tasa en el 5 % para los censos que debía la Regia Corte. La medida fue adoptada por el monarca en 1623 y extendida a los estados de los barones sicilianos casi dos décadas más tarde, en 1642, por una decisión del Parlamento. En torno a esas mismas fechas, en 1626, las Cortes aragonesas fijaron el tope en el 5 % para los censos cargados sobre las haciendas concejiles. La medida se extendió a los censos cargados sobre la Generalidad de Aragón en 1646. Las causas de estas reducciones de la tasa hay que buscarlas en el intento por parte de monarcas y parlamentos de aliviar las consecuencias del sobreendeudamiento de particulares y corporaciones. Si bien es cierto que algunas reducciones previas y posteriores fueron también controvertidas y tardaron varios años en resolverse (por ejemplo, las de Cerdeña en 1768, Nápoles en 1771 y 1778, o Menorca en 1798), en ningún caso mediaron tantos y tan acalorados debates como en la decretada por Fernando VI en 1750 para los reinos de la Corona de Aragón.

¿Por qué se resolvió finalmente reducir la tasa? ¿Por qué se tardó tanto tiempo en tomar una decisión en el caso de los reinos aragoneses? ¿Cuál fue el proceso que precedió a la decisión? Las dos partes de esta sección pretenden responder estas preguntas analizando las distintas fases del debate y sus respectivos contextos. Por un lado, el primer epígrafe examina las discusiones ya conocidas, las que tuvieron lugar inmediatamente después de la guerra de Sucesión y durante gran parte del reinado de Felipe V. Por otro lado, la segunda sub-sección analiza las fases hasta ahora desconocidas del debate, las que se corresponden con los primeros años del reinado de Fernando VI. El argumento general de la sección es que, mientras que en la primera fase del debate el lobby eclesiástico aragonés logró bloquear la reducción influyendo en personajes claves de la corte real, la subida al trono de Fernando VI y el ascenso de nuevos ministros como Ensenada supusieron una serie de cambios de gran calado en la monarquía española, entre los que se contaba la reducción de la tasa en la Corona de Aragón. Los debates son particularmente interesantes y útiles para comprender la visión que los actores de la primera mitad del siglo XVIII tenían de la monarquía, el crédito censal y las economías eclesiásticas.

Aunque el debate sobre la rebaja y sus coletazos en polémicas posteriores han pasado desapercibidos para una gran parte de la historiografía, la reducción de la tasa y sus consecuencias sí que han concitado el interés de muchos historiadores de la economía. Para algunos de ellos, las reducciones de 1705 en Castilla y 1750 en Aragón marcaron un antes y un después en lo que al uso del censo se refiere y, más globalmente, en el funcionamiento del sistema de crédito censal. En las últimas décadas, esas tesis han sido convincentemente rebatidas por otros historiadores, que sitúan el inicio del fin del censal o bien antes de las reducciones o bien mucho más tarde, en procesos mucho más dilatados en el tiempo y por causas diferentes a la rebaja de la tasa.

Uno de los primeros en tratar el fin del censal fue García Sanz, quien en un artículo ya clásico se refería a la Nueva Planta como «una nueva y definitiva caída, mejor diríamos, un colapso mortal» de los censos y a la pragmática de 1750 como «la partida de defunción del censal». El autor, sin embargo, reconocía que la reducción al 3 % se inscribía en una tendencia secular de decadencia del censo y que los Decretos de Nueva Planta no fueron la causa, sino una demostración palmaria de la tendencia bajista de los censales. Fernández de Pinedo se manifestaba unos años más tarde en una dirección similar. Aunque la rebaja de la tasa no había supuesto la desaparición inmediata del censo, la progresiva caída de su rentabilidad a lo largo del siglo XVIII y el ascenso a finales de la centuria de instrumentos crediticios como la obligación, más acordes a los nuevos tiempos, habían conducido al abandono del censo. Atienza señaló dos períodos de contracción del crédito censal en Aragón. El primero tuvo lugar tras la reducción de la tasa, durante toda la segunda mitad del Setecientos, y se produjo por la proliferación de ventas a carta de gracia. Este fenómeno se examina un poco más adelante. La segunda y definitiva contracción ocurrió después de la guerra de la Independencia. Atienza muestra cómo cada vez fue más difícil para los conventos aragoneses encontrar dinero a censo. Mientras tanto, la obligación, un contrato más similar a los préstamos actuales, fue ganando terreno en detrimento de los censales. Tello Aragay ha apuntado más recientemente a la primera mitad del siglo XIX como el inicio del ocaso del censo. Mediante varios casos de estudio en Cataluña, demuestra que la reducción de la tasa de censos no supuso de ningún modo el fin de los censales. Sitúa el principio de su abandono en los últimos años del siglo XVIII y las primeras décadas del XIX, en las huelgas de diezmos y pensiones que entonces se produjeron. El advenimiento del régimen liberal, las guerras civiles del Ochocientos, las desamortizaciones, el concordato con la Santa Sede y la nueva ley hipotecaria harían el resto. Como el propio Tello afirma retóricamente en su artículo, la del censal fue probablemente una agonía demasiado larga.

