LA VIOLENCIA DE RETAGUARDIA EN LA GUIPÚZCOA REPUBLICANA DURANTE LA GUERRA CIVIL

INTRODUCCIÓN[Subir]

La Guerra Civil, como lugar central del pasado traumático de nuestro país, es uno de los temas que mayor atención ha recibido por parte de la historiografía española, acumulando una cantidad de títulos inabarcable por su extensión. Dentro de los mismos destacan los dedicados a la violencia que padecieron los integrantes de uno u otro bando a manos de sus contrarios. En este sentido (y habida cuenta del tratamiento que recibió durante la dictadura franquista la practicada por aquellos que permanecieron leales al régimen republicano y el silencio forzado que se impuso sobre la que ejercieron los rebeldes), existe una gran desproporción dentro de la historiografía académica entre el número de trabajos dedicados a analizar lo que, a pesar de la inexactitud terminológica que supone, se ha dado en llamar represión franquista, frente a aquellos que han tomado como objeto de estudio la violencia desatada en los territorios donde la sublevación militar fracasó^[1]. Esta escasez de trabajos ha traído aparejada una cierta debilidad analítica para abordar la violencia desplegada en la retaguardia republicana. Los paradigmas interpretativos tradicionalmente empleados devenían directamente de la propia Guerra Civil, como los derivados del concepto de «terror rojo», articulado por la literatura martirológica franquista, y los que descansaban sobre la figura de los «incontrolados», lugar común del relato propagandístico de las autoridadesrepublicanas^[2].

A pesar de lo señalado, desde hace ya unos años se han venido publicando trabajos que escapan a estos paradigmas sobre la violencia de retaguardia republicana. Estos trabajos han venido recogiendo aspectos como la incidencia del derrumbe del aparato estatal republicano y la emergencia de poderes revolucionarios como consecuencia del fracaso del golpe de Estado, el peso de las representaciones e identidades labradas con anterioridad al conflicto bélico, la influencia de narrativas palingenésicas o la dimensión simbólica de la violencia. Así, se ha abierto una nueva etapa en los estudios de la violencia republicana marcada por la renovación metodológica e interpretativa que ha arrojado una visión mucho más compleja y rica en matices que las que tradicionalmente se han elaborado^[3].

En el caso del País Vasco también se puede aplicar lo señalado en relación con la desproporción de estudios y la precariedad interpretativa. El prisma hegemónico desde el que se ha venido analizando la violencia ocurrida en el territorio vasco que permaneció leal a la República ha sido el del «oasis vasco». A pesar de su elaboración historiográfica, los elementos centrales que le dan forma coinciden en buena parte con los tropos elaborados por la propaganda de guerra del Gobierno de Euzkadi. Como han señalado diversos autores, algunos de los presupuestos sobre los que descansa pueden ser precisos, como la ausencia de revolución social o el mantenimiento del culto católico, pero los referentes al ejercicio violento, como la minimización de los asesinatos indiscriminados o la escasa entidad de la violencia anticlerical, no lo son^[4].

En cualquier caso, la violencia desplegada en la retaguardia republicana guipuzcoana queda fuera de la aplicabilidad del «oasis vasco», limitado a Vizcaya y de manera muy concreta a la situación originada tras la constitución del Gobierno Vasco presidido por José Antonio Aguirre. De esta manera, lo ocurrido en Guipúzcoa ha quedado, a falta de otros marcos interpretativos, subsumido dentro de la narrativa de los «incontrolados», que, como han apuntado diversos autores, supone en última instancia mantener la violencia republicana dentro del campo del anonimato, de lo oculto y de lo inexplicable^[5].

Por nuestra parte, queremos contribuir a la renovación del conocimiento sobre la violencia que se practicó en la retaguardia republicana guipuzcoana. Por un lado, actualizando la base empírica y cuantitativa. Por otro, incorporando los avances que se han producido en los estudios sobre violencia política tanto en la disciplina histórica como en otras ciencias afines. La comprensión de la violencia de la que partimos entronca en última instancia con la Teoría de Movilización de Recursos, en la medida en que, contrastando con el paradigma de los «incontrolados», entendemos que la mayoría de la violencia producida en Guipúzcoa respondía a un cálculo racional de costes y beneficios con el objetivo último de realizar una limpieza social de la retaguardia que, por una parte, contribuyese a neutralizar al enemigo interno y reforzase las posibilidades de victoria bélica, y por otra, allanase el camino a la nueva sociedad del futuro deseada por los partidos y sindicatos revolucionarios. Además, integramos aportes novedosos a la conceptualización de la violencia, como el impacto en su modulación de los modos bélicos o warfare, su dimensión simbólica y nacionalizadora o la incidencia de las identidades en su ejercicio^[6]. A pesar de que la definición de violencia política de la que partimos es más amplia, hemos limitado el presente análisis a aquella ejercida con intencionalidad letal^[7]. Los motivos de esta elección obedecen a la necesidad de adecuarse a los límites de este texto y al hecho de que se trata de la manifestación más extrema dentro del repertorio violento y atributo definitorio del marco bélico.

Para la consecución de nuestro objetivo nos hemos apoyado en un amplio abanico de fuentes tanto primarias como secundarias. Dentro de las primeras, ocupa un lugar preeminente la documentación elaborada por la dictadura franquista, así como la incautada por la misma a las autoridades republicanas, caso de la Causa General y del fondo Político Social del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Esta documentación ha de ser empleada con precaución debido a la intencionalidad legitimadora y punitiva con que fue elaborada por sus autores. Sin embargo, sometida a un adecuado ejercicio de crítica histórica y al contraste exhaustivo con otras fuentes constituye una pieza fundamental para el estudio de la violencia de retaguardia en la zona republicana^[8].

