Este libro, una extraordinaria investigación de impecable puntillosidad, expone en su título, Fuego cruzado, la característica de la “primavera de 1936”, tan conflictiva como escasamente estudiada y con demasiados tópicos a sus espaldas. Por eso es justo recordar que Marc Bloch, maestro de historiadores, en 1943, en plena guerra mundial, ante la disyuntiva de “juzgar o comprender” a sus adversarios, optó por comprender, sin quebranto del compromiso político que le costó la vida. Consideró que el historiador debe entender y explicar la diversidad interna y la dinámica específica que singulariza cada momento, a sabiendas de que no hay dogmas, sino que toda ciencia metodológicamente está obligada a revisar sus conocimientos para, en el caso de las ciencias sociales, mejor descifrar lo borroso e intrincado de cada hecho humano.
Es la pauta que siguen Fernando del Rey Reguillo y Manuel Álvarez Tardío, reconocidos especialistas en historia del primer tercio del siglo XX, conscientes de investigar una etapa tan convulsa. Insisten en desterrar el enfoque teleológico —no tenía por qué desembocar en una guerra—, y se apartan de esa relación causal, tan cómoda y escurridiza, del “post hoc, ergo propter hoc”. Se desmarcan, en consecuencia, del relato catastrofista y anticomunista elaborado sobre esa primavera por los vencedores en la guerra civil, como también de la visión de los vencidos, quienes vincularon todos los grupos conservadores al ideario fascista. Subrayan así el carácter democrático de la República y abordan la historia política de aquella atribulada primavera con un anclaje metodológico inequívoco: desentrañar, en palabras de R. Safranski, “el drama de la libertad humana”, porque en aquellos meses se escenificó el veredicto de C. Marx cuando diagnosticó que los hombres no eligen “las circunstancias directamente dadas y heredadas”, pero sí que “hacen su propia historia”.
En suma, las estructuras pesan, pero las personas deciden y aquel entramado de violencia política no fue voluntad de toda la sociedad, sino de individuos que actuaron “consciente y voluntariamente”. Fueron partidos, grupos e instituciones con dirigentes que impulsaron o permitieron una espiral inédita de “fuego cruzado”. Por eso investigan y detallan con fuentes inexploradas hasta ahora las acciones violentas de todo signo político, así como las medidas de orden público, la autoridad de los gobernadores civiles, jueces e instituciones como los ayuntamientos y la actuación de las fuerzas del orden. Son casi 600 páginas de explicación rigurosa basada en hechos cabalmente examinados, más otras 100 páginas de apoyo documental críticamente contrastado con la información procedente de la prensa, de los 24 archivos de instituciones nacionales e internacionales (más varios privados) y de las casi 400 obras de apoyo bibliográfico. Significativamente en los periódicos se recurre de forma constante a El Liberal (Bilbao) del socialista Indalecio Prieto, o Ahora, inspirado por Chaves Nogales, por citar dos de los más conocidos entre el centenar de periódicos consultados día a día, en su mayoría de provincias a donde no llegaba a tiempo la censura propia del “estado de alarma”.
No es fácil analizar 977 episodios de brutalidad política, con 484 muertos y más de 1.600 víctimas graves, todos cargados de claroscuros pues ni las víctimas tenían la exclusiva de una ética democrática ni los verdugos habían nacido para matar. En este aspecto, los autores descifran las claves de los sucesivos gobiernos y de los acontecimientos más destacados, organizados en doce capítulos desarrollados cronológicamente, porque la historia no debe olvidar que estamos construidos en el tiempo. Comienzan con las movilizaciones que, al conocerse el triunfo del Frente Popular, mezclaron la euforia con la presión para lograr un inmediato cambio de gobierno —Azaña fue el designado—, y que se aprobase la amnistía prometida para los encarcelados por la insurrección de octubre de 1934. Fue decisivo el papel de la CEDA, que, aun estando derrotada, aprobó tal amnistía, aunque posteriormente, al ser una confederación con una ideología muy básica ((“defensa de la familia y la religión”), una parte de su militancia abandonó sus ambigüedades republicanas y amparó el terror de las milicias falangistas. En concreto, “ni Calvo Sotelo ni Gil Robles condenaron explícitamente y en sede parlamentaria el terrorismo y las violencias generadas por Falange”, por más que el líder de la CEDA renegase del terrorismo y del fascismo por incompatibles con “el humanismo cristiano” (p. 181).
