FRONTERA Y VIOLENCIA. LA HUELLA DEL TERRORISMO DE ETA EN LA RIOJA (1978-‍1992)

INTRODUCCIÓN[Subir]

El estudio de la impronta que ha dejado la organización terrorista ETA en comunidades limítrofes con el País Vasco y con Navarra es todavía un terreno yermo. No hay suficientes estudios historiográficos, sociológicos o antropológicos que hayan sido realizados desde una perspectiva territorial a la hora de analizar este fenómeno, en parte, porque automáticamente se suelen concentrar en el ámbito vasco-navarro, que fue donde mayor número de muertes se cobró la banda. Hay obras muy notables como la de Marrodán, Jiménez, García de Leániz y Araluce, centrada monográficamente en Navarra; la de Pérez, sobre la historia y la memoria del fenómeno en Euskadi; y la de Domínguez, basada en las acciones de diferentes organizaciones terroristas, especialmente ETA, en territorio catalán^[1].

Estos pocos estudios que hay sobre ETA desde la perspectiva territorial se complementan con los análisis de De la Calle y Sánchez-Cuenca, que examinan los patrones de selección de las víctimas mortales de ETA, y el de Mota Zurdo, que ha arrojado luz sobre el origen y final de las víctimas de ETA fallecidas en Euskadi durante el periodo 1982-‍1994, realizando una geografía del terror para el periodo citado^[2].

En lo que respecta a los países vecinos, hay pocos artículos y obras monográficas que analicen directa o tangencialmente el terrorismo atendiendo a coordenadas territoriales. Pero hay salvedades. Para Portugal sobresale el estudio de Noivo, sobre la presencia de la organización en territorio luso, y, para Francia, los trabajos más destacables son los de Morán, Díaz Cerveró y Sánchez, que se concentran en el análisis de la presencia de la organización terrorista en la prensa gala o en el estudio del fenómeno en el marco de las relaciones políticas y de cooperación hispanofrancesa durante la Transición y la democracia^[3].

Por el contrario, abundan obras generalistas sobre la historia del terrorismo en España, de ETA y del denominado «conflicto» o «contencioso» vasco, como son las de Avilés, Fernández Soldevilla o la de Mees^[4]. Y, junto a ellas, hay un notable número de monografías y tesis doctorales que se han centrado en la perspectiva de las víctimas, sobresaliendo el trabajo de Alonso, Domínguez y García-Rey, el de Jiménez, el de Labiano y el de Moreno, entre otros; o, más recientemente, desde la perspectiva de las emociones, pero atendiendo a la figura de los victimarios, como son las de Buckley o la de Gago y Ríos. Por último, hay otros trabajos cuyo relato ha sido elaborado desde el enfoque de un determinado cuerpo policial como el de Sánchez y Simón y Sánchez, Silva y Araluce, donde se pone de relieve el papel de la Guardia Civil en la lucha antiterrorista^[5].

Este tipo de estudios ensayísticos y obras monográficas de distinta calidad, profundidad y tipología estudian el fenómeno terrorista en puntos muy diversos de la geografía hispana, pero lo cierto es que ninguna de ellas se centra específicamente en las comunidades colindantes con Euskadi y Navarra; es decir, hay una notable ausencia de estudios que calibren el impacto que tuvo la organización terrorista en regiones próximas a provincias y comunidades autónomas como son Burgos, Cantabria, Aragón o La Rioja, donde ETA cometió crímenes de diversa tipología (sabotajes, coches bomba, asesinatos por disparo de arma corta, bombas-lapa, etc.). Esto sucede, en parte, porque en la comunidad académica se ha asentado la idea de que los atentados en las provincias limítrofes se produjeron de forma circunstancial. Y, en buena manera, puede que esta justificación responda a algunos de los territorios citados, pero no parece encajar en el caso riojano como se verá a lo largo de este artículo.

Partiendo de una heterogeneidad de fuentes documentales (archivos judiciales, entrevistas y prensa) este trabajo trata de paliar, en parte, la laguna historiográfica indicada, dedicando una atención preferente a las acciones implementadas por ETA en este territorio y contra personas aquí afincadas: desde pequeños sabotajes y bombas a subestaciones eléctricas y sucursales bancarias a atentados —consumados y frustrados— de mayor magnitud contra exiliados y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), pasando por campañas veraniegas o contra intereses franceses de la organización terrorista. También se dedica una atención preferente a las víctimas y a su biografía, que se incluyen en la medida de lo posible en el marco contextual de esta investigación.