DINÁMICAS Y CONTEXTOS DE LA VIOLENCIA[Subir]

La situación de Guipúzcoa el 18 de julio de 1936 al llegar las primeras noticias sobre la sublevación militar en Marruecos se puede calificar de tranquila, con la excepción de San Sebastián. Allí el ambiente estaba tenso debido a los enfrentamientos habidos durante los funerales del líder monárquico José Calvo Sotelo el día 15, en los que se produjo la muerte del joven falangista Manuel Banús. Ello motivó la prohibición por parte del gobernador civil, el republicano Jesús Artola, de manifestaciones y reuniones públicas y la clausura de los centros de Renovación Española (RE) y Comunión Tradicionalista (CT), efectuándose varias detenciones y registros domiciliarios^[9]. No obstante, la situación se precipitó bruscamente al llegar noticias del contagio de la sublevación a la Península. Con el fallido golpe de Estado los sublevados rompieron los mecanismos ordinarios de resolución social de los conflictos y de relación comunitaria, legitimando el uso de la violencia como herramienta válida para la gestión de los asuntos colectivos^[10]. De esta manera, una vez quebrado el consenso sobre los cauces de intervención en el espacio público, se habilitaba el recurso al ejercicio de la violencia. Los contrarios al golpe de Estado respondieron a la amenaza sublevada de una manera precipitada e improvisada, con los militantes de las organizaciones obreras y de los partidos de izquierda ocupando lavanguardia de la resistencia, suplantando en sus funciones de control del orden público a un Estado republicano en proceso de descomposición. En Guipúzcoa, grupos de milicianos asaltaron varias armerías y se comenzaron a producir cacheos, registros y detenciones de personas de ideología derechista, tanto locales como veraneantes, sospechosas de ser partidarias de la rebelión^[11].

No fueron solo los códigos sociales los que saltaron por los aires como consecuencia del golpe de Estado devenido en guerra incipiente, también supuso en buena medida el desmoronamiento del Estado republicano. En el caso guipuzcoano este derrumbamiento se consumó el día 21 con la sublevación de la guarnición y de parte de las fuerzas de orden público presentes en San Sebastián, prolongándose los combates hasta el día 28, tanto en la ciudad como en los cuarteles de Loyola, que fueron asediados. En estas circunstancias desaparecieron los resortes judiciales y de orden público del Estado, pasando el poder efectivo de manos del gobernador civil a las diferentes fuerzas políticas, sindicales y milicianas ante su impotencia. Las figuras del gobernador civil y del comandante militar pervivieron, aunque su autoridad era poco más que nominal. Como ya han señalado diversos autores, fue paradójicamente el golpe perpetrado bajo el pretexto de evitar la revolución lo que la hizo posible y originó^[12].

El día 27 se instituyó la Junta de Defensa de Guipúzcoa (JDG), presidida por el diputado a Cortes socialista Miguel de Amilibia, encargada del gobierno, defensa y administración de la provincia, ya que el gobernador Artola se encontraba sobrepasado^[13]. La Junta estaba dividida en varias comisarías, encontrándose representadas en ella todas las fuerzas políticas y sindicales contrarias a la sublevación. Paralelamente, en Éibar y Azpeitia se crearon sendas juntas de carácter comarcal que teóricamente estaban subordinadas a la provincial, controladas respectivamente por socialistas y nacionalistas. Este proceso se reprodujo a nivel local, proliferando juntas y comités en los diferentes municipios y localidades^[14].

De esta manera, con las organizaciones obreras y partidos contrarios a la rebelión ocupando los espacios que dejaba el Estado, se erosionaba aún más la posición y competencias del aparato estatal, produciéndose un trasvase de poder desde las instituciones republicanas a los organismos nacidos de la revolución. La retaguardia republicana ha sido descrita como un «hervidero de poderes», aunque quizá la mejor expresión que se ha acuñado sea la de una «miríada de micropoderes»^[15]. Micropoderes que pugnaban entre sí en un escenario de soberanía fragmentada, en el que establecían parcelas de actuación propia que en numerosas ocasiones se solapaban, se contradecían y entraban en colisión entre sí. El contexto bélico contribuyó a la instauración de una legitimidad de guerra, en la que la capacidad de desarticular la sublevación y hacer frente a los rebeldes se convirtió en un campo privilegiado para el refrendo de estos poderes^[16]. De hecho, buena parte de la evolución de la retaguardia republicana se ha explicado en base al proceso de ida y vuelta desde la descomposición del Estado republicano y la fragmentación de la soberanía a la reabsorción por parte del Estado del monopolio de la violencia y la supeditación de las milicias y sus organizaciones madres, partidos y sindicatos, a su autoridad^[17]. En el caso guipuzcoano, a causa de la rápida toma de laprovincia por parte de las tropas sublevadas, este proceso no se produjo en todo su recorrido. Sin embargo, sí que tuvo lugar esta pugna por la centralización y control del ejercicio de la violencia entre los diferentes actores que se habían arrogado la legitimidad para ello.

Un temprano ejemplo lo encontramos en la actuación de la Comisaría de Orden Público de la JDG, a cuyo frente se situó el peneuvista Telesforo Monzón. La prioridad de la comisaría fue la absorción del monopolio de la violencia, cuestión inexcusable para dar credibilidad a la continuidad con el Estado republicano sobre la que en buena medida descansaba su legitimidad y certificar la proclamación de la JDG como el organismo rector de la provincia. Así, el mismo día de su constitución, se publicó una nota oficial en el periódico Frente Popular en la que se proclamaba la exclusiva competencia de las comisarías de Orden Público y de Guerra en todas las cuestiones relacionadas con la rebelión y su punición, así como su autoridad para imponer castigos a aquellos que contraviniesen dicha disposición^[18]. Para estos momentos ya se habían producido los primeros asesinatos, como el de José María García, secretario del Círculo Carlista de Rentería, que lo fue el día 20 en una de las calles de esta villa cuando era conducido a la Casa del Pueblo tras su detención^[19]. Con la intención de poner coto a los «paseos» y arbitrariedades de los diferentes grupos armados se organizó la Guardia Cívica de San Sebastián, que comenzó a actuar el 29 de julio^[20]. En este contexto de micropoderes armados y de desaparición de los resortes coercitivos y represivosdel Estado republicano, las medidas adoptadas por la Comisaría de Orden Público tuvieron un alcance muy limitado, continuando los «paseos» y «sacas»^[21].