A riesgo de simplificar la riqueza de contenidos de este libro tan sustancioso, cabe enunciar medidas claramente decisivas como el lógico cambio de gobernadores civiles, la prórroga del “estado de alarma”, la retirada de las licencias de armas a cuantos no pertenecieran a instituciones de seguridad, y muy en especial la sustitución de los regidores de derechas y de centro en gran parte de los ayuntamientos de España por una gestora compuesta por afiliados de las asociaciones políticas y sindicales del Frente Popular, lograda por la presión de los manifestantes de cada localidad. Es necesario subrayar este hecho porque no fueron actos pacíficos, multiplicó la violencia y enardeció el antagonismo con unas derechas acusadas de “fascismo genérico” para desbancarlas de las instituciones. A esto se sumó el decreto de readmisión de los despedidos por partícipes o colaboradores en los hechos revolucionarios de octubre de 1934. Dejó en la calle a miles de empleados marcados como esquiroles, echándolos en brazos de Falange, que amplió así su militancia.
Sin duda, la República albergó legítimas esperanzas para muy amplios grupos sociales, pero las movilizaciones y las correspondientes resoluciones gubernativas plasmaron la idea de una República concebida como la democracia exclusiva de y para los republicanos. Margarita Nelken negó incluso que los adversarios pudieran hablar en el Parlamento. A este respecto, en el capítulo titulado elocuentemente “las togas emboscadas”, se pormenoriza el plan de “republicanización” del cuerpo judicial, un dique bastante conservador y un asunto con fuertes discrepancias entre las fuerzas republicanas. Las derechas, en contrapartida, acusaron a ciertos jueces de estar “administrando justicia bajo la presión de las turbas” o de la “prensa extremista” que señalaba con el dedo a “dignísimos fiscales y funcionarios judiciales” (p. 320).
Además, las derechas impugnaron de modo persistente cuantas medidas aplicaban o proponían las izquierdas, mientras sus dirigentes más extremistas cobijaban las conspiraciones para derribar la República. Así, mientras los grupos armados de falangistas, socialistas y comunistas hacían de la lucha abierta su táctica, la derecha más radical convirtió el orden público en ariete contra el gobierno y, en concreto, contra Azaña, cuyas contradicciones acarrearon, según sostienen los autores, la indefensión de los valores democráticos. En concreto, mientras se ilegalizaba la Falange y se detenía a sus dirigentes, con Primo de Rivera incluido, los gobiernos de izquierda republicana “negaron o disculparon públicamente la responsabilidad de sus socios de la izquierda obrera en el desencadenamiento de la violencia, aun sabiendo que era un hecho cierto” (p. 573). Se calificaban como “disparates” y como respuestas inevitables ante las “provocaciones” derechistas o fascistas, aunque, en privado, Azaña, expresase una “negra desesperación” en carta a su cuñado.
Ciertamente pesaba la necesidad de contar con los socialistas para convocar con garantías de éxito las elecciones municipales, postergadas varias veces. Sin embargo, el sector radical de Largo Caballero impuso su preferencia por las gestoras municipales ya logradas tras las correspondientes movilizaciones y de nuevo se pospusieron tales comicios. En el Parlamento se hicieron virulentos y cotidianos los choques a cuenta del orden público y la consolidación de una democracia republicana se hizo borrascosa. De hecho, fueron meses de los más violentos de la joven República. Los autores del libro mantienen que no había una revolución en marcha y que los mecanismos democráticos no se rompieron, por más que los desórdenes violentos de uno y otro signo perjudicasen los derechos y garantías de muchos ciudadanos y favoreciesen la difusión del “peligro de revolución marxista”, además de poner a las fuerzas del orden público en una “situación endiablada”.