Pero ¿por qué este arco cronológico? El periodo escogido responde a los siguientes motivos. En primer lugar, es una horquilla temporal lo suficientemente amplia como para examinar el fenómeno en perspectiva. No en vano, el periodo integra los años de mayor virulencia de ETA. En segundo, se ha optado por marcar 1978 como punto de arranque porque fue entonces cuando ETA desplegó una nueva estrategia: la conocida como «guerra prolongada de desgaste», que sirvió para seleccionar a sus víctimas y maximizar el daño al «enemigo» y atentar contra las «fuerzas de ocupación extranjeras»: Policía Nacional, Guardia Civil y Ejército^[6]. Tercero, el periodo escogido es el de mayor actividad terrorista en la historia reciente de España, tanto de ETA y grupos afines, como de organizaciones parapoliciales: hubo un total de 712 víctimas, según los datos que aporta el Informe Foronda^[7]. Y, por último, se cierra en 1992, porque en marzo de ese año la cúpula de la organización terrorista fue detenida en Bidart (Francia). Fue su primer gran descabezamiento y un punto de inflexión: la banda tuvo que reconstruir sus estructuras y redes a lo largo de más de dos años. Durante este periodo su nivel de violencia sufrió un relativo descenso, principalmente por su incapacidad de mantener el ritmo previo, lo que afectó también a La Rioja^[8].

ECOS DE BOMBAS Y SABOTAJES: LAS ACCIONES NO MORTALES DE ETA EN LA RIOJA[Subir]

Las primeras acciones de ETA en territorio riojano, que durante la Transición y la democracia estuvo dividida en distintas ramas (ETA militar, ETAm; ETA político-militar, ETApm; y los Comandos Autónomos Anticapitalistas, CAA), estuvieron originalmente vinculadas a campañas de mayor envergadura de la organización, ya fuera contra la Guardia Civil, a través de la conocida como «guerra de desgaste», contra centrales eléctricas de propiedad total o parcial (o vinculada con filiales) de los impulsores de la planta nuclear de Lemóniz (Vizcaya), o contra empresas francesas con intereses económicos en España, como Renault o Citroën, entre otras.

Las acciones violentas de ETA en La Rioja no se entienden sin lo sucedido en Euskadi, ni las estrategias implementadas por la organización allende sus fronteras. Por ejemplo, los primeros sabotajes se enmarcan en los ataques a Iberduero, la empresa encargada de la construcción de la citada central nuclear durante la década de 1980. La implicación de ETA en estas acciones tuvo como objetivo granjearse simpatías y canalizar el descontento social por la instalación de esta planta energética. ETA abanderó la lucha ecologista y, en ese marco, extendió sus acciones más allá del territorio vasco-navarro como vía de presión a las instituciones y a los agentes implicados. Se trató de una estrategia coherente de la organización armada, dado que, en 1979, tras el asesinato de los trabajadores de la central Antonio Negro y Andrés Guerra un año antes, una de sus facciones secuestró a Ignacio Astiz, delegado de Industria y Energía de Navarra, y colocó dos bombas en Santander contra la factoría de Equipos Nucleares que reparaba el generador de la citada central^[9].

De acuerdo con los principales especialistas, las acciones de este tipo en La Rioja entran dentro de los atentados recurrentes de la banda, es decir, «la voladura de estaciones y subestaciones eléctricas, transformadores, postes y torres de alta tensión»^[10]. Solo en 1981 hubo más de 50 ataques de este tipo. En este sentido, es lógico que una de sus primeras acciones en la región vinatera estuviera vinculada con la tipología citada. En julio de 1980, ETA colocó una bomba en una subestación eléctrica de Logroño situada en el camino viejo de Oyón. Fue uno de los primeros pinitos de la banda en la región, realizado dentro de la campaña contra Lemóniz, que tuvo un éxito relativo: un apagón de varias horas. Lo significativo de aquel sabotaje no estuvo en el resultado en sí, sino en lo que el atentado supuso, como se verá más adelante: un primer ensayo con el explosivo que utilizarían días después contra su verdadero objetivo en Villamediana de Iregua, un convoy de la Guardia Civil. Por eso, se podría considerar a este tipo de ataques como híbridos, al combinar en su ejecución los siguientes factores: lograr un objetivo factible; extender sus acciones terroristas al resto de España; y realizar con estos sabotajes las primeras pruebas de nuevas estrategias procedimentales que exportar luego a otros puntos de la geografía hispana^[11].

Hasta 1984, año en que se paralizó la construcción de la central, hubo más atentados contra la eléctrica y sus filiales en La Rioja. Así sucedió el 4 de mayo de 1981 con la bomba colocada en la subestación del Arco de Navarrete de Logroño. Tres torres de conducción de energía de la empresa Electra, filial de Iberduero, fueron derribadas por dos explosivos de Goma-2 activados por relojería, provocando cortes de energía y paros intermitentes del suministro durante varias horas, afectando a Euskadi, Navarra y La Rioja. Y, en marzo de ese mismo año, Calahorra (La Rioja) fue testigo de una acción similar contra torres de alta tensión, provocando importantes fallos en el suministro y problemas en industrias y centros de salud^[12].