Resulta llamativo observar cómo estos y otros autores citados más adelante difieren en la fecha y en las causas de la desaparición del censo. Probablemente estas diferencias se deban a la perspectiva que la mayoría adopta, regional o local en casi todos los casos, raramente interregional. Esta falta de síntesis historiográficas y de estudios comparados ha generado una sucesión de trabajos en la que cada autor presta poca atención al resto, en el mejor de los casos, o trata de refutar a los que han abordado el tema antes, reemplazando la fecha y la causa del fin del censal por otras distintas. En su defensa ha de decirse que la mayoría de los historiadores no hacen extensibles sus conclusiones a la totalidad de la monarquía. Lo que aquí se sostiene es que el agotamiento del censo y del sistema crediticio al que había dado lugar no tuvo lugar ni al mismo tiempo ni por la misma razón en todos los territorios, principalmente porque el mercado de crédito estaba fragmentado y porque los distintos circuitos crediticios locales y regionales seguían dinámicas muy diferentes. El enfoque, por tanto, no debería ser nacional, ni solamente regional o local, sino comparado entre pequeños mercados regionales o locales. En las siguientes líneas, la literatura secundaria se cruza con fuentes de archivo de tres casos locales para explorar las muchas muertes del crédito censal.

Antes de entrar en materia, sin embargo, conviene describir, aunque sea a grandes rasgos, las características de los tres casos de estudio seleccionados. El Capítulo de San Lorenzo de Huesca estaba integrado por una veintena de racioneros y presbíteros, encabezados por un prior y un vicario. Junto con el cabildo catedralicio, San Lorenzo era la principal institución eclesiástica de la ciudad y una de las más acaudaladas e influyentes de la región. Aunque sus rentas provenían cada vez en mayor medida de bienes raíces, en 1720 los censos representaban todavía el 84 % de sus ingresos teóricos anuales. Cabe destacar que casi la mitad del dinero que el capítulo debía percibir (47,7 %) provenía de censos cargados sobre ciudades y pueblos. Esta fuerte dependencia de la deuda municipal venía en parte determinada por el contexto económico en el que se situaba. El capítulo oscense era una institución relativamente joven (el priorato y raciones habían sido instituidas a comienzos del siglo XVII), por lo que no disfrutaba de las rentas y diezmos que poseían instituciones cercanas mucho más antiguas como el cabildo catedralicio de Huesca o algunos monasterios fundados en la Edad Media. Del capítulo laurentino se conservan cuentas y cabreos, pero no actas.