Los días transcurridos entre el 20 y el 28 de julio, en que se rindieron los cuarteles de Loyola, constituyeron una etapa con características propias en lo que hace al ejercicio de la violencia. Esta primera etapa estuvo marcada por la circunscripción casi absoluta de la violencia a San Sebastián y las localidades de su entorno, adquiriendo mayoritariamente la forma de «paseos» perpetrados por milicianos y militantes de los partidos y sindicatos de la izquierda obrerista, en un escenario agravado por el inicio de los combates contra las fuerzas sublevadas procedentes de Navarra. La violencia producida en estos primeros momentos se puede calificar de revolucionaria, entendida como aquella generada como consecuencia de contextos en los que capas sociales situadas en posiciones subalternas intentan hacerse con los resortes del poder del Estado para la realización de un proyecto de transformación de los fundamentos políticos, económicos y sociales del régimen imperante^[22]. Los días posteriores a la sublevación constituyeron un marco liminal en el que algunos atisbaron la posibilidad de realización de sus proyectos palingenésicos. La violencia adquiría entonces un sentido simbólico que marcaba el punto de ruptura con el statu quo anterior y la afirmación del inicio de un nuevo tiempo. En esta dimensión simbólica jugaron un papel importante acciones violentas no letales, como la quema de la documentación judicial dela Audiencia provincial de Guipúzcoa, asaltada el día 23 de julio, o la asunción del control de la cárcel de Ondarreta por parte de grupos de milicianos, que suspendieron en sus funciones a los guardias y alimentaron nuevamente las llamas con sus registros^[23]. Acontecimientos de esta naturaleza se reprodujeron por toda la geografía republicana como ritos de paso que consagraban mediante una violencia pretendidamente «creadora» el tránsito a un nuevo orden^[24].

La violencia alcanzó a aquellos individuos integrantes de las categorías sociales y/o políticas que las narrativas revolucionarias de sus victimarios señalaban como a eliminar. De esta manera, algunos de los primeros asesinados fueron los directamente implicados en la sublevación, identificados de manera inequívoca con la defensa del viejo orden que había que derrumbar. Este fue el caso del teniente de la guardia de asalto Atilano Roldán, disparado en el pecho al salir del Hotel María Cristina tras su rendición el 23 de julio o el de los falangistas Mateo Barcos y Julián Mansilla, asesinados por milicianos cenetistas el día 21 en el paseo del Duque de Mandas.

Aunque esta violencia surgió de manera reactiva frente a la sublevación, buena parte de la misma transcurrió por grietas identitarias surgidas con anterioridad al levantamiento militar. Esto lo podemos ejemplificar con el caso de Ramón Mercero, encargado de personal de la fábrica Michelin de Lasarte, para el que la construcción social de su papel como víctima ya había empezado durante la II República, siendo publicada su foto el 21 de diciembre de 1935 por el semanario Euskadi Roja, portavoz del Partido Comunista de Euskadi, señalándole como explotador de obreros y confidente patronal^[25]. La campaña contra Mercero continuó a lo largo de los siguientes meses, rebajando los costes de su ulterior asesinato mediante su exclusión de la comunidad moral conformada por buena parte de los que después se opondrían al golpe de Estado^[26]. Una vez producido este, y consumada la fractura del cuerpo social, Mercero, ajeno ya a las normas aplicables a los integrantes de la comunidad, fue «paseado» el día 2 de septiembre^[27]. También tenemos el ejemplo de José María Paternina, elegido concejal por el Partido Republicano Federal en las elecciones municipales de abril de 1931 y teniente de alcalde de San Sebastián durante el primer bienio republicano. En el segundo fue nombrado alcalde en calidad de «republicano independiente» por designacióngubernativa tras la dimisión del Consistorio como consecuencia del conflicto fiscal entre los Ayuntamientos vascos y el Gobierno central. Tras los sucesos revolucionarios de octubre de 1934 se negó a readmitir a los empleados municipales que habían secundado la huelga. Todo ello le granjeó la inquina de sectores de la izquierda obrera, llegando a ser agredido y amenazado. Producida la sublevación, fue asesinado el 17 de agosto^[28].

Además de revolucionaria, la violencia en la retaguardia republicana en estos momentos iniciales es cuando más se acercó a ser espontánea^[29]. Los primeros compases de desconcierto tras el fallido golpe de Estado y de atropellada respuesta al mismo constituyeron el marco idóneo para la actuación de partidas, patrullas y grupos de incontrolados que actuaban por su cuenta y sin responder a órdenes emanadas de autoridades superiores. Sin embargo, no debe exagerarse la importancia de estos actores en el volumen total de óbitos. La mayoría de asesinatos se produjeron por parte de integrantes de milicias y organizaciones obreras. Además, los diferentes poderes armados contaban con mecanismos internos para el control de la disciplina y la aplicación de la violencia. Un «Comité del Frente Popular» juzgó al delincuente Julio Romano tras ser sorprendido el 25 de julio desvalijando un domicilio, siendo condenado a muerte y pasado por las armas. Por su parte, la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) tenía su propio tribunal, que juzgó al miliciano Ángel Arteche, miembro del sindicato, por aprovechar la situación para lucrarse y saldar cuentas personales, siendo también condenado a muerte y fusilado^[30]. Asimismo, y como elemento discordante con la espontaneidad que tradicionalmente se ha imputado a la violencia republicana, han quedado evidencias de implicación comunitaria en su ejercicio, como ponede manifiesto el testimonio del cenetista Manuel Chiapuso:

Los motivos de estas delaciones son muy complicados de discernir, solapándose las esferas de lo privado, lo político y lo social. Un ejemplo de ello sería el del comerciante Macario Sanz y su hijo Cándido, asesinados el día 25 de julio por unos milicianos capitaneados por un antiguo empleado despedido por robo^[32].

A partir del 28 de julio, con la rendición de los cuarteles de Loyola, comenzó una nueva etapa en la aplicación de la violencia en la retaguardia guipuzcoana, que se extendió hasta finales de agosto. Este momento estuvo caracterizado por el asalto de la cárcel de Ondarreta, las «sacas» de presos y la continuación del esfuerzo de la JDG por establecer su monopolio sobre el ejercicio de la fuerza. Todo ello originó un cambio en la modalidad homicida más recurrente, disminuyendo la importancia relativa de los «paseos» y aumentando la de «sacas» y asaltos.