Junto a los sabotajes a las eléctricas, ETA también persiguió dañar las empresas de industriales vascos con intereses comerciales en La Rioja. Así sucedió con la bomba que un comando colocó en la sede de Bodegas Olarra, situada en el polígono Cantabria de Logroño. Dos miembros de la organización terrorista asaltaron la vivienda del guarda de la bodega, le forzaron y le maniataron. Posteriormente, accedieron al interior de esta y colocaron dos paquetes bomba con 13 kilos de Goma-2. En aquella ocasión, los dispositivos fueron desactivados. El ataque a la propiedad de Luis Olarra fue una advertencia al industrial por negarse a pagar el «impuesto revolucionario». Este fue uno de los pocos empresarios que se mantuvo firme contra el chantaje y que «se mostró abiertamente beligerante frente al terrorismo de ETA y amenazó con pasar a la acción utilizando sus mismos métodos»^[13].

Durante estos años, ETA también destruyó varias sucursales bancarias del Banco Guipuzcoano en La Rioja por negarse esta entidad a ceder a la extorsión. En febrero de 1983, una de las oficinas de esta compañía fue destruida por la explosión de una bomba en Logroño. Se trató de un ataque coincidente con la colocación de otros dispositivos en otras delegaciones financieras de Pamplona y Bilbao, cuyo principal objetivo fue castigar al citado banco como a otras firmas, a saber, el Banco de Bilbao y el Banco de Vizcaya, que tampoco pagaron el «impuesto revolucionario», y de paso forzar posturas ante una eventual negociación de un alto el fuego con el Gobierno de España, en un contexto marcado por el cambio de rumbo en la cooperación hispanofrancesa al haber un acercamiento entre la Moncloa y el Elíseo^[14].

A mediados de los años ochenta, el estrechamiento de lazos entre los gobiernos de Francia y de España en materia antiterrorista hizo que la banda empezara a notar la presión policial en el país galo. Hasta entonces había sido utilizado como un refugio seguro para la planificación de sus actividades criminales y, por ello, fruto del entendimiento entre gobiernos y de la aparición de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), la organización parapolicial que persiguió a ETA en el sur de Francia, los terroristas se volcaron en realizar ataques armados contra objetivos económicos franceses: destrozó autobuses turísticos de origen galo, hizo explotar camiones de matrícula extranjera y reventó concesionarios y talleres de marca francesa^[15]. Este tipo de acciones también tuvieron su impacto en La Rioja. Las fuentes permiten documentar boicots de ETA a empresas francesas en una región que, por antonomasia, siempre ha tenido vínculos con zonas vitícolas como la bordelesa^[16].

Sin embargo, dentro de estas campañas contra intereses franceses, los ataques se dirigieron a empresas automovilísticas. El 23 de mayo de 1987 ETA destrozó el concesionario de Renault y Michelín que regentaba Luis Nogués en Haro. La explosión no causó víctimas, pero sí produjo daños valorados en cerca de 15 millones de pesetas al alcanzar a cuatro coches de la exposición^[17]. El 16 de enero de 1988 una bomba colocada por ETA en Autos Iregua, concesionario de la firma francesa Citroën de Logroño, causó importantes daños materiales y un herido leve. Según recogió la prensa, la organización avisó de su colocación a través de Egin, cuya dirección informó a la Policía. Mientras procedían a la desactivación de la bomba, los artificieros sintieron cerca la explosión de otro artefacto, con dos kilos de amonal: el exterior de las instalaciones, donde se concentraban los camiones a la venta, quedó destrozado y las viviendas colindantes se vieron muy afectadas por la onda expansiva^[18].

Ese mismo año, que acabaría con la caída del Comando Araba en 1989 como consecuencia de la detención de diferentes miembros de ETA, la organización endureció su campaña de atentados^[19]. Colocó un artefacto en el concesionario de Renault del municipio alavés de Laguardia, en la frontera con La Rioja, que estuvo al borde de crear una catástrofe al explotar junto a una gasolinera. Otros dos fueron colocados en los concesionarios de Citroën y Renault de Logroño. El primero pudo ser desactivado tras ser descubierto por un vigilante de seguridad, pero el otro destrozó el local provocando cuantiosos daños materiales^[20].

Por otro lado, en agosto de 1988, ETA instaló diez bombas en el tendido ferroviario de la línea Castejón-Bilbao. Su justificación: un acto de boicot a un tren de mercancías que transportaba productos franceses. Si bien, el único tren en marcha durante aquel día fue el expreso de pasajeros Alicante-Bilbao. La Policía y Renfe interrumpieron el tráfico entre Logroño y Calahorra, evitando que estallaran cuatro cargas en el puente metálico del municipio riojano de Agoncillo, próximo a la base militar. Este atentado, que pudo ser fatal, demostró las carencias del aparato logístico de ETA sobre territorio riojano^[21].

El 8 de enero de 1989 los concesionarios de Citroën y de Renault de Logroño volvieron a ser objetivo de ETA. Sufrieron diversos daños materiales como consecuencia de la explosión de varios artefactos en su interior, pero, a diferencia de los atentados del año previo, las bombas, compuestas por tres kilos de amosal, solo produjeron la rotura de los cristales de los escaparates y daños en algún vehículo. Este tipo de acciones, relativamente continuadas en el tiempo, llevó a que algunos vecinos de la localidad optaran por tomar medidas disuasorias como la construcción de un muro anti-bombas para evitar más daños. La repetición de estas acciones contribuyó a que la Delegación del Gobierno en La Rioja asumiera una evidencia sobre la base del número de atentados: Logroño era objetivo del terrorismo endógeno^[22].