El segundo caso de estudio es la Cofradía de Santa María, radicada en la Catedral de Tarragona. Estaba formada por más de treinta presbíteros y lo que en catalán se denominaba comensals, beneficiados eclesiásticos situados en un escalafón por debajo de los canónigos. Las cofradías eran instituciones menos jerarquizadas que los capítulos eclesiásticos. Los presbíteros se unían para obtener una mejor asistencia espiritual y una mayor seguridad económica, pues los rendimientos de los beneficios de la seo tarraconense eran escasos, especialmente comparados con las canonjías y dignidades eclesiásticas. En el caso de la cofradía de presbíteros, los cabreos y cuentas se perdieron durante la guerra de la Independencia, de modo que solo se conservan las actas. Los llevadores de renta de la vecina congregación de Sant Miquel del Pla, también en Tarragona, permiten hacerse una idea de la estructura económica de la cofradía de presbíteros. En el caso de la congregación, el 96,5 % de sus ingresos teóricos provenía de censos; sin embargo, las pensiones de censos cargados sobre municipios representaban solo un 10 % del total de las rentas de Sant Miquel. A juzgar por las actas de la cofradía, los presbíteros de la seo eran más dependientes de los censos municipales que la congregación de Sant Miquel, pero seguramente su situación de dependencia estructural distara mucho de la de San Lorenzo.

El tercer y último caso de estudio es la Cofradía y Hospital de San Pedro y San Bernardo, una institución que agrupaba a muchos de los presbíteros de la Catedral de Palma. Dado que las cuentas de la cofradía todavía no están disponibles, el análisis de la evolución de la organización y el desempeño económico-financiero de San Pedro y San Bernardo se basa en los libros de actas y en un catastro de comienzos del siglo XIX. Como cualquier otra fuente fiscal, el uso de catastros comporta ciertos riesgos, principalmente el de ocultación de bienes. En todo caso, en aquel momento los censos representaban el 98 % del valor de todos los bienes que poseía la cofradía. De las más de 710.000 libras mallorquinas que montaban los censos, 427.768 correspondían a particulares y corporaciones y 283.257 estaban cargadas sobre pueblos y la hacienda del Reino de Mallorca. Obviamente, la economía de San Pedro y San Bernardo se basaba en los censales. De hecho, la cofradía era una de las principales instituciones de crédito de Mallorca. Según las fuentes primarias, manejaba un volumen de censos mayor que el cabildo de la catedral.

Desde una perspectiva comparada, las cofradías eran instituciones más horizontales que el capítulo oscense. Esto condicionó sin duda su organización financiera interna, el reparto de las rentas entre sus miembros y, en última instancia, las preferencias de inversión. Sin embargo, este sería un factor menor en comparación al punto de partida de cada institución (su mayor o menor dependencia con respecto a los censos, el volumen de deuda municipal) y su contexto económico, con otras instituciones eclesiásticas compitiendo en el entorno y, sobre todo, con las posibilidades de inversión en negocios alternativos como la compra y/o arrendamiento de bienes raíces. Antes de pasar al análisis de la evolución de las instituciones después de la reducción de la tasa de censos, es necesario señalar que las conclusiones que se desprenden del examen de los casos de estudio no son extrapolables al conjunto de la monarquía, ni siquiera a las respectivas regiones económicas de cada institución. Tampoco se puede hacer extensivo al estado eclesiástico en su conjunto ni al clero secular, al que pertenecían las tres instituciones analizadas. El mercado de crédito regido por la Iglesia estaba muy fragmentado debido fundamentalmente a cuestiones logísticas como la circulación de la información sobre la disponibilidad de crédito o el coste de monitorización. Acreedores y deudores operaban a nivel local, a lo sumo a escala regional. Sin embargo, aunque el mercado se parecía a un mosaico de pequeños circuitos financieros locales, pueden observarse algunas tendencias comunes entre casos y regiones. Futuros estudios comparativos e interregionales deberán esclarecer el sentido y las causas de esas tendencias.