Una vez rendidos los cuarteles, fueron conducidos e internados en la Diputación más de un centenar de militares, policías y paisanos, siendo zarandeados, golpeados y amenazados por una multitud que pedía sus cabezas. Para calmar la situación, tuvieron que salir al balcón del edificio Miguel de Amilibia y el comunista Jesús Larrañaga, comisario de guerra de la JDG, prometiendo que serían juzgados y se haría justicia. Para ello, el día anterior habían comenzado las diligencias de un procedimiento judicial militar y se estaba tomando declaración a los detenidos^[33].

Al igual que ocurría en otros puntos de la retaguardia republicana con acontecimientos similares, esta situación se convirtió en una encrucijada del proceso de asentamiento de la autoridad de la JDG. La presión popular y de los diferentes grupos armados para una rápida y ejemplarizante ejecución chocaba con la pretensión de la junta de administrar una justicia acorde con unas mínimas garantías procesales que subrayase su continuidad con el Estado republicano. Ya el mismo día 28 se produjo el primer intento de «saca» de la Diputación. Unos milicianos comunistas trataron de llevarse al coronel León Carrasco, comandante militar de Guipúzcoa, evitándolo el diputado peneuvista Manuel de Irujo. Sin embargo, al día siguiente volvieron y consiguieron su propósito, apareciendo el cadáver del comandante militar en el Puente de Hierro^[34].

Lo ocurrido mostraba a la JDG que en caso de que no aplicase una justicia rápida y contundente le sería imposible contener a los elementos armados que pedían las cabezas de los golpistas. Ante la precaria situación de la seguridad del edificio de la Diputación, la JDG dispuso el traslado de los presos a la cárcel de Ondarreta el día 30 a la una de la madrugada. En este momento, el comisario Larrañaga tomó una decisión drástica. Fuese por reafirmar la autoridad de la JDG y calmar los ánimos de los más exaltados, por la necesidad de asentar su posición y liderazgo en el seno del comunismo guipuzcoano o por simple desconfianza en la aplicación de la «justicia burguesa», Larrañaga ordenó que un grupo de milicianos se presentasen unas horas después del traslado en la prisión^[35]. Una vez allí comenzaron a sacar de sus celdas a los presos de la planta baja y a parte de los del primer piso, siendo asesinados en el patio 48 de ellos, logrando sobrevivir a sus fusilamientos un capitán de ingenieros y tres policías^[36]. Más allá del hecho de que se trataba de aquellos que habían participado en la sublevación, en su gran mayoría militares y miembros de las fuerzas de orden público en activo^[37], todo parece indicar que la selección de las víctimas respondió al azar, como apunta el relato del comandante Bernardo Ardanaz, que debido a las circunstancias deltraslado fue de los últimos en entrar en la cárcel, siendo instalado en una de las celdas del segundo piso, librándose así de la «saca»^[38].

Dos días después se produjo en San Sebastián otra matanza, esta vez de presos provenientes de Tolosa. En su desarrollo se puede ejemplificar la superposición e interacción de las esferas de actuación de los diferentes micropoderes constituidos en la provincia tras el fracaso del golpe de Estado. En este contexto bélico y de vigencia de una legitimidad de guerra, se inició una competición entre los diferentes actores armados por extender su soberanía, legitimando su acción a través de su capacidad de enfrentarse con éxito a los sublevados y a sus partidarios, reales o potenciales, en la retaguardia.

En la villa papelera existía desde el mes de abril un Comité Revolucionario Socialista, presidido por Francisco García Lavid^[39]. En él estaban representadas las diferentes organizaciones socialistas tolosarras: la Agrupación Socialista, la Unión General de Trabajadores (UGT), las Juventudes Socialistas Unificadas y el Grupo Claridad, al que pertenecía Lavid. Su objetivo era hacer frente a la conspiración contra la República, de la que ya tenían referencias. Al llegar las primeras noticias de la sublevación el Comité Revolucionario se puso en acción. Se asaltaron las armerías locales y se trajo un cargamento de pistolas desde Éibar, procediendo a la detención de una cincuentena de personas que fueron internadas en la Casa del Pueblo. Sin embargo, ello produjo un enfrentamiento con la Guardia Civil, los republicanos y los nacionalistas, siendo una parte de los detenidos liberada y otra trasladada a la Prisión Municipal. Finalmente, se constituyó un Comité del Frente Popular (FP) en el que se integraron socialistas, nacionalistas, republicanos y cenetistas, coexistiendo con el Revolucionario, que continuó actuando. No obstante, a juicio del comité socialista, el del FP^[40]:

Llegado el 31 de julio, con el avance a las proximidades de la localidad de fuerzas sublevadas, el Comité Revolucionario volvió a actuar:

De esta manera, el Comité Revolucionario, ante el avance de las fuerzas insurrectas y bajo el convencimiento de la incapacidad del Comité del FP para defender Tolosa, dio una suerte de golpe de Estado en miniatura. Puso bajo su control los recursos disponibles para enfrentar a los sublevados y mantener el orden público y la seguridad, erigiéndose como la auténtica autoridad local en virtud de su capacidad de gestión de la situación bélica. El castigo a los que se habían rebelado y la neutralización de los posibles apoyos enemigos ocupaban un lugar central en este sentido. Así, el 1 de agosto doce presos carlistas fueron sacados de la Prisión Municipal y trasladados a San Sebastián, donde fueron asesinados en el Paseo Nuevo.

Sin embargo, estas matanzas y el asesinato de Carrasco encontraron una fuerte desaprobación en buena parte de la sociedad guipuzcoana. Una sociedad eminentemente rural, conservadora y católica en la que los lazos de solidaridad comunitaria, aunque maltrechos como consecuencia de la ruptura normativa que supuso el golpe de Estado, continuaban en buena medida vigentes. Así lo atestiguan los numerosos ejemplos de permanencia de las redes relacionales por encima de las nuevas lógicas derivadas de la guerra. Un ejemplo elocuente fue el «acuerdo vecinal» al que llegaron el 19 de septiembre los habitantes de Azcoitia, por el que los presos carlistas, a cambio de ser puestos en libertad por el comité del FP, se comprometían a evitar represalias por parte de los sublevados cuando estos llegaran^[42]. De manera similar aconteció en Andoain, donde nacionalistas y republicanos protegieron a sus vecinos derechistas hasta la entrada de los sublevados^[43].