En la década de 1990, continuaron produciéndose amenazas y colocación de bombas, como sucedió con actividades vinculadas al deporte. Pese a que el recorrido de la Vuelta Ciclista a España trató de evitar las carreteras de Euskadi, durante años pasó por sus límites fronterizos. A consecuencia de este tipo de circunstancias, la organización terrorista puso a este campeonato deportivo en su punto de mira y trató de interrumpirlo de diversas formas a su paso por La Rioja. El 9 de mayo de 1990 hicieron explotar dos bombas con medio kilo de trilita en la carretera Logroño-Pamplona, una de ellas en Rincón de Soto (La Rioja). El objetivo era impedir la salida de «la serpiente multicolor» de la vuelta ciclista. ETA consiguió su retraso, pero no su interrupción^[23].

Fruto del desconcierto y del miedo a que alguna otra bomba pudiera afectar a la integridad física de los deportistas, varios de ellos transmitieron su deseo de suspender la etapa, incluso hubo algunos que mostraron voluntad de retirarse. Sin embargo, todos acordaron realizar una singular manifestación de condena. Según Perico Delgado, corredor del equipo Banesto, ante la zozobra, los ciclistas pactaron un ritmo lento en signo de repulsa: «una manifestación pacífica contra el terrorismo» que contó con la colaboración de la Guardia Civil que les escoltó durante todo el recorrido para garantizar su seguridad durante esta simbólica marcha^[24].

En agosto de 1991, la organización terrorista volvió a atentar contra infraestructuras viarias de La Rioja. El día 2 ETA anunció en Egin que había colocado varias bombas en las vías de ferrocarril, obligando a suspender doce viajes por estas amenazas, entre ellos, varios trenes en ruta que pasaban por Logroño. Según afirmaron fuentes de la Policía, se trataba de uno de los muchos ensayos de Pakito Múgica Garmendia, el dirigente etarra, que estaba preparando una estrategia de paralización del servicio de ferrocarriles para 1992, es decir, para los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla. El objetivo era mostrar la capacidad de ETA para condicionar ambos eventos, infundir miedo y crear inseguridad. No fue el único ensayo. El 20 de agosto de aquel año, ETA hizo pruebas en una vía de tren al colocar un artefacto de escasa potencia en parte del tendido ferroviario a su paso por Torremontalbo (La Rioja). La bomba causó daños en un raíl y provocó la suspensión del servicio en los dos sentidos por ser un tramo de vía única^[25].

UNA INSEGURIDAD CONSTANTE[Subir]

Uno de los indicadores que permiten ponderar la presencia (in-)directa y continuada de las acciones de ETA en La Rioja es el análisis de los atentados cometidos contra las FCSE tanto en territorio riojano como contra aquellas unidades afincadas en Logroño, pero desplazadas a Euskadi y Navarra. ETA puso en su punto de mira a las fuerzas de seguridad en consonancia con la «teoría del conflicto» histórico y perenne entre el País Vasco y los Estados español y francés y las colocó en su punto de mira al considerarlas la punta de lanza del enemigo «invasor», es decir, de España.

En los años finales de la dictadura, la organización articuló un discurso específicamente antifranquista que, sin embargo, estuvo repleto de excepciones. La gran mayoría de los ataques y de los atentados que la organización consumó contra la Policía, el Ejército y la Guardia Civil no se produjeron específicamente porque estos ejercieran la represión durante la dictadura, ni porque ETA quisiera utilizar exclusivamente la violencia para derrumbar al régimen franquista y luego deponer las armas una vez logrado. Su discurso antifranquista fue un artificio. Un pretexto que escondió su verdadero objetivo: conseguir la independencia. Su enemigo era España, al margen de que fuera una dictadura o una democracia. Por este motivo, como se verá a continuación, la organización puso en su diana a los representantes del Estado: miembros de las fuerzas de seguridad y cargos políticos^[26].

La huella de estos ataques, de distinta tipología, es visible en varias víctimas vinculadas a La Rioja. En su mayoría fueron agentes que se afincaron aquí por estar adscritos a la Comandancia Móvil de Logroño, destinada en Euskadi; hubo casos de policías municipales, políticos, industriales y directivos de empresas; y también hubo asesinatos de agentes retirados de la Guardia Civil.