La noticia de la reducción de la tasa cayó como un jarro de agua fría en las instituciones eclesiásticas, especialmente en las más dependientes del crédito censal. En Mallorca la tasa se situaba hasta 1750 en el 8 %, si bien es cierto que la mayoría de los censos se suscribían a intereses inferiores al 5 %. De hecho, instituciones como la Cofradía de San Pedro y San Bernardo rebajaban regularmente las pensiones de los censos cargados a mayor interés. Aun así, la institución estimaba pérdidas anuales de casi 5.500 libras mallorquinas, sin contar las pensiones de censales cargados sobre el erario del reino. Curiosamente, la noticia del abajamiento de la tasa llegó antes a Mallorca que a Tarragona. En agosto de 1750 corrían por la ciudad catalana rumores de que el rey había decidido apropiarse de los caudales de todos los municipios catalanes para proceder con ellos a redimir todos los censos concejiles. Una parte considerable de los haberes de la cofradía de presbíteros de la seo consistía en censales municipales, de modo que tomaron medidas para evitar grandes pérdidas. Cuando se confirmó la noticia de que Fernando VI había reducido la tasa al 3 %, los presbíteros comenzaron a echar cuentas: el número de misas y la caridad asignada a cada una de ellas tendrían que reducirse drásticamente. A medio plazo, la caída de los ingresos producida por la reducción, junto con otros factores, llevaría en Tarragona y en muchos otros lugares de la geografía española a la reforma de los capítulos eclesiásticos, monasterios y conventos.

Las consecuencias de la reducción fueron diferentes en cada una de las cofradías. La mallorquina de San Pedro y San Bernardo retomó los préstamos censales inmediatamente después de la reducción. En 1751 compraban un censo cargado sobre la villa de Santa María y creaba otro para asistir al Colegio de San Martín. Tal y como acostumbraban a hacer antes de la reducción, los presbíteros continuaron aumentando el capital de los censales ya firmados para que rindieran la misma pensión que antes de la reducción. Además, cada vez que se luía un censo, la cofradía reinvertía inmediatamente el capital. Las actas de San Pedro y San Bernardo registran una contracción del crédito en la década de 1770. Las causas de esta disminución hay que buscarlas en la acumulación de fondos y la redención de algunos censales para sufragar la construcción de la nueva sede de la cofradía, un magnífico edificio rococó conocido popularmente como S’Hospitalet. De la prosperidad de San Pedro y San Bernardo hablan la creación de un tercer puesto de archivero y el aumento de los salarios de los que desempeñaban algún oficio en la cofradía; en palabras de los propios presbíteros,

La reducción de la tasa, por tanto, no supuso para la cofradía palmesana ni el fin del censal ni el cese del crédito. Tampoco lo fue para los presbíteros de Tarragona, antes bien, tuvo lugar una intensificación de la tendencia expansiva que se venía experimentando desde la década de 1740, según parece desprenderse de las actas de la cofradía. Solo en octubre de 1750, dos meses después de la recepción de la noticia de la reducción, los presbíteros crearon siete nuevos censales. A finales de la década de 1760, el consejo decidió suspender las transferencias internas de rentas para reunir capitales que poder prestar, dada la gran demanda de censales. Puede decirse sin temor a exagerar que durante los años 70 los presbíteros no daban abasto: cada vez que llegaba algo de dinero al depósito de la cofradía, se destinaba directamente a la creación de censos. Los eclesiásticos podían seleccionar a los censatarios que ofrecían mejores hipotecas y fianzas y, probablemente para minimizar el riesgo, dividían los capitales disponibles entre varios prestatarios, en lugar de concentrarlos en un mismo deudor. Parece que el oidor Ramírez de Arellano estaba en lo cierto cuando afirmaba que las tablas de cambio rebosaban de capitales eclesiásticos a los que solo se daría salida si la tasa disminuía. Informes como el suyo llevan a pensar que los eclesiásticos estaban obteniendo pingües beneficios del mantenimiento de la tasa en un porcentaje artificialmente alto, que no se correspondía con el rendimiento de los bienes hipotecados para asegurar el pago de las pensiones de los censos. Y es que la tasa de censos funcionaba no solo como límite al precio del dinero, sino también como referencia para establecer el interés al que se prestaba. El caso de Tarragona sugiere que, lejos de destruir el crédito censal, la reducción destaponó la oferta de dinero y espoleó la demanda hasta el punto de que la oferta fue por momentos insuficiente