Esta interacción entre los cauces normativos previos y la fractura identitaria que provocó la rebelión militar también se produjo dentro de la JDG, en la que la cuestión de la violencia provocaba «severas agarradas, fricciones que rayaban la ruptura» entre los diferentes grupos políticos y sindicales. De acuerdo con el testimonio de Manuel Chiapuso, «la discusión fue tormentosa entre moderados y extremistas». Para los más garantistas y partidarios del «derecho ante todo y su aplicación, la ejecución del coronel Carrasco se asemejaba a un crimen», y lamentaban que la situación estuviese «a merced de cualquier piquete de partido». La discusión se saldó con la dimisión de su cargo de Telesforo Monzón, que fue sustituido por su compañero de partido Juan Antonio Careaga. Por su parte, el Comité del FP tolosarra dimitió en pleno, incluyendo a sus representantes socialistas^[44].

Asimismo, el Gipuzko Buru Batzar (máximo órgano del Partido Nacionalista Vasco en la provincia) hizo pública el 2 de agosto una nota de «protesta contra (…) el asalto de las cárceles de Ondarreta y Tolosa», puesto que en su «defensa del régimen constituido» no podían «admitir la actuación de bandas de asesinos que contra las normas del Frente Popular realizan crímenes que avergüenzan a toda conciencia honrada», apostando «por afirmar una legalidad»^[45]. A su vez, tres días después, la JDG publicó otra nota, firmada por todos sus miembros, en la que se señalaba que, «examinados (…) los (…) incidentes ocurridos (…) con algunos de los presos», como consecuencia del «desbordamiento de la indignación popular y la actuación de elementos fuera de todo control y disciplina», había decidido condenar «con la máxima severidad tales excesos»^[46]. A pesar de todo ello, el poder de la JDG para hacer valer su autoridad era muy limitado y durante todo el mes de agosto los «paseos» continuaron, y se produjeron nuevas «sacas» de la cárcel habilitada en el edificio del Kursaal y de la de Ondarreta. Ello provocó las dimisiones sucesivas de Careaga y su sustituto, Teodoro Ernandorena. Finalmente, Andrés de Irujo, hermano de Manuel, fue nombrado comisario de Orden Público, ocupando el cargo hasta la disolución de la JDG en octubre de 1936^[47].

Con todo, la JDG hubo de seguir teniendo que afrontar el asunto de los militares presos. Trató de mantener su pulso con el resto de poderes armados por el monopolio de la violencia mediante la continuación de la causa que empezó a instruirse el 27 de julio, que seguía su curso con la toma de declaración a los rebeldes supervivientes. Sin embargo, el 13 de agosto, dos bombardeos sobre San Sebastián originaron varias víctimas mortales y numerosos heridos, levantando la indignación popular y obligando de nuevo a la JDG a tomar medidas extraordinarias para calmar los ánimos y evitar verse sobrepasada por los acontecimientos^[48]. En la reunión subsiguiente de la junta, que contó con la asistencia del teniente de carabineros Antonio Ortega, nombrado gobernador civil el 7 de agosto en sustitución de Artola, se tomó el acuerdo de juzgar en consejo de guerra a los presos como represalia. Tras recabar permiso del Ministerio de la Guerra, Ortega remitió un oficio al juez instructor de la causa contra los militares sublevados para que en la madrugada del día 14 fuera celebrado el consejo de guerra^[49]. A pesar de la sanción desde las instancias estatales republicanas, no se observaron las garantías legales exigidas, puesto que ni Ortega ni la JDG tenían atribuciones para realizar ni intervenir en el consejo de guerra. Tampoco se cumplieron las instrucciones dictadas desde el Ministerio en el sentido deque el tribunal había de estar integrado en exclusiva por militares. Por una parte, porque aquellos que había permanecido leales se encontraban en el frente y había fuertes dificultades para conseguir oficiales dispuestos a juzgar a sus compañeros. Por otra, existía en estos momentos una gran desconfianza hacia la actitud que pudiesen adoptar los vocales militares respecto de los que pocos días antes habían sido sus compañeros, amigos o, incluso, familiares. De esta manera, se acabó optando por una solución de compromiso entre un proceso realizado plenamente según el Código de Justicia Militar y un tribunal revolucionario, conformándolo con una minoría de cinco vocales militares respecto a los cinco vocales civiles, elegidos de entre los partidos del FP y del Partido Nacionalista Vasco (PNV), y el presidente, que en este caso fue el comisario de Guerra Larrañaga. Para reforzar la pátina de legalidad que se le quería dar al juicio, se requirió la ratificación de las sentencias de muerte por el comandante militar de la plaza, el comandante de Caballería Antonio Sanjuán, llegado a San Sebastián el 4 de agosto con la misión de organizar la defensa de la provincia.

La urgencia e improvisación con que se instituyó el consejo de guerra respondía al temor de los miembros de la JDG a que la situación de ira popular ocasionada por los bombardeos pudiese derivar en un asalto a la prisión. Tanto era así, que durante las deliberaciones del consejo

En estas circunstancias los ocho acusados fueron sentenciados a muerte en virtud de los votos de los vocales civiles y del presidente^[51]. A pesar de los intentos de Manuel de Irujo por obtener el indulto para los sentenciados, la pena fue ejecutada aquel mismo día. El comandante Sanjuán ratificó las condenas debido a que, a su juicio, era necesario un «pronto y ejemplar castigo». Un apesadumbrado Ortega le explicó a Jean Herbette, periodista y entonces embajador francés en España, que las ejecuciones debían realizarse ya que en caso contrario se produciría un linchamiento^[52].

Esta dinámica de consejos de guerra celebrados tras bombardeos aéreos y/o navales para evitar mayores desmanes por parte de los poderes armados y grupos de incontrolados se mantuvo a lo largo del mes de agosto. Así ocurrió los días 19 y 26, sumándose otras siete penas de muerte que fueron cumplidas poco después de su fallo^[53].