Hoy puedes ser tú. El asesinato y ataque a empresarios, políticos, agentes municipales, guardias jubilados y otros funcionarios del Estado[Subir]

La losa del terrorismo también cayó sobre otro tipo de servidores públicos; es decir, la alargada sombra de ETA no solo afectó a agentes de las FCSE, sino también a policías municipales y políticos vinculados con La Rioja. El 16 de diciembre de 1977, Julio Martínez Ezquerro, edil en el ayuntamiento de la localidad guipuzcoana de Irún y natural de Pradejón, fue asesinado por dos miembros de ETA. Este concejal fue el primer político riojano asesinado por la organización. Víctor Herrero Royo, delegado del Ministerio de Agricultura en Vizcaya y también de origen riojano, fue secuestrado el 22 de febrero de 1979 por cuatro miembros de ETApm en Las Arenas (Guecho, Vizcaya), que le hirieron en una pierna como castigo por las expropiaciones efectuadas por la concesionaria AVASA durante la construcción de la autopista vasco-aragonesa. Unas semanas más tarde, Miguel Chávarri, jefe de la Policía Municipal de Beasain (Guipúzcoa) y natural de Cihuri (La Rioja), recibió nueve disparos a bocajarro de un comando etarra: la rumorología le acusó de ser anti-euskaldun^[48].

Hubo más casos de políticos. El profesor y miembro de Unión de Centro Democrático (UCD) Juan de Dios Doval sufrió el mismo desenlace que Martínez Ezquerro. El 31 de octubre de 1980 fue asesinado en San Sebastián por miembros de ETApm dentro de la campaña de la banda terrorista contra la UCD, el partido en el Gobierno de España. ETApm justificó el atentado en Egin, donde afirmó que el político era el «más firme partidario y teorizador del recurso de acciones ilegales, entre otras, al empleo del Batallón Vasco-Español». Una acusación sin pruebas que para la organización fue argumento suficiente para consumar su asesinato. El municipio de Ezcaray (La Rioja), donde tenía raíces maternas, sintió enormemente la pérdida de un «hijo de esta villa» mediante un acto ejecutado «por los grupos que despreciando la voluntad democrática (…) pretenden imponer con la fuerza de las armas sus ideas respaldadas por una exigua minoría»^[49].

Junto a personas y simpatizantes de centro y de derecha, cuyo seguimiento y acoso fue reiterado, sobre todo contra la UCD, ETA persiguió otros perfiles, como los agentes jubilados^[50]. Luis Cadarso San Juan, un teniente coronel de la Guardia Civil, ya retirado, fue uno de ellos. El 14 de abril de 1981 fue asesinado en Basauri (Vizcaya) cuando se dirigía a comprar el periódico. Su cadáver estuvo tirado en el suelo durante horas hasta que finalmente un juez decretó su levantamiento. Según Charo, su hija, muchas personas que pasaron por delante se rieron al verlo. Fue una experiencia traumática al experimentar con crudeza «el trato, la frialdad, la falta de empatía». Una situación que difirió de la que vivió en Cervera de Río Alhama (La Rioja), su lugar de descanso estival. Allí la familia recibió mucho apoyo social tras su pérdida, donde Cadarso fue despedido con honores: su funeral fue oficiado por el obispo de la diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño^[51].

El 30 de diciembre de 1985 Alejandro Sáenz, exagente de la Guardia Civil y jefe de porteros de la sede de Michelín en Lasarte-Oria (Guipúzcoa), fue tiroteado mortalmente en el aparcamiento de la empresa de neumáticos francesa. Ese mismo día se jubilaba anticipadamente a sus 58 años. Alejandro era oriundo de Garranzo, una aldea próxima a Enciso (La Rioja) que actualmente está deshabitada. Abandonó tierras riojanas cuando entró en la Guardia Civil con la que estuvo destinado en diferentes comandancias durante trece años. Pese a su pasado como agente de la Benemérita, «jamás tuvo una amenaza, ni escrita, ni de palabra. (…) era un hombre al que le gustaba andar por el monte e ir a la playa (…) no llevaba armas de ningún tipo»^[52].

Hubo también casos de pequeños empresarios y directivos vinculados con La Rioja que tuvieron un trágico final. Carlos García Fernández, propietario de un estanco de tabaco en Éibar (Guipúzcoa) fue asesinado el 7 de octubre de 1980, justo cuando había decidido venderlo todo y trasladarse a Arnedo (La Rioja) para evitar el hostigamiento y amenazas de los que había sido víctima desde 1977. Se le acusó de ser franquista, tras aparecer en una lista negra. De no haberse producido el fatídico desenlace, García Fernández habría sido un transterrado más que habría abandonado Euskadi por el terrorismo sin generar repercusión social, como han estudiado los especialistas para muchos otros «exiliados»^[53].

Otro caso significativo fue el del logroñés Enrique Cuesta, delegado de Telefónica en Guipúzcoa. El 26 de marzo de 1982 fue asesinado por los CAA en San Sebastián junto a su escolta, el policía nacional Antonio Gómez García, bajo el pretexto de que facilitaba escuchas telefónicas. Cuesta era un hombre jovial y amable, amante de Logroño y muy vinculado con el territorio a través de sus hermanas Merche y Lucía. Había comenzado su andadura en la empresa telefónica como mecánico, en la que estuvo más de treinta años y donde obtuvo una hoja de servicio ejemplar, que le permitió promocionar dentro de la empresa. Sus hijas, Cristina e Irene, serían impulsoras de movimientos pacifistas en Euskadi, entre ellos, Gesto por la Paz de Euskal Herria^[54].