Las actas de San Pedro y San Bernardo y de la Cofradía de Santa María registran una interrupción súbita del crédito a comienzos de la década de 1780, a causa de la guerra con el Reino Unido (1779-1783). La monarquía dictó órdenes para que cesara la creación de nuevos censos y para que los capitales se invirtieran en la recientemente creada deuda nacional. Milhaud ha calificado este episodio como un ejemplo claro de represión financiera, que derivaría en un largo racionamiento de crédito agravado por las sucesivas desamortizaciones que comenzaron a finales del siglo XVIII y se prolongarían por espacio de varias décadas. En 1780, el gobierno de Carlos III resolvió crear los llamados vales reales, títulos de deuda pública con un plazo de vencimiento de veinte años. Los vales no estaban sujetos a la tasa de censos y rendían anualmente un 4 %, por lo que constituían una inversión más atractiva que los censales. Mediante un examen concienzudo del Registro de Hipotecas de Madrid, Milhaud demuestra que hacia 1780 los capitales se desviaron hacia la deuda pública, provocando una caída de los préstamos particulares, una severa escasez de crédito durante décadas y la desaparición de los censos, que no serían reemplazados por las obligaciones hasta bien entrado el siglo XIX.

El caso de San Pedro y San Bernardo no es particularmente ilustrativo en este sentido. Durante la guerra, los presbíteros mallorquines crearon cuatro censos al 3 % a favor de la Real Hacienda, asegurados en la renta del tabaco; en total, casi 90.000 reales de capitales. En una de sus misivas al intendente, los clérigos decían sentir «en el alma no tener un millón [de reales] para ofrecer a Su Majestad». No parece que la compra de deuda pública desplazara o agotara el crédito a particulares. De hecho, las proporciones de vales reales y otros títulos de deuda nacional en las carteras de las instituciones eclesiásticas mallorquinas hacia 1820 eran ínfimas. En el caso de la cofradía tarraconense, no hay rastro de represión financiera alguna. En 1784, los presbíteros enviaban una carta a su procurador en Barcelona preguntando si las restricciones sobre el crédito privado se habían levantado ya. Había en el depósito de la cofradía más de 3.000 libras que querían dar a censo, pero la prohibición de prestar se lo impedía. Nada más levantarse la restricción, los presbíteros crearon cuatro censales. La actividad financiera de la cofradía continuó durante años.

Un último aspecto que también ha suscitado el interés de muchos historiadores, especialmente en Valencia, ha sido el desvío de capitales hacia la inversión inmobiliaria y el consiguiente cese del crédito censal. Peset y Graullera defendían que, aunque la reducción había desincentivado el uso de los censos, la rebaja era un escollo más que se venía sumar a los factores que desde el siglo XVII habían producido su decadencia, a saber, los continuos impagos a los censalistas, las fluctuaciones en el valor del vellón y la subida de precios del siglo XVIII. Los autores sostenían que el giro hacia los bienes raíces se había producido antes de 1750. Andrés Robres se pronunció en términos similares al estudiar la evolución del Real Colegio del Corpus Christi de Valencia. La reducción de la tasa de censos, decretada para aliviar a los municipios de la carga de la deuda, había sido la confirmación y no la causa de la decadencia de los censales. A través del caso de Aragón, Pérez Sarrión ha detectado a lo largo del Setecientos una tendencia de descenso del rendimiento del dinero y de aumento de la productividad de la tierra, lo que, sumado a una mayor demanda por el crecimiento demográfico, explicaría el desvío de capitales hacia los bienes inmuebles. La rebaja de la tasa habría supuesto otro incentivo para reorientar más decididamente el dinero hacia la inversión inmobiliaria. El autor señala que, en muchas ocasiones, los bienes raíces se adquirían mediante compra, pero también ejecutando las hipotecas de los censales ya existentes.

El caso del Capítulo de San Lorenzo confirma el viraje hacia la propiedad inmueble por vía de ejecuciones hipotecarias de censo al menos dos décadas antes de la publicación de la pragmática de reducción. Un cabreo de 1720 revela que solo el 16 % de los ingresos del capítulo provenían del arrendamiento y explotación de propiedades rústicas y urbanas, siendo pensiones censales el 84 % de las entradas. Solo una década más tarde, en el año contable 1733-1734, la proporción se había igualado, representando los rendimientos del patrimonio inmueble un 36,5 % de los ingresos y las pensiones de censos el 63,5 % restante. Se observa, además, que mientras los arrendamientos de casas y campos se pagaban puntualmente, los réditos de los censos acumulaban por lo general atrasos de varios años. El cabreo corriente de 1769-1770 revela que aquel año el 66,4 % de los ingresos de San Lorenzo provinieron del arrendamiento de fincas y casas y de la explotación directa de tierras, el 7,1 % de la producción y comercialización de vino y solo el 26,5 % de los censos. Estas cifras confirman que la tendencia hacia la sustitución de censos por patrimonio inmueble era ya un hecho antes de la reducción de la tasa. Los gastos de gestión de casas, tierras y viñas (15,6 % de la data) eran mucho más elevados que los de los censos, pero también la puntualidad en el pago de los arrendatarios era mucho mayor. La forma de adquisición más habitual era la ejecución hipotecaria. El capítulo laurentino consiguió una gran cantidad de bienes raíces denunciando a sus censatarios insolventes ante la Real Audiencia, que, después de hacer una gradación de acreedores, repartía entre ellos los bienes hipotecados. Las casas, viñas y campos obtenidos a precio de saldo conservaron durante años los nombres de sus antiguos propietarios. Así, mientras los clérigos de las cofradías tarraconense y palmesana se especializaban en la gestión de censos, los racioneros oscenses optaban por contratar abogados con acreditadas trayectorias, bien relacionados con los oidores del tribunal zaragozano y con sólidos conocimientos de derecho foral, que todavía regía en litigios entre particulares. Los capitulares de San Lorenzo incluso imprimían sentencias favorables para demostrar su poderío judicial y atemorizar así a los morosos.

Mientras que San Pedro y San Bernardo no optó nunca por la propiedad inmueble, la cofradía de presbíteros tarraconense sí que adquirió tras la reducción algunas fincas y un molino que se subastaban en la Real Audiencia de Cataluña; sin embargo, advirtieron pronto que aquel era un negocio muy poco rentable, que en ocasiones incluso acarreaba pérdidas, por lo que decidieron centrarse en el negocio tradicional de los censos. Es cierto que el recurso al empeño (empenyorament en catalán) se hizo cada vez más frecuente, hasta el punto de que, en 1785, la cofradía daba prioridad a esta fórmula sobre los censales, por su mayor rentabilidad. El empeño era la versión catalana de la venta a carta de gracia aragonesa o la retroventa castellana. Atienza describe esta fórmula como un estadio intermedio entre censal y los préstamos modernos, por la duración del contrato y por las relaciones de propiedad que con ella se establecían. Aunque tras la rebaja de la tasa las ventas a cartas de gracia proliferaron en algunas zonas del Reino de Aragón y en muchos otros territorios de la Corona de Aragón y la monarquía española, desplazando en cierto modo a los censos, Atienza señala que a finales del siglo XVIII el mecanismo comenzó a abandonarse, una vez solucionó los problemas que habían motivado su difusión.

Ni las ventas a carta de gracia, ni la inversión en patrimonio inmueble, ni la represión financiera, todas ellas relacionadas de un modo u otro con la reducción de la tasa de censos, provocaron la desaparición del censal o el cese del crédito. La rebaja del interés máximo afectó sin duda a la circulación del dinero, en ocasiones, como en Tarragona, facilitándola, y a la preferencia por el censo u otros instrumentos financieros, pero no fue la causa definitiva del agotamiento del crédito censal. No parece que el dinero dejara de fluir. De hecho, la abundancia de crédito y la facilidad para acceder a él pudo desincentivar el desarrollo de técnicas financieras más sofisticadas por parte de las entidades eclesiásticas. Además, la reducción de la tasa tuvo una incidencia desigual en cada mercado de crédito local o regional, porque cada espacio económico presentaba unas características diferentes. Era necesaria la confluencia de muchos factores para que el sistema de crédito censal colapsara, como demuestra el caso de Nápoles. Allí, la suma de la promulgación de una ley de limitación de la amortización eclesiástica en 1767, dos reducciones de la tasa de censos al 5 y al 4 % en 1771 y 1778, la prohibición de crear nuevos censos impuesta a las instituciones eclesiásticas en 1776 y la sujeción del clero al impuesto por mor del concordato de 1741 hicieron que el sistema financiero censal de todo el reino se derrumbara a finales de siglo, dando lugar a un largo período de escasez de dinero.

A pesar de su extraordinaria duración e intensidad, el debate sobre la reducción de la tasa de censos en la Corona de Aragón ha sido un asunto tradicionalmente ignorado por la historiografía. Este artículo ha distinguido dos grandes fases en las discusiones que precedieron a la promulgación de la pragmática de reducción en 1750. El reinado de Felipe V representó una continuidad con respecto a los monarcas anteriores, también en materia de censos. Consejos, tribunales y oficiales recomendaron rebajar la tasa en varias ocasiones, pero el monarca, asesorado por algunos ministros influidos por el poderoso lobby eclesiástico aragonés, decidió en repetidas ocasiones mantenerla, aunque fuera provisionalmente. El temor al colapso del sistema financiero regido por la Iglesia disuadió a Felipe V de alterar la tasa. Aconsejado por nuevos ministros libres de presiones del clero y en un contexto muy diferente al del reinado de su padre, Fernando VI resolvió que el límite se redujera del 5 al 3 % en 1750.

Los historiadores han debatido ampliamente las consecuencias de la rebaja, sin alcanzar conclusiones generalizables a los territorios europeos de la monarquía. La reducción del tope del interés provocó cambios en las preferencias inversoras de los eclesiásticos, en el uso de distintos instrumentos financieros, en la organización de los capítulos, cofradías y conventos, y en la circulación del crédito. Sin embargo, el tantas veces vaticinado apocalipsis financiero no tuvo lugar en ninguno de los tres casos locales seleccionados para este estudio. Aunque aparentemente la rebaja tampoco tuvo efectos catastróficos en los países de la Corona de Aragón, las tres instituciones seleccionadas para este artículo no son necesariamente representativas de las dinámicas regionales, menos aún de las de la monarquía española. Nuevos estudios interlocales, interregionales y comparados deberán esclarecer cuál fue el impacto de la medida en un mercado de crédito efectivo pero fragmentario, así como las tendencias más generales de cada región y de la monarquía en su conjunto.

Sea como fuere, la cuestión del interés de los censos siguió ocupando un lugar central en muchos de los debates y políticas en la segunda mitad del siglo XVIII. La rebaja de la tasa de censos tanto en la Corona de Aragón como en los reinos de Castilla y León fue utilizada como argumento en los debates sobre la limitación de la amortización eclesiástica, la puesta en marcha de impuestos que gravaban los bienes del clero o la reforma del estado eclesiástico. Además, el interés de los censos estuvo estrechamente relacionado con uno de los procesos de transformación más importantes que experimentó la monarquía española en el curso del Setecientos: la gestión de la deuda censal de los municipios. Aquella había sido una de las cuestiones en torno a las cuales había girado el debate sobre la reducción y continuó siendo un asunto crucial para los actores del siglo XVIII. Los censos cargados sobre las haciendas locales y su evolución fueron claves en fenómenos históricos tan relevantes como la formación del Estado contemporáneo o la integración de mercados.

Los debates sobre la reducción de la tasa de censos en la Corona de Aragón tuvieron, en definitiva, una relevancia mucho mayor de lo que hasta ahora se ha venido afirmando. Aunque vacilante, la rebaja fue un paso más hacia una monarquía más unitaria en la que la regalía se reafirmó sobre otros poderes. No deben sobredimensionarse, sin embargo, ni la resolución del asunto, que tardó en llegar más de cuarenta años de avances, titubeos y retrocesos, ni las consecuencias de la reducción, pues la realidad sobre la que operaba era fragmentaria, diversa y compleja. La cuestión del interés censal, no obstante, siguió ocupando un lugar central en el ideario de los actores de la monarquía española del siglo XVIII.