Los juicios sumarísimos no fueron la única herramienta empleada por la JDG en su tratamiento de la problemática de los presos. El 30 de julio, cautivos de reconocida importancia y notoriedad pública, como Honorio Maura o Antonio Elósegui, fueron trasladados desde San Sebastián al fuerte de Guadalupe, situado en la localidad de Fuenterrabía, contigua a la frontera francesa. El movimiento fue acompañado con la publicación de una nota que señalaba que «Ante la amenaza facciosa de bombardear Irún (…) se advierte al enemigo que las familias más expuestas son las derechas. (…) los rehenes derechistas (…) se encuentran en la ciudad de Irún y serán los primeros en sufrir los efectos del bombardeo»^[54]. El fuerte venía siendo empleado como prisión desde el 24 de julio, albergando a los derechistas detenidos en Fuenterrabía e Irún. Con el inicio el 11 de agosto de la ofensiva de las fuerzas sublevadas para cerrar el paso con la frontera francesa, Irún se convirtió en el objetivo de los esfuerzos rebeldes, siendo bombardeado al día siguiente^[55]. Ante este hecho, el comité local del FP irundarra amenazó con que «por cada víctima que causaran las bombas y granadas, serían fusilados 5 como represalia»^[56]. A través de estos ejemplos se puede observar la «lógica de contragolpe», en palabras de José Luis Ledesma, que animaba la actuación de las autoridades y poderesexistentes en la retaguardia republicana^[57]. Se trataba de medidas improvisadas, descoordinadas y precipitadas, cuya naturaleza era eminentemente reactiva ante las acciones bélicas de los sublevados y su violencia. En un contexto en el que la iniciativa militar se encontraba en el bando de los sublevados, los diferentes poderes surgidos en la zona republicana se veían empujados a responder a las acciones de sus contendientes.

Sin embargo, estas advertencias y amenazas carecieron de efecto disuasorio. Durante los siguientes días se produjeron nuevos bombardeos navales y aéreos, provocando que se formara un tribunal improvisado que condenó a muerte a varios presos, aunque no se llevaron finalmente a cabo los fusilamientos. Tampoco esta estrategia consiguió mantener la autoridad del comité local del FP de Irún sobre los diferentes actores armados que pugnaban por aplicar una venganza expeditiva sobre las personas de los cautivos en respuesta a los bombardeos. El 25 de agosto, tras un ataque aéreo y naval sobre la localidad, dos reos fueron fusilados en el cementerio^[58]. Algo similar ocurrió durante la madrugada del 2 de septiembre, horas antes del ataque final contra el monte San Marcial. Cinco presos fueron sacados de la prisión y cuatro de ellos fueron asesinados, logrando el restante escapar^[59].

Por otra parte, el mes de septiembre inauguró una última etapa en la aplicación de la violencia de retaguardia en Guipúzcoa, caracterizada por un repunte en el número de víctimas y protagonizada esencialmente por las «violencias de retirada». Una modalidad violenta que se integra dentro de una «violencia combatiente», entendida como aquella practicada por integrantes de las fuerzas de combate regulares o irregulares contra la población civil. Concretamente, nos referimos a la violencia ejercida durante el proceso de retirada de las fuerzas combatientes en las localidades o lugares que se abandonaban ante la inminencia de la llegada de las tropas enemigas. Sus víctimas fueron aquellas personas que eran percibidas como potenciales simpatizantes o colaboradores del contrario por diversos azares como la negativa a evacuar, permanecer escondidos… En ella jugaron un papel preponderante no solo las motivaciones de naturaleza bélica, sino también los condicionantes psicológicos, como la frustración ante la derrota o la búsqueda de retribución por el sufrimiento padecido.

El 3 de septiembre, el desconcierto comenzó a enseñorearse de Irún ante la inminencia de la entrada de las fuerzas sublevadas. La guarnición del fuerte de Guadalupe, formada por militares y milicianos, la abandonó, quedando la custodia de los prisioneros en manos de unos pocos guardias. Llegado el día 4, el comité del FP de Fuenterrabía abandonó la localidad, que comenzó también a ser evacuada. Un grupo de milicianos cenetistas acudió al fuerte y, a lo largo del día, asesinó a un total de once cautivos hasta que la llegada del comandante de la Guardia Civil Mauricio García Ezcurra y de Larrañaga impidió nuevos asesinatos. Dichas autoridades permanecieron en el fuerte hasta el día 5. En ese día, Ezcurra abandonó la posición, y, decidido a evitar más muertes, entregó las llaves al miliciano socialista Francisco Rousell, que procedió a liberar a la mayoría de los presos supervivientes, que se escondieron en las proximidades, presentándose al día siguiente a las fuerzas sublevadas que subieron al fuerte, donde liberaron a los prisioneros restantes y fusilaron a cinco milicianos que encontraron rezagados^[60].

En San Sebastián, por su parte, el empeoramiento de la situación militar condujo a que los presos que se encontraban en la ciudad fuesen trasladados a Bilbao en barco, quedando ocho convalecientes en el edificio de los Marianistas, contiguo al Hospital Militar y habilitado como centro de reclusión para los presos que necesitaban asistencia médica. El día 10 fueron víctimas de la última «saca» colectiva cuando se presentó una partida de milicianos portando una falsa orden de libertad firmada por Larrañaga. El comandante médico Tomás Larrosa, a pesar de ofrecer resistencia a los requerimientos de los milicianos, no pudo evitar que se los llevasen, siendo fusilados en el cementerio de Polloe aquella misma noche^[61].

Finalmente, a lo largo del día 12 y en la madrugada del 13, en vísperas de la entrada de los sublevados, se produjeron los últimos actos de violencia habidos en el San Sebastián republicano. El falangista Francisco Núñez, detenido el día 9, fue asesinado en Ondarreta, mientras que el militar retirado Juan Sirvent y el delegado de Hacienda Luis Ruiz Medina lo fueron tras ser detenidos en sus domicilios. En paralelo, una compañía de gudaris, que permaneció en la ciudad hasta el último momento para impedir desmanes, abatió a ocho saqueadores e incendiarios en las calles donostiarras^[62].

A partir de aquel momento, las fuerzas milicianas en retirada cometieron una serie de asesinatos en su periplo por la provincia. Los más numerosos fueron los ya citados de los carlistas azcoitiarras, produciéndose otros de carácter más aislado en las localidades de Mondragón, Deva, Éibar, Vergara y Cestona^[63]. A finales del mes de septiembre, las fuerzas sublevadas alcanzarían en su avance los límites de Vizcaya, ocupando todo el territorio guipuzcoano, salvo las localidades de Elgueta y Éibar, que lo serían en abril del año siguiente.