Rafael Vega, natural de Tudelilla (La Rioja), también sufrió un final atroz. Este vinatero, propietario de un almacén de licores, afincado en Santurce (Vizcaya), fue asesinado el 5 de junio de 1982 al no poder afrontar el pago del «impuesto revolucionario». Vega estaba casado, tenía cuatro hijos y era una persona trabajadora, sin afinidades políticas. De hecho, dada su situación económica y su dedicación al pequeño comercio, nadie pensó que pudiera ser amenazado por ETAm; es decir, no cumplía el perfil de extorsionado a ojos de la sociedad^[55].

Diferente, no obstante, fue la situación del también riojano José Javier Madorrana, gerente del restaurante Iñárritu de Bilbao, situado junto a la Jefatura Superior de Policía. Que el local fuera supuestamente frecuentado por agentes —el mismo argumento que se utilizó en el atentado de la calle Correo de 1974— contribuyó a que ETAm sacara su maquinaria propagandística y convirtiera a Madorrana en un «colaborador» de las «fuerzas de ocupación extranjeras». En abril de 1982, el hostelero riojano recibió amenazas y el 20 de junio resultó herido por la explosión de una bomba en el local^[56].

Las víctimas hasta aquí reseñadas cumplieron con parte o la totalidad de los siguientes factores: eran inmigrantes que habían optado por abandonar su localidad natal para labrarse un futuro mejor; tenían algún vínculo —muchas veces supuesto o atribuido ficticiamente— con la (ultra-)derecha, algunos eran policías retirados y otros eran pequeños y medianos empresarios y directivos de corporaciones ligadas al Estado. Se les acusó de confidentes y/o colaboradores policiales, incluso aparecieron en listas negras. Siguiendo a Marianne Heiberg, ETA y su entorno elaboró listas de colaboradores policiales en los que más de tres cuartas partes de los presentes eran simplemente inmigrantes. Atendiendo a estos argumentos, no resulta sorprendente que los riojanos y las personas afincadas en el territorio anteriormente indicadas fueran víctimas de ETA, aun sin ser miembros de las FCSE, pues cumplían ese perfil^[57].

Tabla 1.

Víctimas mortales de ETA, naturales de La Rioja o afincadas en el territorio, entre 1978-‍1992.

Tabla 2.

Número de víctimas de ETA y grupos afines riojanas o residentes en La Rioja en el momento de su fallecimiento, por año (1978-‍1992).

1977	1978	1979	1980	1981	1982	1984	1985	1986	1987	1988	1992	Total
1	2	1	6	1	2	1	1	5	2	2	1	25

Tabla 3.

Número de víctimas de ETA y grupos afines por origen y situación.

Hubo también ataques directos a las instituciones autonómicas como el Gobierno de La Rioja, presidido por José Ignacio Pérez Sáenz, del PSOE^[58]. El 10 de agosto de 1991, en el marco de la estrategia de ETA por generar caos ante la celebración de las Olimpiadas y de la Expo de 1992, pero también de hostigamiento al PSOE por su política antiterrorista, ETA colocó un paquete-bomba en la sección de correspondencia del Palacete del Consejo de Gobierno del Ejecutivo riojano en Logroño, causando cuatro heridos, uno de ellos grave. Fue un «exceso de confianza por nuestra parte, ya que pensábamos que esta institución no era blanco de nada, al no haber amenazas de ningún tipo», como indicó el presidente riojano. Sin embargo, como ya se ha indicado, fue un síntoma de que La Rioja estaba en el punto de mira de ETA^[59].

MILITANTES RIOJANOS EN ETA: ZULOS, SEGUIMIENTO Y ARMAS[Subir]

La huella del terrorismo también es mensurable a través de otros factores como la presencia de comandos y miembros riojanos en la organización terrorista vasca. Félix Manzanos Martínez, natural de Zarratón, un pequeño municipio riojalteño próximo a Haro, evidencia ese vínculo. Captado por ETA en Ugao-Miravalles (Vizcaya) en la década de 1970 recibió el «original» sobrenombre de Rioja. En 1979 Manzanos integró el mortífero Comando Donosti de Jesús María Zabarte Arregui y cometió varios asesinatos: en febrero de 1982, Rioja formó parte del grupo que acabó con la vida de José Fragoso Martín, guardia civil del servicio fiscal del puerto de Pasajes (Guipúzcoa). Y, en septiembre de ese año, en Oyárzun (Guipúzcoa), participó en el asesinato de cuatro policías nacionales: Antonio Cedillo, Juan Seronero, Alfonso López y Jesús Ordóñez. Algunos de ellos son parte de los más de 300 casos no esclarecidos que se ha reseñado en el informe que Florencio Domínguez, director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo (CMVT), ha realizado al respecto^[60].