En concreto, sobre el comportamiento de tales fuerzas, en el libro se revisan las cifras conocidas hasta hoy, se cuestiona que el Estado fuese “el gran responsable de la violencia mortal” (p. 283) y recuerdan que la ley de orden público de 1933 fue obra precisamente de las izquierdas. Reducen su protagonismo a un 25,8 por ciento del total de acciones violentos, subrayan que los medios de la época eran otros y también destacan ciertas operaciones ilegales criticando, en concreto, la sanguinaria brutalidad aplicada a los campesinos de Yeste. Porque, según los autores, los pocos que han estudiado los actos violentos no se preguntan “quién inició la acción” y por eso ahora deslindan, por primera vez, las responsabilidades de unos y otros. Exponen que, del total de 977 episodios violentos investigados, en 544 se conoce quién inició la acción, y de estos más de tres cuartas parte, el 78,7%, las fuentes los atribuyen a “izquierdistas” sumando socialistas, anarquistas, comunistas y algún republicano federal. En los episodios provocados por grupos derechistas se incluyen falangistas, cedistas, carlistas y republicanos radicales.
También cuantifican la filiación ideológica de las víctimas cuando las fuentes lo facilitan. Figuran en primer lugar las izquierdas con 764 víctimas (541 heridos y 223 muertos), el 51,4% del total de 1487 cuya filiación se conoce. En las derechas hubo 528 víctimas (381 heridos y 147 muertos), el 35,5%. Por su parte, las fuerzas del orden sumaron 112 víctimas (91 heridos y 21 muertos), el 7,5%. Magnitud muy reveladora presenta el desglose provincial de las violencias, con Madrid a la cabeza, así como la especial excitación registrada en provincias como Santander, Oviedo, Toledo, Sevilla, Valladolid, Albacete o Málaga, en consonancia con hostilidades circunscritas al ámbito urbano más que de naturaleza agraria, aunque también la reforma agraria y los decretos de trabajo por términos municipales albergaron duros conflictos en determinadas poblaciones agrarias con datos de jornaleros sobreviviendo al borde de la miseria.
Con estos números, asequibles en las 17 páginas del apéndice, cada lector puede elaborar conclusiones ajustadas a sus respectivos marcos ideológicos. No suele ocurrir con investigaciones de alto calibre como esta, y por eso este libro también tiene el valor de haber traspasado las lindes académicas y haber logrado un impacto indudable porque, sin duda, sigue vivo el afán de conocer mejor la Segunda República. Ahora bien, limitándonos al ámbito académico, es imprescindible puntualizar que tan indispensable y renovador trabajo no cabe ser descalificado por “revisionista”, un atributo de vínculos estalinistas repudiado por el destacado marxista Enzo Traverso porque implica la obediencia a una dogmática ortodoxa, incompatible con cualquier ciencia.
En este sentido, cabe plantear dos cuestiones. La primera es reconocida por los propios autores, que “la objetividad absoluta es una quimera engañosa” de modo que “los historiadores, como el resto de los ciudadanos, estamos mediatizados por nuestras propias ideas y circunstancias”. Reconocen que han escrito el libro como “reivindicación de los valores democráticos, liberales y pluralistas, así como de la consideración positiva de la democracia parlamentaria” (p. 15). Y es que, en definitiva, la realidad social es tan abigarrada y compleja como la realidad que investigan las ciencias naturales y son legítimas distintas interpretaciones de unos mismos procesos. Esto requiere la suficiente humildad intelectual para reconocer las aportaciones de otros, pues el conocimiento histórico es un proceso en construcción, con los riesgos que implica cada nuevo paso.
La segunda cuestión versa sobre los dificultosos caminos desarrollados por los procesos de democratización en cada país. Sería la posible plataforma para un debate historiográfico sin exclusiones porque han sido procesos propios de una modernidad en cuyo despliegue seguimos enfrascados, y siempre marcados por la pugna entre los adscritos a una cosmovisión conservadora de la historia y los impulsores de unos cambios valorados como eslabones de un necesario progreso histórico. A su vez, en cada cosmovisión existen posiciones y tácticas enfrentadas, con intereses a corto plazo que anulan la eficacia de una estrategia a medio plazo. Se le suma la divisoria entre conflictos materiales, con posibilidades ciertas de negociación, al ser cuantificables las discordias, frente a los combates postmateriales o culturales, cuyas lindes están más blindadas o más confusas. La República, por tanto, no fue una excepción y cabe enfocar su estudio con las aportaciones de otras ciencias sociales para particularizar la evolución y los niveles de disenso. Y aclarando, además, qué idea hubo de democracia, pues el consenso en rechazar la violencia como táctica política es un logro muy reciente y hay que deslindar los valores democráticos actuales de los que poseían los actores políticos de 1936.