Por último, a lo largo del mes de septiembre se produjo un nuevo tipo de violencia en la retaguardia republicana. Al son del proceso de reafirmación del Estado republicano —que se materializaría en la integración de la mayoría de partidos y sindicatos que se oponían a la sublevación dentro del gobierno de Largo Caballero o en la de los anarquistas en el Consejo de la Generalidad tras la disolución del Comité Central de Milicias Antifascistas— el Gobierno buscó minimizar la violencia incontrolada y de los diferentes poderes armados, y legitimar su monopolio de la fuerza. Para ello trató de reinstitucionalizar la represión de los sublevados mediante la creación de unos tribunales especiales con la finalidad de juzgar «los delitos de rebelión y sedición», los que posteriormente serían conocidos como Tribunales Populares^[64]. En el caso guipuzcoano, por la casi coincidencia de su creación y de la caída de la provincia en manos rebeldes, resultó una cuestión casi anecdótica. De hecho, desconocemos cuál fue exactamente su actuación puesto que, al parecer, no se ha conservado su documentación, aunque su existencia sí es mencionada en la del Tribunal Popular de Euskadi^[65]. Sabemos que el 3 de septiembre se instituyó en San Sebastián un tribunal de este tipo. Si bien desconocemos su labor, existen indicios de que su actuación se encontró detrás de alguno de los fusilamientos en el cementerio dePolloe efectuados en los días posteriores. Por ejemplo, el hecho de que, según Adrián de Loyarte, a Víctor Pradera se le leyese una sentencia antes de la descarga así parece apuntarlo^[66].

LAS VÍCTIMAS[Subir]

El primer elemento que salta a la vista a la hora de analizar el perfil de las víctimas de la violencia en la retaguardia republicana de Guipúzcoa es su carácter casi exclusivamente masculino. De las 263 víctimas mortales que se produjeron tan solo tres eran mujeres, un 1,1 %. Esto respondía, por una parte, a que a pesar de los avances que en materia de derechos femeninos se habían producido durante los años republicanos, el ejercicio de la política y de la violencia continuaba constituyendo un fenómeno fundamentalmente masculino. Por otra parte, desde el punto de vista de las representaciones, las mujeres tampoco eran percibidas como actores relevantes en esos ámbitos político y bélico, por lo que la peligrosidad que se les imputaba era mínima, disminuyendo enormemente las posibilidades de ser objetivo de la violencia homicida^[67]. Esto lo podemos apreciar en el hecho de que entre las víctimas femeninas tan solo una de ellas tuvo una muerte relacionada con motivos políticos, María Nieves Vigil, una veraneante asturiana afiliada a la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) que fue detenida por un grupo de milicianos en Irún y asesinada tras ser conducida al monte Ulía de San Sebastián, donde apareció su cadáver el 27 de agosto^[68]. Otra de las víctimas, Herminia García, «paseada» el 8 de septiembre junto a su marido, José Embid, secretario del Juzgado municipal de Hernani,parece ser que fue asesinada «por impedir que pudiera denunciarlos [a los asesinos de su marido)» ^[69]. María Oyarzábal, la última de estas mujeres, fue asesinada en un episodio confuso, habituales en los momentos de incertidumbre e indefinición de las líneas de frente^[70].

El siguiente elemento destacable es la definición de las víctimas en base a la interacción entre un eje social y otro político. Las características intrínsecas de las guerras civiles, como la indiferenciación entre las figuras del combatiente y del civil, el peligro del «enemigo interior», el carácter de disputa por el capital simbólico e identitario de la nación y la definición de su esencia, coadyuvan a que este tipo de conflictos se conviertan en espacios privilegiados para la aparición de prácticas de limpieza de la retaguardia^[71]. En este sentido, el grueso de las víctimas guipuzcoanas encajaba dentro de las categorías sociales y políticas que las narrativas palingenésicas de sus victimarios señalaban como a depurar. Así, entre los grupos socio-profesionales, el más afectado fue el de los militares y fuerzas de orden público, que sumaron 100 decesos, más del 37 % del total. En esta prevalencia jugó un papel destacado su rol como articuladores y protagonistas de la rebelión militar, así como su identificación con el brazo armado de la «Reacción» y de la defensa del viejo orden. Este lugar destacado de militares y policía entre las víctimas no fue un fenómeno privativo de Guipúzcoa, sino que fue una característica común a todo el territorio en que la sublevación no tuvo éxito, lo que ha dado pie a que algunos autores hayan señalado el carácter de víctima propiciatoria que tuvieron estos grupos^[72].

Si continuamos examinando los datos, podemos apreciar cómo el número de obreros urbanos, artesanos, labradores y jornaleros agrícolas era muy limitado, siendo, además, en su mayoría, tradicionalistas, lo que apuntaría al eje político como detonante de su asesinato. Sin embargo, los representantes de las clases medias y altas abundaron, especialmente profesionales liberales, funcionarios, industriales y miembros de la nobleza, tanto locales como veraneantes. Entre los presos asesinados en el fuerte de Guadalupe se encontraban bien representados estos perfiles, como era el caso de Joaquín Beunza^[73], Leopoldo Matos^[74] u Honorio Maura^[75], entre otros. Además, a su categoría social sumaban en numerosas ocasiones una militancia destacada en partidos de derecha o de extrema derecha, y una dilatada trayectoria política y pública.

La importancia que tuvo el eje político en la definición de las víctimas se puede comprobar en los datos. De los 174 individuos para los que tenemos información sobre su filiación política, el 65 %, tan solo tres carecían de ella. El resto se distribuía mayoritariamente entre los distintos partidos de derechas, destacando el caso de CT y de Falange Española (FE). El carlismo, debido a su carácter hegemónico dentro del campo de la derecha provincial, fue el sector político que mayor número de víctimas acusó, 70. FE, por el contrario, era un partido marginal dentro del sistema político guipuzcoano, pero, a pesar de ello, fue el segundo grupo más castigado, siendo proporcionalmente la organización más afectada, muriendo entre una cuarta y una quinta parte del total de su militancia, y prácticamente todos sus cuadros de mando. Este hecho obedeció, por una parte, a su significación fascista, lo que les señalaba como la expresión contrarrevolucionaria más acabada, y, por otra, a la participación que tuvo en la degradación del orden público durante la etapa republicana, protagonizando numerosos incidentes que arrojaron un saldo de tres muertos y le valieron notoriedad y una profunda enemistad de los sectores izquierdistas y obreristas^[76].