En la década de 1980 llegó a Cabo Verde, donde trabajó de taxista en Praia, su capital. En paralelo, se dedicó a actividades de la banda. Recibió transferencias periódicas de dinero de ETA, que gestionó para financiar la logística de la red de comunicaciones que dirigió junto al también miembro de la organización Enrique Iztueta. Se dedicaron a asegurar el contacto entre etarras huidos, favorecer la obtención de dinero para su supervivencia, mantener abierta la comunicación con la dirección de ETA en Francia y favorecer que los etarras prófugos estuvieran a disposición «de la dirección por si tenían que incorporarse a ella o a los comandos»^[61].

En 2008, VascoPress informó de que Manzanos, con ocho asesinatos en su haber, era uno de los muchos prófugos de la organización que esperaban la prescripción de sus delitos para volver a España ante las precarias condiciones de vida del país africano. En 2019, Manzanos mostró su voluntad de regresar a España, constatando primero que no hubiera requerimientos contra su persona para llevar una vida discreta en Euskadi. Ese día llegó en 2022, tras prescribir sus delitos^[62].

No es el único caso. Aparte de Juan Manuel Soares Gamboa, criado en Logroño, que integró el funesto y mortífero Comando Madrid, hay otros elementos que permiten ofrecer una visión más amplia sobre cómo el fenómeno terrorista afectó (in-)directamente a La Rioja. Por ejemplo, en 1986, tras la Operación Sokoa, el hostigamiento a la organización armada fue in crescendo con diferentes éxitos policiales tanto dentro como fuera del territorio hispano. Algunos de esos logros tuvieron su resonancia en La Rioja, donde hubo una intrincada red de zulos y pisos francos, así como de simpatizantes de ETA infiltrados en determinadas instituciones y autoridades locales.

En abril de 1986, por ejemplo, se desarticuló un comando de ETA en Logroño y se detuvo a María Jesús Muro Aguirre. Según informó el delegado del Gobierno en La Rioja, José Ignacio Urenda, la célula terrorista contaba con un piso en la calle Beratúa de Logroño, próxima a la Comandancia Móvil de la Guardia Civil, que al parecer utilizaban como puesto informativo. La Policía incautó «tres pistolas Star 9 milímetros parabellum, ocho kilos de Goma-2, tres dispositivos de iniciación para la colocación de artefactos trampa, documentos internos de la banda (…) e informaciones sobre futuras acciones terroristas». Muro Aguirre fue detenida en Elvillar (Álava), a 18 kilómetros de la capital riojana, donde descubrieron un zulo vinculado con el Comando Nafarroa, que fue desarticulado poco después^[63].

Asimismo, en mayo de 1986, Jorge Tortosa Cordero, natural de Bilbao y policía municipal de Calahorra, fue detenido por efectivos de las FCSE por su pertenencia a los CAA, a los que prestaba ayuda para cometer diversas acciones, entre ellas, el atraco a varias entidades bancarias. Tortosa, policía en activo desde 1983, había sido suspendido de empleo y sueldo por desacato y por falta de asistencia al servicio. En su vivienda, junto con documentación falsa, se encontraron informes sobre asuntos militares, uniformes y documentación sensible sobre determinadas personas. Durante la detención, este hizo incluso ademán de utilizar un arma de fuego no reglamentaria, como informó ABC, pero rehusó hacerlo en el último momento^[64].

La Audiencia Nacional le condenó a 18 años y tres días de prisión por «asociación ilícita, robo, detención ilegal, utilización ilegal de vehículo de motor, tenencia ilícita de armas, falsificación de DNI y carnet de conducir y sustracción de placas de matrícula». Ingresó en prisión el 13 de mayo de 1986 y estuvo en ella hasta la década de 1990, cuando fue candidato a la alcaldía de Samaniego (Álava) por Euskal Herritarrok. En 2014, la Audiencia Nacional le incluyó en un listado de personas sin cargos de responsabilidad o representativos en Batasuna, pero vinculado a ETA y grupos afines^[65].

La detención de Tortosa contribuyó a que el resto de los miembros del comando de los autónomos fuera detenido. Ese mismo año, los logroñeses Jesús Barragán Monge, José Javier Gamarra Valdivieso y el también riojano Pedro Pérez Sáenz fueron detenidos por su pertenencia a la citada organización. El 22 de octubre de 1987 Barragán y Pérez Sáenz fueron condenados a seis años de cárcel por ser miembros de los CAA y ser autores de un delito de robo y otro de sustracción de placas de matrícula. Pero en febrero de 1990 fueron indultados por el Ministerio de Justicia contra la opinión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Estos abandonaron la lucha armada en prisión y se mostraron favorables a la reinserción^[66].

Cuando el dirigente de ETA Santi Potros fue detenido en Anglet en octubre de 1986 con abundante documentación de la banda, la capital riojana estaba presente en varios dosieres. Había informes de seguimiento realizados por varias células y Logroño aparecía de manera relativamente constante con objetivos marcados en la comunidad y en la capital: «un teniente coronel de la Unidad de Helicópteros número 3, con base en Agoncillo (Logroño), un coronel retirado residente en Logroño, y el autobús militar que cubre el recorrido entre la capital y la base aérea». Estos comandos informativos de ETA identificaron movimientos militares, domicilios, horarios y matrículas de los coches particulares. La documentación incautada puso en alerta a las FCSE e impidió que los 18 atentados de ETA cometidos entre 1980 y 1987 en La Rioja se vieran incrementados^[67].