El resto de fuerzas de la derecha sufrieron un número menor de víctimas. Los monárquicos alfonsinos de RE y los miembros de la CEDA fueron minoritarios, concentrándose sus víctimas en las localidades de Irún y San Sebastián, prácticamente los únicos lugares en los que mantenían sedes. Las víctimas procedentes del republicanismo de centro-derecha fueron excepcionales, destacando el caso ya citado de José María Paternina. En cuanto a los nacionalistas vascos, todos los casos se produjeron por violencia combatiente y en circunstancias confusas, lo que seguramente eliminó el factor político de los motivantes que condujeron a sus asesinatos^[77].

Por último, merecen una mención aparte las víctimas pertenecientes al clero debido a la significación que la violencia anticlerical tuvo en el conjunto de la retaguardia republicana. La Iglesia católica había sido tradicionalmente identificada por parte de las culturas políticas de la izquierda como parte del entramado de dominación cultural e ideológica de las élites, jugando un papel clave en la legitimación del orden social establecido. Esta circunstancia se tradujo en una explosión de violencia anticlerical durante los primeros momentos posteriores a la sublevación militar. Ejemplos de ello fueron lo ocurrido en Madrid, Cataluña, Huesca, Castellón, Cantabria o Ciudad Real^[78]. Sin embargo, el caso guipuzcoano, donde fueron asesinados seis miembros masculinos del clero regular y secular, incluyendo a un veraneante, se asemeja más al de la provincia de Huelva, donde fue asesinado un único sacerdote y las acciones anticlericales se centraron en la quema de edificios religiosos. Esta baja cifra relativa de decesos tiene su explicación en la protección que brindaron a los religiosos el PNV y algunos miembros del FP y de la CNT, las fuerzas de orden público y buena parte de la población civil, conservadora y fervorosamente católica. A pesar de ello y de tratarse de hechos excepcionales, también se produjeron escenas de furor anticlerical popular, como ocurrió durante el asesinato de Felipe Goena, párroco de Pasajes de San Pedro,cuya muerte tuvo un fuerte componente ritual y simbólico, siendo paseado entre una multitud que le agredió y vejó antes de que un miliciano le matase con su pistola, tratándose de iniciar en ese momento una procesión con el cadáver que fue impedida por un grupo de mendigoixales que trasladaron el cuerpo al cementerio^[79].

CONCLUSIONES[Subir]

La violencia en la retaguardia republicana de Guipúzcoa durante la Guerra Civil se desató como consecuencia de varios factores. En primer lugar, del fallido golpe de Estado, cuya ejecución rompió los cauces normativos de los marcos sociales de relación comunitaria y de resolución de los conflictos, brindando a sus opositores la oportunidad de emplear la violencia como herramienta legítima de intervención en la arena pública. En segundo lugar, del desmoronamiento del Estado republicano que acompañó a la rebelión. La desaparición de los instrumentos coercitivos y punitivos del Estado se conjugó con la aparición de multitud de micropoderes que ocuparon el espacio dejado por el aparato estatal republicano. Estos poderes armados, que iban desde partidas de milicianos hasta juntas provinciales, pasando por sindicatos y partidos políticos, encontraron su fuente de legitimación en su capacidad para hacer frente a la sublevación y castigar a los rebeldes. A todo ello hay que sumarle el marco de pugna por la definición de los elementos identitarios que constituirían la esencia de la nación, rasgo propio de las guerras civiles, que impulsaba a emprender una depuración del cuerpo social para ajustarlo a los nuevos cánones nacionales que se estaban implantando.

Buena parte de la violencia que se desplegó se puede calificar de revolucionaria, en la medida en que esta se produjo como resultado de un escenario en el que sectores sociales subalternos trataban de hacerse con los resortes del poder y suplantar al Estado republicano, al tiempo que intentaban allanar el camino para sus proyectos de transformación socioeconómica. De esta manera, la caracterización de las víctimas de la violencia de retaguardia en Guipúzcoa respondió a su integración en dos ejes, uno social y otro político. La mayoría de los fallecidos pertenecía o simpatizaba con alguno de los partidos de derechas que apoyaban el golpe de Estado y entre los mismos abundaban los sectores mesocráticos y las élites sociales y económicas. A pesar del carácter eminentemente reactivo que tuvo la violencia republicana, transcurrió por las grietas sociales e identitarias que ya habían surgido con anterioridad, de manera que cuando estalló la guerra y se consumó la fractura de la comunidad existían individuos que ya habían sido expulsados de la misma, rebajando enormemente los costes de la aplicación de la violencia contra ellos.

El ejercicio de la violencia se convirtió en un campo de batalla de legitimidades dentro de la retaguardia republicana. Los restos del Estado republicano, así como la JDG, que reivindicaba su papel como continuadora del primero, desarrollaron diferentes iniciativas para sujetar a los diferentes micropoderes armados a su autoridad y reinstaurar su monopolio de la violencia. Estos esfuerzos tuvieron un éxito muy limitado y, además, se vieron interrumpidos por la rápida toma de la provincia por parte de las fuerzas sublevadas. Por otra parte, las formas más visibles de la violencia extralegal, como «sacas» y asaltos a las cárceles, produjeron la desaprobación de una parte significativa de la sociedad guipuzcoana, marcadamente conservadora y católica. Este rechazo del ejercicio de la violencia fuera de los cauces legales, fuesen ordinarios o extraordinarios, motivó también disputas y enfrentamientos entre las diferentes fuerzas políticas y en el seno de la JDG. En este sentido, una característica particular de los casos guipuzcoano y vizcaíno es la presencia del PNV entre los sectores opuestos al golpe de Estado. El partido nacionalista, con una ideología conservadora de inspiración cristiana y una base social que en buena parte se solapaba y confundía con la del carlismo o el catolicismo político, aportó una nota de moderación —junto a los partidos republicanos— tanto en la marcha política de la provincia como en el rechazo de la violencia extrainstitucional y en elmantenimiento del culto religioso y la protección al clero, lo que explica en parte los relativamente bajos niveles de violencia anticlerical que se produjeron en Guipúzcoa.