CONCLUSIONES[Subir]

A lo largo de este artículo se ha mostrado a través de diferentes tipologías de atentado que la presencia del terrorismo y de las acciones de ETA en La Rioja no fue algo meramente circunstancial. El territorio estuvo de uno u otro modo en la agenda de la organización. Esto se ha visto con la presencia de comandos que contaron en su haber con documentación sobre seguimientos a oficiales y dotaciones militares, con la disposición de arsenales escondidos en zulos próximos a la capital riojana y con los atentados mortales que fueron implementados en Logroño y Villamediana de Iregua contra miembros de la Guardia Civil, la Policía Nacional y varios civiles durante la década de 1980.

El terrorismo tuvo una incidencia significativa en La Rioja y sobre sus naturales durante ese periodo, coincidiendo lógicamente con la dinámica generalizada de lo que sucedía en España. Para muestra el siguiente botón. Solo en el año 1980 hubo en todo el país 395 atentados, 132 víctimas mortales, 100 heridos y 20 secuestros, crímenes a los que se sumaron los 3106 delitos contra la seguridad interior conocidos por la Policía en áreas urbanas y los 501 detectados por la Guardia Civil en zonas rurales, entre los que se encontraban los de violencia política, como se observa en la investigación de Serrano Gómez^[68]. En el caso riojano, si se atiende a que en el inicio de la década hubo 3 sabotajes y 2 atentados mortales con 3 fallecidos y 34 heridos de diversa gravedad para una población de poco más de 254.000 habitantes^[69] se obtienen unos índices relativamente altos de violencia para un territorio con poca densidad de población. En cualquier caso, para el periodo aquí estudiado, La Rioja tuvo 25 víctimas mortales y más de 50 víctimas heridas de diversa consideración: cifras significativamente altas para un espacio teóricamente ajeno al grupo etnonacionalista^[70].

La Rioja fue, además, un espacio de ensayo para ETA. Algunas de las estrategias procedimentales que luego aplicó a nivel nacional fueron previamente puestas en práctica en este territorio como se constata, primero, con el atentado de Villamediana, donde buscó una gran matanza con explosivo plástico que infundiera inseguridad y miedo a los agentes de las FCSE también fuera del País Vasco; segundo, con el atentado de la calle Ollerías de Logroño, donde usó dispositivos accionados a distancia y adheridos a vehículos; y, tercero, con los ataques a las casas cuartel de Calahorra y de Casalarreina, y al edificio de viviendas de la Policía Nacional de Logroño. Estos fueron ataques que se desarrollaron en dos fases, una de prueba con explosivos plásticos, con los que lograr objetivos asequibles, y, otra caracterizada por subir el nivel de impacto —una vez probada su funcionalidad— para cometer el ataque deseado: un atentado de gran envergadura.

Junto a los asesinatos y los grandes atentados, durante la etapa aquí estudiada hubo otras acciones de una intensidad más baja que, si bien fueron menos virulentas, son demostrativas de la relativamente constante presencia de ETA, cuyas acciones, a priori, deberían haber sido tan ajenas como secundarias debido a la ausencia de cualquier vínculo con La Rioja. La realidad, en cambio, fue otra. Los sabotajes a torres de alta tensión y los ataques tanto a sucursales bancarias y vías del tren como a concesionarios y talleres de marca francesa permiten afirmar que, junto a la disposición que tuvo la organización por tener comandos operativos en territorio riojano que realizaran «experimentos» de atentado, hubo también una extensión de sus acciones a esta zona por motivos estrechamente vinculados a sus acciones en Euskadi y Navarra. Prueba de ello son el hostigamiento a las FCSE que se desplazaban como unidades móviles a las ciudades vascas para la lucha antiterrorista; la presión a Iberduero y sus filiales como castigo por su implicación en la construcción de la central de Lemóniz; o el seguimiento a personas amenazadas que huían del territorio vasco para escapar del clima de crispación y miedo.

En conclusión, con este artículo se ha realizado un primer acercamiento académico al fenómeno terrorista de ETA en La Rioja; es decir, se han identificado cuáles fueron las primeras acciones de la organización en el territorio y contra vecinos y/o naturales de la comunidad autónoma. Para ello, se han señalado cuáles fueron algunas de las víctimas mortales, también algunas heridas, y se ha hecho un recorrido cronológico de los diferentes atentados en el territorio, con la finalidad de valorar la cicatriz que estos dejaron y poner de manifiesto su impacto.

Tras el análisis realizado, se pueden indicar los siguientes factores que explicarían por qué ETA atentó en territorio riojano y qué grado de incidencia tuvo sobre su sociedad: